Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-49326706-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante las operaciones N° 06 073IT14 000513G, 06 073IT14 002873X y 06 073IT14 002518 E, en la Actuación 12073-1856-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-124653035-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 10 de Noviembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 17ª Nominación), para resolver en los autos caratulados “PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2020-49326706- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Decidir si se ajusta o no a derecho la Resolución 6048/2022, recaída en las actuaciones administrativas 12197-8110-2011, en cuanto le exige a la aseguradora el pago de los tributos más intereses emergentes del DIT 10001IT14004075W, en su carácter de garante de la operación.
II. Fundamentos de la apelación: En RE-2020-49319625-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución referida, en cuanto confirma el cargo de u$s 4.297,84 y u$s 7.134,76 en concepto de tributos más intereses, por no haberse regularizado la mercadería importada temporariamente mediante el mencionado DIT. Opone la nulidad del auto de apertura de sumario y opone la prescripción del art. 805 del C.A., toda vez que dicha resolución no cumple con los requisitos formales establecidos por el art. 1094 del C.A. ni se realiza liquidación tributaria en forma previa. Aduce la irrazonabilidad de los plazos. Cita el fallo Losicer. Plantea la prescripción de los derechos y tributos reclamados en los términos del art. 803 y concordantes del C.A. y el art. 56 y ss de la ley 11683.. Alega haberse calculado erróneamente la percepción del IG, además de requerirlos fuera del período anual en el que se produjo el hecho imponible. Sostiene que se está ante un impuesto sin ley que lo sostenga. Señala que su mandante ha garantizado a la Aduana en forma exclusiva los tributos originados en la operación en trato y por ende no responde por los derechos adicionales que pudieran corresponderle abonar al importador, ni por las multas que se le impusieran ni por los intereses que se originaran en la mora del importador. Resalta la determinación incorrecta de la percepción del impuesto a las ganancias. Se agravia de la falta de competencia de la Dirección General de Aduanas para expedirse sobre las percepciones y el IVA. Se agravia de los intereses, alega que no debe responder por la mora del importador y que en consecuencia los mismos deben ser calculados a partir del décimo día hábil a contar desde la notificación fehaciente del reclamo por parte de la aduana respecto a su mandante. Manifiesta que no se ajusta a derecho en modo alguno que la tasa de interés, contemplada en el art. 794 del C.A., sea la misma sobre un capital en pesos que en dólares estadounidenses. Sostiene que la falta de agregación de la póliza permite concluir que fue devuelta por encontrarse cancelada la operación en cuestión y que el reclamo contra su mandante carece de sustento. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
III. Contestación del fisco: En IF-2020-63733569-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado del recurso que el fuera conferido. Realiza una breve reseña de los hechos. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora. Señala que la Aduana en su carácter de asegurada, frente al incumplimiento del tomador del seguro no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento, y no tiene obligación alguna de presentarse ante el concurso del importador para poder reclamarle a la actora como aseguradora de caución pues su obligación nació desde el momento en que se produjo el siniestro. Alega que el Asegurador se obliga en virtud de las pólizas como un "fiador solidario".- Sostiene que la finalidad de las imposiciones del régimen de importación temporaria es desalentar la introducción para consumo, ya sea regular e irregular, de mercadería que se autorizó importar con la finalidad de ser reexportada. Manifiesta que la actora no ha demostrado que no se haya configurado en autos el siniestro por haber cumplido la importadora con la reexportación de la mercadería en término. Plantea la improcedencia del planteo formulado en cuanto al plazo razonable y la improcedencia del planteo de nulidad de procedimiento (ausencia de causa y motivación). Arguye que las nulidades procesales son siempre relativas, por ende, subsanables. Refiere a la doctrina de la Corte Suprema en relación a que la ley N° 11.683 rige la prescripción de las acciones de la Dirección General Impositiva para exigir el pago de tributos en el ámbito de su competencia, mientras que la prescripción de las acciones que detenta la Dirección General de Aduanas para reclamar el pago de los tributos cuya percepción le ha sido encomendada, se rige por lo que específicamente establece la normativa aduanera. Respecto al Alcance de la Garantía y Rubros asegurados sostiene que debe tenerse en cuenta que la aseguradora responde hasta la total extinción de las obligaciones asumidas por el tomador del seguro cuyo cumplimiento cubre. Manifiesta que los tributos a abonar surgen de la documentación obrante en el sobre contenedor de la DIT. Señala las características del contrato de seguro y el límite de la póliza. Acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
IV. Que en PV-2020-64961187-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco. En PV-2020-73507944-APN-VOCXVIII#TFN, se tienen por acompañadas las actuaciones y se abre la causa a prueba que luce agregada en RE-2021-36088260-APN-DTD#JGM (contestación oficio despachante, negativo en cuanto a la obtención de documental). En PV-2024-81593732-APN-VOCXVIII#TFN por el 1143 se solicitan las pólizas 21321 y 21329 acompañadas en RE-2025-104730770-APN-DTD#JGM, RE-2025-
104730906-APN-DTD#JGM, IF-2024-89677525-APN-DTD#JGM e IF-2024-89677536-APN-DTD#JGM.
Con posterioridad, luce la certificación de prueba. Después se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen autos a sentencia V.- Que en referencia a las destinaciones involucradas en autos respecto de la aquí actora, las actuaciones administrativas 12073-1856-2008 se inician con el Acta de Denuncia 510/2008, por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. A fs. 31 se agrega copia del DIT 06 073 IT14 000513, oficializado el 24/02/2006. A fs. 34/40 obra agregada copia del DIT 06 001 IT14 002518 E, oficializado el 12/04/2006; A fs. 43/51 luce agregado el DIT 06 001IT14 002873X, oficializado el 25/04/2006; A fs. 187 con fecha 28/09/2011 se dispone instrucción a sumario.
A fs. 188/194 obra consulta de una garantía global. A fs. 195/196 luce agregada copia de la póliza N° 878717, garantía 18663 correspondiente a Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.; A fs. 198/199 luce agregada copia de la póliza 20782, aseguradora PARANA S.A DE SEGUROS, en relación al DIT 06073IT14000513G. A fs. 200 luce agregada copia de un print de una garantía global. A fs. 201/202 luce agregada copia de la póliza 892798. A fs. 203 obra consulta de una garantía global. A fs. 204/205 luce agregada copia de la póliza 895275. A fs. 207/208 obra copia agregada de la póliza 894955. A fs. 210/211 luce agregada la copia de la póliza 895592. A fs. 213/214 obra agregada copia de la póliza 895936.
A fs. 216/217 luce agregada la póliza 934727. A fs. 219/220 se agrega la copia de póliza 905523. A fs. 222/223 se agrega la copia de póliza 908553. A fs. 225/226 se agrega la copia de póliza 909626. A fs. 228/229 se agrega la copia de póliza 937565. A fs. 231/232 se agrega la copia de póliza 941022. A fs. 235/241 luce el aforo de la mercadería. A fs. 243/257 luce la determinación de tributos y multa. A fs. 264 en fecha 8/4/2016. A fs. 269 se agrega SICNEA con la leyenda enviado a la firma PARANA SA DE SEGUROS con fecha 12/4/16. A fs. 270/272 se presenta la firma PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS. A fs. 273/282 se presenta ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIA SA. A fs 283/289 presenta descargo la aseguradora PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS.
A fs. 90 luce agregado impresión de concurso preventivo de la firma importadora. A fs. 291 se ordena notificar por edictos la corrida de vista a la importadora. A fs. 294 se declara rebelde a la importadora. A fs. 298 luce agregado el SICNEA que notifica la corrida de vista a la aquí actora PARANA con fecha 12/04/2016. A fs. 300 con fecha 26/9/2016 se dicta la Resolución 4612, aquí apelada. A fs. 380 obra constancia de notificación a la firma aseguradora en fecha 13/3/2020.
VI. Que, en primer lugar, corresponde tratar el agravio de la actora vinculado a la falta de legitimación de la D.G.A. para reclamar el crédito tributario.
Que el concurso en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias o la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas por el mismo.
Que, corresponde señalar que los créditos del fisco que aquí nos ocupan, nacieron como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por la importadora al documentar la importación temporaria, y ello se produjo al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería –momento imponible-, fecha a partir de la cual, el servicio aduanero quedó habilitado para determinar la existencia o no de la infracción al régimen de importación temporaria. Acorde con ello, recién tramitado el sumario correspondiente, y, una vez recaída condena firme en el mismo, la misma podrá ejecutarse.
Que, en efecto, la carga procesal de la Aduana de presentarse a verificar su crédito, recién nace cuando la pena de multa impuesta por la infracción ha quedado firme y, en consecuencia, su monto también determinado. Cabe señalar que no se trata sólo de la falta de determinación del crédito para su verificación sino, además y fundamentalmente, porque es necesario determinar mediante el procedimiento correspondiente, la existencia de la infracción y que la misma se encuentre firme.
Que el Código Aduanero regula el procedimiento para la investigación y juzgamiento de las infracciones, así como la forma de extinción de las obligaciones que nacen de la misma, con exclusión de otras normas de fondo, por lo que su procedimiento no puede verse afectado por lo dispuesto en la ley 24.522, que no posee fuero de atracción en esta materia. Tratándose de normas de igual jerarquía, dictadas por el Congreso de la Nación en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional, ante un conflicto normativo debe aplicarse el texto de la norma que regula específicamente el tema (“lex specialis”).
Que la especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó que respecto a la determinación tributaria, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A., del 30-9-86; “Casa Marroquín S.R.L” del 31-3-87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (“Gregorio C. Cosimatti”, sentencia del 9-4-87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Que en virtud de lo expuesto, puede afirmarse que no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor -en el caso la Dirección General de Aduanas-, la obligación de verificar su crédito en la quiebra o concurso del importador, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma garante o Aseguradora.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el agravio de falta de legitimación concursal opuesto por la aquí actora VII.- Que, seguidamente corresponde tratar la nulidad del auto de apertura de sumario y la prescripción tributaria opuesta por la actora.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, el auto de apertura del sumario cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al referido auto, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería y se formuló la liquidación de los tributos. Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VIII. Que, ello así, corresponde analizar la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos. Que, en lo que aquí interesa, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...” Que, en el caso, los vencimientos de los despachos de importación temporaria 06 073IT14 000513G, 06 073IT14 002873X y 06 073IT14 002518 E, aquí involucrados en relación a la actora, operaron los días 27/2/2008, 26/4/2008 y el 18/4/2007, respectivamente; por lo que el cómputo de la prescripción tributaria se inició para las destinaciones 06 073IT14 000513G, 06 073IT14 002873X el 1/1/09 y para la destinación 06 073IT14 002518 E el 1/1/08, y operaban, de no mediar causales suspensivas de su curso el 31-12-13 y 31-12-12, respectivamente. Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 28/09/2011 -ver fs. 187 de las actuaciones administrativas-, se suspende el cómputo de prescripción.
Que, en lo que aquí interesa, hasta dicha fecha transcurrieron para las destinaciones 06 073IT14 000513G y 06 073IT14 002873X, 2 años, 8 meses y 27 días; restando para que opere la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos: 2 años y 3 meses y para la destinación 06 073IT14 002518 E, 3 años 8 meses y 27 días, restando para que opere: un año y 3 meses.
Que, la Resolución 004612 aquí apelada, se dictó el 26-9-16.
Que, atento lo establecido en el ya referido art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario -en el caso 28-9-11 “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:”. Que si bien el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” -el resaltado me pertenece-.
Que, teniendo en cuenta que la Resolución 004612, se dictó el 26-9-16, computando los días hábiles para notificar la misma, el plazo de prescripción se inició el 3/10/16 Entonces, computándose el año y tres meses que restaban para que opere la prescripción, respecto a la DIT 06 073IT14 002518 E , dicho plazo se cumplió el 3-01-17 y, computándose los dos años y tres meses que restaban para que opere la prescripción respecto de los DIT 06 073IT14 000513G y 06 073IT14 002873X, dicho plazo se cumplió el 3-01-19 sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, ningún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, la aludida notificación se efectuó recién en fecha 13-3-2020, conforme luce constancia de F4 en los presentes actuados, es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo, por lo que tampoco pudo tener el efecto interruptivo previsto por la norma.
En efecto, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, si bien es claro que no surge -como ya se ha mencionado- plazo alguno en el CA que imponga al Fisco el deber de notificar los actos dictados en cierto plazo, es importante considerar que dicha notificación debe ser inmediata. Lejos de eso, como se advierte del simple cómputo de plazos, transcurrieron más de 4 años desde el dictado de la resolución apelada dictada el 26-9-16 hasta su notificación a la actora en fecha 13-03-2020, lo que devela una inactividad por parte de la administración que perjudica e incide negativamente sobre los derechos del administrado y retrasa la posibilidad de que ejerza sus defensas debidamente.
Que el derecho no se trata de compartimentos estancos y el derecho administrativo nutre al CA de principios propios que imponen -desde ya- el deber de que el procedimiento aduanero se desarrolle en debida forma, partiendo de la juridicidad, la tutela administrativa efectiva, la buena fe y la confianza legítima, entre muchos otros.
Que procede tener presente, como explica Perrino con cita de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández: “El procedimiento administrativo no ha sido ciertamente concebido por el legislador como una carrera de obstáculos cuya superación sea requisito necesario para la adopción de la resolución final, sino como un cauce ordenado capaz de garantizar la legalidad y el acierto de aquélla dentro del más absoluto respeto de los derechos de los particulares”. (Perrino, Pablo E., La garantía constitucional de la defensa en el procedimiento administrativo, R LALEY AR/DOC/8399/2012).
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos.
IX. Que, por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante las operaciones N° 06 073IT14 000513G, 06 073IT14 002873X y 06 073IT14 002518 E, en la Actuación 12073- 1856-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
Adhiero al voto del Dr. Segura El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante las operaciones N° 06 073IT14 000513G, 06 073IT14 002873X y 06 073IT14 002518 E, en la Actuación 12073-1856-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo Adrián Garbarino y Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 17ª Nominación). Date: 2025.11.07 18:35:37 ART Date: 2025.11.07 21:08:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.10 09:52:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.10 09:53:44 -03:00
Fin de la sentencia