Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37754-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios formulados por Paravant S.A. y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas (artículo 68 del C.P.C.C.N.);
2Ordenar la remisión de las actuaciones a la Dirección General Impositiva para que -por quien corresponda- se le otorgue el trámite pertinente y
3No librar certificado de deuda en concepto de tasa de justicia, más multa e intereses.
49.097/2013 ///nos Aires, 24 de junio de 2014.-
VISTAS estas actuaciones caratuladas: “Paravant S.A. (T.F. 37.754-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por nota externa Nº 11.310/2013, el Jefe interino de la Agencia Sede Córdoba Nº 1 de la Dirección Regional Córdoba de la A.F.I.P., notificó a la firma Paravant S.A. que había caducado el plan de facilidades de pago que se le fue concedido para regularizar su situación fiscal y, en consecuencia, lo intimó a ingresar la suma de $995.627,67 con más los accesorios correspondientes, sin perjuicio de las multas derivadas de la aplicación de la resolución general Nº 1.566 (fs. 19).
II. Disconforme con lo resuelto, Paravant S.A. interpuso el recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación contemplado en el inciso b) del artículo 76 de la ley 11.683 (fs. 26/36).
Por medio de dicha presentación, además de cuestionar el decaimiento del plago de pago acordado, solicitó que se le concediera el beneficio de litigar sin gastos.
III. La Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró de oficio su incompetencia para entender en autos, rechazó el beneficio de litigar sin gastos, intimó a la contribuyente a ingresar la suma de $ 12.617,74 en concepto de tasa de actuación (monto que se encontraba reducido a un tercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la ley 25.964), y ordenó que se remitieran las actuaciones a la A.F.I.P.-D.G.I. a fin de que se le diera el curso correspondiente.
Para así decidir, destacó que la caducidad de un plan de facilidades de pago constituye una decisión del organismo recaudador que no se encuentra contemplada en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 159 y 165 de la ley 11.683, como habilitantes de su competencia.
Al efecto, recordó que se trata de una especie dentro del género “medios de extinción” de las obligaciones tributarias y que no debía confundirse el instituto de la caducidad con una sanción, ya que no es sino la consecuencia 49.097/2013 adversa para quien no cumple con un imperativo establecido en su propio interés.
En lo que respecta al beneficio de litigar sin gastos, destacó que los elementos colectados en autos no resultaban conducentes para demostrar en forma fehaciente el estado económico de la firma Paravant S.A. que permitieran conceder la exención requerida.
En este aspecto, remarcó que no fueron arrimadas pruebas que permitieran suponer que se encontrara impedida de acceder a un crédito a fin de procurar el importe debido en concepto de tasa de actuación ni de que pesaran sobre ella embargos o inhibición alguna.
IV. La contribuyente recurrió la decisión adoptada (fs. 59), expresando a fs. 60/67 los motivos por los cuales consideraba que debía ser dejada sin efecto.
Se agravió en relación a la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación, ya que la caducidad de un plan de facilidades de pago, en la práctica, opera como una sanción encubierta en tanto trae aparejadas consecuencias mucho más gravosas para el contribuyente que la aplicación de una sanción formal.
Asimismo, se quejó respecto de la denegatoria del beneficio de litigar sin gastos, por cuanto los resultados de su último balance aprobado y el informe que realizara un contador público respecto del saldo líquido correspondiente al último ejercicio comercial, denotaban su imposibilidad de hacer frente al pago de la tasa por actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, por lo que debía otorgársele la franquicia peticionada.
Por otro lado, destacó que la norma prevé la determinación del monto a ingresar por aplicación automática y mecánica de una alícuota del 1,5% (sic) sobre la pretensión fiscal, que es unilateralmente determinada por la A.F.I.P. en forma manifiestamente inconstitucional por contrariar pactos internacionales suscriptos por el Estado Argentino. En consecuencia, solicitó que se la eximiera de su pago ó, en su defecto, se dispusiera su reducción proporcional a límites razonables.
V. Por cuestiones de orden lógico, corresponde adentrarse -en primer término- en el examen de la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en autos.
49.097/2013 A tal efecto, conviene recordar que esta Sala considera que la caducidad de los diferimientos impositivos concedidos no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en los artículos 159 y 165 de la ley 11.683 para habilitar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación (conf. esta Sala, in re: “Tecno Industrial JD S.A. (T.F. 36.810-I) c/D.G.I.”, del 11/7/2013 y en autos: “Elisa Mirta Rebati y Norberto González S.H. (T.F. 34.801-I) c/D.G.I.”, del 19/4/2012).
Es que la resolución impugnada no reviste el carácter de acto determinativo de la obligación tributaria y, por ende, no resulta susceptible de ser apelado por ante el referido organismo administrativo con facultades jurisdiccionales, pues el Fisco Nacional se limitó a anular los beneficios de los diferimientos, sin acudir a dicho procedimiento que debe sustanciarse únicamente cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada o la Dirección General Impositiva impugna la presentada (conf. artículos 16 y siguientes de la ley 11.683), lo que no aconteció en estas actuaciones. Por otra parte, tampoco puede sostenerse que se trate de una sanción que encuadre en el inciso b) del artículo 159 de la ley 11.683, pues no es más que la consecuencia necesaria del incumplimiento del contribuyente a las condiciones establecidas en el otorgamiento del beneficio.
En este sentido, se ha dicho que el Tribunal Fiscal de la Nación resulta incompetente para entender en una causa en lo que se discute el decaimiento de un régimen de facilidades de pago en tanto constituye una decisión del organismo recaudador que no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados como habilitantes de su competencia. Las leyes de moratoria son una especie del género medios de extinción de las obligaciones tributarias, materia ajena a su conocimiento y no puede confundirse el instituto de la caducidad con una sanción, dado que aquélla es la consecuencia adversa para quien no cumple con un imperativo establecido en su propio interés (conf. esta Sala en autos: “Zona de Comunicación S.R.L. (T.F. 35.978-I) c/D.G.I.”, del 27 de febrero del año en curso).
En función de lo expuesto, corresponde desestimar los agravios formulados al punto por la recurrente y confirmar la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en autos, correspondiendo -tal como acertadamente se ordenara en la resolución cuestionada- remitir las actuaciones labradas a la A.F.I.P. a fin de que se le otorgue el curso correspondiente al planteo formulado.
49.097/2013 VI.- En lo que respecta a la denegación del beneficio de litigar sin gastos, cuadra recordar que conforme lo previsto por el artículo 78 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se sustenta en las garantías constitucionales de la defensa en juicio e igualdad ante la ley, y tiene por finalidad garantizar el acceso a la jurisdicción.
Se trata de un instituto restrictivo y excepcional, otorgado sólo a quienes demuestren fehacientemente la falta de recursos económicos -y a la imposibilidad de obtenerlos- para afrontar el pago de los gastos causídicos. Como surge del inciso segundo del artículo del código de rito, recae en quien lo solicita, la carga procesal de aportar los elementos necesarios y conducentes, tendientes a demostrar y acreditar de modo convincente los extremos legales que justifican su otorgamiento.
Su concesión, queda librada a la prudente apreciación judicial, siempre que la prueba aportada resulte suficiente para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (conf. C.S.J.N., en Fallos: 311:1.374).
No debe olvidarse que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio.
Por aplicación de los lineamientos esbozados, este Tribunal considera que las probanzas obrantes en autos no resultan idóneas y suficientes para apreciar la real y actual capacidad económica de la actora, y crear, a la luz de la sana crítica -artículo 386 del C.P.C.C.N.- la convicción plena respecto del cumplimiento de los requisitos que justifican y habilitan el otorgamiento del beneficio pretendido.
En efecto, la peticionante reiteró que su falta de “liquidez financiera” (sic) para abonar la tasa de actuación (lo que quiso probar por medio del último balance contable aprobado y de un informe de un contador público; ver fs. 6/14), tornaba procedente la franquicia requerida. Sin embargo, a entender de esta Sala, ello no resulta suficiente a los fines pretendidos, ya que toda sociedad comercial debe contar, para lograr el objeto para el cual se formó, con una infraestructura básica, acorde con el giro mercantil dirigido a la producción o intercambio de bienes y servicios. Esta circunstancia distingue a la persona de existencia ideal del común de los litigantes pues, al contar con una estructura dirigida a obtener beneficios lucrativos, la imposibilidad de obtener 49.097/2013 recursos para afrontar demandas vinculadas con sus relaciones comerciales puede constituir, eventualmente, imposibilidad de consecución del objeto para el cual se formó, pero nunca verdadera carencia de medios o imposibilidad de obtenerlos (conf. esta Sala, en autos: “Coordinación Médica S.A. c/E.N. -ANSSAL- Licitación 12/96 s/beneficio de litigar sin gastos”, del 1/12/2009 y su cita).
En estos términos es que no resulta manifiesto -a la luz de las pruebas aportadas-, que la empresa no disponga de los medios o no esté en condiciones de obtenerlos para hacer frente a los gastos que pudiera irrogar la causa.
No debe perderse de vista que la peticionante tenía la carga, al fundar su recurso, de aportar nuevos elementos de prueba con entidad tal para desvirtuar las consideraciones que la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación expuso para denegar la franquicia solicitada; actividad que no fue siquiera mínimamente desplegada.
Así las cosas, corresponde confirmar la denegación del beneficio de litigar sin gastos solicitado.
VII. Finalmente, en lo que hace a la alegada inconstitucionalidad del monto a ingresar en concepto de tasa de actuación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, cabe destacar que una declaración de tal índole constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como la última ratio del ordenamiento jurídico (C.S.J.N. en Fallos: 302:1149, 303:241, 319:3.148; 321:441; 322:1.349, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados (C.S.J.N., en Fallos: 315:924) y la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad es inconciliable (conf. argumento expuesto por la C.S.J.N., en Fallos: 322:842 y 919).
Dicho planteo debe contar con un sólido respaldo argumental y probatorio, lo que no acontece en el sub examine.
En efecto, el recurrente se limitó a tildar de inconstitucional la tasa de actuación, pero no brindó un acabado sustento argumental a su tesitura, todo lo cual, sella la suerte de dicha petición.
49.097/2013 A lo dicho, cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que:
-si la tasa es moderada en su importe y no implica una traba real para que el justiciable reciba en plenitud y eficacia el servicio estatal de administración judiciaria, no cabe tacharla de inconstitucional, máxime cuando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece un proceso -beneficio de litigar sin gastos- que exime del pago de la misma a aquellos litigantes que carezcan de recursos económicos que les permitan solventarla (conf. esta Sala, in re: “Alcalis de la Patagonia S.A.I.C. (T.F. 33.578-I) Inc. Tasa c/D.G.I.”, del 25/10/2011); franquicia que fue solicitada y denegada por falta de acabada demostración de los extremos que la tornan procedente.
-se ha considerado equitativo y aceptable que para la fijación de la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo con relación a cada contribuyente, sino también su capacidad contributiva; y así cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de este modo el costo total del servicio público (conf. en este sentido C.S.J.N., en Fallos: 234:663; doctrina reiterada en Fallos: 277:218 y 287:184).
-no es censurable que para la determinación de la tasa judicial se tenga en cuenta la capacidad tributaria del beneficiario del servicio, la que se presume por el monto del pleito o interés económico jurídicamente comprometido; correspondiendo desestimar la tacha de invalidez del gravamen como contrario a los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional pues la garantía de la propiedad no es óbice a la aplicación de gravamen alguno en tanto no sea confiscatorio, y no puede tampoco serlo para la tasa en cuestión que siempre en los pleitos de contenido patrimonial, pesará sobre alguien que tiende a defender lo que es suyo (conf. C.S.J.N., en autos T.121, L. XXIV “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur, Provincia de c/Estado Nacional s/nulidad de decreto -incidente de tasa de justicia-”, del 7/7/1998). Por otra parte, cabe señalar que el pago de la gabela no viola el principio constitucional de razonabilidad pues, tal como se ha sostenido respecto de la tasa judicial, en tanto no resulte confiscatoria, es constitucionalmente válida, ya que no afecta el principio de derecho de defensa en juicio, ni la garantía de la propiedad privada (conf. C.S.J.N., en Fallos: 262:497 y 697; 270:233, esta Sala en autos: “Green Protein Argentina S.A. (T.F. 34.387-I) -Incidente c/D.G.I.”, del 4/12/2012 y sus citas).
49.097/2013 Y, en este sentido, destáquese que la recurrente no ha demostrado que el pago de la tasa de actuación importe una disminución sustancial de su patrimonio (es decir, que tenga efectos confiscatorios), por manera que debe estarse por su validez.
En consecuencia, corresponde desestimar el planteo efectuado en relación a la tasa de actuación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
IX. Por lo demás, cabe aclarar que en tanto la apelación interpuesta por Paravant S.A. -a raíz de la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en autos- involucra un monto equiparable al de los procesos de monto indeterminado (ver artículo 5º de la ley 23.898) y no alcanza el mínimo establecido por Acordada C.S.J.N. Nº 40/2004, por lo que no corresponde librar en autos certificado de deuda por tales conceptos.
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) desestimar los agravios formulados por Paravant S.A. y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas (artículo 68 del C.P.C.C.N.); 2º) ordenar la remisión de las actuaciones a la Dirección General Impositiva para que -por quien corresponda- se le otorgue el trámite pertinente y 3º) no librar certificado de deuda en concepto de tasa de justicia, más multa e intereses.
Se deja constancia que el doctor José Luis Lopez Castiñeira no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia