Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 10.318-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución N° 3242/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente N° SIGEA N° 13808-771-2009, en cuanto ha sido materia de agravios.
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-99240926-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 19 de Septiembre de 2022 GENERAL DE ADUANAS S/ APELACIÓN”, expediente N° 37212-A;
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “PARANA S.A. DE SEGUROS C/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS S/ APELACIÓN”, expediente N° 37212-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 8/16 vta. se presenta, por apoderado, la firma aseguradora PARANA S.A. DE SEGUROS e interpone recurso de apelación contra la resolución del DE PRLA N° 3242/2016 dictada en el expediente Actuación SIGEA N° 13808-771-2009, en relación al D.I. 04 001 IC05 043444 L, oficializado por la firma importadora IMPOALOGRAND S.R.L., respecto de la cual la recurrente garantizó los tributos mediante Póliza 49263-L. Afirma que el servicio aduanero efectuó un ajuste de valor de importación en relación a la mercadería documentada por el despacho referido, con fundamento en que los valores declarados serían inferiores a los observados para mercaderías de similares características, formulándose cargo por tributos en virtud del ajuste de valor dispuesto. Plantea, en primer lugar, la nulidad de la resolución recurrida, por considerar que carece de fundamento al no contar con un análisis de prueba que sustente el cargo formulado. Expresa agravios en relación a la prescripción de la acción del fisco para el reclamo de tributos. Plantea la nulidad del procedimiento de determinación del valor alegando que la Aduana no cumple con el régimen para la valoración establecido en la Ley 24.425. Manifiesta que la aduana se apartó de los procedimientos vigentes y pretende aplicar directamente el valor de mercadería similar, siendo que la normativa vigente establece que el importador tiene derecho a recibir del servicio aduanero una explicación escrita del método seguido para la determinación del valor. Alega que el servicio aduanero no cuestiona la veracidad de la documentación presentada por la importadora. Asimismo expresa que la Aduana modificó unilateralmente la base imponible y tributos sin intervención de la firma importadora, realizando una composición del valor, no una valoración. Alega que la Aduana no tuvo en cuenta calidades, terminaciones, empaques ni presentaciones del producto, sólo comparó con un producto que se encuentra en la misma tipificación tributaria y determinó una diferencia de valor, sin sustento, denegando las medidas probatorias ofrecidas y luego de 8 años, dictó la resolución aquí recurrida.
Asimismo, la recurrente manifiesta que la Aduana se ha apartado del método de valoración establecido en el art. 1° del Acuerdo de Valor del GATT sin aportar elementos que justifiquen dicho apartamiento, ya que nada expresa respecto de la documentación de la destinación aportada por la firma importadora. Utiliza un valor referencial (canal morado) sin acompañar los antecedentes de las operaciones de mercadería similar, ni requerir información al servicio exterior por precios de exportación en el país de origen. Cita Jurisprudencia en relación al método utilizado para valorar la mercadería en cuestión. Ofrece prueba. Opone el límite del monto de cobertura de la póliza otorgada. Formula reserva de caso federal. Solicita se deje sin efecto el cargo confirmado por la Resolución del DE PRLA apelada, con costas.
II. Que a fs. 34/39 la representante fiscal contesta el traslado del recurso. Niega genéricamente los hechos, afirmaciones, derecho y documentación del escrito de traslado, salvo lo expresamente reconocido. Efectúa una reseña de los antecedentes administrativos. Refiere al Acuerdo de Valor del GATT. Menciona la facultad de la Aduana para realizar investigaciones necesarias para comprobar la veracidad o exactitud de los precios declarados. Sostiene que si la aduana tiene dudas acerca de la veracidad del valor declarado, la carga de la prueba le cabe al importador. Rechaza el planteo de prescripción opuesto por la recurrente. Ofrece como prueba el expediente administrativo SIGEA N° 13808-771-2009 acompañado según constancias de fs. 22/22 vta. Cita jurisprudencia. Plantea el caso federal. Solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
III. Que a fs. 40 se declara la causa de puro derecho. A fs. 43 vta., se elevan los autos a la Sala “F” y, a fs. 44, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 13808-771-2009, surge que a fs. 1/4 se formula cargo VI 1023/2009 de fecha 19/11/2009 a la firma importadora IMPOALOGRAND S.R.L. por la suma de u$s 5185,38 (dólares estadounidenses cinco mil ciento ochenta y cinco con 38/100) en concepto de tributos adeudados, resultantes del ajuste de valor efectuado respecto de la mercadería importada mediante la destinación de importación N° 04 001 IC05 043444 L. A fs. 5 obra la Nota Ramo 6 N° 1570/09 del 19/11/2009 de la división Control Expost de Importación conteniendo el análisis de valor efectuado, del cual surge, según se expresa: “…esta instancia entiende que dicho valor no puede determinarse en virtud de lo establecido en art. 1 del GATT/OMC, valorando conforme las disposiciones del art. 3 del Acuerdo, sobre la base de antecedentes obrantes en el área.”.
Seguidamente realiza la determinación del ajuste de valor del F.O.B. de la destinación en cuestión estableciendo el porcentaje, mencionando las destinaciones utilizadas como antecedentes para determinar el ajuste. A fs. 6 obra el sobre contenedor de la destinación de marras el cual incluye la información relacionada a cada uno de los ítems y subitems que conforman la mercadería importada, como así también las declaraciones juradas presentadas por el representante de la importadora ante la Dirección de Lealtad Comercial de la Dirección Nacional de Comercio Interior. Asimismo en dicho sobre se encuentra agregada la factura comercial emitida por la exportadora. A fs. 10 obra la constancia de notificación del cargo VI 1023/2009 dirigida a la importadora al domicilio de la calle Juan José Paso 164 de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se procedió a fijar la cédula y las copias en la puerta de acceso.
A fs. 11/12, mediante Resolución N° 55/2010 de FIAM se procedió a suspender a la firma importadora IMPOALOGRAND S.R.L. en el Registro de Importadores/Exportadores. A fs. 14 obra el print de pantalla de consulta de garantía afectada. A fs. 16/16 vta. se agrega copia fiel de la Póliza 49263 L. A fs. 20 obra la notificación del cargo VI 1023/2009 a la recurrente, recibida el 26/03/2010 según constancias de fs. 20 vta. A fs. 21/33 la aseguradora impugna el cargo referido. A fs. 36 se remiten las actuaciones a la División de Impugnaciones para tratamiento de la impugnación. A fs. 44 la División Impugnaciones solicita informe técnico. A fs. 45 obra Nota 587/2016 de la Dirección de Fiscalización de Importación por la cual se remiten las actuaciones a la División de Bienes de Capital para la realización del informe técnico requerido.
A fs. 46 obra Nota N° 219/2016 de la División de Bienes de Capital del Departamento de Gestión de Fiscalización de Importación el cual ratifica el ajuste de valor practicado por considerar que ha sido realizado con arreglo a la normativa vigente. A fs. 49/51 se dicta la Resolución del DE PRLA N° 3242/2016 la cual dispone en su art. 1° rechazar la impugnación de la firma aseguradora y confirmar el cargo VI 1023/2009. Dicha resolución se notifica a la recurrente el 8/8/2016 según constancias de fs. 53/53 vta. V.- Que, en primer lugar corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del fisco para el reclamo de los tributos, a cuyo efecto cabe señalar que la misma no operó en el caso de autos, dado que el hecho imponible se configura con la determinación del ajuste de valor dispuesto por el servicio aduanero, el cual se produce el 19/11/2009 en virtud del análisis de valor obrante a fs. 5 de las actuaciones que da sustento a la formulación del cargo VI 1023/2009.
El plazo de prescripción, según lo dispuesto por el art. 804, inc. a) del C.A. comienza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al de la fecha de constatación del hecho, es decir que el plazo de prescripción comenzó a correr, en el caso de autos, a partir del 1/01/2010. Dicho plazo se suspendió, conf. art. 805, inc. c) del C.A., a partir del 5/4/2010 fecha en la que la recurrente presentó la impugnación según constancias de fs. 21 de las actuaciones administrativas y se reanuda con el dictado de la resolución del DE PRLA N° 3242/2016 aquí recurrida.
En cuanto al agravio de la recurrente referente a la nulidad de la resolución por falta de fundamentación, medida de prueba o argumento que sustente el cargo, violentando, de esa manera, la garantía de defensa y el derecho de propiedad, para dar una respuesta jurisdiccional adecuada al entuerto planteado es necesario analizar la cuestión debatida en autos a la luz de las constancias y elementos de juicio obrantes en la causa.
En tal sentido corresponde determinar si se ajusta o no a derecho la resolución aduanera apelada, en cuanto exige la diferencia tributaria emergente del ajuste de valor practicado en relación al D.I. 04 001 IC05 043444 L. Que por el despacho de importación referido la importadora IMPOALOGRAND S.R.L., documentó la importación a consumo de mercadería clasificada en las posiciones SIM 814.51.90.100R; 8527.31.90.100W; 9503.90.00.991Z; 4911.91.00.100C; 3923.29.90.000F; 9505.90.00.990J; 8470.10.00.119H; 9506.99.00.411J; 7117.90.00.000V, consistente en ventiladores de pie y de techo con motor eléctrico, minicomponentes, consolas, reproductores de VCD, juguetes inflables, por un valor FOB total de u$s 33.556,96, consignando que los mismos eran originarios de China y procedentes de Iquique.
Compulsada la documentación obrante en la carpeta contenedora del D.I. en cuestión, se advierte que el valor declarado se ajusta a la información contenida en la factura comercial correspondiente a dicho despacho.
Ahora bien, el servicio aduanero consideró que los valores declarados en el despacho en trato se encontraban disminuidos frente a operaciones donde se encontraba involucrada la mercadería de similares características, resultando contemporáneas a las de autos y, en virtud de la sustitución del valor declarado en el despacho de importación aquí involucrado, formuló a la importadora un cargo por una diferencia por tributos, situación que implicó un mayor importe a abonar.
VI. Que, en atención a lo expuesto, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal encuentra su base regulatoria en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) de 1994 del que nuestro país es parte, conforme lo establece la ley 24.425 (B.O. 05/01/95), que aprobó el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay, entre los cuales se encuentra, el citado Acuerdo, relativo a la materia que aquí nos ocupa.
Con sujeción a lo dispuesto en la normativa apuntada, vigente al tiempo de la importación de que se trata, resulta que la primera base para la determinación del valor en aduana de las mercaderías importadas a los efectos de percepción de derechos de aduana ad valorem, es el valor de transacción, ello es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ello considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8º -ajustes del precio pagado o por pagar- (arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo y sus notas interpretativas, contenidas en el Anexo I).
El sistema de valoración allí aprobado se basa en un criterio principal, contenido en el art. 1º ya reseñado, cuatro criterios subsidiarios, que en principio deben aplicarse sucesivamente en el mismo orden en que se los enumera, previstos en los arts. 2º, 3º, 5º y 6º -con la posibilidad de invertir el orden de aplicación prevista con relación a los arts. 5º y 6º- y el criterio de razonabilidad previsto en el art. 7º, cuya aplicación será viable como último recurso a fin de determinar el valor en aduana.
Siendo así, recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1º, se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas, en forma sucesiva y excluyente, en los artículos siguientes.
Ahora bien, de las constancias de los antecedentes administrativos se advierte que el rechazo del valor de transacción contemplado en el criterio principal, no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 1º, párrafo primero, como impedimento para su aplicación, a saber: a) que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercaderías por el comprador; b) que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse; c) que ninguna parte del producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior de la mercadería por el comprador revierta directa o indirectamente al vendedor y d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o que, aun existiendo, no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio.
Tampoco se observa la existencia de alguno de los elementos enunciados en el art. 8, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar.
Lo que sí surge de los términos de los informes reseñados es que el descarte del primer método de valoración, a saber, el rechazo del precio que surge de la factura comercial que respalda la declaración comprometida -cuya autenticidad no fue cuestionada por el servicio aduanero- se ha fundado exclusivamente en que el valor declarado por la importadora resultaba inferior a los precios de mercaderías que la Aduana consideró de similares características, por lo cual procedió a valorar la mercadería importada haciendo aplicación de los métodos previstos en el art. 3 del Acuerdo. En este orden de ideas, el Comité Técnico, a través de la opinión consultiva 2.1, sostuvo que el criterio de que “el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de productos idénticos, no es razón suficiente para rechazarlo, a efectos del artículo 1, sin perjuicio, desde luego, de lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo” (facultad de la Aduana para investigar la veracidad o exactitud de cualquier información, documento o declaración, presentados a efectos de la valoración en aduana).
Asimismo, conforme surge de la “Decisión relativa a los casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado”, adoptada también en el Acta final de la Ronda Uruguay del GATT de 1994, para poder rechazarse el precio por “otros motivos” distintos a las circunstancias enunciadas en el párrafo 1 del art. 1º, es necesario que la Aduana determine la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones que se hayan presentado y recién en este supuesto se legitima la utilización de un método distinto de valoración, lo que permite concluir que el precio, aún en tales casos y, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos.
La mencionada Decisión permite a la Aduana, por razones fundadas que induzcan claramente a sospechar de la veracidad de los precios facturados y declarados, a proceder a su rechazo e incluso determina la posibilidad de desestimarlos como base de valoración.
VII. Que, en atención a lo hasta aquí mencionado y teniendo en consideración lo establecido en las normas referentes a la cuestión debatida en autos, corresponde determinar si el análisis de valor efectuado por el servicio aduanero en base al método por él aplicado, justifica acabadamente la recomposición del valor declarado por el importador en la operación denunciada y confirmada en la resolución aquí apelada.
En el caso que nos ocupa, la División Valoración determinó mediante la Nota N° 1570/09 que: “…A los fines de la percepción de los derechos AD VALOREM y considerando que los valores declarados se encuentran disminuidos frente a valores de transacción de mercaderías de similares características a la de marras, se estimó prudente tomar en cuenta aquella realidad, con el propósito de establecer una razonable igualdad como base de tributo… ”. Seguidamente expresa que: “…Por lo precedentemente expuesto, esta instancia determina un ajuste del valor F.O.B. …”.
Asimismo, la Nota N° 219/2016 de la División de Bienes de Capital por la cual se procede a ampliar el informe de valor referido precedentemente, expresa: “En orden a lo solicitado, esta instancia cumple en informar que en atención a la antigüedad de las actuaciones y los distintos cambios de estructura que acaecieron en las áreas de valoración, esta instancia procedió a verificar que el antecedente de valor tenido en cuenta a efectos de realizar el Ajuste de Valor cumpliera con los requisitos necesarios para tal fin. En tal sentido, se ratifica el Ajuste de Valor practicado toda vez que el mismo se realizó con arreglo a la normativa vigente, practicando las notificaciones de rigor y tomando como antecedente un despacho de importación cuyo valor fue aprobado por la Aduana oportunamente.”
El principal argumento o fundamento del servicio aduanero para realizar el ajuste cuestionado en esta instancia, radicó en los antecedentes que tenía la Aduana respecto de similar mercadería a la declarada por la importadora. Ahora bien, lo que hizo el servicio aduanero es limitarse a hacer una enunciación de supuestas operaciones de importación documentadas supuestamente mediante las destinaciones cuyos números cita, sin siquiera agregar en copia alguna de ellas, donde supuestamente ingresó al territorio aduanero mercadería supuestamente de similares características con un valor inferior al declarado por la importadora.
Lo cierto es que, tal como lo resalté precedentemente, estamos frente a un ajuste de valor realizado en base a meras suposiciones pues no se colige acollarada al sumario constancia alguna que avale lo afirmado por el servicio aduanero en el sentido pretendido.
Entiéndase, el servicio aduanero desestimó el precio documentado -y respaldado- como base de valoración de la mercadería importada, sustituyéndolo por otros emergentes de sus propios registros informáticos, sin especificar, cual fue la mercadería tenida en consideración, el régimen bajo el cual ingresó, el país de su procedencia, condiciones de importación, el precio reputado idóneo para conformar la nueva base de valoración en aduana, etc., en fin, una serie de condiciones y datos indispensables para realizar un ajuste de valor en los términos de la normativa analizada precedentemente, y sin agregar los antecedentes de forma completa que habrían sido utilizados y que fueron invocados en los informes referidos, obrantes en las actuaciones administrativas.
Si bien lo dicho bastaría para dar por tierra la pretensión fiscal, vale destacar –como forma de describir el ropaje que engalana el proceder aduanero coronado por la resolución recurrida en la especie- que tampoco se observa un comportamiento tendiente a realizar algún tipo de investigación o diligencia para averiguar y fundamentar la cuestión de valor a fin de dar un marco de legalidad al ajuste practicado, siendo que ni siquiera ha sido agregada documentación tendiente a probar que el valor declarado no concuerda con los usuales de la rama del comercio o industria que se trata. Esto se pone de manifiesto por cuanto, a fs. 44 de las actuaciones, habiéndose solicitado un nuevo informe técnico, oportunidad para dar fundamento al ajuste practicado, la División de Bienes de Capital (ver fs. 46 de las actuaciones) se limitó a ratificar el ajuste de valor practicado sin siquiera tomarse la molestia de fundamentarlo con alguna documentación respaldatoria.
El suscripto considera que, si bien la consulta a registros informáticos de datos aduaneros -que la Aduana afirma haber utilizado, pero no acompaña- pudo ser empleada como parámetro de excitación de la investigación de estilo, recabando información para determinar la dubitada verosimilitud de los precios declarados, ello debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los valores utilizados resultan arbitrarios o inferiores, agregando la documentación necesaria a efectos de brindar la veracidad y legalidad al procedimiento del ajuste. No puede desconocerse que, a la luz del actual régimen de valoración de mercaderías, la Aduana está imposibilitada de desestimar directamente el precio de transacción sobre la base de antecedentes.
Pero esto no implica que deba aceptarse sin más, como base de valoración, al precio facturado y/o declarado valor de transacción cuando éste se presenta inicial y razonablemente vil o irrisorio, o al menos sospechoso en su veracidad, por cuanto la aceptación de dicho precio como base de valor en aduana para las mercaderías importadas puede resultar contradictorio o incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo.
No obstante, lo que acontece en el presente caso es que el servicio aduanero no probó la supuesta duda inicial ni realizó una investigación complementaria que denote que el valor documentado resultó considerablemente inferior a precios o a valores de “antecedentes”, o a los precios corrientes o bien a la cotización internacional de la mercadería. Tal forma de proceder, sin recabar antecedentes idóneos y comprobables a los efectos de justificar la determinación del valor, es la circunstancia que permite concluir que no existen, en el caso, referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como caprichoso e incierto, dado que ni siquiera lo informa en el análisis de valor efectuado.
La necesidad de compulsar la documentación aduanera que sirvió de antecedente no deviene un formalismo carente de utilidad, en cuanto su falta impide determinar si el servicio aduanero ha dado cumplimiento a lo establecido en el inc. 3°, del art. 3º, del Acuerdo, en cuanto prevé que, si al aplicar el método de valoración por comparación con mercadería similar se dispone de más de un valor de transacción, “para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más bajo”.
Cabe mencionar que si bien en el citado informe de fs. 5 el servicio aduanero alude al referido art. 3° del Acuerdo, no respalda con la debida documentación los valores de transacción que -a criterio del servicio aduanero- deberían utilizarse por resultar los más bajos de entre los posibles, lo que no permite al suscripto efectuar el debido control de los valores aplicados por el servicio aduanero como fundamento del ajuste de autos.
En definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia (conf. Sala “F” in re: “KREVISKY IMPORT S.R.L.”, expediente nº 10.318-A, sentencia de fecha XX/05/01, entre otros). En este orden de razonamiento, cabe destacar que la carga de probar y justificar el valor documentado puede desplazarse por aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba sobre la importadora, pero ello así, una vez que el servicio aduanero pone en marcha el procedimiento de investigación de valor, lo que no implica que la determinación del valor quede sujeta a la discrecionalidad de la D.G.A. Entiéndase, la Aduana duda, investiga y traslada su fundada y acreditada sospecha a la importadora para que esta rebata –o no- lo que el Fisco colige como elemento de cargo para descartar el valor documentado.
En el caso en cuestión, ni siquiera se cumplieron los procedimientos legales previstos a los efectos de la determinación del valor de transacción.
En síntesis, no constatándose con las circunstancias que podrían justificar la inicial duda sobre la verosimilitud del precio declarado y no existiendo constancia de los antecedentes utilizados por el servicio aduanero para descartar el precio declarado por la importadora, no puede considerarse como correcta la aplicación del método alternativo de valoración, quedando, en consecuencia, sin sustento el ajuste de tal forma practicado.
No puedo soslayar que lo ventilado en estos obrados y las particularidades reseñadas no conforman un hito aislado en el universo de la casuística en cuestiones de valoración y ello motivó la IG-2019-2-E-AFIP-DGADUA mediante la cual, el entonces Director General de Aduanas, fijó pautas objetivas a verificar en procesos como el aquí ventilado, puntualmente se exigió verificar que “Conste la justificación del motivo por el cual se descartó el valor de transacción, como método de valoración y se indique el método por el cual se efectúa la nueva valoración de la mercadería involucrada, habiéndose respetado el orden de prelación correspondiente….b) Se encuentren invocados y adjuntos los antecedentes que dan sustento al cargo o la denuncia…c) En caso de haberse utilizado el método de valoración correspondiente a mercadería idéntica o similar a la documentada, los antecedentes invocados sean comparables en especie, calidad, cantidad, marcas, modelos, nivel comercial, origen, precio unitario, prestigio comercial, contando además con los datos necesarios para efectuar una comparación válida y debiendo ser asimismo, contemporáneos a la operación de que se trate….”, dando cuenta que lo descripto no obedece a un error aislado en lo que hace al procedimiento a seguir para arribar a una recomposición de valor ajustada a derecho, error que se verifica en estos obrados por lo que el reclamo efectuado por el servicio aduanero en concepto de diferencia de derechos es improcedente.
Que, por la forma como se resuelve, no corresponde tratar las demás cuestiones planteadas.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la resolución N° 3242/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente N° SIGEA N° 13808-771-2009, en cuanto ha sido materia de agravios.
2. Costas a la demandada.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
Que, adhiero al voto del Dr. González Palazzo.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la resolución N° 3242/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente N° SIGEA N° 13808-771-2009, en cuanto ha sido materia de agravios.
2. Costas a la demandada.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.09.19 12:41:22 -03:00 Date: 2022.09.19 16:51:26 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.19 16:51:27 -03:00
Fin de la sentencia