Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-48283959-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma PARANA S.A. DE SEGUROS en las presentes actuaciones.
2Costas a cargo del Fisco Nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-53162168-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Mayo de 2026 apelación”; EX-2019-48283959- -APN-SGASAD#TFN; Sentencia Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, para resolver el expediente EX- 2019-48283959- -APN-SGASAD#TFN caratulado: “PARANÁ S.A. DE SEGUROS c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, y El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que en autos se presenta, mediante IF-2025-27639193-APN-DTD#JGM, por apoderado, la firma Paraná S.A. de Seguros e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 10726/2017, de fecha 29/12/2017, dictada en el expediente administrativo SIGEA Nº 12206-6167-2007, que fuera notificada con fecha 2/5/2019, mediante la cual se resolvió archivar sin más trámite el sumario en los términos de la Instrucción General n° 9/17 (art. 1°), como así también formular cargo mediante su artículo 3° a la firma “COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE EMBARCACIONES S.A.” y a su parte -en carácter de garante de la referida firma-, al pago de U$S 1.262,82 en concepto de tributos adeudados y $ 2.325,51 en concepto de Percepción de IVA Adicional y de Impuesto a las Ganancias, por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero. En primer término, se agravia del hecho que no se hiciera lugar al planteo de prescripción efectuado en la causa, dado que la prescripción debió ser considerada vencida indefectiblemente el 31 de diciembre de 2013. Por ello, afirma que sin dudas procede el cuestionamiento efectuado por el importador, respecto de la improcedencia de la prescripción y la inhabilidad del auto de apertura del sumario, en los términos del artículo 805 del Código Aduanero para suspender la prescripción de los tributos, toda vez que dicha resolución no cumple con los requisitos formales establecidos por su artículo 1094 ni se ha realizado liquidación tributaria en forma previa. Asimismo, plantea la irrazonabilidad de los plazos del presente proceso, señalando que resulta realmente agraviante a su derecho de defensa pretender que el transcurso de más de diez años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio, resulte compatible con el derecho al debido proceso. En este sentido, entiende que el procedimiento cuestionado ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, con franca violación de su derecho constitucional de obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas.
En forma subsidiaria, plantea la prescripción de los derechos y tributos reclamados. Destaca que el servicio aduanero no puede considerar suspendida el curso de la prescripción por la sola apertura sumarial, ni tampoco invocar dicha suspensión toda vez que acá la DGA determinó y exigió el impuesto considerando innecesario resolver el sumario respecto de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero. Asevera que la DGA ordena el archivo de las actuaciones sin resolver sobre la existencia o no de infracción. Por esta circunstancia, al devenir irrelevante la necesidad de la sustanciación del procedimiento sumarial hace que la apertura del sumario dispuesta en las actuaciones carezca del efecto suspensivo previsto en la primera parte del inciso a) del artículo 805 de la ley 22.415, pues este condiciona el efecto suspensivo de la apertura sumarial a que la decisión que recaiga en el sumario sobre el ilícito sea la habilitante para poder exigir el tributo. En consecuencia, señala que no deben validarse las causales de suspensión razón por la que la acción contra la actora se encuentra prescripta. Luego señala que el Impuesto a las Ganancias y el IVA son impuestos nacionales que se rigen por las disposiciones de la Ley de Procedimiento Tributario Nº 11.683, régimen cuya aplicación no es susceptible de intercambio por el aduanero por la sola circunstancia de que en virtud de razones de eficiencia administrativa se haya encomendado a la Aduana actuar como agente de percepción de los mismos. En este entendimiento, solicita la prescripción del reclamo referido al IVA. Destaca que la Corte en “Volkswagen Argentina SA” sostuvo que las percepciones de IVA y Ganancias no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación. Cuestiona también el reclamo de los derechos adicionales e IVA adicional atento a que en su carácter de garante no resulta responsable por ellos.
Por otro lado, plantea la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del régimen establecido mediante la Resolución del Ministerio de Economía al dictar el artículo 15 de la Resolución 72/92 y sus resoluciones continuadoras. Indica que el fallo dictado también resulta nulo y arbitrario, toda vez que el mismo ha sido dictado, en directa violación del principio de defensa en juicio de mi mandante, ya que se han omitido, en forma directa, deliberada y precisa, la producción de todos los medios de prueba propuestos.
Arguye que el servicio aduanero no tomó en cuenta las exportaciones realizadas por el importador, por no contar con el Certificado de Tipificación y Clasificación correspondiente ni la documentación de reexportación original. Luego, señala que la tasa de interés que se pretende aplicar es totalmente confiscatoria e inconstitucional. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, plantea la reserva del Caso Federal, y solicita se dicte sentencia dejando sin efecto el cargo formulado, con expresa imposición de costas.
II. Que, mediante IF-2019-71977271-APN-DNTEID#JGM, se presenta el Fisco Nacional y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por su contraria.
En primer lugar, sostiene que la actora no ha demostrado que no se haya configurado la infracción del artículo 970 del Código Aduanero. Luego indica que frente al incumplimiento del tomador del seguro (importador) con las obligaciones asumidas, como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria amparado por el DIT, habiéndose configurado el siniestro autoriza al servicio aduanero (asegurado) a reclamar el pago pertinente por los tributos. Afirma que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro.
En cuanto a los intereses sostiene que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal. Asimismo, asevera que en lo referente a las percepciones del Impuesto a las Ganancias e IVA Adicional, los mencionados rubros deben hacerse efectivos atento a que tienen naturaleza tributaria y son exigibles por el servicio aduanero, en su carácter de agente de percepción. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, plantea la reserva del Caso Federal, y solicita se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-6167-2007 se inician con la imputación a la firma COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE EMBARCACIONES S.A., por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante el DIT 05073IT14000935N. Con fecha 26/11/08 (fs. 109), se dispone la apertura del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. y, en fecha 9/9/10, se corre vista de todos los actuados a la firma y a su garante – aquí actora – (fs 121/122). Con fecha 29/12/2017, fs. 145/146, se dicta la Resolución (DE PRLA) nro. 10726/2017, la cual se cursa y se notifica mediante SICNEA 19001NOTI064379X, en fecha 2/5/2019.
IV. Que, en primer término, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos.
Bajo tales premisas, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2008, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 12/04/2007), debiendo haber fenecido el 1/1/2013, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas. Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario (vide fs. 109 act. adm.), en fecha 26/11/2008, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (confr. art. 805, inc. a), del C.A.).
V. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe.
En tal sentido, cabe destacar que, si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 29 de diciembre de 2017- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), de la ley 22.415, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la recurrente el día 2 de mayo de 2019, es decir, 1 año y 4 meses después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
VI. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del Código Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VIII. Que, por consiguiente, se concluye que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuviera en consideración la causal de suspensión establecida en el artículo 17 de la ley 26.860 (B.O. 3/6/2013) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en todo tipo de procedimiento. de IX.- Que, por lo demás, corresponde puntualizar que en la especie el servicio aduanero ha procedido –cabe precisar que sólo en materia infraccional, pues también ha formulado un cargo aduanero a la empresa importadora y a la compañía aseguradora interviniente-, al “archivo”, sin más trámite, de las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 dela DGA (art. 1° Resol. -DE PRLA- n° 598/2018). Por lo tanto, y en la medida en que el suscripto considera que dicha decisión aduanera se ha tornado definitiva e irrevocable, no corresponde pronunciarse sobre dicho extremo, al no existir en la litis un planteo concreto de la interesada en relación a ello, máxime cuando la jurisdicción de este Tribunal se encuentra en este supuesto limitada por los términos del escrito en recurso (confr. doctrina de Fallos: 296:291; 302:283; entre muchos otros). Asimismo, el archivo del presente Sumario en la faz infraccional implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022).
X. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás planteos efectuados por la actora.
XI. Que, por último, corresponde dejar sentado que en un sentido sustancialmente análogo ha resuelto esta Sala, con fecha 7/11/2023, in re “SKF ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° EX-2022-17552020-APN-SGASAD#TFN; entre muchos otros.
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma PARANA S.A. DE SEGUROS en las presentes actuaciones.
2. Costas a cargo del Fisco Nacional.
La Dra. Claudia Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Pablo Garbarino.
En virtud del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma PARANA S.A. DE SEGUROS en las presentes actuaciones.
2. Costas a cargo del Fisco Nacional.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese. Suscriben la presente el Dr. Pablo Garbarino en su calidad de Vocal titular de la Vocalía de la 16° Nominación y la Dra. Claudia Sarquis en su calidad de Vocal subrogante de la Vocalía de la 17° Nominación (confr. art. 52 del R.P.T.F.N.).
Date: 2026.05.28 18:33:49 -03:00 Date: 2026.05.28 19:21:33 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Pablo Adrian Garbarino Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.28 19:21:33 -03:00
Fin de la sentencia