Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 34.012-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente Resolución DE PRLA Nº 6882/2013, recaída en el expediente administrativo Actuación SIGEA Nº 12197-4043-2005, en cuanto intima el pago de tributos a la recurrente “PARANÁ SA DE SEGUROS”, cuyo monto asciende a la suma de dólares veintiséis mil ochocientos setenta y siete con 26/100 (u$s26.877,26), con más los intereses del art. 794 del CA que deberán computarse a partir del 15/05/2013 hasta la fecha de su efectivo pago.
Declarar que al momento del cobro la DGA deberá tener en consideración el límite de la responsabilidad de la aseguradora “PARANÁ SA DE SEGUROS”, que asciende a la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000) y el pago efectuado por la firma aseguradora “COSENA SEGUROS SA” mediante el PLAN DE PAGOS T553281.
2Revocar la Resolución DE PRLA Nº 6882/2013, recaída en el expediente administrativo Actuación SIGEA Nº 12197-4043-2005 en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias reclamadas por la Aduana.
3Las costas se imponen a la actora “PARANÁ SA DE SEGUROS” en cuanto al monto que se confirma y por su orden en cuanto a los importes que se revocan.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-103149682-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Septiembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "E", Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante) y Dres. Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: "PARANA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/recurso de apelación", Expediente N° 34.012-A al que se encuentra acumulado el Expediente N° 34.034-A “COSENA SEGUROS SA c/ D.G.A. s/recurso de apelación"
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 10/16 y vta. la actora “PARANA S.A. DE SEGUROS”, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 6882/2013, recaída en el expediente administrativo Actuación SIGEA Nº 12197-4043-2005, por la cual en el art. 3°) se dispone: “FORMULAR CARGO a la firma imputada AZO ALER LIMPIAR S.A…, a PARANÁ S.A. DE SEGUROS y a COSENA SEGUROS S.A. por el pago de la suma de USS 69.809,52 (SON DÓLARES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 52/00), en concepto de tributos adeudados con más los intereses rigiendo lo establecido por el art. 794 del C.A …, debiendo tenerse en cuenta, respecto de la garante, que deberá efectuarse dentro de los límites y por los rubros afianzados conforme las Pólizas N° 10814 y 47757 respectivamente, mediante la cual se garantizaron los tributos exigibles en la operación en trato”, con relación al DIT 03 001 IT14 006388K.
Hace referencia a los antecedentes de la causa. Plantea la nulidad del procedimiento por la falta de efectiva citación al importador. Cuestiona que se le haya reclamado el pago de recargos o impuestos relacionados con el despacho a plaza de la mercadería importada temporariamente, incluyendo el IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Expresa agravios en relación a la moneda en que han sido liquidados y reclamados los tributos relativos a la causa. Aduce que la liquidación debería formularse sobre la base de la conversión u$s1=$1, sin la aplicación de cláusulas de ajuste, CER o pauta de repotenciación de la deuda. Sostiene que no corresponde que se le exija el pago de las percepciones de Iva y de Ganancias. Cuestiona las tasas de interés aplicables a las deudas establecidas en dólares, solicitando que en el caso se establezca la reducción, en uso de las facultad morigeradora establecida en el art 656 y 953 del CCIV. Ofrece prueba. Formula reserva del Caso Federal y solicita que se dicte sentencia dejando sin efecto el cargo formulado a su respecto, con expresa imposición de costas. Que a fs. 33/40 ref se agrega el recurso de apelación presentado por la firma “COSENA SEGUROS SA” contra la Resolución DE PRLA Nº 6882/2013, recaída en el expediente administrativo Actuación SIGEA Nº 12197- 4043-2005.
II. Que a fs. 60/63, la representación fiscal, contesta el traslado conferido en la causa. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por las actoras que no fueran objeto de su especial reconocimiento. Rechaza los planteos de la recurrente y sostiene la procedencia de los tributos que se reclaman. Finalmente aduce que los intereses que corresponde que se abonen, son los debidos por el deudor principal. Ofrece como prueba las act adm que originaran la causa. Formula reserva del Caso Federal y solicita que se dicte sentencia, confirmando el fallo aduanero apelado, con costas.
III. Que a fs. 66 se abre la causa a prueba, produciéndose la misma posteriormente. A fs. 185/186 y vta, se dicta la sentencia IF-2024-136251534-APN-VOCXIX#TFN, de fecha 12/12/2024, en la que se resuelve: “Tener por desistida a la co-actora “COSENA SEGUROS SA” del recurso interpuesto en autos (cfme lo establecido por la Ley 27.743 y su norma reglamentaria y los arts 304 y 305 del CPCCN), con costas”. A fs. 192, en atención al estado procesal de la causa, se declara el cierre del periodo probatorio y no existiendo mérito suficiente para que las partes aleguen, se eleva la causa a la Sala “E” y se la pasa a sentencia.
IV. Que las Actuaciones Nros. 12197-4043-2005 se inician con la Denuncia Nro. 490/05, formulada por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 5 se glosa el sobre contenedor de la DIT Nro. 03 001 IT14 006388 K, cuyo vencimiento data del 08/10/2004. A fs. 8 se afora la mercadería en presunta infracción al art 970 del CA y a fs. 9 se practica la liquidación tributaria pertinente. A fs. 21, con fecha 04/12/2008, se dispone la apertura del sumario en los términos establecidos en el art 1090 del CA y a fs. 22 se practica una nueva liquidación. A fs. 25 se corre vista de lo actuado a la firma “AZO ALER LIMPIAR SA” y se cita a la firma “PARANA S.A. DE SEGUROS”. A fs. 37/42vta., con fecha 15/05/2012, presenta su descargo la empresa de seguros “PARANA S.A. DE SEGUROS” que se notificó el 07/05/2012 -ver fs. 44-. A fs. 45 se tiene por contestada la vista conferida por parte de la aseguradora “PARANA S.A. DE SEGUROS” y a fs. 46 se dispone rectificar el auto de corrida de vista, intimando el pago de la suma de u$s69.809,52 en concepto de tributos. A fs. 61/65 se glosan constancias de la publicación de edictos a fin de poner en conocimiento de la importadora firma “AZO ALER LIMPIAR SA” lo actuado en la causa. A fs. 68 se glosa la cédula de notificación del auto de fs. 46 (rectificatorio de la corrida de vista de fs. 25, dirigida a la aseguradora “PARANA S.A. DE SEGUROS”, recibida el día 29/04/2013. A fs. 69 se declara la rebeldía de la firma importadora y a fs. 75/77 se dicta la resolución apelada en la causa.
V. Que en las condiciones mencionadas corresponde resolver si la Resolución DE PRLA Nº 6882/2013 en cuanto intima a la firma aseguradora “PARANA S.A. DE SEGUROS” el pago de tributos, resulta a justada a derecho.
Que al respecto cabe señalar que en los presentes autos no se encuentra controvertido en ningún aspecto el incumplimiento del régimen de importación temporaria documentado con la DIT Nro. 03 001 IT14 006388 K y que por ello no existen dudas acerca de la configuración de la infracción al art. 970 del C.A. Tampoco se encuentra discutido que, mediante la póliza Nro. 10814 (obrante a fs. 102 y vta de autos), la aquí actora “PARANA S.A. DE SEGUROS” aseguró a la A.F.I.P.-D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma de PESOS ciento ochenta mil ($180.000) con más los intereses previstos en los artículos 794 y 797 del C.A del C.A, como consecuencia de la operación de importación temporaria que motivara la causa.
Que en las condiciones indicadas, habiendo quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente.
Que en ese estado de cosas, corresponde señalar que por la resolución apelada se intimó a la recurrente, en forma solidaria con la importadora “AZO ALER LIMPIAR SA” y la aseguradora “COSENA SEGUROS SA”, el pago de la suma de u$s69.809,52 en concepto de tributos, que incluyó, Derechos de Importación, Tasa de Estadística, Derecho Adicional, I.V.A, IVA Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidación de fs. 22 de las act. adm.).
Que al respecto, debe recordarse que el art. 453 inc c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del C.A. indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la Aduana asegurada) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada "responsabilidad" de la actora (fiadora-aseguradora) la coloca en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C. Civil y Comercial, Ley 26.994). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
Que por ello, cabe desechar el argumento de la recurrente referido a la falta de citación de la firma importadora en el sumario en cuestión. Ello así, puesto que de las constancias de la causa surge que el servicio aduanero frente a la imposibilidad de notificar a la firma importadora en el domicilio registrado ante la Aduana, publicó los pertinentes edictos a los fines de ponerla en conocimiento de lo actuado en el Sumario Nro. 12197-4043-2005, sumado a que, tal como resulta de la Póliza 10.814, la firma “PARANA SA DE SEGUROS” al emitir la misma se obligó al pago en efectivo hasta la suma garantizada de los correspondientes tributos generales y adicionales vigentes a la fecha de producción del hecho imponible.
VI. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que la recurrente cuestiona que se le reclame el pago de recargos o impuestos relacionados con el despacho a plaza de la mercadería importada temporariamente, incluyendo el IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96 ( ver fs 22 de las acta dm). Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L.
(TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal.
De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero). Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (..) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal ...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria “nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
VII. Que tras ello cabe desestimar el agravio de la actora referido a que no resulta procedente que se le reclamen los tributos cuestionados en dólares estadounidenses, argumentando que la liquidación inicial como el requerimiento inicial se realizaron en pesos. Ello así, puesto que del análisis de la causa surge que los tributos liquidados a fs. 22 y reclamados en la corrida de vista, posteriormente fueron rectificados en el auto de fs. 46, del que la aseguradora quedara debidamente notificada (ver fs. 68 de las act adm), a fin de salvaguardar su derecho de defensa.
Que debe aclararse además que el art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991) estableció que a los efectos del pago de los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y exportación, corresponde aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago -esto es, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al efectivo pago-.
VIII. Que por lo tanto, corresponde efectuar la re-liquidación de los tributos, que corresponden en la causa. Valor en Aduana: u$s74.400 Dchos. 12% u$s8.928 Estadística 0,5% u$s 372,22 Base IVA u$s83.700,22 IVA 21% u$s17.577,04 Total tributos adeudados: u$s26.877,26 IX.- Que corresponde ahora expedirse sobre la responsabilidad de la compañía aseguradora.
Que en ese sentido, cabe mencionar que la póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la aseguradora “PARANÁ SA DE SEGUROS” es la N° 10.814 extendida el 07/10/2003, por la suma de $180.000, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada mediante el DIT involucrado en la causa (ver la documentación del referido DIT y la copia certificada de la póliza de caución en cuestión, obrantes en autos).
Que en consecuencia el tope máximo de responsabilidad resulta del monto asegurado por la póliza antes mencionada, por lo que corresponde limitar la obligación tributaria respecto de la aseguradora “PARANÁ SA DE SEGUROS” al monto consignado en la citada póliza que asciende a PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000). Asimismo cabe agregar que la aseguradora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar al importe de dicho monto límite, los accesorios que correspondan, de modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes. Por ende, respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
X. Que sentado lo expuesto, corresponde ahora desestimar los cuestionamientos formulados por la actora “PARANÁ SA DE SEGUROS”, respecto de las tasas de interés que correspondería aplicar para obligaciones tributarias liquidadas en dólares como las involucradas en la causa.
Que en ese sentido considero de aplicación lo normado en el art 794 del CA y las tasas establecidas por las normas que fijan las alícuotas vigentes para cada periodo, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas, puesto que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- se encuentra vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Que por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encuentro graves razones para apartarme- observo que la intención del Legislador al momento de haber elevado las tasas, que luego fueron modificadas por la vía de otra Resolución -por la cual resultaron inferiores-, tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado. Esta posición también se sostuvo cuando la Excma. C.S.J.N. sentenció: “Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Asimismo, cabe destacar que el Máximo Tribunal aún no ha anulado o morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente esta materia.
Que como consecuencia de los razonamientos precedentes, deduzco que la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts. 794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415). Máxime, cuando su invalidez no ha sido declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía de este Tribunal, implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló, en cada momento, las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia. Que en tal sentido, no puede olvidarse que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a dichos criterios, que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)...”.
Que entiendo que modificar todo o parte de la norma (en este caso la tasa aplicable) implica arrogarse facultades de control judicial, o lisa y llanamente legislativas, que exceden la competencia de este Tribunal.
XI. Que en lo referente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal, motivo por el cual en el caso de autos, los intereses deberán computarse desde el 15/05/2013 (teniéndose en consideración la fecha de la notificación de la rectificación de la corrida de vista) cfme art 794 del CA, hasta la fecha de efectivo pago.
XII. Que por lo expuesto corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto intima el pago de tributos a la recurrente “PARANÁ SA DE SEGUROS”, cuyo monto asciende a la suma de u$s26.877,26 con más los intereses del art. 794 del CA que deberán computarse a partir del 15/05/2013 hasta la fecha de efectivo pago, debiendo tenerse en consideración al momento del cobro por parte de la DGA los límites de la responsabilidad de la aseguradora, de conformidad a lo expuesto en el Considerando IX que antecede y el pago efectuado por la firma aseguradora “COSENA SEGUROS SA” mediante el PLAN DE PAGOS T553281 y revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias que la Aduana le intima.
XIII. Que las costas se imponen a la actora “PARANÁ SA DE SEGUROS” en cuanto al monto que se confirma y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan.
Por lo ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente Resolución DE PRLA Nº 6882/2013, recaída en el expediente administrativo Actuación SIGEA Nº 12197-4043-2005, en cuanto intima el pago de tributos a la recurrente “PARANÁ SA DE SEGUROS”, cuyo monto asciende a la suma de dólares veintiséis mil ochocientos setenta y siete con 26/100 (u$s26.877,26), con más los intereses del art. 794 del CA que deberán computarse a partir del 15/05/2013 hasta la fecha de su efectivo pago.
Declarar que al momento del cobro la DGA deberá tener en consideración el límite de la responsabilidad de la aseguradora “PARANÁ SA DE SEGUROS”, que asciende a la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000) y el pago efectuado por la firma aseguradora “COSENA SEGUROS SA” mediante el PLAN DE PAGOS T553281.
2. Revocar la Resolución DE PRLA Nº 6882/2013, recaída en el expediente administrativo Actuación SIGEA Nº 12197-4043-2005 en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias reclamadas por la Aduana.
3. Las costas se imponen a la actora “PARANÁ SA DE SEGUROS” en cuanto al monto que se confirma y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero al voto de la Vocal preopinante salvo en cuanto a las costas impuestas a la demandada en parte del punto 3 de la parte resolutiva de su voto, toda vez que entiendo que las mismas deben imponerse “por su orden” en relación a las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, toda vez que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CLADD ITA SA (TF 22.343-A) c/EN-DGA RESOL. 2590/06 – EXPTE. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, de fecha 26/11/19), que fija el criterio interpretativo respecto de su aplicación, es de fecha posterior al dictado de la Resolución objeto de apelación (08/10/2013), como así también a la fecha de interposición del presente recurso (19/11/2013).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto de la Dra. Sarquis y al voto del Dr. Juárez respecto de las costas. En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente Resolución DE PRLA Nº 6882/2013, recaída en el expediente administrativo Actuación SIGEA Nº 12197-4043-2005, en cuanto intima el pago de tributos a la recurrente “PARANÁ SA DE SEGUROS”, cuyo monto asciende a la suma de dólares veintiséis mil ochocientos setenta y siete con 26/100 (u$s26.877,26), con más los intereses del art. 794 del CA que deberán computarse a partir del 15/05/2013 hasta la fecha de su efectivo pago.
Declarar que al momento del cobro la DGA deberá tener en consideración el límite de la responsabilidad de la aseguradora “PARANÁ SA DE SEGUROS”, que asciende a la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000) y el pago efectuado por la firma aseguradora “COSENA SEGUROS SA” mediante el PLAN DE PAGOS T553281.
2. Revocar la Resolución DE PRLA Nº 6882/2013, recaída en el expediente administrativo Actuación SIGEA Nº 12197-4043-2005 en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias reclamadas por la Aduana.
3. Las costas se imponen a la actora “PARANÁ SA DE SEGUROS” en cuanto al monto que se confirma y por su orden en cuanto a los importes que se revocan.
Regístrese, notifíquese a las actoras en los CUIT 20-20838448-2 y 20-24592191-9 y a la representación fiscal en el CUIT 27-27648097-4 y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.09.16 13:20:55 ART Date: 2025.09.16 14:24:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.16 17:14:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.16 17:15:26 -03:00
Fin de la sentencia