Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.426-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 7817/2011, dictada en la actuación 608514-37-2005, en cuanto exige tributos a la aseguradora PARANA S.A. DE SEGUROS, en los términos del art. 970 del CA respecto de la destinación 01001IT14002324R, con costas.
2Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
3Declarar que la aseguradora PARANA S.A. DE SEGUROS adeuda a la DGA la suma de pesos cuarenta y un mil cuarenta y dos con noventa y tres centavos ($ 41.042,93.-) en concepto de tributos -teniendo en cuenta el límite máximo de la póliza 7232 (U$S 37.000 equivalente a $ 37.000 más el CER a la fecha de pago)-, con más los intereses del art. 794 del CA. que se devenguen desde el 30.06.10 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-77927179-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 17 de Julio de 2025 En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación está vacante), a fin de resolver en los autos caratulados: “PARANA S.A. DE SEGUROS c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 32.426-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 9/15 la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 7817/2011, dictada en la actuación 608514-37-2005, en cuanto condena a la firma importadora KRAVE S.A. por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (en adelante el “CA”) al pago de multa y de tributos -éstos últimos, conjuntamente con la aseguradora- con más los intereses del art. 794 del CA, respecto de la destinación 01001IT14002324R. En primer lugar, la actora se refiere a la procedencia del recurso. Sostiene que la aseguradora garantizó en forma exclusiva los tributos, por lo que debe responder únicamente por éstos y hasta la concurrencia de la suma máxima garantizada. Afirma que su responsabilidad no se extiende a los derechos adicionales del importador y que su exigencia, consecuencia de un decreto, considera inconstitucional. Se opone a la exigencia aduanera respecto del anticipo del impuesto a las ganancias, atento a que la garantía cubre exclusivamente los tributos que debería pagar el importador -para el caso de que no reexportara- y por el límite del compromiso asumido en la póliza, no por los impuestos originados en la comercialización en el mercado interno, por lo que solicita que se revoque el cargo. Plantea la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del régimen establecido mediante el art. 15 de la resolución 72/92, por el cual el Ministerio de Economía creó un tributo, siendo ésta una facultad exclusiva del Congreso; cita jurisprudencia. Afirma que la pretensión aduanera respecto de las multas resulta improcedente por no ser objeto de la garantía. Se agravia, asimismo, de que no se ha discriminado correctamente la fecha a partir de la cual se deben aplicar intereses. Sostiene que la aseguradora no debe responder por la mora del importador y aclara que aquellos deben ser calculados a partir del décimo día hábil computados desde la notificación fehaciente del reclamo de la aduana. Agrega que tampoco se han discriminado los rubros de la cobertura de la póliza. Sostiene que no corresponde la aplicación del CER pues la responsabilidad de la recurrente surge de la emisión de la póliza de seguro de caución, no por la operación de comercio exterior. Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se deje sin efecto el cargo, con costas.
II. Que a fs. 27/30 la representación fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la negativa de rigor, señala que la importadora no habría demostrado la reexportación de la mercadería. Respecto a la solicitud de inaplicabilidad del CER, explica que es un concepto no incluido en el acto administrativo cuestionado. Manifiesta que la contraria conocía, al tiempo de garantizar, el régimen vigente para dicha operación; por ende, la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida de la obligación tributaria del tomador del seguro –principio que surge expresamente de las condiciones particulares contenidas en la póliza-. Explica que el cómputo de intereses se calcula en los términos del CA. Destaca que el elemento que permite la vinculación entre la DGA y la compañía aseguradora es la póliza. En consecuencia, no puede soslayarse que la responsabilidad tributaria de la aseguradora tiene básicamente un origen contractual: sus obligaciones no provienen directamente de la ley, sino de la póliza de caución emitida y suscripta en forma voluntaria por la aseguradora, cuyo origen reposa en la operación de importación temporaria, formalizada en un despacho de importación temporaria. No es un dato menor el hecho de que este despacho contenga la liquidación tributaria que prevé los conceptos que, a pesar de ser garantizados, la compañía aseguradora niega. Cita jurisprudencia y se refiere a los arts. 453 y 457 entre otros, del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que la actuación 608514-37-2005 y la actuación 608514-40-2005 se inician a fs. 1 y 12 ref., respectivamente, con la solicitud de prórroga, la cual no se le hace lugar por resultar extemporánea respecto al vencimiento de la destinación que se pretende prorrogar (fs. 5 y 15 ref.). Advirtiendo que no se pudo notificar a la firma Krave SA, mediante fs. 26 y 27 obra consulta de empresas activas en el sistema de registro. A fs. 29 obra la denuncia 189/03 por la presunta infracción del art. 970/972 del CA, respecto de la mercadería importada en forma temporaria mediante la destinación 01001IT14002324R, cuya carpeta obra a fs. 46. A fs. 35/36 obra copia del certificado de origen y a fs. 37 de la declaración jurada de destinaciones suspensivas – DTO. 1439/96. A fs. 39 se practica el aforo de la mercadería. A fs. 49 se instruye el sumario. A fs. 51 se practica liquidación de tributos y multa. A fs. 52 obra el identificador de garantía. A fs. 56 se corre la vista a Krave S.A. y a la aseguradora, quienes se notifican el 07.06.10 y el 14.06.10 (fs. 62 y 61 y vta., respectivamente). A fs. 66/72 la aseguradora presenta descargo. A fs. 78 ref. del alcance 608514-37-2005/1 obra nota 193/10 (DCW SD). A fs. 98/101 se dicta la resolución DE PRLA 7817/2011, que se apela en autos, conforme el F4 de fs. 105.
IV. Que a fs. 36 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 41/44, 49/57 y 61. A fs. 64 se tiene por constituido el nuevo domicilio físico de la actora. A fs. 65 se declara cerrado el período probatorio en la presente causa y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 66 pasan los autos a sentencia.
V. Que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para sus beneficiarios, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto. Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción, produce la inversión de la carga de la prueba.
VI. Que, cabe destacar, que la destinación involucrada en autos, fue documentada en los términos del decreto 1439/96 - que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo a este régimen, no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que la resolución ANA 479/95, vigente a la fecha de oficialización de la destinación, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, para acceder a dicho beneficio, el decreto 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, con su aplicación, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que, asimismo, de acuerdo a lo previsto por el anexo III a la resolución S.I.C. 18/92, en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual es emitido. De esta manera, el certificado describe cuál es la mercadería a exportar e indica expresamente su posición arancelaria. Que de ello se desprende que la relación insumo/producto establecida en el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que detalla. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. art. 14 del Dto. 1439/96). En dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
VII. Que corresponde resolver en autos la procedencia de los tributos reclamados a la firma importadora Krave S.A. y, en forma solidaria, a la aseguradora Paraná S.A. de Seguros.
Que mediante la destinación 01001IT14002324R oficializada ante la aduana de Bs. As. con fecha 03.05.01, la importadora documentó la importación temporaria De fibras sintéticas o artificiales – Los demás, de punto de urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería): Los demás tejidos de punto que clasificó en la p.a. 6002.43.00.000G, con vencimiento del 02.05.02.
Que de la compulsa de las actuaciones administrativas se advierte que, no obstante, la contestación de la vista de la actora, no acompañó la documentación que permita tener por acreditada la reexportación de la mercadería con anterioridad a la fecha de vencimiento, esto es, permisos de embarque, certificado de tipificación (CTC) y declaración jurada de insumos importados o, en su caso, la importación a consumo requeridos por la normativa aplicable.
Que tampoco resulta suficiente a tales efectos la prueba producida en autos, atento a que en la respuesta de fs. 61, el despachante de aduana manifestó que, atento al tiempo transcurrido y a pesar de una exhaustiva búsqueda, no pudo localizar la documentación relacionada con la DIT.
Que, en consecuencia, atento a que no obran constancias de la cancelación de la destinación 01001IT14002324R de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1439/96 y la resolución ANA 479/95, corresponde tener por configurada la infracción prevista por el art. 970 del CA y, por ende, la exigencia de tributos respecto de la aseguradora.
VIII. Que, con relación a la liquidación tributaria, cabe señalar que, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A”, corresponde excluir el derecho adicional de aquella.
Que lo mismo sucede con las percepciones de IVA adicional y de ganancias de conformidad con el criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604.155/01) s/Dirección General de Aduanas” según el cual al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
IX. Que, por lo expuesto, corresponde modificar la liquidación de multa y tributos de fs. 51 de las actuaciones administrativas, conforme resulta a continuación:
DIT 01001IT14002324R
VA U$S 22.917,54 Tributos $ V.A. $ 67.606,74 Derechos específicos 21.848,35 Estadística (0,5%) 338,03 Base imponible IVA $89793,12 IVA (21%) 18.856,55 Total 41.042,93 t.c. $2,95 Total Tributos = $ 41.042,93.-
X. Que habiendo quedado determinado el monto de los tributos, corresponde referirse al planteo efectuado por la recurrente con respecto al CER.
Que el art. 1° del decreto 214/02 dispuso la transformación en pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero que, existiendo a la fecha de la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario - 06.01.2002-, estuvieran expresadas en dólares estadounidenses y no se encontraren ya convertidas a pesos. Que el art. 8º del decreto 214/02 dispone que “las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un dólar estadounidense (u$s 1)= un peso ($1).”
Que el art. 4º del mencionado decreto establece la aplicación de un Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Que el vencimiento de la DIT 01001IT14002324R involucrada en autos se produjo el 02.05.02, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561 y el decreto 214/02.
Que, por tal motivo, al practicarse la liquidación de los tributos a fs. 51 de las actuaciones, el servicio aduanero convirtió la base imponible en dólares estadounidenses (U$S 22.917,54) al tipo de cambio vigente a esa fecha ($ 2,95.-), por lo que no corresponde aplicar el CER.
Que, sin embargo, no ocurre lo mismo respecto del monto asegurado por la actora, atento a que la póliza 7232 se emitió en dólares estadounidenses con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02, conforme resulta de la copia obrante a fs. 54 de autos (U$S 37.000), siendo aplicable, en este caso, lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del citado decreto. Ello así, por cuanto la conversión a razón de $1 con más el CER correspondiente a la fecha de pago viene impuesta legalmente, de conformidad con el criterio sentado por la CSJN in re “S.A. Cinematográfica c/ Bentivogli e Hijos S.R.L.”, sentencia del 17/04/07, en el sentido de que el CER es inescindible del capital adeudado.
Que, en consecuencia, la aseguradora PARANA S.A. DE SEGUROS adeuda a la DGA la suma de pesos cuarenta y un mil cuarenta y dos con noventa y tres centavos ($ 41.042,93.-) en concepto de tributos -teniendo en cuenta el límite máximo de la póliza 7232 (U$S 37.000 equivalente a $ 37.000 más el CER a la fecha de pago)-, con más los intereses del art. 794 del CA. que se devenguen desde el 30.06.10 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
XI. Que, por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 7817/2011, dictada en la actuación 608514-37-2005, en cuanto exige tributos a la aseguradora PARANA S.A. DE SEGUROS, en los términos del art. 970 del CA respecto de la destinación 01001IT14002324R, con costas.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
3. Declarar que la aseguradora PARANA S.A. DE SEGUROS adeuda a la DGA la suma de pesos cuarenta y un mil cuarenta y dos con noventa y tres centavos ($ 41.042,93.-) en concepto de tributos -teniendo en cuenta el límite máximo de la póliza 7232 (U$S 37.000 equivalente a $ 37.000 más el CER a la fecha de pago)-, con más los intereses del art. 794 del CA. que se devenguen desde el 30.06.10 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda. El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 7817/2011, dictada en la actuación 608514-37-2005, en cuanto exige tributos a la aseguradora PARANA S.A. DE SEGUROS, en los términos del art. 970 del CA respecto de la destinación 01001IT14002324R, con costas.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
3. Declarar que la aseguradora PARANA S.A. DE SEGUROS adeuda a la DGA la suma de pesos cuarenta y un mil cuarenta y dos con noventa y tres centavos ($ 41.042,93.-) en concepto de tributos -teniendo en cuenta el límite máximo de la póliza 7232 (U$S 37.000 equivalente a $ 37.000 más el CER a la fecha de pago)-, con más los intereses del art. 794 del CA. que se devenguen desde el 30.06.10 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda. Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.07.17 18:40:09 ART Date: 2025.07.17 19:00:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.17 19:00:59 -03:00
Fin de la sentencia