Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución apelada PRLA 7864/13, dictada en las actuaciones SIGEA Nro. 12197-10202- 2005. Con los intereses -que deberá calcular el Fisco- según los Considerandos
II. Y
III. Del Voto de los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero.
2Declarar que el monto que se le puede exigir a la aseguradora es el máximo garantizado mediante la Póliza 9025, de pesos ciento quince mil ciento setenta $ 115.170.-, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art 794 del C.A., conforme las Resoluciones vigentes en cada momento según las Resoluciones específicas que rigen en este caso.
3Con costas a la accionante.
4Revocar parcialmente los conceptos de Derecho Adicional, IVA adicional Percepciones RG 3431/91 y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, en los términos de los Considerandos X.- y XI.- del voto del Dr. Licht. Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-126635637-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Octubre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “PARANA S.A. DE SEGUROS c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, expediente N.º 34.408-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La aseguradora a fs. 10/14/vta interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 7864/13 dictada en el expediente SIGEA N.º 12197-10202-2005, en cuanto la íntima, en su calidad de garante de la firma “STAMPA INDUSTRIAL S.A.”, al pago de la suma de u$s 7.493,62 en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A. con relación al D.I.T. 02 001 IT14 007168 G. En primer lugar, destaca que la resolución aduanera no ha tenido en cuenta de manera adecuada el alcance de la garantía que la aseguradora ha establecido en la póliza, la cual se limita exclusivamente a cubrir los tributos generados por la operación en cuestión y hasta el límite máximo asegurado. Sostiene que la pretensión aduanera presentada en el caso no se ajusta a derecho, ya que ha incluido los derechos adicionales e IVA adicional de manera indebida, por lo que deben ser recalculados teniendo en cuenta los criterios señalados precedentemente. Agrega que deberán tenerse por impugnados los derechos de importación que hubieran sido liquidados por un importe superior al 35% “ad valorem”, máximo fijado por la República Argentina en la lista XLIV negociada en el GATT 94' aprobado por la ley 24.425 (BO. 05/01/95). En esa línea, manifiesta la improcedencia de la percepción del anticipo del impuesto a las ganancias. Por otro lado, resalta que no se ha realizado una correcta discriminación de la fecha a partir de la cual deben aplicarse los intereses, ya que estos no deben ser atribuidos a la aseguradora por la mora del importador. En este sentido, sostiene que los intereses deben ser calculados a partir del décimo día hábil a partir de la notificación fehaciente del reclamo realizado por la aduana. Cita jurisprudencia. Por último, destaca la confiscatoriedad e inconstitucionalidad de la tasa de interés, por lo que solicita una reducción de la tasa utilizando la facultad morigeradora otorgada al órgano jurisdiccional. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se deje sin efecto el cargo formulado con expresa imposición de costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado a fs. 23/29/vta. Luego de hacer un sucinto relato de los hechos, señala la finalidad primordial del seguro de caución que es eliminar el riesgo de mora del deudor. En ese sentido, indica que no habiendo el importador cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, en su condición de garante, la aseguradora se comprometió a pagar a lo que resultara obligada la firma importadora previendo lo que en exceso pudiera resultar por aplicación del artículo 1122 del C.A., quedando constituida en mora de pleno derecho por el vencimiento del plazo, sin necesidad de otra intimación judicial o extrajudicial. En síntesis, arguye que el garante debe responder con los mismos alcances y en la misma medida en cuanto a la obligación tributaria del tomador del seguro. En dicho contexto, concluye que el siniestro se produjo y que la aseguradora debe afrontar el pago de los tributos de la operación que garantizó dentro del marco legal vigente para la misma. Cita normativa y jurisprudencia que considera aplicable. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Actuación N.º 12197-10202-2005: A fs. 1 obra el acta de denuncia con relación al D.I.T. 02 001 IT14 007168 G por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del C.A. A fs. 7 se hace la clasificación y valoración de la mercadería. A fs. 8 obra la liquidación de tributos. A fs. 10 se glosa la carpeta del DIT involucrado. A fs. 12 se agrega el print de pantalla de la garantía N.º 9025. A fs. 13 obra liquidación de tributos y multa. A fs. 14 -el 27/04/2009- se dispone la instrucción de sumario y se corre vista (notificada, a la aseguradora a fs. 16/vta -12/04/2010- y a la importadora a fs. 36/vta -02/12/2010-). A fs. 24/29/vta la aseguradora presenta su descargo. A fs. 37/39 la importadora contesta vista y acompaña documental. A fs. 68 se provee las presentaciones y se ordena a que pasen las actuaciones a la SECCION PROCEDIMIENTOS TECNICOS a fin de que se ratifique o rectifique la denuncia. A fs. 69 el área informa que, habiendo analizado la documentación obrante en autos, se detalla la mercadería en infracción de 2.466,49kg y se deja constancia que el CTC involucrado en las descargas de los Permisos de embarque no tipifica el producto exportado. A fs. 72, el mismo Sector manifiesta que las mercaderías amparadas por la Declaración 04001IC81001040B fue nacionalizada en tiempo y forma, asimismo reitera la información de fojas 69 respecto al CTC involucrado. A fs. 76 obra una nueva liquidación de tributos y multa por la mercadería en infracción. A fs. 77, el 31/07/2013, se rectifica la corrida de vista en cuanto a la moneda aplicable y el quantum adeudado (notificada solo a la importadora a fs. 78 el 11/09/2013). A 83/85/vta, el 05/11/2013, se dicta la resolución 7864/13 apelada en autos. A fs. 88/90, el 05/02/2014 se aprueba la resolución 7864/13 por resolución 101/14 (notificadas, a la aseguradora fs. 91/vta el 19/03/2014 y a la importadora a fs. 92 el 11/03//2014).
IV. A fs. 35 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 40/43 y 45/53. Los antecedentes administrativos corren por separado. A fs. 69 se hace efectivo el apercibimiento de fs. 57 y se la tiene a la actora por desistida de la restante prueba ofrecida. A fs. 72 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la sala G. A fs. 77 se ponen los autos para alegar. A fs.81/81obra el alegato de la representación fiscal. A fs. 84 se pasan los autos a sentencia. Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En este orden de ideas, cabe señalar que del análisis de las constancias las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-10202-2005, surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2005 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 27/04/2009 (v. fs. 14) y que se notificó recién de todo lo actuado, a la aseguradora a fs. 16/vta -el 12/04/2010- y a la importadora a fs. 36/vta -el 02/12/2010-. En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 27/04/2009 (ver fs. 14 del expte. adm.) advirtiéndose, que la notificación al interesado fue enviada prácticamente un año después de su dictado. Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2005 -en tanto se trata de una importación temporaria cuya prorroga venció el 16/12/2004-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2009 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 05/11/2013 (notificada a la aseguradora a fs. 91/vta -el 19/03/2014-).
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización D.I.T. 02 001 IT14 007168 26/12/2002 G Vencimiento del DIT 22/12/2003 Prórroga 16/12/2004 Apertura de sumario y corrida de vista 27/04/2009 (fs. 14)
Notificación de la instrucción del Aseguradora -12/04/2010 (fs. 16/vta)- Importadora sumario y corrida de vista -02/12/2010 (fs. 36/vta)- Resolución apelada (fs. 83/85/vta) 05/11/2013 Aseguradora -19/03/2014 (fs. 91/vta)- Notificación de la Resolución Importadora -11/03/2014 (fs. 92)- 01/01/2005 Plazo de prescripción 31/12/2009 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, si bien la instrucción de sumario y la corrida de vista se efectuó dentro del plazo de prescripción (ver fs. 14 de las act. adm.), la notificación se realizó cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba vencido, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la demora excesiva por parte del servicio aduanero en realizar una notificación oportuna.
En virtud de los motivos señalados, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos con relación al D.I.T. 02 001 IT14 007168 G.
Segunda Cuestión VIII.- Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar el fondo de la causa.
En las condiciones consignadas resulta elocuente que no se encuentra controvertido en ningún aspecto el incumplimiento del régimen de importación temporaria y por ello no existen dudas de la configuración de la infracción al art. 970 del C.A. Tampoco se encuentra discutido que, mediante la Póliza N.º 9025, la actora aseguró a la A.F.I.P.-D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA ($ 115.170), con más los intereses y accesorios a que resulte obligada la firma importadora “STAMPA INDUSTRIAL S.A.”, como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. N.º 02 001 IT14 007168 G.
Así las cosas, habiendo quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente.
IX. Sentado lo precedente, corresponde expedirse sobre los agravios respecto a la determinación de la deuda tributaria reclamada, en relación a los rubros derecho adicional, IVA adicional y ganancias.
En ese estado de cosas, corresponde señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. 02 001 IT14 007168 G que incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional -Decreto N.º 1439/96-, I.V.A. Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidación de fs. 76 de las act. adm.). Al respecto, debe recordarse que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del C.A. indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
X. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “FRISHER S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N.º 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto N.º 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XI. En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XII. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos X y XI, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
DIT N. º 02 001 IT14 007168 G - TRIBUTOS
Base imponible U$S 5.609,42 Derecho de Importación 16% U$S 897,51 Tasa de Estadística 0,50% U$S 28,05 Base IVA U$S 6.534,98 IVA 21% U$S 1.372,34 TOTAL U$S 2.297,90 Así las cosas, conforme surge de la reliquidación que antecede los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de U$S 2.297,90 en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A. con más los intereses del art. 794 del C.A.
XIII. En relación a la extensión de la responsabilidad tributaria de la aseguradora, cabe señalar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado). En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Bajo tales premisas y en concreta aplicación de las mismas a la causa bajo examen, el importe que podrá exigirse a la aseguradora es la suma máxima garantizada mediante la Póliza N.º 9025 de PESOS CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA ($ 115.170), que obra agregada a fs. 51 de autos, con más los intereses del art. 794 del C.A., en cuanto a ello, procede que se devenguen los intereses a partir del plazo de 10 días de la notificación de la corrida de vista del sumario. Sin embargo, al no haber constancias en las actuaciones administrativas de la notificación de la rectificación de la corrida de vista a la aseguradora (ver fs. 77 de las act. adm.), debe considerarse como tal, la fecha en que se notificó la resolución, es decir el 19/03/2014. En consecuencia, los intereses deberán computarse a partir del 07/04/2014 hasta la fecha de su efectivo pago.
XIV. Con respecto a la posibilidad de morigerar la tasa de interés aplicable, advierto que podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional.
Como dije al fallar en la causa: “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348-APN-SGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), éste tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma ley asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna.
En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables. Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar. En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada. Así fue que, recientemente, el pasado 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C.J.C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, ED-CMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto.
En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso.
En atención a la luz del estándar interpretativo comentado, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y, en consecuencia, reducir la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA, aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME N.º 21/91 -a título referencial-, que era del uno por ciento (1%) mensual y hasta el 1/08/19, fecha en la que por imperio de la Resolución N.º 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución N.º 314/04, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Res. 50/19 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución de PRLA N° 7864/13 recaída en el expediente SIGEA N.º 12197-10202-2005, declarando que los tributos adeudados ascienden a U$S 2.297,90, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. hasta la fecha del efectivo pago.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la aseguradora “PARANA S.A. DE SEGUROS” es el monto máximo garantizado mediante la Póliza N.º 9025 que es de PESOS CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA ($ 115.170), al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A., calculados en conformidad con lo señalado en el Considerando XIV del presente voto, desde el 07/04/2014 hasta la fecha de su efectivo pago. Con costas por sus respectivos vencimientos.
2. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
I. Que adherimos en lo sustancial al relato que antecede, y a los Considerandos que derivan en confirmar parcialmente el fallo aduanero apelado (I.- a XIII.- inclusive). Coincidimos también -por economía procesal.- con la aplicación al caso de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “ief Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A9 c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ANA” y en “CLADD ita S.A. C/ EN – DGA resol 2590/06 DGA” expte. 604155/01, causa TFN 22.343-A (Ver Considerandos X.- y XI.-). Y con tal sustento, en revocarla parcialmente respecto del derecho Adicional, IVA adicional Percepciones RG 3431/91 y Percepción de Impuesto a las Ganancias RG 3543/92.-
II. Discrepamos con las interpretaciones relativas a la tasa de interés aplicable a los administrados que deben abonar estas deudas aduaneras en dólares, en cuanto proponen morigerar la alícuota legalmente aplicable, al “prescindir” de la normativa, inclinándose por la inaplicabilidad de la ley basada en un precedente jurisprudencial. (Considerando XIV del voto del Dr. Licht).
III. Fundamentamos nuestra discrepancia de criterio, en la necesidad de respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Consideramos que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encontramos graves razones para apartarse -observamos que la intención del Legislador al momento de haber elevado las tasas, que luego fueron modificadas por la vía de otra Resolución -por la cual resultaron inferiores-, tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado. Esta posición también se sostuvo, cuando la Excma. C.S.J.N. sentenció:
“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42). Asimismo, el Máximo Tribunal aún no ha anulado ó morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente esta materia.
Como consecuencia de los razonamientos precedentes, deducimos que la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415). Máxime, cuando su invalidez no ha sido declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía de este Tribunal, implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló, en cada momento, las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia.
En tal sentido, no puede olvidarse que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a dichos criterios, que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)...”.
Consecuentemente con lo anterior y sin perjuicio del precedente jurisprudencial citado por el Vocal Instructor, entendemos que modificar todo o parte de la norma (en este caso la tasa aplicable) implica arrogarse facultades de control judicial, o lisa y llanamente legislativas, que exceden la competencia de este Tribunal.
En virtud de los fundamentos antes resumidos, VOTAMOS POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución apelada PRLA 7864/13, dictada en las actuaciones SIGEA Nro. 12197-10202- 2005. Con los intereses -que deberá calcular el Fisco- según los Considerandos II.- y III.- del Voto de los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la aseguradora es el máximo garantizado mediante la Póliza 9025, de pesos ciento quince mil ciento setenta $ 115.170.-, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art 794 del C.A., conforme las Resoluciones vigentes en cada momento según las Resoluciones específicas que rigen en este caso.
3. Con costas a la accionante.
4. Revocar parcialmente los conceptos de Derecho Adicional, IVA adicional Percepciones RG 3431/91 y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, en los términos de los Considerandos X.- y XI.- del voto del Dr. Licht. Con costas por su orden.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución apelada PRLA 7864/13, dictada en las actuaciones SIGEA Nro. 12197-10202- 2005. Con los intereses -que deberá calcular el Fisco- según los Considerandos II.- y III.- del Voto de los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero.
2. Declarar que el monto que se le puede exigir a la aseguradora es el máximo garantizado mediante la Póliza 9025, de pesos ciento quince mil ciento setenta $ 115.170.-, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art 794 del C.A., conforme las Resoluciones vigentes en cada momento según las Resoluciones específicas que rigen en este caso.
3. Con costas a la accionante.
4. Revocar parcialmente los conceptos de Derecho Adicional, IVA adicional Percepciones RG 3431/91 y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, en los términos de los Considerandos X.- y XI.- del voto del Dr. Licht. Con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.10.24 16:23:11 ART Date: 2023.10.24 19:46:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.25 10:06:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.25 10:07:07 -03:00
Fin de la sentencia