Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.793-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) N° 6197/15, en cuanto exige a la firma “Paraná SA de Seguros” el pago de tributos, los que ascienden a la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES CON 34/100 (USD 30.584,34), más los intereses del art. 794, los que deben calcularse desde el 10/09/15 y hasta la fecha de efectivo pago.
2Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de DOSCIENTOS UN MIL PESOS (ARS 201.000.-), más los intereses del art. 794, los que deben calcularse desde el 10/09/15 y hasta la fecha de efectivo pago.
3Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 74% a cargo del Fisco y 26% a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-42826007-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Abril de 2023 Reunidos los Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo, y Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante), a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “PARANA S.A. DE SEGUROS c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 36.793-A, El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 8/21, se presenta, por apoderado, la firma "PARANA S.A. DE SEGUROS" e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 6197, dictada en fecha 09/10/15, por el Responsable del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros por la que se le exige la suma de USD 110.893,88, en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, con más la suma de $ 83.050,71, en concepto de IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, por su condición de garante de la firma importadora “PROTECSA S.A.”, a la que se le endilgó la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. , en virtud del presunto incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria llevada a cabo a través de la destinación nro. 04 001 IT14 001237 W.
Plantea la nulidad de la resolución aduanera. Sostiene que el funcionario administrativo interviniente para imponer la sanción demuestra absoluta parcialidad en su accionar, violación a los derechos de defensa y arbitrariedad en sus acciones. Además, señala que en el mes de septiembre de 2015, esto es a más de trece años del vencimiento de la operación, surge una notificación realizada en las oficinas de su mandante que, según sus dichos, sería absolutamente falsa pues su mandante jamás la recibió. Por lo demás, afirma que se omitió cumplir con la mencionada notificación vía SICNEA. Por todo ello, entiende que la totalidad del sumario cuestionado resulta nulo de nulidad absoluta. Refiere que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo que corresponde declarar la prescripción con expresa imposición de costas.
Considera improcedentes las percepciones del Impuesto a las Ganancias y del IVA Adicional. Manifiesta que se deberán tener por impugnados todos los derechos de importación que hubieran sido liquidados por un importe superior al 35% “ad valorem” que fue el máximo fijado por la República Argentina en la Lista XLIV negociada en el GATT 1994, aprobada por la ley 24.425. Se agravia de que no se ha discriminado correctamente la fecha a partir de la cual se deben aplicar los intereses a su mandante. Dice que no debe responder por la mora del importador y que tampoco debe responder en forma solidaria e ilimitada en relación con el mismo máxime cuando en el caso de autos existen varias aseguradoras y pólizas vinculadas.
Señala que la tasa de interés determinada en el art. 794 más el ajuste del valor dólar resulta totalmente confiscatorio para el patrimonio de su mandante. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el fallo apelado, con costas.
II. Que, a fs. 31/43 y vta., la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Relata los hechos. Realiza una negativa genérica de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Señala que correspondería rechazar el reclamo efectuado por la aquí actora en relación con la falta de legitimación del Fisco por cuanto de los reiterados antecedentes jurisprudenciales surge que por la quiebra del importador no se encuentra vedado su mandante de ir contra la aseguradora sin haber verificado el crédito. Entiende que su mandante frente al incumplimiento del tomador del seguro, es decir, el importador no está obligado a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento. Manifiesta que no ha operado la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Menciona que la doctrina del plazo razonable presenta grandes y abiertas contradicciones. Explica que en ciertos casos del Tribunal Fiscal y de la Excma. Cámara se ha automatizado la aplicación de dicha doctrina sin atender a la realidad del expediente. Destaca que la actora, en su carácter de aseguradora fiadora, al haberse operado el siniestro debe responder tal lo pactado cancelando los cargos que su mandante le formulara pues se configuró la infracción conforme la normativa vigente en la legislación aduanera.
Considera procedente la aplicación de la percepción del IVA e Impuesto a las Ganancias Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el fallo apelado, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-6756-2009 se inician, a fs. 1, con el acta de denuncia labrada contra la firma importadora “PROTECSA SA” por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., por el posible incumplimiento a las obligaciones inherentes a la destinación de importación temporaria nro. 04 001 IT14 001237 W cuyo vencimiento habría operado el 22/02/05 (ver consulta de declaración jurada que luce a fs. 2). A fs. 9, se efectúa la valoración y clasificación de la mercadería en presunta infracción. A fs. 16, obra la liquidación de tributos y multa. A fs. 17, con fecha 13/10/10, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario y, en el mismo acto, corre vista de todo lo actuado a la firma importadora y, asimismo, cita a la firma "PARANA S.A. DE SEGUROS" en su carácter de garante de la obligación tributaria que se notificó en fecha 3/09/15 (v. fs. 37). A fs. 38, el servicio aduanero declara la rebeldía de la firma importadora atento su incomparecencia a pesar de encontrarse debidamente notificada, y da por decaído el derecho de la firma aseguradora a evacuar su defensa atento el tiempo transcurrido sin que dicha firma se haya presentado a estar a derecho pese a haber sido debidamente notificada. A fs. 41/43, luce la Resolución (DE PRLA) nro. 6197/15, apelada en la especie.
IV. Que, ante todo, es necesario aclarar que la recurrente no se agravia de la procedencia de la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, es decir, no niega su carácter de aseguradora de la firma importadora ni tampoco ser responsable del reclamo tributario (nótese que la recurrente no discute el fondo del asunto, es decir, no alegó ni mucho menos intenta demostrar que la firma importadora reexportó la mercadería ingresada en forma temporaria), aunque no en los términos que se le exigen.
Que, en tales condiciones, la recurrente plantea la nulidad de la resolución aduanera y la excepción de prescripción, se agravia de las percepciones de IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias, se queja de los intereses resarcitorios y por último hace mención a una presunta violación del derecho de defensa por la imposibilidad de producir las medidas de prueba propuestas.
V. Que, luego de realizar una transcripción del voto del suscripto in re “Aluar Aluminio Argentina SACI y otro c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expediente N° 24.840-A, del 2/12/13 y “Blanco, Eduardo Jorge c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expediente N° 24.553, del 3/12/13, entre otras (v. fs. 8/12 y vta. de autos del recurso interpuesto) sin producir cita alguna, la recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución recurrida, en tanto entiende que esa resolución adolece de un defecto grave que afecta a la esencia del procedimiento. Ese defecto estaría dado por la incompetencia del funcionario administrativo interviniente (Responsable del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros) para dictar la resolución que exige el cargo tributario. Agrega que dicha nulidad no ha sido subsanada por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación.
Que, corresponde dejar aclarado, en orden a lo manifestado por la actora, que el Tribunal Fiscal de la Nación no es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales, siendo un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa, y resulta ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia (confr. “Shimisa de Comercio Exterior S.A.”, Expte Nro. 30.400-A, Sala “E”, del 10/2/12, voto del Dr. Garbarino, entre muchos otros).
VI. Que, a continuación, la recurrente plantea la nulidad de la resolución definitiva con fundamento en que la notificación del auto de instrucción de sumario y corrida de vista, de fecha 03/10/10, efectuada por el agente notificador el día 3 de Septiembre de 2015 (ver fs. 37 y vta., de las act. adm.) resultaría absolutamente falsa. Que, al respecto, debe señalarse que en el reverso de la cédula de notificación que luce a fs. 37vta de las actuaciones administrativas consta la fecha (3/09/15), la hora (16hs) y firma del Sr. Angel A. Schiantarelli (oficial notificador). La cédula de notificación practicada por el servicio aduanero en las actuaciones administrativas fue librada al domicilio sito en la calle Maipú N° 215, piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se condice con el domicilio informado por la actora-garante en la póliza del seguro de caución nro. 12249 garante de la destinación de importación temporaria de marras.
Que cabe hacer notar que la actora no informa la existencia de acciones de redargución (civil o penal) de la cédula de notificación cuestionada, ni de otras tendientes a impugnar dicho acto.
Que la jurisprudencia ha reconocido que las constancias del diligenciamiento que deja el oficial notificador tanto en el cedulón como en el original de la cédula, tienen la condición de instrumento público (art. 993 Código Civil - CNCom, Sala C, 31/3/ 98, LL 1998 E 1; CNCiv., Sala K, 29-8-2003, LL 2004 B, 794), eficacia de instrumento público que se extiende a la copia dejada al interesado, desde que en ésta también hay actuaciones cumplidas por oficial (CNCic., Sala F, 21/7/76, ED 69 433), por ende hacen plena fe acerca de la existencia material de los hechos que hubiere anunciado como cumplidos por él mismo. En consecuencia, la impugnación de dichas manifestaciones del oficial asentadas en el acta de la diligencia, debe hacerse mediante incidente de redargución de falsedad (art. 395 CPCCN) Ello así, se ha afirmado que “si la incidentista sostuvo que en el domicilio de su parte, nunca fue dejada una cédula del tenor de la que impugna, ello debió canalizarse a través de la pertinente redargución de falsedad, dada la calidad de instrumento público que reviste la constancia de diligenciando asentada en el reverso de la cédula” (CCC 2da., Sala 1ra., LP, 24/8/00, www.scba.gov.ar B253890. Análogamente, CNCiv., Sala E, 21/4/97, LL 1997 D 781; ídem Sala A, 23/5/96, LL 1996 E 11, JA 1998 II síntesis; CNFed. Civ. y Com., Sala III, 19/7/95, elDial AF1FC; CCC MP, Sala I, 9/4/96, Lexis nº 14/21132; CCC 2da., Sala I, LP, 25/2/92, Lexis nº 14/38196).
Que, en consecuencia, las explicaciones brindadas por la recurrente resultan irrelevantes para desestimar la eficacia de la notificación practicada por el Fisco máxime cuando la actora tomó conocimiento en fecha 30/09/15 (tal como surge del reverso de la notificación SICNEA que luce a fs. 39 de las act. adm) de la providencia de fecha 21/09/15 por medio de la cual el servicio aduanero decidió dar por decaído su derecho para contestar la vista y evacuar su defensa, atento al tiempo transcurrido. Por ello además, en el caso resulta aplicable el segundo párrafo del art. 1051 del Código Aduanero que expresa que “La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto hubiere sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. 2. Salvo disposición especial que fijare un plazo mayor, se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los CINCO (5) días subsiguientes al conocimiento del acto”.
Que por todo lo expuesto corresponde rechazar el planteo de nulidad de la notificación formulado por la actora.
VII. Que, además, la recurrente se agravia de que la resolución aduanera ha sido dictada en directa violación al principio de defensa en juicio ya que se habrían omitido, en forma directa, deliberada y precisa todos los medios de prueba propuestos.
Que cabe recordar que la recurrente jamás se agravió de la conclusión aduanera en cuanto a que la firma importadora no cumplió con el régimen de la destinación suspensiva. Adviértase que la recurrente no ha impulsado adecuadamente la prueba ofrecida en autos pues a fs. 77 se dio por decaído su derecho a producir la prueba informativa ordenada en fecha 04/05/17. Por lo demás, de considerar que alguna prueba informativa resultaba imprescindible para resolver la cuestión traída a examen, también contaba con la posibilidad de producirla en forma directa y privada, e incorporar su resultado al proceso, en los términos del art. 1152, primera parte, del Código Aduanero, conforme señalara el suscripto en la causa Nro. 29.944-A, del 31 de marzo de 2014, en trámite por ante la Vocalía de la 19° Nominación -entre muchas otras-, lo que no hizo.
En definitiva, la nulidad que se persigue carece de finalidad práctica y su declaración no procede pues se trataría de la nulidad por la nulidad misma. Por lo expuesto corresponde rechazar el agravio respecto de la violación del derecho de defensa por resultar el mismo improcedente en razón de no existir la causa de nulidad invocada por la recurrente.
VIII. Que considero necesario referirme a los agravios de la recurrente en relación con que el proceso infraccional, iniciado por el servicio aduanero, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 Constitución Nacional y por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que corresponde destacar que la garantía convencional no puede ser aplicada en la especie tal como me expedido en los autos caratulados “ABB S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” de fecha 13/05/19 -expte. N° 35.759-, criterio que he compartido en los autos caratulados “HTI CONO SUR S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” de fecha 2/12/19 -expte. Nº 38.908-A-, entre otros, que tramitaran por ante esta Vocalía de la 16a Nominación (Sala “F”), toda vez que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado” En tal sentido, debe tenerse presente que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a Derechos Humanos (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39). Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique dicha doctrina -sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos- del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional en tanto no se verifican en la especie circunstancias excepcionales como para dejarla sin efecto y aplicar la doctrina del “margen de apreciación nacional” a tal fin, como lo hiciera esta Sala con fecha 3 de febrero de 2022 en el Expediente Nro. 2019-112544550 caratulado “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”.
Por lo demás, tampoco en la litis se verifica análogo o similar lapso de dilación del procedimiento aduanero que aquellos analizados en los precedentes de nuestra Corte Suprema que fueran expresamente citados por la recurrente en su líbelo inicial (”Losicer” y “Bossi y García S.A.”), y que, en supuestos excepcionales, permitirían apartarse de la referida restricción establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicar la doctrina de nuestro Tribunal Cimero, solamente en materia infraccional (pues en materia tributaria nunca lo ha hecho), en relación a la violación de la garantía del derecho de defensa en juicio consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que el planteo de la firma actora deviene improcedente.
IX. Que la recurrente considera que se deben tener por impugnados todos los derechos de importación que hubieran sido liquidados por un importe superior al 35% “ad valorem” que fue el máximo fijado por la República Argentina en la Lista XLIV negociada en el GATT 1994, aprobada por la ley 24.425.
Que el punto central de la cuestión en los términos planteados radica esencialmente en determinar si corresponde la aplicación del derecho específico establecido para la mercadería del despacho de autos, de la P.A. NCM 5801.22.00.200C y 5801.22.00.300H, de USD 5,92 por kilogramo, aplicación que en el caso ha efectuado el servicio aduanero o si por el contrario esa aplicación no puede exceder el arancel máximo del 35% consolidado en el GATT.
Que la República Argentina asumió el compromiso de la tarifa máxima de importación, del 35% ad valorem, consolidada en la Lista LXIV y recogida o aprobada por la ley 24.425. Cabe aclarar, no obstante, que es legítimamente posible, en este aspecto, superar dicho arancel máximo mediante el ejercicio y aplicación de una salvaguardia admitida por el GATT.
Que la aplicación en el caso, del derecho específico de USD 5,92 por kilogramo, da por resultado un importe de derecho de importación que supera el importe resultante de la aplicación del 35% ad valorem. Y no surge de la liquidación practicada por el servicio aduanero, de las actuaciones administrativas ni de la contestación del recurso por parte del Fisco que el derecho específico que se fijó para la mercadería de marras se corresponda con la aplicación de una salvaguardia admitida por el GATT.
Que en consecuencia corresponde resolver favorablemente la pretensión de la recurrente en el sentido de la aplicación del derecho específico sólo hasta el importe del máximo del 35% ad valorem.
X. Que respecto de los intereses, ante todo señalo que es pacífica la jurisprudencia en tanto que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir, la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del Código Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando - obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir, que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Que, ello así, resultan de plena aplicación sobre la obligación tributaria aquí discutida, los intereses resarcitorios devengados desde el vencimiento del plazo de diez días, contados desde la fecha de notificación de la liquidación de tributos a la aquí recurrente aseguradora o a la importadora, según una u otra ocurra primero, en virtud de la norma específica que regula las tasas de interés aplicables a las obligaciones tributarias aduaneras (conf. art. 794 del C.A.).
Que, en definitiva, sobre el importe de los tributos que se confirman procede el pago de los intereses previstos en el art. 794 del CA, desde el vencimiento del plazo de diez días computados a partir de la notificación de la corrida de vista a la importadora, que data del 26/08/15 (ver publicación de edictos en el Boletín Oficial a fs. 34 de autos) que en el caso ha sido notificada con anterioridad a la aseguradora y hasta la fecha de efectivo pago.
XI. Que, por otra parte, la recurrente se agravia respecto de la tasa anual de interés de más del veinticinco por ciento en dólares aplicada por el servicio aduanero. Considera que la misma no sólo resulta abusiva sino prácticamente ruinosa para los contribuyentes. Agrega que la tasa de interés determinada por el art. 794 adicionado al ajuste del valor del dólar resulta totalmente confiscatorio para el patrimonio.
Que, al efecto, me he pronunciado al respecto en el precedente “ALPEMAR S.R.L c/DGA s/ recurso de apelación”, expte. n° 36.199-A, sentencia de fecha 21/12/18, en cuanto a que las normas que impiden el control de constitucionalidad por parte de este Tribunal Fiscal de la Nación han devenido derogadas por la Convención Americana de Derechos Humanos habida cuenta de su jerarquía supralegal (nuevamente “Fallos” 315:1492), derogación reafirmada por la reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos –nominados en su artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, con más los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos que el Congreso apruebe con ulterioridad, bien que éstos en las condiciones de su tercer párrafo– (confr. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 133). Todo ello sin perjuicio de la doctrina legal establecida por el Acuerdo Plenario de la competencia aduanera de este Tribunal con fecha 26/4/2022 in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.”, en relación a la imposibilidad de esta magistratura de declarar la inconstitucionalidad de las leyes.
Que, no obstante la vigencia de dicha doctrina plenaria, tampoco debe perderse de vista que conforme a una constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, la confiscatoriedad acaece frente a una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital (Fallos: 314:1293 y sus citas; 322:3255, entre muchos otros). Y dentro de esta doctrina, siempre se debe requerir del actor una prueba concluyente a su cargo acerca de la evidencia de la confiscatoriedad alegada (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros), lo que en la especie no ha acontecido.
XII. Que, de la misma forma, en el mencionado antecedente jurisprudencial he sostenido que el hecho de que en la especie no proceda realizar el control de constitucionalidad solicitado por la firma recurrente no implica, per se, que el juez no pueda aplicar los principios generales del derecho para analizar la razonabilidad de una tasa de interés en moneda extranjera (dólar estadounidense) pues la sociedad le ha encomendado la más alta de las funciones a las que puede acceder un ciudadano, que no es la de aplicar las normas mecánicamente, sino la impartir justicia en todo su esplendor.
Que bajo tales premisas, la Resolución General (AFIP) N° 3271/12 dispuso que al efectuar las liquidaciones de deudas por tributos aduaneros (derechos de importación y exportación entre otros) por hechos imponibles generados luego de la sanción de la ley 25.561, el monto del impuesto originariamente determinado en dólares estadounidenses, debía mantenerse en dicha moneda hasta el día anterior a su cancelación. En síntesis, el capital de la obligación tributaria se mantiene “actualizada en dólares hasta su efectivo pago”. Asimismo, la mentada Resolución en cuanto a los intereses aplicables dispone que los mismos deberán ser calculados sobre el capital adeudado –en pesos- hasta la fecha de su pago, de acuerdo con lo establecido en el art. 794 y concordantes del Código Aduanero”.
Tanto en materia impositiva como aduanera la tasa y el mecanismo de aplicación de los intereses resarcitorios y punitorios son fijados con carácter general por la SECRETARÍA DE HACIENDA de conformidad con los arts. 37 y 52 de la ley 11.683, y los arts. 794 y 797 del Código Aduanero, respectivamente. Es en esos términos que en el año 2010 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la Resolución nº 841/10 por la cual elevó la tasa aplicable a intereses resarcitorios al tres por ciento (3%) mensual y la tasa correspondiente a intereses punitorios al cuatro por ciento (4%) mensual manteniendo la tasa aplicable a los casos de repetición en el cincuenta centésimo por ciento (0,50%).
En consecuencia, conforme dicha Resolución sobre el capital en dólares -ya que el tipo de cambio para convertir las sumas de dólares en pesos es el vigente el día anterior al del efectivo pago- se aplica una tasa de interés anual del 36% y 48% para intereses resarcitorios y punitorios, respectivamente; sin que a tales efectos pueda tomarse el parámetro máximo dispuesto por el artículo 794 del Código Aduanero.
De allí que, en la especie, el Fisco Nacional (AFIP-DGA) pretende cobrar una deuda en moneda extranjera, aplicando intereses resarcitorios que resultan manifiestamente exorbitantes, y que no encuentran ningún parámetro o justificativo en la realidad social y económica de nuestro país.
Por su parte, también corresponde recordar que la elevación de las tasas para los intereses resarcitorios y punitorios, tuvo como objeto “…estimular el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos” (ver Considerando de la Resolución nº 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). Y si bien es cierto que la mora de los contribuyentes al deber social de contribuir al sostenimiento del Estado con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias concibe la posibilidad de fijar una tasa de interés elevada -la que no favorece a persona determinada sino a la sociedad toda-, ello no resulta adecuado ni conciliable con los irrenunciables principios de justicia, ética y equidad cuando esa tasa resulta ser manifiestamente desproporcionada, y termina afectando de modo palmario derechos constitucionales y convencionales de los contribuyentes.
Que, en esos términos, una tasa que luzca desproporcionadamente alta no cumple con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el pago del tributo, sino que más bien constituye un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos del simple ciudadano; máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
Por lo demás, y sin perjuicio de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos precedentes “Orazio Arcana“ del 18 de marzo de 1986 y “Neumáticos Goodyear S.A.” del 9 de noviembre de 2000, la que indudablemente ha respondido, en cada oportunidad, al contexto económico y social en el que dichos pronunciamientos fueron emitidos , cabe colegir que la utilización de tasas con guarismos diferenciales de la magnitud de las que se aplican en los supuestos donde interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado patentizan un evidente contrastre y marcan una desproporción totalmente irrazonable, no cumpliendo con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino que más bien constituyen un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares; máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnívodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
Bajo tales premisas, destacada doctrina ha sostenido que “...la tasa de interés del 3% mensual aplicada sobre una divisa extranjera actualizada al día del pago por el tipo de cambio vigente (…) produce una confiscación al patrimonio del contribuyente, y convierte el monto de la deuda en una sanción encubierta a la falta de pago de la deuda originaria (lo que no siempre ocurre por causas imputables al contribuyente), pretendiendo el Estado obtener un enriquecimiento sin causa y no el resarcimiento por la carencia oportuna de los dineros públicos, provocando a su vez empobrecimiento del contribuyente.” (vide Bibiloni Mario, “Procedimiento improcedente y confiscatorio de las determinaciones tributarias aduaneras suplementarias, publicado en el diario “El Cronista, Sección Fiscal y Previsional, en fecha 22/12/14).
Por lo demás, la Sala “V” de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ha arribado a una conclusión similar en el expediente n° 28.208-A caratulado “Procesadora de Boratos Argentinos S.A.” donde sostuvo que “...la tasa de interés utilizada en la liquidación impugnada conduce a un resultado excesivo, ya que el monto resultante de aplicar las tasas previstas en las Resoluciones MEyP Nº 492/06 y 891/10, del 2% y 3%, respectivamente, ha excedido notablemente la razonable expectativa de conservación del patrimonio del Fisco y de la retribución correspondiente a la privación del uso del capital; lo cual deriva en un enriquecimiento sin causa para el acreedor, en tanto se aparta palmariamente del importe total de los intereses que hubiera devengado esa misma deuda, considerada en dólares estadounidenses.”.
Por lo tanto, por estrictas razones de equidad la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, máxime en el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera.
Por ello, corresponde admitir el agravio formulado por la firma actora en ese sentido, morigerar la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA en la resolución cuestionada y ordenar que se practique una nueva liquidación tributaria, aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en las Resoluciones Nros. 598/2019 y 559/2022 –siendo que dicha normativa es sobreviniente a la doctrina sustentada oportunamente por el suscripto en materia de tasas de interés en el precedente supra relatado-, por lo que las tasas de interés resarcitorio y punitorio aplicables a las obligaciones objeto de la presente litis serán del 0,83% y 1% mensual, respectivamente, es decir, del 9,96% y 12% anual XIII.- Que corresponde referirse a las percepciones de IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias que fueran exigidas por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada a fs. 28 de las actuaciones administrativas, rubros todos ellos por los que se agravia la recurrente.
Que resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
XIV. Que en razón de lo expuesto precedentemente, y teniendo en cuenta las pautas de la liquidación de fs. 28 de las act. adm. SIGEA N° 12197-6756-2009, la reformulo de la manera siguiente:
VALOR EN ADUANA USD 52.818,15 DERECHO DE IMPORTACIÓN (35%) USD 15.845,44 TASA DE ESTADÍSTICA (0,5%) USD 264,09 BASE IVA USD 68.927,69 IVA USD 14.474,81 TOTAL DE TRIBUTOS USD 30.584,34
XV. Que es menester expedirse sobre el límite máximo garantizado por la recurrente a favor de la Dirección General de Aduanas en la destinación nro. 04 001 IT14 001237 W mediante la póliza 12249.
Que tal como fuera señalado en el Considerando XIII del presente voto no corresponde exigir a la recurrente el importe de los tributos reclamados, en pesos, en concepto de percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional. Sin embargo, sí corresponde exigir a la recurrente el importe de los tributos nominados en dólares estadounidenses en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA que ascienden a la suma U$S 30.584,34, toda vez que no se ha acreditado en autos la reexportación de la mercadería introducida al amparo de la destinación N° 04 001 IT14 001237 W.
Que la póliza nro. 12249 en virtud de la cual la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora está garantizada por la suma máxima de $ 201.000, (ver la póliza que obra agregada a fs. 81/86 de autos que fue extendida por “PARANA S.A. DE SEGUROS” a favor de la aduana en su condición de garante de la importación temporaria de marras). Ello así el importe que el servicio aduanero tendría derecho a cobrar en virtud del incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria excede el importe máximo asegurado por la firma recurrente, por lo que dicho organismo fiscal sólo debe limitarse a reclamar dicho monto inferior y no más, pues en dicho caso operaría un enriquecimiento sin causa a favor del Fisco Nacional. Por lo expuesto, la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscrita por el límite máximo asegurado en las pólizas. Que la suma máxima garantizada por la póliza de caución 12249, en concepto de capital, asciende a doscientos un mil pesos $ 201.000. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por dicho límite máximo, en concepto de capital, para las obligaciones emergentes de la destinación de importación temporaria nro. 04 001 IT14 001237 W.
Que a dicha suma máxima, en concepto de capital, deberán adicionarse los intereses del art. 794 del C.A. calculados conforme lo señalado en los Considerandos XII y XIII del presente voto, desde el 10/09/15 hasta la fecha del efectivo pago.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) N° 6197/15, en cuanto exige a la firma “Paraná SA de Seguros” el pago de tributos, los que ascienden a la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES CON 34/100 (USD 30.584,34), más los intereses del art. 794, los que deben calcularse desde el 10/09/15 y hasta la fecha de efectivo pago.
2. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de DOSCIENTOS UN MIL PESOS (ARS 201.000), monto al que deberá adicionársele los intereses del art. 794 del C.A de conformidad con lo señalado ut supra desde el 10/09/15 hasta la fecha del efectivo pago.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 74% a cargo del Fisco y 26% a cargo de la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que me adhiero a lo propuesto por el Dr. Garbarino con excepción a lo sentado en los Considerandos XI y XII de su voto, en relación a cómo deberán calcularse los intereses adeudados por la recurrente, en tanto morigera la tasa de interés a aplicar.
Cabe recordar en tal sentido que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Neumáticos Goodyear S.A.” ha resuelto que “Uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su coherencia con el resto del sistema del que forma parte es la consideración de sus consecuencias” (Fallos 323:3412).
Justamente, la Corte fue contundente en “Orazio Arcana” al señalar que “resulta obvio el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que –por otra parte– no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda” (Fallos 308:284) criterio ratificado en adonde sentó que “Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42)
El criterio cimero ha sido recientemente ratificado en “Desarrollos al Costo C/ Buenos Aires, Provincia de S/ Acción declarativa de inconstitucionalidad” (CSJ 311/2013 Rta.02/05/19), adonde refiriéndose a la citada doctrina destacó que “los réditos deben ser liquidados de conformidad con las tasas fijadas en las resoluciones dictadas al efecto por el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía”
Sentado ello, cabe destacar que la norma cuestionada por la recurrente era conocida al momento de asumir su obligación frente a la Aduana y consecuente -y sistémicamente- aceptada pues, claro está, el giro de sus negocios se encuentra vinculado a la operatoria del comercio exterior. Esa actividad supone un riesgo, que fue asumido y aceptado. Ese riesgo sólo devendría irrazonable si fuere el mismo Estado el que por inacción procesal o una acción abusiva deliberada, actual y concreta pusiera en crisis la tutela judicial efectiva de sus derechos, lo que obligaría al operador judicial a asumir un temperamento proactivo acorde a los requerimientos constitucionales –que comprende a los convencionales- por lo que, no verificándose en la especie tales extremos, el agravio recogido por mi colega de grado no puede prosperar en sentido positivo.
No puede soslayarse en tal sentido que la reclamante no ha siquiera intentado demostrar empíricamente lesividad concreta que la norma en crisis genere a sus derechos, por lo que en definitiva “no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad” (“Provincia de Santa Cruz” Fallos 316:42).-
Concretamente, el juego sistémico entre la Resolución 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Resolución General AFIP 3271/12 y la voluntad del legislador plasmada en lo normado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (aprobado por la Ley 22415) se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicado máxime cuando su validez no ha sido tachada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ponerlo en crisis por la vía propuesta –sin mayor fundamento que el parecer del operador- implicaría socavar indebidamente la estanqueidad divisoria de los poderes que el constituyente plasmó en nuestra Carta Magna y a cuya custodia nos conmina a todos los operadores judiciales de la República. (CSJN, Fallos: 155:248; 272:231; 273:418; 310:112; 311:2580).
Lo dicho encuentra eco en lo resuelto por la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal en “Procesadora de Boratos C/ DGA” (Expte. 21840/2012, TF 28.181-A) adonde con meridiana claridad expone que “acceder a esta altura de la causa, sin mediar producción de prueba idónea, a la descalificación de las tasas de interés fijada por las Resoluciones 492/06 (MEyP) y 841/10 (MEyFP), a aplicar una tasa no vigente (v. gr: la tasa prevista en la Resolución ME 21/91), implicaría sustituir a la Administración en su ámbito de discrecionalidad sin sustento fáctico y jurídico suficiente. En efecto la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que nos son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 308:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)…” concluir sentando que “resulta razonable que los intereses superiores a aquellos por los cuales puedan los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que “de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa –claramente perniciosa para el bien común- de obtener un financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias..” dando pautas claras y contundentes de la improcedencia e inconveniencia de lo propuesto por el vocal preopinante.- En el caso traído a debate no se verifica ni se encuentra probada la existencia de una injustificada e irrazonable demora del aparato estatal en la resolución de una cuestión que no presenta significativa complejidad, ni omisión o acción actual y concreta por parte de quienes lo integran que permitiera identificar el cercenamiento de garantías constitucionales –ora convencionales- con el juego sistémico normativo en crisis, tampoco advierto elementos de prueba acollarados que permitan acompañar la verificación de que la tasa de interés aplicable al caso sea “manifiestamente desproporcionada, y termina afectando de modo palmario derechos constitucionales y convencionales de los contribuyentes” en el sentido propuesto por mi colega de grado.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) N° 6197/15, en cuanto exige a la firma “Paraná SA de Seguros” el pago de tributos, los que ascienden a la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES CON 34/100 (USD 30.584,34), más los intereses del art. 794, los que deben calcularse desde el 10/09/15 y hasta la fecha de efectivo pago.
2. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de DOSCIENTOS UN MIL PESOS (ARS 201.000.-), más los intereses del art. 794, los que deben calcularse desde el 10/09/15 y hasta la fecha de efectivo pago.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 74% a cargo del Fisco y 26% a cargo de la actora.
La Dra. Claudia Sarquis dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.
Por el acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) N° 6197/15, en cuanto exige a la firma “Paraná SA de Seguros” el pago de tributos, los que ascienden a la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES CON 34/100 (USD 30.584,34), más los intereses del art. 794, los que deben calcularse desde el 10/09/15 y hasta la fecha de efectivo pago.
2. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de DOSCIENTOS UN MIL PESOS (ARS 201.000.-), más los intereses del art. 794, los que deben calcularse desde el 10/09/15 y hasta la fecha de efectivo pago.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 74% a cargo del Fisco y 26% a cargo de la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Eduardo Javier Bendayan (20-20838448-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.04.17 23:32:38 -03:00 Date: 2023.04.18 10:09:11 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.18 12:34:21 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.18 12:34:22 -03:00
Fin de la sentencia