Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 1163/12 dictada en las actuaciones SIGEA N° 12210-2971-2005, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por el DIT N° 02 073 IT14 001725 X, sólo hasta el límite de las pólizas, declarando que la misma adeuda por dicho concepto la suma de VEINTIDOS MIL VEINTITRÉS CON 30/100 CVOS ($ 22.023,30) en concepto de tributos más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago. (Art. 794 del C.A.)
2Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 31 % a cargo de la actora y en un 69 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-145874467-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 6 de Diciembre de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “PARANÁ DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 32.942-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 1163/12, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 28/03/2012, en la actuación SIGEA Nº 12210-2971-2005, en cuanto por su artículo 3º se le formula cargo en concepto de tributos adeudados a la firma PARANÁ S.A. DE SEGUROS, en su calidad de garante de la importadora ROULUNDS CODAN ARGENTINA S.A. por la suma de $ 71.280,33 con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 9/16 se presenta por apoderado PARANÁ S.A. DE SEGUROS e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer lugar, se expide en relación a la procedencia del recurso. A continuación, desarrolla sus agravios. Al respecto, cuestiona la liquidación formulada y sostiene que no corresponde la inclusión de derechos adicionales ni multas dentro del monto asegurado. Cita jurisprudencia. Cuestiona asimismo la procedencia del reclamo de anticipo de Impuesto a las Ganancias. Plantea la inconstitucionalidad del sistema regulado por la Resolución N° 72/92. Se agravia asimismo de la forma en que han sido computados los intereses, afirmando que no debe ser responsable por la mora del importador. Sostiene que el deber de responder debe extenderse únicamente hasta el límite de la póliza. Entiende que ha sido vulnerado el derecho de defensa, toda vez que el servicio aduanero no ha hecho lugar a las pruebas oportunamente ofrecidas. Asevera que la Ley N° 25.561 no resulta aplicable en cuanto a las pautas de ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
III. Contestación del traslado: A fs. 26/30 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la recurrente que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Asevera que la importadora no ha probado en autos que haya reexportado la mercadería, una vez operado el vencimiento del plazo. Explica que, en el régimen de la importación temporal, la carga de la prueba pesa sobre el importador, que es quien debe acreditar-con la documental correspondiente-su cabal cumplimiento. Argumenta que, acreditado el referido incumplimiento, se ha producido el siniestro que autoriza a la Aduana a reclamar el pago pertinente. Agrega que la aseguradora se constituyó en fiadora, lisa, llana y principal pagadora, conforme surge de la garantía contenida en la póliza. Defiende la liquidación efectuada, alegando que el servicio aduanero se limitó a aplicar la normativa vigente, sin vulnerar el principio de legalidad en materia tributaria. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-2971-2005 y sus acumulados Nros. 12210-5513-2006 y 13289-9832-2012 se inician a fs. 1/3 con el acta de denuncia N° 565/05. A fs. 4 se agrega el sobre contenedor del despacho de importación N° 02 073 IT14 001725 X. A fs. 6 obra el aforo de la mercadería y a fs. 6 vta./8 vta. la liquidación por tributos. A fs. 13/59 se adjunta documentación relacionada a la reexportación de la mercadería en trato. A fs. 60 se dispone la instrucción de sumario, en fecha 28/03/2007. A fs. 76 obra liquidación por multa y tributos. A fs. 77/79 obran impresiones de pantalla vinculadas a las Garantías Nros. 02 073 011121 A y 02 073 011447 L. A fs. 80 y vta. se agrega corrida de vista, de fecha 14/02/2012 (notificaciones a fs. 86 y 95/96). A fs. 102/108 se presenta la actora y presenta descargo. A fs. 110 se informa en relación a la quiebra de la importadora. A fs. 116/119 se adjunta la resolución apelada. A fs. 122 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y acompaña formulario F4 (fs. 123)
V. Que a fs. 31, en fecha 20/09/2013, se abre la causa a prueba. A fs. 49 se certificó la prueba producida y a fs. 50 se declaró cerrado el período probatorio.
VI. Que en fecha 30/10/2023 se elevan los autos a la Sala “G”. En fecha 01/11/2023 se ponen autos para alegar y finalmente, en fecha 30/11/2023 pasan a sentencia.
VII. Que corresponde resolver en autos si se encuentra ajustado a derecho el cargo formulado en la resolución aquí apelada, a la firma PARANÁ S.A. DE SEGUROS, como garante de la obligación tributaria de la firma importadora ROULUNDS CODAN ARGENTINA S.A. respecto de la destinación de importación temporaria N° 02 073 IT14 001725 X.
VIII. Que la documentación agregada en las actuaciones administrativas ni la prueba producida en el expediente principal resulta suficiente para acreditar el cumplimiento de los deberes impuestos por el régimen de la importación temporal al que la importadora se acogió.
Que si bien obra en las actuaciones administrativas copia de las solicitudes de CTC (fs. 29/59) no existen constancias de los permisos de embarque aludidos en el cuadro adjunto a la nota de cancelación agregada a fs. 24/27, lo cual torna imposible efectuar descarga alguna.
Que, por ende, respecto de la mercadería en infracción, corresponde que sea considerada como importada para consumo, habiéndose generado el hecho imponible que diera lugar a la intimación de los correspondientes tributos.
IX. Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un "fiador" (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria.
En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (Cfr. art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
Que, en efecto, tal como detallara, el importe nominal por el que, en el caso, debe responder la importadora ($ 71.280,33.-) es menor que el importe de las sumas garantizadas por la actora aseguradora (Garantías Nros. 02073011121A y 02073011447L, por las sumas de U$S 16.500 y 849,99, respectivamente - Cfr. impresiones de pantalla de garantías afectadas a la DIT, fs. 77/79); es (sólo) por este último importe que debe responder la actora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
Que, así las cosas, corresponderá confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria respecto de la aseguradora al monto consignado en las pólizas por la suma de U$S 17.349,99.
X. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas.
Al respecto, a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional.
Ello así en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307- 1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 76 de las actuaciones administrativas.
XI. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 76 de las actuaciones administrativas ha sido cuestionada en relación a los rubros que la integran (ver fs. 10/11 del recurso de apelación). Al respecto, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 76 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR LOS ÍTEMS 1 A 7 INCLUSIVE: $ 22.023,30.
XII. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
En el caso de autos, la aseguradora fue notificada de la corrida de vista en fecha 29/02/2012(ver fs. 97 vta. de act. adm.), es decir con anterioridad a la fecha de notificación de la firma importadora el 02/03/2012 (ver fs. 95/96 de las act. adm). Por lo tanto los intereses corren, en el caso, para la aseguradora desde el 14/03/2012, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A. Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 1163/12 dictada en las actuaciones SIGEA N° 12210-2971-2005, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por el DIT N° 02 073 IT14 001725 X, sólo hasta el límite de las pólizas, declarando que la misma adeuda por dicho concepto la suma de VEINTIDOS MIL VEINTITRÉS CON 30/100 CVOS ($ 22.023,30) en concepto de tributos más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago. (Art. 794 del C.A.)
2. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 31 % a cargo de la actora y en un 69 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, así como el sistema normativo sobre el cual versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VII del voto del Dr. Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. Por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada. En relación a estas cuestiones, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
III. Así las cosas, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 28/3/2007 (ver fs. 60 del expediente administrativo) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado sino hasta la notificación de la corrida de vista de fecha 14/2/2012 (ver fs. 80 del expediente administrativo).
Por ello, teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para suspender la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos (art. 805 inc. a) del C.A.). En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2005 (en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 17/06/2004) la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2009 (todo ello conf. arts. 803 a 806 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 28/03/2012, conf. constancias de fs. 116 del expediente administrativo).
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT Nº02073IT14001725X.
IV. Por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por ello, voto por:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA Nº 12210-2971-2005 e iniciado por presunta infracción del art. 970 del CA en referencia a la operación documentada mediante el DIT N°02073IT14001725X.
2. Costas por su orden atento que mi criterio no es compartido por mis colegas de Sala. La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 1163/12 dictada en las actuaciones SIGEA N° 12210-2971-2005, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por el DIT N° 02 073 IT14 001725 X, sólo hasta el límite de las pólizas, declarando que la misma adeuda por dicho concepto la suma de VEINTIDOS MIL VEINTITRÉS CON 30/100 CVOS ($ 22.023,30) en concepto de tributos más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago. (Art. 794 del C.A.)
2. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 31 % a cargo de la actora y en un 69 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.12.06 14:12:03 ART Date: 2023.12.06 14:13:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.06 18:40:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.06 18:40:59 -03:00
Fin de la sentencia