Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-23334200-APN-SGAI#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2Intimar al incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 673.234,66 (pesos seiscientos setenta y tres mil doscientos treinta y cuatro con 66/100) en concepto de tasa de actuación más los intereses resarcitorios respectivos, correspondiente al EX-2023-11840840- -APN-SGAI#TFN, todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda en los términos del art. 7° de la Ley Nº 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
3Intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 511.247,67 (pesos quinientos once mil doscientos cuarenta y siete con 67/100) en concepto de tasa de actuación del EX-2023-11846142- -APN- TFN#MEC, con más los intereses resarcitorios, todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda en los términos del art. 7° de la Ley Nº 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
4Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 133.781 (Pesos ciento treinta y tres mil setecientos ochenta y uno) equivalente a 8,96 (ocho con 96/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- por el patrocinio letrado y de $ 53,513 (Pesos cincuenta y tres mil quinientos trece) equivalente a 3,58 (tres con 58/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- por la …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-90114148-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 3 de Agosto de 2023 gastos"
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el expediente Nº EX-2023- 23334200- -APN-SGAI#MEC caratulado “PARK SE HOON s/ beneficio de litigar sin gastos”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que mediante IF-2023-23335656-APN-DTD#JGM y RE-2023-11845792-APN-SGAI#TFN (obrante en el EX-2023-
11846142- -APN-SGAI#TFN) se presenta PARK SE HOON representado por Marcos Gabriel Gutman y solicita que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos que acuerda el artículo 1° de la Ley N° 25.964, que regula la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, con aplicación de las normas contenidas en los arts. 78 y siguientes del C.P.C.C.N. Funda su solicitud explicando que no tiene fortuna ni dinero suficiente para afrontar los gastos e importa una situación de impotencia patrimonial, circunstancia que expone la carencia de recursos haciéndola merecedora del beneficio de litigar sin gastos.
Ofrece prueba informativa, librándose oficio al Registro de Propiedad del Inmueble de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que informe si la actora tiene inmuebles a su nombre y los gravámenes que pesan sobre los mismos, y pericial contable, a fin de reportar si los libros y demás papeles de comercio están llevados en legal forma, mencionando su actividad, la evolución de los ingresos en el último año, la evolución financiera en los precedentes tres años, indicando si ha disminuido o aumentado su patrimonio en los últimos tres períodos, si posee cuentas bancarias y bienes; y todo otro dato de interés para la causa. Hace reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2023-27352717-APN-DTD#JGM toma intervención el Fisco Nacional, solicitando el rechazo del beneficio de litigar sin gastos. Niega que la recurrente no pueda afrontar los gastos y destaca que su argumento es pobre e insuficiente ya que no surge una efectiva imposibilidad de hacerse cargo de los gastos del juicio. Explica que para que el beneficio prospere debe existir un estado de absoluta incapacidad de pago e inhabilidad de obtener los recursos necesarios para soportar las erogaciones propias de un litigio.
Por último, se opone a la prueba ofrecida y solicita se rechace el beneficio, con costas.
III. Que mediante PV-2023-53842362-APN-VOCXII#TFN de fecha 11 de mayo de 2023, con carácter previo a todo evento, se le intimó a la incidentista para que acompañe las dos últimas declaraciones juradas vencidas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a los Bienes Personales (2020 y 2021) y sus papeles de trabajo, las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado de los últimos 24 meses y un detalle mensual de los Ingresos Brutos desde el 01/2022 hasta la fecha. El día 23 de mayo de 2023 solicitó prórroga para cumplir con el requerimiento y finalmente a través del IF-2023-64871524-APN-DTD#JGM con fecha 6 de junio de 2023, la incidentista adjuntó las declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales por los periodos fiscales 2020 y 2021, del Impuesto a las Ganancias por los periodos 2020 y 2021, y del Impuesto al Valor Agregado por los periodos 10/17, 11/17 y 06/20 a 12/20. Con fecha 15 de junio de 2023, se lo intimó para que acompañara la documentación faltante (DDJJ correspondientes al Impuesto al Valor Agregado de los últimos 24 meses y el detalle mensual de los Ingresos Brutos desde el 01/2022 hasta la fecha) y, con fecha 27 de junio manifestó haber acompañado toda la documentación que se encuentra en su poder, no contando con otras constancias o registraciones, aclarando que actualmente es representante de una empresa y no presenta ingresos brutos.
IV. Que mediante PV-2023-81796793-APN-VOCXII#TFN no se hace lugar a la prueba ofrecida por resultar suficiente la documentación acompañada por la incidentista, la existente en los expedientes principales y sus antecedentes administrativos para el análisis del beneficio solicitado.
V. Que a través de la PV-2023-87865540-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”.
VI. Que la ley N° 25.964 en su art. 9° establece la exención del pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos”, instituto que se ve plasmado en el art. 78 del C.P.C.C.N., donde se ampara a quienes “carecieren de recursos” esto es, aquellos que se encuentran en una situación de pobreza tal que de no poder afrontar el pago de la tasa, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que para analizar el sustento del citado instituto, debemos remitirnos a los dos preceptos de raigambre constitucional como son; la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional), como pilares que vienen a asegurar la prestación de los servicios de justicia que se ajusta a la situación económica de quienes no pueden afrontar un litigio.
En este orden de ideas, en tanto constituye un privilegio de carácter excepcional, su concesión ha de valorarse en forma restrictiva, lo que determina que la ausencia de recursos económicos que imposibiliten el pago de los costos causídicos deba ser demostrada en forma fehaciente, carga que le incumbe al peticionante (conf. art. 79, ap. 2°. C.P.C.C.N.) Que asimismo corresponde aclarar que la concesión de este beneficio “...queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas” ;(CSJN, “Siderman José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios”; ED - T. 132 - pág 142), por lo que es el Tribunal quien debe efectuar en cada situación concreta, un examen particularizado de las pruebas aportadas a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión.
VII. Que de la documentación acompañada por el incidentista, la existente en los expedientes principales y sus antecedentes administrativos surgen datos que tienen directa incidencia en la evaluación que corresponde efectuar para decidir sobre la procedencia del beneficio solicitado.
De las dos declaraciones juradas por el Impuesto a los Bienes personales aportadas a requerimiento de esta Vocalía, surge que no posee bienes. Por otra parte, de la documentación adjuntada con relación al Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2020 surge una ganancia no imponible de $ 123.861,17, no obstante manifiesta una ganancia neta de $ 4.157.089,10 por el periodo fiscal 2021. Por último, en las declaraciones juradas (no solicitadas) por el Impuesto al Valor Agregado por los períodos octubre y noviembre 2017 luce un débito fiscal de $ 325.212,77 y $ 285.532,11, respectivamente, lo que equivale a un total aproximado de ventas de $ 2.908.308,95., más en la documentación relacionada a los períodos 06/20 a 12/20 no surgen débitos ni créditos fiscales. Como se puede apreciar estos últimos datos son aislados y sin concatenación alguna.
En primer lugar cabe resaltar que se solicitaron las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado del comercio correspondiente a los últimos 24 meses y el detalle de los ingresos brutos desde el mes de enero de 2022 y ninguna de esa información fue proporcionada, señalando que lo aportado es toda la documental que se encuentra en su poder, en una clara ausencia de evidencias sobre la verdadera situación económica y financiera. La información requerida hubiera permitido conocer el flujo de ingresos y compras/gastos del negocio. Al mismo tiempo y sobre el particular resulta llamativo que luego de expresar que no cuenta con otras constancias o registraciones, solicite una pericia contable a fin de informar si los libros y demás papeles de comercio están llevados en legal forma, y sobre la evolución de los ingresos del último año y el comportamiento financiero de los últimos tres años. El resultado de la propuesta indica una clara intención dilatoria.
Respecto de la prueba informativa que propone para que el Registro de la Propiedad Inmueble de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires indique sobre la tenencia de inmuebles a su nombre, resulta cuanto menos sumamente parcial e insuficiente, pues aún una respuesta negativa por parte de los organismos involucrados, no resultaría indicadora de la ausencia de este tipo de bienes, ya que en el país existen 22 jurisdicciones provinciales más, sin perjuicio de la potencial presencia de ese tipo de bienes en el exterior.
En lo que incumbe a la evolución financiera, la falta de registros y documentación que esgrime en el IF-2023-64871473- APN-DTD#JGM, lleva a una base débil para producir un informe como el solicitado, atendiendo a que la situación financiera no se agota con la existencia de bienes registrables.
Tampoco resulta aceptable el argumento que cita en el IF-2023-73229420-APN-DTD#JGM, donde aclara que actualmente el Sr. Park Se Hoon es representante de una empresa y no presenta ingresos brutos. Dado que la explicación se agota allí, queda claro que se trata de un simple relato y constituye una respuesta dogmática sin evidencia alguna, resultando a su vez contradictoria con la pericial contable solicitada sobre los demás “papeles del comercio”. Asimismo, manifiesta interés por probar la existencia de cuentas bancarias a su nombre cuando, mediante IF-2023- 41034028-APN-DTD#JGM obran los antecedentes administrativos en los que se demuestra la existencia de una cuenta en el Banco Patagonia y según las declaraciones juradas de Bienes Personales no obran saldos.
Que con la información administrativa disponible correspondiente a los expedientes principales (libros de IVA VENTAS) se ha podido verificar que la empresa en los períodos fiscalizados y motivo de recursos ante este Tribunal, ha facturado una suma que supera los $ 40.000.000 (período enero 2016 a septiembre 2017).
Con la información parcial puesta a disposición de esta Vocalía Instructora, se concluye que el incidentista no ha demostrado de manera alguna su situación de pobreza que impida abonar las tasas de actuación que ascienden a la suma de $ 940.035,51, por lo que cabe rechazar la solicitud de litigar sin gastos.
Ello así, corresponde intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $1.184.482,33 (pesos un millón ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos con 33/100) en concepto de tasa de actuación e intereses, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal (conf. arts. 2°, 7° y concordantes de la ley Nº 25.964). Las costas se imponen a la incidentista. La Dra. Gómez dijo:
Que a tenor de las constancias de autos, adhiero a la solución propiciada por el Dr. Martín; en efecto, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas, e intimar la tasa de actuación debida bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda (conf. ley N° 25.964).
La Dra. O’Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2. Intimar al incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 673.234,66 (pesos seiscientos setenta y tres mil doscientos treinta y cuatro con 66/100) en concepto de tasa de actuación más los intereses resarcitorios respectivos, correspondiente al EX-2023-11840840- -APN-SGAI#TFN, todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda en los términos del art. 7° de la Ley Nº 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
3. Intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 511.247,67 (pesos quinientos once mil doscientos cuarenta y siete con 67/100) en concepto de tasa de actuación del EX-2023-11846142- -APN- TFN#MEC, con más los intereses resarcitorios, todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda en los términos del art. 7° de la Ley Nº 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 133.781 (Pesos ciento treinta y tres mil setecientos ochenta y uno) equivalente a 8,96 (ocho con 96/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- por el patrocinio letrado y de $ 53,513 (Pesos cincuenta y tres mil quinientos trece) equivalente a 3,58 (tres con 58/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 9/2023 (04/04/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2023.08.03 15:58:14 -03:00 Date: 2023.08.03 16:26:30 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.03 19:35:19 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.03 19:35:20 -03:00
Fin de la sentencia