Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-97789030-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, en relación a la aseguradora, respecto al sumario que tramitara mediante la Actuación Nº 12197-1329-2010 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante el DIT N° 03 001 IT14 007391 F.
2Imponer las costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-140194523-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 18 de Diciembre de 2025 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “PARANA S.A. DE SEGUROS c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. N.° 38.211-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 9/15 la aseguradora interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 8772/15 dictada en la Actuación N.º 12197-1329-2010, en cuanto la íntima, en su calidad de garante de la firma importadora “GRD LEATHER S.A.”, al pago de la suma de U$S 11.643,47.- y $ 10.124,74.- con más intereses, en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A. con relación al D.I.T. N.º 03 001 IT14 007391 F. Sostiene que la resolución aduanera no ha valorado adecuadamente el alcance de la garantía otorgada en la póliza, la cual se limita estrictamente a cubrir los tributos derivados de la operación cuestionada y únicamente hasta el límite máximo asegurado. En respaldo de su posición, cita jurisprudencia aplicable. Asimismo, se agravia de la determinación tributaria en tanto comprende conceptos no amparados por la cobertura. Finalmente, alega que la acción fiscal para perseguir el cobro de los tributos se encuentra prescripta, en razón del tiempo transcurrido, configurándose una vulneración directa al principio de defensa. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia dejando sin efecto el cargo formulado, con expresa imposición de costas.
II. A fs. 27/38 la representación fiscal, contesta el traslado. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Afirma que el seguro de caución tiene por objeto evitar el riesgo de mora del deudor principal y asegurar la ejecución inmediata de la garantía en caso de incumplimiento del tomador. En este marco, indica que la DGA, como asegurada o acreedora, solo debe acreditar el incumplimiento del importador, sin necesidad de cumplir con otros requisitos. Señala que, de las constancias del expediente, surge que el importador no habría cumplido con las obligaciones derivadas del régimen de importación temporaria, lo que configura el siniestro que habilita a la Aduana a reclamar el pago a la aseguradora. Concluye que esta última debe responder en idénticos términos y con el mismo alcance que la obligación tributaria asumida por el importador. En relación con la prescripción alegada, manifiesta que corresponde su rechazo, por cuanto el procedimiento se tramitó dentro de los plazos establecidos por el Código Aduanero. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el fallo aduanero con expresa imposición de costas.
III. Actuación N.º 12197-1329-2010: A fs. 1 obra el acta de denuncia vinculada al D.I.T. N.º 03 001 IT14 007391 F, mediante la cual se imputa la presunta infracción prevista en el artículo 970 del C.A. A fs. 2 se agrega la carpeta correspondiente al despacho involucrado; a fs. 8 se practica la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería; y a fs. 9 se efectúa la liquidación de tributos. A fs. 11 se incorpora la impresión de pantalla relativa a la consulta de la garantía, y a fs. 13, la constancia de consulta al Sistema de Juicios Universales respecto de la importadora. A fs. 14/15 se determinan los tributos y la multa. Con fecha 29/12/2010 (fs. 16) se dispuso la instrucción del sumario y se ordenó correr vista. La notificación a la aseguradora fue cursada recién el 27/03/2015, con la observación “se mudó” (fs. 21/vta). La importadora fue notificada el 28/09/2015 (fs. 32/vta), consignándose “fijado en puerta”, y el Síndico fue notificado el 09/11/2015 (fs. 38/39). A fs. 17, con fecha 15/12/2014, se rectificó la corrida de vista, modificándose los tributos conforme a la doctrina sentada en la causa IEF LATINOAMERICANA S.A., sin que surja constancia de su notificación. El 01/04/2015 (fs. 24/vta), se presenta el apoderado de la aseguradora solicitando la extracción de copias a efectos de ejercer debidamente su derecho de defensa, y el 10/04/2015 (fs. 27/30) la aseguradora presentó su descargo. A fs. 33 obra una nueva consulta al Sistema de Juicios Universales, de la cual surge la quiebra de la importadora y la distribución final de fondos. A fs. 40/41/vta el Síndico contestó vista; a fs. 42 se proveyeron las presentaciones y se rectificaron nuevamente tributos y multas; y a fs. 43 se incorporó otra determinación. Finalmente, el 28/12/2015 (fs. 45/48/vta), se dictó la Resolución N.º 8772/15, objeto de apelación en autos, notificada a la aseguradora el 13/07/2017 (fs. 52/vta) y al Síndico el 30/08/2017 (fs. 51/vta).
IV. A fs. 63 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 77/82. Los antecedentes administrativos corren por separado. A fs. 93 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la sala G. A fs. 98 se ponen los autos para alegar. A fs. 105 se pasan los autos a sentencia.
V. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En ese entendimiento, en la presente litis corresponde examinar el planteo de la firma apelante, quien sostiene que la acción fiscal destinada al cobro de los tributos se encuentra prescripta, en virtud de la inacción del Fisco durante un prolongado lapso, lo que configuraría una vulneración directa al principio de defensa.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADO-RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla que impone a la Administración la sustanciación de los trámites en un tiempo diligente. Advierto, asimismo, que no puede admitirse que un procedimiento con tales características se prolongue indefinidamente. En este sentido, resulta esencial encontrar un justo equilibrio entre el cumplimiento estricto de la ley y las exigencias de la justicia, recordando que el verdadero propósito del derecho no es mantener a las personas atrapadas en un ciclo interminable, sino ofrecerles un cauce efectivo para la solución de sus conflictos. En efecto, de las actuaciones administrativas surge que el auto de apertura del sumario y la corrida de vista fue dictado el 29/12/2010, mientras que la notificación a los presuntos responsables recién se cursó a la aseguradora el 27/03/2015 (fs. 21/vta); a la importadora, el 28/09/2015 (fs. 32/vta); y al Síndico, el 09/11/2015 (fs. 38/39).
Resulta, por tanto, inexplicable el lapso de más de 9 años transcurridos desde el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (13/11/2005) hasta la notificación efectiva a la aseguradora (27/03/2015).
De igual modo, es injustificable la demora de 4 años, 2 meses y 28 días entre el dictado del auto de fecha 29/12/2010 —por el cual se dispuso la instrucción del sumario y la corrida de vista— y la efectiva notificación a la parte afectada (27/03/2015), sin que consten actuaciones que puedan justificar tal dilación.
Cabe destacar, asimismo, que la Resolución N.º 8772/2015, de fecha 28/12/2015, objeto de la presente apelación, fue notificada a la aseguradora recién el 13/07/2017, es decir, 1 año, 6 meses y 15 días después de su dictado, lo que pone de manifiesto la excesiva extensión temporal del procedimiento, que alcanzó un total de 11 años y 8 meses.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos pueden vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo.
En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa. En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N.º 8772/15 dictada en la Actuación N.º 12197-1329-2010, con relación al D.I.T. N.º 03 001 IT14 007391 F.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los considerandos I.- a IV.- del voto del Dr. Licht, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 03 001 IT14 007391 F, registrado por la firma importadora GRD LEATHER SA, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia en fecha 13/11/2005.
III. Que, cabe puntualizar que la actora plantea la prescripción de la acción del fisco en virtud de que se trata de un evento que según expresa data -a la fecha de interposición del recurso- de hace 15 años atrás. Con lo cual, atento el tiempo transcurrido no resulta posible probar ya que ha operado el vencimiento del plazo de conservación de la documentación. A su vez, plantea la prescripción de la acción en los términos de la ley 24.522. En ese sentido, es menester analizar el citado instituto a la luz de la normativa específica que rige la materia y que es el Código Aduanero.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 13/11/2005 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2006 y que el mismo vencía el 31/12/2010.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 29/12/2010 (ver fs. 16 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 28 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 29/12/2010) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- - APNSGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (29/12/2010) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 28/12/2015- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 13/07/2017 (fs. 52 de las act. adm.), cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, sin costas, atento a que la cuestión fue introducida de oficio.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, en relación a la aseguradora, respecto al sumario que tramitara mediante la Actuación Nº 12197-1329-2010 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante el DIT N° 03 001 IT14 007391 F.
2. Imponer las costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, en relación a la aseguradora, respecto al sumario que tramitara mediante la Actuación Nº 12197-1329-2010 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante el DIT N° 03 001 IT14 007391 F.
2. Imponer las costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.12.17 15:26:25 ART Date: 2025.12.17 15:37:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.18 13:20:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.18 13:21:15 -03:00
Fin de la sentencia