Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 10.318-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución N° 4598/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente N° SIGEA N° 13805-242-2008, en cuanto ha sido materia de agravios.
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-124085746-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 16 de Noviembre de 2022 GENERAL DE ADUANAS S/ APELACIÓN”, expediente N° 40050-A,;
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “PARANA S.A. DE SEGUROS C/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS S/ APELACIÓN”, expediente N° 40050-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. A fs. 7-15 vta. se presenta, por apoderado, la firma aseguradora PARANA S.A. DE SEGUROS e interpone recurso de apelación contra la resolución del DE PRLA N° 4598/2018 dictada en el expediente Actuación SIGEA N° 13805-242- 2008, en relación al D.I. 03 001 IC04 015882 Y, oficializado por la firma importadora NATARECO S.A., respecto de la cual la recurrente garantizó los tributos mediante Póliza 9375. Afirma que el servicio aduanero efectuó un ajuste de valor de importación en relación a la mercadería documentada por el despacho referido, con fundamento en que los valores declarados serían inferiores a los observados para mercaderías de similares características, formulándose cargo por tributos en virtud del ajuste de valor dispuesto. Plantea la nulidad del procedimiento de determinación del valor y de la resolución recurrida, por considerar que carece de fundamento al no contar con un análisis de prueba que sustente el cargo formulado. Expresa agravios en relación a la prescripción de la acción del fisco para el reclamo de tributos. Plantea el incumplimiento de la Aduana con el régimen para la valoración establecido en la Ley 24.425. Alega que se apartó de los procedimientos vigentes, no aportó ningún tipo de medida de prueba o argumento que permitiera sustentar el cargo dispuesto y descartar los elementos de valoración cuestionados en la impugnación en sede aduanera. Asimismo expresa que la Aduana modificó unilateralmente la base imponible y tributos sin intervención de la firma importadora, realizando una composición del valor, no una valoración. Manifiesta que la Aduana se ha apartado del método de valoración establecido en el art. 1° del Acuerdo de Valor del GATT sin aportar elementos que justifiquen dicho apartamiento. Utiliza un valor referencial (canal morado) sin acompañar los antecedentes de las operaciones de mercadería similar. Alega la falta de aplicación de la Resolución AFIP n° 857/00. Cita Jurisprudencia. Ofrece prueba. Opone el límite del monto de cobertura de la póliza otorgada. Formula reserva de caso federal. Solicita se deje sin efecto el cargo confirmado por la Resolución del DE PRLA apelada, con costas.
II. A fs. 24-29 la representante fiscal contesta el traslado del recurso. Niega genéricamente los hechos, afirmaciones, derecho y documentación del escrito de traslado, salvo lo expresamente reconocido. Efectúa una reseña de los hechos. Realiza consideraciones respecto a la prescripción y la nulidad opuestas por la recurrente. Refiere al Acuerdo de Valor del GATT. Menciona la facultad de la Aduana para realizar investigaciones necesarias para comprobar la veracidad o exactitud de los precios declarados. Sostiene que si la aduana tiene dudas acerca de la veracidad del valor declarado, la carga de la prueba le cabe al importador. Rechaza el planteo de prescripción opuesto por la recurrente. Ofrece como prueba el expediente administrativo SIGEA N° 13805-242-2008 acompañado según constancias de fs. 29 vta. Cita jurisprudencia. Plantea el caso federal. Solicita se rechace el recurso, con costas.
III. A fs. 33 se declara la causa como de puro derecho. A fs. 38 se elevan los autos a la Sala “F” y, a fs. 39, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 13805-242-2008, surge que a fs. 1/2 se formula cargo VI 1071/2008 de fecha 21/10/2008 a la firma importadora NATERECO S.A. por la suma de u$s 2892,42 (dólares estadounidenses dos mil ochocientos noventa y dos con 42/100) en concepto de tributos adeudados, resultantes del ajuste de valor efectuado respecto de la mercadería importada mediante la destinación de importación N° 03 001 IC04 015882 Y. A fs. 10 obra Nota N° 1570/09 (Ramo III) del 19/11/2009 de la División Control Expost de Importación conteniendo el análisis de valor efectuado, del cual surge, según se expresa: “…se informa que el Código de Valor del GATT/OMC tiende a la determinación de un valor que refleje realmente la transacción de que se trata, siendo necesario para ello el establecimiento de un sistema de consulta con el importador. Cumplimentados los trámites necesarios para lograr los elementos a utilizar en la investigación de valor iniciada, y habida cuenta que el valor en Aduana de las mercaderías documentadas en las destinaciones en cuestión no puede determinarse en virtud de lo establecido en el art. 1 del Código de Valoración del GATT/OMC, toda vez que los mismos se encuentran disminuidos frente a los de transacción de mercaderías similares contemporáneos a los documentados en los D.I. analizados, esta instancia ha valorado por el art. 3 de la Ley 23.311”.
Seguidamente, realiza la determinación del ajuste de valor del F.O.B. de la destinación en cuestión y menciona que “…se ha tomado como antecedente la destinación 02 001 IC04 073138 L cuyos valores fueron aprobados oportunamente por este Sector.”
A fs. 3 obra el sobre contenedor de la destinación de marras el cual incluye la información relacionada a cada uno de los ítems y subitems que conforman la mercadería importada. Asimismo en dicho sobre se encuentra agregada la factura comercial emitida por la exportadora. A fs. 14/15 obra la constancia de notificación de fecha 14/11/2008 del cargo VI 1071/2008 dirigida a la importadora al domicilio de la calle Perú 277, piso 4° de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se procedió a fijar la cédula y las copias adjuntas en la puerta de acceso. A fs. 16/17, mediante Resolución N° 431/2008 de FIAM se procedió a suspender a la firma importadora NATARECO S.A. en el Registro de Importadores/Exportadores. A fs. 18 obra el print de pantalla de consulta de garantía afectada. A fs. 25/25 vta. se agrega copia fiel de la Póliza 9375. A fs. 29/29 vta. obra la notificación del cargo VI 1071/2008 a la recurrente, recibida el 17/11/2009. A fs. 33-45 la aseguradora impugna el cargo referido. A fs. 55 se remiten las actuaciones a la División de Impugnaciones para tratamiento de la impugnación.
A fs. 60 la División Impugnaciones rechaza las pruebas ofrecidas por la aseguradora en la impugnación presentada. A fs. 72-75 se dicta la Resolución del DE PRLA N° 4598/2018 la cual dispone en su art. 1° rechazar la impugnación de la firma aseguradora y confirmar el cargo VI 1071/2008. Dicha resolución se notifica a la recurrente el 21/3/2019 según constancias de fs. 78/78 vta. V.- Cabe precisar que, para dar una respuesta jurisdiccional con praxis hermenéutica, estimo conveniente para dar respuesta al entuerto adentrarme directamente al análisis técnico-jurídico de la cuestión de fondo debatida en autos, como paso previo a analizar el resto de los cuestionamientos que desde el prisma adjetivo constituyen parte del objeto procesal de la presente.
En tal sentido, corresponde determinar si se ajusta o no a derecho la resolución aduanera apelada, en cuanto confirma el cargo VI N° 1071/2008 que exige la diferencia tributaria emergente del ajuste de valor practicado en relación al D.I. 03 001 IC04 015882 Y.
Por el despacho de importación referido la importadora NATERECO S.A., documentó la importación a consumo de mercadería clasificada en las posiciones SIM 3924.10.00.500r; 6601.91.10.100P; 6601.99.00.100A; consistente en fuentes, bandejas y paraguas, por un valor FOB total de u$s 15.343,28, consignando que los mismos eran originarios de China y procedentes de Zona Franca Colonia, Uruguay.
Compulsada la documentación obrante en la carpeta contenedora del D.I. en cuestión, se advierte que el valor declarado se ajusta a la información contenida en la factura comercial correspondiente al despacho.
Ahora bien, el servicio aduanero consideró que los valores declarados por la importadora se encontraban disminuidos frente a operaciones de mercadería de similares características contemporáneas a la de autos y, en virtud de la sustitución del valor declarado en el despacho de importación aquí involucrado, formuló a la importadora -sin requerirle previamente aportar documentación que avale el valor declarado- un cargo por una diferencia de tributos, situación que implicó un mayor importe a abonar.
VI. La cuestión traída a conocimiento de este Tribunal encuentra su base regulatoria en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) de 1994 del que nuestro país es parte, conforme lo establece la ley 24.425 (B.O. 05/01/95), que aprobó el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay, entre los cuales se encuentra, el citado Acuerdo, relativo a la materia que aquí nos ocupa.
Con sujeción a lo dispuesto en la normativa apuntada, vigente al tiempo de la importación de que se trata, resulta que la primera base para la determinación del valor en aduana de las mercaderías importadas a los efectos de percepción de derechos de aduana ad valorem, es el valor de transacción, ello es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ello considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8º -ajustes del precio pagado o por pagar- (arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo y sus notas interpretativas, contenidas en el Anexo I).
El sistema de valoración allí aprobado se basa en un criterio principal, contenido en el art. 1º antes reseñado y cuatro criterios subsidiarios, que en principio deben aplicarse sucesivamente en el mismo orden en que se los enumera, previstos en los arts. 2º, 3º, 5º y 6º -con la posibilidad de invertir el orden de aplicación prevista con relación a los arts. 5º y 6º- y el criterio de razonabilidad previsto en el art. 7º, cuya aplicación será viable como último recurso a fin de determinar el valor en aduana.
Siendo así, recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1º, se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas, en forma sucesiva y excluyente, en los artículos siguientes.
Ahora bien, de las constancias de los antecedentes administrativos se advierte que el rechazo del valor de transacción contemplado en el criterio principal, no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 1º, párrafo primero, como impedimento para su aplicación, a saber: a) que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercaderías por el comprador; b) que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse; c) que ninguna parte del producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior de la mercadería por el comprador revierta directa o indirectamente al vendedor y d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o que, aun existiendo, no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio.
Tampoco se observa la existencia de alguno de los elementos enunciados en el art. 8, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar.
Lo que sí surge de los términos de los informes reseñados es que el descarte del primer método de valoración, a saber, el rechazo del precio que surge de la factura comercial que respalda la declaración comprometida -cuya autenticidad no fue cuestionada por el servicio aduanero- se ha fundado exclusivamente en que el valor declarado por la importadora resultaba inferior a los precios de mercaderías que la Aduana consideró de similares características, por lo cual procedió a valorar la mercadería importada haciendo aplicación de los métodos previstos en el art. 3 del Acuerdo. En este orden de ideas, el Comité Técnico, a través de la opinión consultiva 2.1, sostuvo que el criterio de que “el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de productos idénticos, no es razón suficiente para rechazarlo, a efectos del artículo 1, sin perjuicio, desde luego, de lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo” (facultad de la Aduana para investigar la veracidad o exactitud de cualquier información, documento o declaración, presentados a efectos de la valoración en aduana).
Asimismo, conforme surge de la “Decisión relativa a los casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado”, adoptada también en el Acta final de la Ronda Uruguay del GATT de 1994, para poder rechazarse el precio por “otros motivos” distintos a las circunstancias enunciadas en el párrafo 1 del art. 1º, es necesario que la Aduana determine la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones que se hayan presentado y recién en este supuesto se legitima la utilización de un método distinto de valoración, lo que permite concluir que el precio, aún en tales casos y, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos.
La mencionada Decisión permite a la Aduana, por razones fundadas que induzcan claramente a sospechar de la veracidad de los precios facturados y declarados, a proceder a su rechazo e incluso determina la posibilidad de desestimarlos como base de valoración.
VII. En atención a lo hasta aquí mencionado y teniendo en consideración lo establecido en las normas referentes a la cuestión debatida en autos, corresponde determinar si el análisis de valor efectuado por el servicio aduanero en base al método por él aplicado, justifica acabadamente la recomposición del valor declarado por el importador en la operación denunciada y confirmada en la resolución aquí apelada.
En el caso que nos ocupa, la División Control Expost de Importación, mediante la Nota N° 725/08 expresa que: “…A los fines de la percepción de los derechos AD VALOREM se estima prudente tomar en cuenta aquella realidad, con el propósito de establecer una razonable base de valor para la liquidación de los tributos de aplicación, sin que ello signifique prejuzgar la autenticidad de la documentación comercial que respalda la declaración comprometida, rescatando premisas a efectos de determinar la razonabilidad del valor, cuando éste ofrece dudas.” Seguidamente manifiesta que: “A tal efecto se ha tomado como antecedente la destinación 02 001 IC04 073138-L cuyos valores fueron aprobados oportunamente por este Sector” y concluye “Por lo precedentemente expuesto, esta instancia considera pertinente un ajuste del valor F.O.B.…”
El principal argumento o fundamento del servicio aduanero para realizar el ajuste cuestionado en esta instancia, radicó en los antecedentes que tenía la Aduana respecto de similar mercadería a la declarada por la importadora. Ahora bien, lo que hizo el servicio aduanero fue limitarse a hacer una enunciación de una presunta operación de importación documentada supuestamente mediante la destinación cuyo número cita, sin siquiera agregarla en copia, donde supuestamente ingresó al territorio aduanero mercadería supuestamente de similares características con un valor inferior al declarado por la importadora.
Lo cierto es que, tal como lo resalté precedentemente, estamos frente a un ajuste de valor realizado en base a meras suposiciones pues no se colige acollarada al sumario constancia alguna que avale lo afirmado por el servicio aduanero en el sentido pretendido.
Entiéndase, el servicio aduanero desestimó el precio documentado -y respaldado- como base de valoración de la mercadería importada, sustituyéndolo por otros emergentes de sus propios registros informáticos, sin especificar, cual fue la mercadería tenida en consideración, el régimen bajo el cual ingresó, el país de su procedencia, condiciones de importación, el precio reputado idóneo para conformar la nueva base de valoración en aduana, etc., en fin, una serie de condiciones y datos indispensables para realizar un ajuste de valor en los términos de la normativa analizada precedentemente, y sin agregar los antecedentes de forma completa que habrían sido utilizados y que fueron invocados en el informe referido, obrante en las actuaciones administrativas.
Si bien lo dicho bastaría para dar por tierra la pretensión fiscal, vale destacar –como forma de describir el ropaje que engalana el proceder aduanero coronado por la resolución recurrida en la especie- que tampoco se observa un comportamiento tendiente a realizar algún tipo de investigación o diligencia para averiguar y fundamentar la cuestión de valor a fin de dar un marco de legalidad al ajuste practicado, siendo que ni siquiera ha sido agregada documentación tendiente a probar que el valor declarado no concuerda con los usuales de la rama del comercio o industria que se trata. Esto se pone de manifiesto por cuanto, a fs. 58 de las actuaciones, la División Impugnaciones del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, previo a resolver respecto de la impugnación impetrada por la recurrente, solicita a la División Control Expost de Importación que, atento a los antecedentes del Tribunal Fiscal de la Nación en causas en las que se debaten cuestiones similares a la de marras, proceda a ratificar o rectificar el ajuste de valor y se sirva agregar los antecedentes e indicar los fundamentos del mismo.
Sin embargo, la División Control Expost (ver fs. 59 de las actuaciones) se limitó a expresar que el antecedente del Tribunal Fiscal de la Nación se trata de una causa referida a operaciones de exportación cuya valoración ha sido efectuada de conformidad con lo establecido en el art. 748 del C.A. Y continúa expresando que: “La presente actuación halla su fundamento en operaciones de importación y las destinaciones agregadas han sido valoradas en un todo de acuerdo con lo estatuido en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del G.A.T.T./O.M.C….”
Todo ello sin siquiera tomarse la molestia de fundar sus aseveraciones con alguna documentación respaldatoria. Considero que si bien la consulta a registros informáticos de datos aduaneros -que la Aduana afirma haber utilizado, pero no acompaña- pudo ser empleada como parámetro de excitación de la investigación de estilo, recabando información para determinar la dubitada verosimilitud de los precios declarados, ello debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los valores utilizados resultan arbitrarios o inferiores, agregando la documentación necesaria a efectos de brindar la veracidad y legalidad al procedimiento del ajuste.
No puede desconocerse que, a la luz del actual régimen de valoración de mercaderías, la Aduana está imposibilitada de desestimar directamente el precio de transacción sobre la base de antecedentes.
Pero esto no implica que deba aceptarse sin más, como base de valoración, al precio facturado y/o declarado valor de transacción cuando éste se presenta inicial y razonablemente vil o irrisorio, o al menos sospechoso en su veracidad, por cuanto la aceptación de dicho precio como base de valor en aduana para las mercaderías importadas puede resultar contradictorio o incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo.
No obstante, lo que acontece en el presente caso es que el servicio aduanero no probó la supuesta duda inicial ni realizó una investigación complementaria que denote que el valor documentado resultó considerablemente inferior a precios o a valores de “antecedentes”, o a los precios corrientes o bien a la cotización internacional de la mercadería. Tal forma de proceder, sin recabar antecedentes idóneos y comprobables a los efectos de justificar la determinación del valor, es la circunstancia que permite concluir que no existen, en el caso, referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como caprichoso e incierto, dado que ni siquiera lo informa en el análisis de valor efectuado.
La necesidad de compulsar la documentación aduanera que sirvió de antecedente no deviene un formalismo carente de utilidad, en cuanto su falta impide determinar si el servicio aduanero ha dado cumplimiento a lo establecido en el inc. 3°, del art. 3º, del Acuerdo, en cuanto prevé que, si al aplicar el método de valoración por comparación con mercadería similar se dispone de más de un valor de transacción, “para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más bajo”.
El servicio aduanero no respalda con la debida documentación los valores de transacción aplicados como fundamento de su ajuste, lo que no permite al suscripto efectuar el debido control.
En definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia (conf. Sala “F” in re: “KREVISKY IMPORT S.R.L.”, expediente nº 10.318-A, sentencia de fecha XX/05/01, entre otros). En este orden de razonamiento, cabe destacar que la carga de probar y justificar el valor documentado puede desplazarse por aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba sobre la importadora, pero ello así, una vez que el servicio aduanero pone en marcha el procedimiento de investigación de valor, lo que no implica que la determinación del valor quede sujeta a la discrecionalidad de la D.G.A. Entiéndase, la Aduana duda, investiga y traslada su fundada y acreditada sospecha a la importadora para que esta rebata –o no- lo que el Fisco colige como elemento de cargo para descartar el valor documentado.
En el caso en cuestión, ni siquiera se cumplieron los procedimientos legales previstos a los efectos de la determinación del valor de transacción.
En síntesis, no constatándose con las circunstancias que podrían justificar la inicial duda sobre la verosimilitud del precio declarado y no existiendo constancia de los antecedentes utilizados por el servicio aduanero para descartar el precio declarado por la importadora, no puede considerarse como correcta la aplicación del método alternativo de valoración, quedando, en consecuencia, sin sustento el ajuste de tal forma practicado.
No puedo soslayar que lo ventilado en estos obrados y las particularidades reseñadas no conforman un hito aislado en el universo de la casuística en cuestiones de valoración y ello motivó la IG-2019-2-E-AFIP-DGADUA mediante la cual, el entonces Director General de Aduanas, fijó pautas objetivas a verificar en procesos como el aquí ventilado, puntualmente se exigió verificar que “Conste la justificación del motivo por el cual se descartó el valor de transacción, como método de valoración y se indique el método por el cual se efectúa la nueva valoración de la mercadería involucrada, habiéndose respetado el orden de prelación correspondiente….b) Se encuentren invocados y adjuntos los antecedentes que dan sustento al cargo o la denuncia…c) En caso de haberse utilizado el método de valoración correspondiente a mercadería idéntica o similar a la documentada, los antecedentes invocados sean comparables en especie, calidad, cantidad, marcas, modelos, nivel comercial, origen, precio unitario, prestigio comercial, contando además con los datos necesarios para efectuar una comparación válida y debiendo ser asimismo, contemporáneos a la operación de que se trate….”, dando cuenta que lo descripto no obedece a un error aislado en lo que hace al procedimiento a seguir para arribar a una recomposición de valor ajustada a derecho, error que se verifica en estos obrados por lo que el procedimiento de determinación de valor efectuado por el servicio aduanero que da sustento a la formulación del Cargo VI 1071/2008 en concepto de diferencia de tributos, resulta improcedente y en consecuencia la Resolución que confirma el cargo formulado, debe ser revocado con Costas a la vencida.
Que, por la forma como se resuelve, no corresponde tratar los restantes agravios introducidos por la actora en su escrito inicial.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 4598/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente N° SIGEA N° 13805-242-2008.
2. Costas a la demandada.
Así voto.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto del Vocal preopinante. ASÍ VOTO.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución N° 4598/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente N° SIGEA N° 13805-242-2008, en cuanto ha sido materia de agravios.
2. Costas a la demandada.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.11.15 19:35:59 -03:00 Date: 2022.11.16 18:49:54 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.16 18:49:54 -03:00
Fin de la sentencia