Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 26946-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de apelación interpuesto por la AFIP-DGA y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 111/117vta. en cuanto fue materia de agravios. Con costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.). Conociendo de los recursos de apelación deducidos contra la regulación de honorarios de fs. 131/1327/vta. -interpuestos por la actora y el Fisco Nacional a fs. 136 y 138/139, respectivamente-, tomando en consideración el mérito, calidad y eficacia de la tarea desarrollada y las dos etapas cumplidas en el trámite llevado a cabo ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como el monto involucrado en la litis (formulario F-4, de fs. 1) y su resultado, SE CONFIRMAN los honorarios regulados al letrado apoderado y patrocinante de la parte demandada, Dr. Ricardo Daniel Palermo, en la suma de diecisiete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ($17.855.-), y los del letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, Dr. Eduardo J. Bendayán, en la suma de siete mil doscientos setenta pesos ($2.109,45.-) (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley de Aranceles de Abogados y Procuradores). Por idénticos motivos, SE FIJAN los honorarios por la actuación en la Alzada de la dirección letrada y representación de la parte actora, Dr. Eduardo J. Bendayán, Alta en sistema: 26/04/2019 en la suma de seiscientos treinta y tres pesos ($633.-) (art. 14 y conc. de la ley de Aranceles).
68167/2017; PARANA SA DE SEGUROS TF26946-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 23 de abril de 2019.- FG Y VISTOS; CONSIDERANDO:
del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, en cuanto aquí interesa, (i) confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 1129/2009 - suscripta por el Jefe (Int.) del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros-, recaída en el expediente Nº 12039-1476-2008 (601912/03), y, en consecuencia, declaró que los tributos adeudados ascienden a la suma de $40.011,27, más los intereses devengados desde el 03/03/2006 hasta la fecha de su efectivo pago, y que el monto que se le puede exigir a la actora es de $23.500, con más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (en adelante C.E.R.) a la fecha en que se efectúe el pago –monto asegurado mediante la póliza– o el importe de los tributos ($40.011,27), con más los intereses, si este último resultare inferior. En cambio, (ii) reconoció el derecho de la firma aseguradora a que sea excluido de la suma intimada el monto determinado en concepto de derecho adicional. (iii) Impuso las costas conforme los respectivos vencimientos, en un 64% a cargo de la actora, y en un 36% a cargo del Fisco Nacional.
Para así decidir, en cuanto aquí interesa, luego de analizar si resultaba ajustada a derecho la exigencia tributaria que fuera intimada a cancelar a la actora –en su calidad de garante de la obligación tributaria respecto del DIT Nº 01 001 IT14 006824 D-, como así también la naturaleza jurídica y el objeto del seguro de caución, el a quo se expidió sobre el planteo formulado por la parte actora respecto de que no le correspondía el pago de los derechos adicionales.
En particular, precisó que la norma aplicable era el Decreto Nº 1439/96, en atención a que el DIT Alta en sistema: 26/04/2019 involucrado en autos se registró al amparo del mismo, y reprodujo los términos de su artículo 23.
Luego, con relación a la aplicación del referido decreto, y dejando a salvo la opinión en contrario del vocal preopinante, consideró que correspondía aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-I) c/ DGA” y “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ DGA”, fallados el 14/8/13, según la cual el derecho adicional se aplica a importaciones regulares y no a importaciones irregulares, como la de autos, pues una interpretación en contrario, al decir de la Corte, “implicaría extender los alcances de la norma a supuestos no previstos en ella”. A mayor abundamiento, reprodujo los términos del tercer párrafo, considerando 9, del precedente “Frisher”.
II. Que contra esa sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación a fs. 123, y expresó agravios a fs. 128/130, cuyo traslado fue replicado por la parte demandada a fs. 134/vta.
Paraná SA de Seguros se agravia de la sentencia apelada por resultar arbitraria, por cuanto -señala- acude a una interpretación de la normativa aplicable que no se compadece con el texto legal literal vigente.
En ese orden de ideas, sostiene que el Decreto Nº 1439/92 -que instituyó el derecho adicional del 12% del valor en aduana de la mercadería-, no distingue entre ninguna clase de importaciones temporarias. Argumenta que el texto legal claramente grava con aquél a todas las importaciones que se efectúen bajo su régimen, siempre y cuando se autorice su importación para consumo, sin distinguir, como se pretende hacer en “IEF Latinoamericana” y “Frisher SRL”, en importaciones regulares o irregulares. Resalta que donde la norma no distingue, no se debe distinguir, so pena de que el intérprete termine convirtiéndose en legislador. Agrega que la Alta en sistema: 26/04/2019 68167/2017; PARANA SA DE SEGUROS TF26946-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO distinción entre importación regular e irregular, amén de no resultar mencionado en ninguna disposición del decreto que crea el derecho adicional, tampoco se encuentra señalado y menos aún legislado en el Código Aduanero.
III. Que, en tales términos, antes de ingresar al tratamiento de los agravios es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15, entre otros).
IV. Que las cuestiones planteadas en los agravios esgrimidos por el Fisco Nacional, referida a la procedencia de la exigencia tributaria en concepto de derecho adicional; son sustancialmente análogas a lo resuelto por este Tribunal en la causa Nº 33529/09, in re “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ EN-DGA-Resol. 1353/09 (Expte. 1017/08) s/ DGA”, del 19/11/2013, cuyos fundamentos vertidos resultan de Alta en sistema: 26/04/2019 aplicación –en lo pertinente-, y a los cuales cabe remitirse a fin de evitar innecesarias reiteraciones.
V. Que, sentado lo anterior, y en punto a la exigencia del derecho adicional establecido en el Decreto Nº 1439/96, debe tenerse en cuenta que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que esa norma condiciona expresamente “el derecho adicional allí previsto al registro de una solicitud de destinación para consumo y a su autorización por el servicio aduanero. Ante los claros términos de esa norma, afirmar que el recargo establecido por ella resulta aplicable cuando la importación para consumo se produce sin que medie un pedido del interesado, y por el sólo transcurso del plazo de la importación temporaria sin que se hubiese cumplido la obligación de reexportar la mercadería —arts. 274, 638 y cctes. del Código Aduanero—, implica extender los alcances de una norma tributaria a supuestos no previstos en ella, acudiendo al método de la analogía, lo cual es inaceptable según reiterada y pacífica jurisprudencia de esta Corte que tiene como fundamento la naturaleza de las obligaciones fiscales y el principio de reserva o legalidad que las rige” (CSJN, causa Nº l. 49. XLII, “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/08/13, referida al art. 23 del Decreto Nº 1439/96, que remite a la causa Nº F.
195. XLII, “Frisher SRL (TF 16.236ª) c/ A.N.A.”, del 14/08/13, considerando séptimo, donde se trató el art. 15 de la Resolución Nº MEOSP Nº 72/92).
Por ello, consideró que en casos como el presente no se configura “el presupuesto de hecho que da lugar a la aplicación del derecho adicional de importación previsto (…). En consecuencia, resultaría inoficioso detenerse a considerar las objeciones formuladas por la actora a la validez constitucional de una carga tributaria establecida de ese modo”. Por lo cual Alta en sistema: 26/04/2019 68167/2017; PARANA SA DE SEGUROS TF26946-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO corresponde confirmar la sentencia apelada en este punto, con distintos fundamentos.
VI. Que, en cuanto a las costas de esta instancia, en atención al modo en que se decide, y toda vez que no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota sentado por el artículo 68 del CPCCN, corresponde que ellas sean impuestas -en esta Alzada- a la demandada, en tanto ha resultado sustancialmente vencida.
En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: desestimar el recurso de apelación interpuesto por la AFIP-DGA y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 111/117vta. en cuanto fue materia de agravios. Con costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.). Conociendo de los recursos de apelación deducidos contra la regulación de honorarios de fs. 131/1327/vta. -interpuestos por la actora y el Fisco Nacional a fs. 136 y 138/139, respectivamente-, tomando en consideración el mérito, calidad y eficacia de la tarea desarrollada y las dos etapas cumplidas en el trámite llevado a cabo ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como el monto involucrado en la litis (formulario F-4, de fs. 1) y su resultado, SE CONFIRMAN los honorarios regulados al letrado apoderado y patrocinante de la parte demandada, Dr. Ricardo Daniel Palermo, en la suma de diecisiete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ($17.855.-), y los del letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, Dr. Eduardo J. Bendayán, en la suma de siete mil doscientos setenta pesos ($2.109,45.-) (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley de Aranceles de Abogados y Procuradores). Por idénticos motivos, SE FIJAN los honorarios por la actuación en la Alzada de la dirección letrada y representación de la parte actora, Dr. Eduardo J. Bendayán, Alta en sistema: 26/04/2019 en la suma de seiscientos treinta y tres pesos ($633.-) (art. 14 y conc. de la ley de Aranceles).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
Alta en sistema: 26/04/2019
Fin de la sentencia