Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 33265-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la coactora “Alba Compañía Argentina de Seguros SA”, revocar parcialmente la sentencia apelada y; por ende, revocar la Resolución n° 9390/11 en lo relativo los tributos que fueron determinados en relación con la destinación n° 00 001 IT14 006752 C, con costas de ambas instancias al Fisco (artículo 68, 1° párrafo del CPCCN).
2Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en lo relativo a la responsabilidad tributaria de las coactoras Aseguradora de Créditos y Garantías SA y Paraná SA de Seguros, garantes de las destinaciones n° 01 001 IT14 002601 P y 01 001 IT14 001903 T, con costas (artículo 68, 1° párrafo, del CPCCN).
3Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
30396/2025 PARANA SA DE SEGUROS (TF 33265-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante la resolución de fs. 333/340, el Tribunal Fiscal de la Nación: 1) rechazó el planteo de prescripción opuesto por las coactoras Alba Compañía Argentina de Seguros SA y Aseguradora de Créditos y Garantías SA, con costas; 2) rechazó el planteo de nulidad opuesto por las coactoras Paraná SA de Seguros y Aseguradora de Créditos y Garantías SA, con costas; 3) hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por las coactoras y revocó parcialmente la Resolución DEPRLA n° 9390/11, mediante la cual les habían sido exigidos tributos por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, en su carácter de garantes de las destinaciones n° 01 001 IT14 001903 T, 01 001 IT14 002601 P y 00 001 IT14 006752 C. Indicó que en el caso no se hallaba controvertida la configuración de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la mercadería que había ingresado temporariamente mediante los despachos de importación temporal precedentemente aludidos.
Sin embargo, en lo relativo al importe de tributos adeudados, señaló que de conformidad con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente I.49.XLII, “IEF Latinoamericana S.A. (TF 19.912-A) c/DGA”, del 14 de agosto de 2013 y en la causa F.195.XLII “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/DGA”, del 14 de agosto de 2013, no correspondía el pago del derecho adicional previsto en el artículo 23 del Decreto n° 1439/96 toda vez que no se había configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación ya que en el caso se trataba de una importación a consumo irregular.
Además, declaró extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar la percepción del Impuesto a las Ganancias y el IVA adicional contenida en la liquidación tributaria. Ello, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, del 26 de noviembre de 2019.
Impuso las costas por su orden respecto de los rubros que fueron revocados (derecho adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias).
En tales condiciones, reliquidó los tributos adeudados, respecto de cada de unas de las compañías aseguradoras y fijó los límites de sus garantías:
a) Respecto de Paraná SA de Seguros (Póliza n° 7264), en relación a la DIT 01 001 IT14 002601 P, los fijó en $13.959,68 (derechos de importación, tasa de estadística e IVA), más los intereses devengados desde el 29/09/2011 y hasta la fecha de efectivo pago; b) Respecto de Aseguradora de Créditos y Garantías SA (Póliza n° 704013), en relación a la DIT 01 001 IT14 001903 T, los fijó en $20.075,65 (derechos de importación, tasa de estadística e IVA), más los intereses devengados desde el 29/09/2011 y hasta la fecha de efectivo pago. c) Respecto de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. (Póliza n° 256160), en relación a la DIT 00 001 IT14 006752 C, los fijó en $95.000 más CER correspondiente a la fecha del pago (derechos de importación, tasa de estadística e IVA), sobre los que dispuso la adición de intereses a partir del 06/10/2011 y hasta la fecha de efectivo pago. Concretamente, y en lo relativo a la procedencia del CER respecto de los tributos que le fueron exigidos a la compañía aseguradora “Alba”, puso de manifiesto que aquéllos debían ser ajustados con ese índice, toda vez que la obligación había sido contraída en dólares y, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la ley 23.095, era pagadera en esa divisa y, además, resultaba exigible y aún se hallaba pendiente de pago al momento del dictado del Decreto 214/02. En CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V consecuencia, señaló que la obligación de la importadora había quedado convertida a pesos el 3 de febrero de 2002 por imperio de lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 8º del Decreto 214/02. Por otra parte, indicó que los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero debían devengarse sobre el capital actualizado por el CER.
Aclaró que la responsabilidad de la compañía aseguradora debía limitarse a la suma máxima garantizada, convertida a razón de un dólar = un peso más CER, es decir, a $95.000 más CER (póliza n° 256160); todo ello más los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero.
II. Que, el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 350/360, los que fueron replicados por la coactora “Paraná” a fs. 390/393, por la coactora “Aseguradora” a fs. 397/400vta y, por la coactora “Alba” a fs. 402/405.
El apelante expresa que las obligaciones asumidas por el importador y por las aseguradoras no son las mismas. En tal sentido, afirma que lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Cladd” lo fue respecto de la exigibilidad de la obligación tributaria respecto de la firma importadora “…y no así a la empresa aseguradora”. Sostiene que la relación que tiene la aseguradora con el Fisco no es de índole tributario y consiste en afianzar las obligaciones del importador temporario; es decir, aquellas obligaciones que hubiese correspondido cancelar ‘antes’ (como condición sine qua non para importar) pero que quedaron en ‘suspenso’ y se garantizaron mediante un contrato. Por ello, considera que debe pagarle al Fisco en las condiciones establecidas en el contrato de seguro, los tributos garantizados que se mantuvieron en “suspenso” para el caso de producirse el siniestro. Considera que el importador adeuda las percepciones como consecuencia de una obligación que resulta del derecho público tributario y que, por ende, cerrado el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de tales tributos, se extingue la facultad de la DGA para requerir su pago; mientras que, en el caso del asegurador, “…lo único que debe ponderarse es la existencia de un contrato (póliza) y que el hecho generador de la obligación, efectivamente, se haya producido (la importación definitiva a consumo)”.
En diferente orden de ideas, afirma que resultan exigibles los intereses devengados respecto de las percepciones, por aplicación de lo establecido en el artículo 37, de la Ley n° 11.683. Sostiene que “…los intereses subsistieron (autónomamente), lo que caducó (eventualmente) es la facultad del Fisco (DGA – Aduana) para exigirlo como ‘percepciones’, por el transcurso del tiempo … que no se pueda exigir a la importadora, no implica que no se le pueda exigir al garante de la deuda, porque -los debe- en virtud de la póliza”.
III. Que, la coactora Alba Compañía Argentina de Seguros SA también apeló la decisión reseñada en el primer considerando. Expresó sus agravios a fs. 365/382vta., los cuales no fueron replicados por el Fisco.
Sostiene que no corresponde que le sean exigidos los tributos a su parte en atención a que la firma importadora, deudora principal de los tributos, se encuentra en proceso de quiebra “…por lo menos desde el 03/09/2004” y a que la Aduana no verificó el crédito fiscal. Considera que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 y sucesivos y 200 y sucesivos de la Ley de Concursos y Quiebras, resulta obligatoria la verificación de los créditos que se pretendan cobrar, y que la AFIP como entidad acreedora no se encuentra eximida de la mencionada obligación. En tal sentido aduce que la omisión de la Aduana en verificar su crédito en la quiebra de la importadora constituyó un caso de negligencia que extinguió su obligación. Agrega que, además, la acción del Fisco se encuentra prescripta en los términos del artículo 56 de la ley 24.522, en cuanto expresa que las acciones de causa o título anterior al concurso preventivo prescriben, si el acreedor no se presentara a verificar (tardíamente) su crédito antes de los dos años de la fecha fijada en la apertura del concurso.
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En diferente orden de ideas, afirma que el plazo de duración del proceso se extendió en términos irrazonables y que esa circunstancia afectó su derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas. Explica que el examen de los supuestos de interrupción y de suspensión del plazo para el ejercicio de la acción, tanto para imponer penas como para exigir el pago de tributos, debieron ser interpretados a la luz de la doctrina sentada por la Corte federal en las causas “Losicer” y “Bossi y García S.A.” y la garantía convencional del plazo razonable. En ese sentido pone de resalto la injustificable duración del procedimiento, iniciado por el incumplimiento de una destinación temporaria vencida en 2001, el posterior dictado de una resolución aduanera en el año 2011 y el reciente dictado (2024) de una resolución por el Tribunal Fiscal. Cita jurisprudencia que –a su entender– respalda su postura.
Además, señala que en el caso resulta inaplicable el Coeficiente de Estabilización de Referencia y además, cuestiona la aplicación de intereses sobre el monto de tributos actualizado con ese coeficiente desde el vencimiento del plazo de diez días contados a partir de que fue notificada de la corrida de vista.
IV. Que, en este estado de las actuaciones, corresponde examinar primeramente el recurso interpuesto por la coactora “Alba” respecto del planteo de prescripción fundado en la irrazonable duración del proceso, toda vez que una decisión favorable al respecto tornaría insustancial el tratamiento de los restantes agravios propuestos en su escrito recursivo al igual que los propuestos por el Fisco, en lo que a esa parte respecta.
IV.1. En tales condiciones, corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 335:1126 (“Losicer”), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable –prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos– también resulta de aplicación al ámbito tributario (esta Sala, in re nº 55643/17 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA”, sentencia del 27/06/2017; entre otros).
Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación del sumario administrativo se ha excedido del plazo razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal, art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”).
IV.2. Ahora bien, en el caso de autos el hecho que dio origen al procedimiento, respecto de la coactora “Alba”, tuvo lugar en el año 2001 (ver fecha de vencimiento del DIT 00 001 IT14 006752 C agregado a fs. 4 de las actuaciones administrativas) y la apertura del sumario se dispuso el 19/12/2006 (cfr. fs. 22 de las actuaciones administrativas). Posteriormente, fue citada la firma importadora y las compañías aseguradoras, el 06/07/2011 (cfr. fs. 49 y vta. de las actuaciones administrativas) habiendo presentado su descargo la firma “Alba” el 06/10/2011 (cfr. fs. 87/96vta. de las actuaciones administrativas). Luego, el 31/10/2011 se proveyó la prueba ofrecida por todas las partes (cfr. fs. 115/vta. de las actuaciones administrativas). Finalmente, el 16/12/2011, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dictó la Resolución nº 9390/11 mediante la cual fue impuesta una multa a la firma importadora y fueron determinados los tributos adeudados por dicha empresa y por las compañías aseguradoras garantes de los despachos de importación temporal involucrados (cfr. fs. 132/137vta. de las actuaciones administrativas). Aquella fue notificada a la firma importadora y a las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V empresas Aseguradora de Créditos y Garantías SA y Paraná SA de Seguros el 29/04/2013 y a Alba Compañía Argentina de Seguros SA el 02/05/2013 (cfr. fs. 144/146 de las actuaciones administrativas). Con posterioridad, y en cuanto aquí interesa, la firma Alba Compañía Argentina de Seguros SA recurrió ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 23/05/2013 (cfr. refoliado fs. 22). El Fisco contestó el recurso el 27/09/2016 (cfr. fs. 127/131). Asimismo, el 12/10/2016 se abrieron a prueba las actuaciones (cfr. fs. 132); y el período probatorio se dio por clausurado el 17/09/2024 (cfr. fs. 288). La siguiente actuación impulsoria data del 27/09/2024, cuando el a quo puso la causa para alegar (cfr. fs. 295).
Finalmente, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó la decisión que en este acto se apela el 27/11/2024 (cfr. fs. 333/340).
IV.3. En tales condiciones, se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En efecto, se observa que entre la configuración de los hechos que motivaron el inicio de las actuaciones administrativas y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron casi 23 años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.
Según puede advertirse, las demoras no se deben a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos en sede aduanera, que han alcanzado lapsos superiores al año. A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (esta Sala, causas nº 55643/17 “Alba”, ya citada; y nº 30452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” Buenos Aires, del 2/05/2019; entre otras).
IV.4. Que, además de lo expuesto, cabe destacar que la Ley 27.742 a través de su artículo 25 incorporó en el artículo 1º bis, inciso a), apartado (iv) de la Ley 19.549 -aplicable supletoriamente en la especieel “Derecho a un plazo razonable”, comprendido dentro del principio de “Tutela administrativa efectiva” en el sentido de: “…que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión escrita y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación” (cfr. esta Sala V en la causa n° 2.001/24, caratulada “HTI Cono Sur (TF 20538084-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21 de agosto de 2025 y causa n° 10.775/2024 “HTI Cono Sur (TF 62161222-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3 de julio de 2025 y causa n° 20.899/2024 “Compañía de Seguros La Mercantil SA (TF 121517942-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 22 de abril de 2025, entre otras ).
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la coactora “Alba Compañía Argentina de Seguros SA”, revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal respecto de la aludida empresa y; por ende, revocar la Resolución n° 9390/11 en lo relativo los tributos que fueron determinados en relación con la destinación n° 00 001 IT14 006752 C, que fueron oportunamente garantizados por dicha compañía. En virtud de la conclusión alcanzada, resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios propuestos por la coactora “Alba”.
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V. Que, despejada esa primera cuestión, cabe abordar los planteos del Fisco relacionados con que, a su entender, no es dable eximir del pago de las percepciones de IVA y del Impuesto a las Ganancias a las compañías aseguradoras y a la eventual exigibilidad de intereses respecto de las percepciones que fueron revocadas por el Tribunal Fiscal. Cabe aclarar que, en virtud de lo decidido en el considerando anterior, tales cuestionamientos se hallan circunscriptos a la eventual exigibilidad de esos conceptos respecto de las coactoras Aseguradora de Créditos y Garantías SA y Paraná SA de Seguros.
V.1. Primeramente, cabe recordar que en el caso no se encuentra controvertida la responsabilidad de las mencionadas compañías aseguradoras como garantes de los tributos que resultaran adeudados por la importadora ante la falta de cumplimiento del régimen de importación temporal comprometido en las DIT n° 01 001 IT14 002601 P y 01 001 IT14 001903 T, cuyo objeto consiste en asegurar su pago en cualquier supuesto de incumplimiento, circunstancia que por sí sola configura el siniestro, aún en caso de concurso o quiebra del importador (cfr. Fallos 207:322; 315:1408).
Es en virtud de ese contrato que la compañía aseguradora se obligó al pago de la suma estipulada por el mero hecho del incumplimiento del deudor. Verificado ese incumplimiento, se convirtió en un nuevo obligado que añade su responsabilidad a la del importador, por el pago de los tributos adeudados. En tanto el objeto de ese contrato consiste en la eliminación del riesgo de la mora del deudor (Cam. Nac. en lo Com., Sala A, “Indesa S.A. c/ Apolo Cía de Seguros”, La Ley 1982-B-416; Sala B, 23/10/1990, E.D. 142-479; Sala D, 17/6/1988, L. L. 1988-E-460; ídem, Cam. Nac. de Ap. en lo Civil, Sala F, “Sarros, Nicolás c/Transporte Met. Gral. San Martín s/art. 250 del CPCC/ Incidente Civil Seguro de Caución”, del 2/4/03) no cabe entender que, producido el siniestro, la aseguradora debe pagar en subsidio del tomador pues, en tal caso, la esencia misma de la garantía perdería su razón y dejaría de cumplir con su función específica.
Ahora bien, esa circunstancia no puede llevar válidamente a sostener que, como pretende el Fisco, sea posible exigir a las compañías aseguradoras un importe diverso y mayor que el que le corresponde pagar al importador temporal. Al respecto, en el caso se concluyó que una vez vencido el plazo para presentar las declaraciones juradas, se extingue la facultad del organismo aduanero para requerir las percepciones de IVA y del Impuesto a las Ganancias (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas, del 26 de noviembre de 2019). Por lo tanto, carece de sentido afirmar que dicha extinción únicamente beneficie a la firma importadora ya que las compañías aseguradoras se comprometieron al pago de los tributos que resultaren adeudados por aquella como consecuencia del incumplimiento del régimen, pero sólo en la medida en que tales tributos fuesen exigibles.
Por lo demás, es dable destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no formula distinciones en orden a la exigibilidad de las percepciones en función de si se trata del importador o de la compañía aseguradora. Al respecto, cabe tener en consideración que en el precedente CAF 18074/2016/CS1-CA1 Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo, del 26 de noviembre de 2019, hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por la compañía aseguradora y revocó la sentencia apelada al considerar que la cuestión debatida encuentra “[…]adecuada respuesta en la doctrina que emana de la causa CAF 22930/2009/CA1-CS1 "Cladd ITA SA (TF 22.343 -A) c/ EN DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas", sentencia de la fecha, a cuyos fundamentos corresponde remitirse, en lo pertinente, por razones de brevedad”.
Lo expresado hasta aquí resulta concordante con lo decidido por esta Sala en la causa nº 26.224/25, caratulada “Paraná S.A. de Seguros (TF35.088-A) c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 18 de septiembre de 2025 y en la causa n° 37.326/25, caratulada “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 23612 -A) c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 28 de octubre de 2025.
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V.2. Seguidamente, y con relación al planteo vinculado con la pretendida exigibilidad de los intereses que se habrían devengado respecto de las percepciones de IVA y de Impuesto a las Ganancias, en los términos de lo establecido en el artículo 37 de la Ley n° 11.683, cabe efectuar las siguientes consideraciones.
La lógica de las percepciones de IVA y de Ganancias en operaciones aduaneras como modo de adelantar un impuesto luego exigible con motivo de la renta que pudiera nacer en cabeza del contribuyente o bien en razón de la comercialización de la mercadería en el mercado interno no guarda relación con el esquema de importación temporal devenido en definitivo de manera irregular por vencimiento del plazo de admisión temporal sin la debida acreditación de la reexportación –o nacionalización- de la mercadería comprometida. Ello, toda vez que tales importaciones temporarias, por definición, no están sujetas a la imposición de tributos (artículo 256 del Código Aduanero), los cuales son garantizados al momento de registro de la operación.
Por ende, tampoco resulta claro a partir de qué momento debieran ser adicionados los pretendidos intereses respecto de las aludidas percepciones, los cuales, en principio no pueden ser examinados y exigidos sobre la lógica de lo establecido en el mencionado artículo 37 de la Ley n° 11.683 en atención a que la falta de pago de las percepciones sólo podría ser establecida al quedar definitivamente resuelta la configuración de la infracción y, para ese momento, se extinguieron las facultades del servicio aduanero para exigirlas de modo que tampoco se registra la pretendida mora que habría dado lugar al nacimiento de tales intereses.
En sentido semejante a lo precedentemente expuesto se pronunció esta Sala en la causa nº 26.224/25, caratulada “Paraná S.A. de Seguros (TF35.088-A) c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 18 de septiembre de 2025 y causa n° 28.795/25, caratulada “Vale Logística Argentina S.A. (TF 32811-A) c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 2 de diciembre de 2025.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la coactora “Alba Compañía Argentina de Seguros SA”, revocar parcialmente la sentencia apelada y; por ende, revocar la Resolución n° 9390/11 en lo relativo los tributos que fueron determinados en relación con la destinación n° 00 001 IT14 006752 C, con costas de ambas instancias al Fisco (artículo 68, 1° párrafo del CPCCN). 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en lo relativo a la responsabilidad tributaria de las coactoras Aseguradora de Créditos y Garantías SA y Paraná SA de Seguros, garantes de las destinaciones n° 01 001 IT14 002601 P y 01 001 IT14 001903 T, con costas (artículo 68, 1° párrafo, del CPCCN). 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse.
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F. TREACY
Fin de la sentencia