Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Mercedes · Causa 105997
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PARDO S.A. C/ ZALAZAR EMILIANO S/ COBRO EJECUTIVO
Expte. Nº: 105997
En la ciudad de Mercedes, en la fecha de la firma digital. -
I. Que la presente causa tiene por objeto el cobro ejecutivo, instrumentado en dos pagarés, que PARDO S.A. persigue contra el Sr. EMILIANO ZALAZAR (D.N.I. N° 45.570.652). El vínculo que une a las partes encuadra en una relación de consumo: la actora comercializa bienes y servicios en forma profesional (art. 2° de la ley 24.240), el demandado es una persona humana que los adquirió como destinatario final (art. 1° de la ley 24.240), y los títulos fueron librados en garantía de la compra en cuotas de un seguro de vida y de un teléfono celular, operación de las comprendidas en el art. 36 de la citada ley (arts. 3° de la ley 24.240, 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación). Así lo reconoce la propia ejecutante, que en su escrito de demanda afirmó que los documentos fueron realizados "en total cumplimiento del Art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240" y fundó su derecho en dicho cuerpo legal.-
II. Que por providencia de fecha 10/11/2026 08:16:42 se corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal a fin de que se expidiera acerca de la competencia del Infrascripto (arts. 52 de la ley 24.240 y 27 de la ley 13.133). El Ministerio Público dictaminó el día 10/11/2026 11:06:05 que tratándose de una relación de consumo, resulta aplicable el art. 36 in fine de la ley 24.240. Esa norma asigna competencia en las acciones iniciadas por el proveedor, al tribunal del domicilio real del consumidor, y declara nulo cualquier pacto en contrario.-
III. Que si bien, como regla general, la competencia es improrrogable salvo e en asuntos patrimoniales (arts. 1 y 2 del C.P.C.C.), la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sentó su doctrina legal en el fallo "Cuevas" (causa C 109.305 del 1-IX-2010). Allí estableció que, cuando se trata de procesos que involucran una relación de consumo, los jueces se hallan habilitados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación, mediante elementos serios y adecuadamente justificados, del domicilio real del consumidor o usuario . El objetivo es arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva que el ordenamiento dispensa a este grupo vulnerable.-
En línea con dicha doctrina, el 27/05/2020 el Máximo Tribunal Provincial resolvió que la inhibición de oficio del magistrado, fundada en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor y basada en la existencia de una típica relación de consumo, es suficiente para determinar su falta de competencia cuando se apoya en un informe del Registro Nacional de las Personas que menciona el domicilio de las demandadas fuera de su jurisdicción (conf. SCBA LP Rc 123825 I 27/05/2020, carátula: "Casavi S.A. c/ Lucena, Ana Sandra y otro/a s/ Cobro ejecutivo", en JUBA B4500085).-
En idéntico sentido se ha expedido la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación Departamental en la causa "Aguas Bonaerenses S.A. C/ Gnavi Andrea S/ Cobro Ejecutivo", Exp. Nº: SIII-11638 del 11/08/2026.-
IV. Que en autos el domicilio real del ejecutado se encuentra acreditado mediante elementos de tal naturaleza.-
En primer lugar, ninguno de los domicilios atribuidos al demandado dentro de esta competencia pudo ser corroborado. En el denunciado al promover la demanda (calle Alsina Oeste N° 961 de San Andrés de Giles) se informó el 19/09/2025 que el requerido no era conocido ni vivía allí; en el de calle Alsina Oeste esquina 509, su progenitora manifestó el 14/11/2025 que su hijo no vivía en ese lugar; en el de calle Etcheverry N° 1 esquina Francia, los vecinos manifestaron el 22/05/2026 no conocerlo; y en el de calle Ituzaingó N° 1321 se constató el 14/07/2026 la inexistencia de chapa con esa numeración, y los vecinos tampoco lo conocían. A ello se suma que la empleadora denunciada en la demanda informó que el ejecutado había dejado de pertenecer a la empresa el 08/05/2025, es decir, con anterioridad a la promoción de la acción.-
En segundo lugar, la consulta al RENAPER efectuada el 22/10/2026 e incorporada por providencia del 23/10/2026 (art. 116 del C.P.C.C.) registra el domicilio del ejecutado en Av. René Favaloro S 273, Barrio El Divisadero, de la localidad de Villa Yacanto, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba . Ese dato es reconocido por la propia ejecutante, que en su escrito del 03/11/2026 lo invoca como "nuevo domicilio del demandado" y solicita que se libre a esa dirección el mandamiento de intimación de pago y embargo. Se trata, precisamente, del elemento serio y adecuadamente justificado que exige la doctrina legal antes reseñada.-
Finalmente, la falta de notificación del demandado no es obstáculo para la inhibición oficiosa. En el citado precedente "Casavi", la Suprema Corte convalidó la declaración de incompetencia apoyada en el informe del Registro Nacional de las Personas, dictada tras el resultado negativo de los mandamientos de intimación de pago, es decir, sin que las ejecutadas hubieran sido notificadas. Supeditar la decisión a la notificación del demandado importaría, además, que un juez incompetente ordene y haga diligenciar actos de intimación y eventualmente de embargo en extraña jurisdicción. Ello consumaría la sustracción del consumidor de su juez natural, que el art. 36 in fine de la ley 24.240 fulmina con nulidad.-
V. Que, en consecuencia, el domicilio real del demandado se encuentra en la Provincia de Córdoba y corresponde, por ende, a la competencia de los tribunales ordinarios de dicha provincia. Esta circunstancia impone declarar de oficio la incompetencia del Infrascripto y, como consecuencia, proceder al archivo de las actuaciones, toda vez que el tribunal competente no pertenece a la jurisdicción provincial (arg. art. 352 inc. 1° del C.P.C.C.).-
VI. Que lo decidido torna abstracto el tratamiento del pedido de libramiento de mandamiento al domicilio de la Provincia de Córdoba mediante el sistema Bus Federal formulado el 03/11/2026 y diferido por la providencia del 10/11/2026.-
Por las consideraciones expuestas, RESUELVO:
II. Declarar abstractos los pedidos de libramiento de mandamiento formulados por la parte actora con fechas 19/10/2026 (punto B) y 03/11/2026. -
III. Firme la presente, dar de baja las actuaciones de los libros de Secretaría y proceder a su archivo, con conocimiento de la Receptoría General de Expedientes (art. 58 inc. "b" del Ac. 3397/2008 de la S.C.B.A.).-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE de manera automatizada (art. 10° del Anexo I del Ac. 4013/2021 de la S.C.B.A., texto según Ac. 4039/2021). ARCHÍVESE.-
Firmas
Funcionario firmante: ENRIQUEZ Leandro Julio - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 335-2026
Fin de la sentencia