Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-121501
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo aceptar la declinatoria de competencia formulada por la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, y elevar las presentes actuaciones a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva lo que estime que en derecho corresponde (art. 161 inc. 2 de la Const. Prov.). Comuníquese la presente con copia a la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín.
Expte: SI-121501 Juzgado de origen: Juzgado de Familia Nro. 2 - Dptal. Mercedes.-
Juicio: PARRA ELISABET CECILIA C/ INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI S/ AMPARO En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el día de la firma, en Acuerdo telemático continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y LUCAS RICARDO GOMEZ, en virtud de lo dispuesto por el art. 4° del Ac. Extraordinario del 25 de septiembre del 2008 (publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-121501, en los autos: “PARRA ELISABET CECILIA C/ INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI S/ AMPARO”.
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C.
1ª) ¿Corresponde aceptar la declinatoria de competencia formulada por la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín?
2ª) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Lucas Ricardo Gómez.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía dijo:
I. Llegan estos autos a esta Sala con motivo de la declinatoria de competencia para entender en los mismos por parte de la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín. Conferida vista al Ministerio Público (arts, 28 y 29 ley 14.442 y art. 3 de Resol. n° 1578/21 de la S.C.B.A.), el Fiscal de Cámara se expide con fecha 5/03/24.
II. El titular del Tribunal de Familia N° 2 de Mercedes dictó resolución imponiendo al I.O.M.A. y al Fisco de la Provincia de Buenos Aires una multa en favor de la actora.
Contra la misma, y ante la revocatoria con apelación subsidiaria interpuesta, el juez dejó sin efecto la multa contra el Fisco, y concedió en relación y con efecto diferido el recurso interpuesto por I.O.M.A. Conferido el traslado a la actora, contestó y se elevaron las actuaciones a la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín.
Ese tribunal por la resolución de fecha 22/02/24 declina su competencia y remite los autos para seguir entendiendo en el asunto, remitiéndolos a este tribunal a tales fines.
Para así decidir previamente declara la inconstitucionalidad del art. 17 bis de la ley 13.928 (incorporado por la ley 14.192), aclarando que es procedente hacerlo de oficio conforme a la doctrina de la Corte Nacional y de la Suprema Corte Provincial.
Los argumentos sintéticamente son los siguientes:
En primer lugar que la norma referida viola la garantía del juez natural toda vez que el art. 20 de la Const. Prov. establece que la acción de amparo puede interponerse ante cualquier juez o tribunal de primera instancia de la provincia – receptado en el art. 3 de la ley 13.928 -, y que, en consecuencia, el art. 17 bis introducido por la ley 14.192 viola esa garantía. Dice la resolución que de esa forma se desnaturaliza la esencia de la acción de amparo en razón de la cual se justifica la intervención de cualquier juez, independientemente del fuero en que desarrolle su actividad, como ha destacado la Suprema Corte provincial.
Cuestiona los fundamentos de la ley 14.192 – evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público - diciendo que no se advierte por qué la aplicación del principio del juez natural en las instancias recursivas podría derivar de manera razonable en el dictado de sentencias contradictorias.
En segundo lugar dice la resolución que la norma cuestionada afecta el principio de tutela judicial efectiva garantizado por el art. 15 de la Const. Prov. en relación a las demás materias de competencia propia de la misma Constitución. A tal efecto hace un análisis comparativo entre la cantidad de juicios de amparo que ingresaron en los últimos años en las Cámaras Cont. Administrativas en relación a las Cámaras Civiles y Comerciales y a las Cámaras de Apelación en lo Penal y Garantías de la Provincia. Asimismo, dice que la Cámara Contenciosa de San Martín es tribunal de apelación de ocho departamentos judiciales de alta densidad poblacional. En tercer lugar sostiene que el art. 17 bis de la ley 13.928 es contrario al principio de igualdad consagrado en la Const. Nac. y en la Const. Prov. toda vez que la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias no apunta a resguardar al resto de los amparistas no abarcados por la norma.
Finalmente, cita casos similares resueltos por la Corte Nacional, que, a juicio de la Cámara, justifican el temperamento adoptado.
III. El Fiscal de Cámara dictamina que debe rechazarse la declinatoria de competencia. Al efecto sostiene que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico y que sólo debe hacerse por una razón ineludible. Dice que comparte los fundamentos de la ley 14.192 en cuanto a que la norma cuestionada procura evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público, y cita el fallo de la S.C.B.A. dictado en B 72.532 de 2013.
IV. Coincidiendo con el Ministerio Público, esta Sala de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes no acepta la declinatoria de competencia dispuesta por la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín por las razones que a continuación se exponen.
En el conocido caso “Mill de Pereyra” de 2001 (Fallos: 324:3219; La Ley 2001-F-891), que el tribunal invoca, la Corte Nacional se preocupó por destacar que el tratamiento de la inconstitucionalidad de una ley de oficio, no sólo era la última ratio del orden jurídico – conforme doctrina tradicional – sino que debía hacerse con suma prudencia y cuidado, que debía decretarse sólo cuando la invalidez de la norma confrontada con la Constitución fuera manifiesta, inconciliable e indubitable, y que en ningún caso podía tener efectos derogatorios genéricos (“erga omnes”). Es decir, el tribunal judicial debía cuidarse de no arrogarse facultades legislativas.
Estas precisas directivas fueron ratificadas en el fallo “Banco Comercial de Finanzas” de 2004 (Fallos: 327:3117), y en numerosos fallos posteriores. Las mismas pautas han sido seguidas por la Suprema Corte de la Provincia (L 80.156 del 31/03/04; L 97091 S 08/08/2007; P 98540 S 20/02/2008; P 73200 S 15/03/2006, entre otros) (ver: esta sala, causa n° 108.783 del 12/09/06, entre otras).
Pues bien, ese carácter de inconstitucionalidad manifiesta e indubitable no se advierte en relación al art. 17 bis de la ley 13.928. El espíritu y la finalidad del art. 20 de la Const. Prov., al establecer que la acción de amparo puede deducirse ante cualquier juez o tribunal de primera instancia es facilitar el acceso rápido y efectivo a un tribunal para hacer cesar un acto u omisión de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que lesione el ejercicio de derechos constitucionales (recordemos que con la acción se solicitan normalmente medidas cautelares). Al no contemplar la Constitución que la segunda instancia debe ser la cámara del mismo fuero en que se dedujo la acción es de toda lógica interpretar que el constituyente entendió que esa finalidad (en cuanto a la rapidez) se satisfacía con el acceso a la primera instancia.
La garantía del juez natural implica la de órgano judicial designado por la ley antes del hecho de la causa (Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional”, T. I, Ediar. Bs. As., 1986, p. 455). En el caso, la ley (art. 3 ley 13.298, en cumplimiento del art. 20 de la Const. Prov.) establece que el juez o tribunal de primera instancia con competencia territorial en el lugar del hecho, acto u omisión es el juez natural. Pero de ahí no se deriva que el tribunal de apelación ordinaria del fuero respectivo sea el juez natural.
No se viola el art. 20 de la Const. local ni la garantía del juez natural si la ley establece que el tribunal de apelación es uno determinado de acuerdo al órgano emisor del acto u omisión cuestionado. En el caso, el art. 17 bis introducido por la ley 14.192 prescribe: “En las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la provincia, de los municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el derecho administrativo será tribunal de alzada la Cámara Contencioso Administrativa correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción”.
La norma es lógica y razonable. La reforma constitucional de 1994 dejó sin efecto la competencia originaria de la S.C.B.A. en materia contencioso-administrativa y creó un fuero especial en la materia (art. 166). Luego se dictó el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 de 1997) y se creó el fuero (juzgados de primera instancia y cámaras regionales, ley 12.074 de 1998). El legislador entendió, entonces, que era conveniente que en las apelaciones contra las sentencias dictadas en los juicios de amparo contra los actos u omisiones emanados de la provincia, los municipios, entes descentralizados y otras personas regidas por el derecho administrativo entendieran las cámaras especializadas en esa materia. Es decir, no decidió que entendieran en todas las acciones de amparo, sino sólo en las dirigidas contra esos órganos o entes. Quedan excluidos los amparos contra actos de particulares, en los que entienden las cámaras civiles y comerciales. La ratio legis es razonable. Si bien las acciones de amparo tienen una motivación y finalidad distinta que los juicios de conocimiento, la materia está íntimamente emparentada y relacionada. Hasta tal punto es así que muchas veces se desestiman acciones de amparo por entenderse que, no habiendo acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario, debe seguirse la vía del reclamo administrativo previo y eventualmente la acción judicial que el código contencioso administrativo contempla. Es por ello que el legislador entiende que están en mejores condiciones de decidir sobre estas cuestiones las cámaras con conocimientos especializados. Es evidente que a ello se refiere la exposición de motivos de la ley 14.192 cuando dice que la finalidad es evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público.
Dentro de las diversas opciones legislativas posibles para definir la competencia en el juicio de amparo, el legislador ha optado por una competencia amplia para la primera instancia (“…será competente cualquier Juez o Tribunal letrado de primera o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener sus efecto”, art. 3 ley 13.928), lo que resulta congruente con el carácter dinámico que el amparo debe poseer, toda vez que garantiza la tutela del derecho vulnerado eliminando la riesgosa posibilidad de que entre la petición del actor y el consiguiente mandato judicial se interponga el planteamiento de cuestiones de competencia (CSJN, 16-12-59, “Sindicato Obreros del Vestido”, Fallos: 245:435; cit. por Toricelli, Maximiliano, “La competencia en el amparo”, Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, 2014-2 Jurisdicción y competencia 1, p. 375). Pero para la segunda instancia ha optado por una competencia acotada a las Cámaras especializadas.
Queda así aventado el riesgo del dictado de sentencias contradictorias, pues de lo contrario podría suceder que en los casos de ejercicio de funciones administrativas que motivaren el amparo, existieren decisiones de signo contrario entre distintas Cámaras de un mismo Departamento Judicial.
Reiteramos: no existe razón alguna para que la garantía del juez natural de segunda instancia se extienda al tribunal de apelación ordinaria del fuero del juez que previno. Si se siguiera la línea argumentativa del tribunal remitente, el tribunal de apelación de las acciones de amparo tramitadas en los Tribunales de Trabajo debería ser la Suprema Corte, lo cual es imposible dado que no entiende en apelaciones ordinarias y su competencia es taxativa (art. 161 inc. 3 Const. Prov.). Asimismo, en cada uno de los amparos que tramiten ante la Justicia de Paz Letrada se suscitarían cuestiones de competencia entre la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (recordemos que la Justicia de Paz tiene competencia tanto en asuntos civiles como en cuestiones de naturaleza penal).
En cuanto a la garantía de la tutela judicial efectiva (art. 15 Const. Prov.), los argumentos que esgrime el tribunal declinante de la competencia son del orden de la conveniencia, mérito y oportunidad, cuyo análisis, referido a la organización y competencia de los tribunales, corresponde al Poder Legislativo (art. 166 Const. Prov.). En todo caso la Suprema Corte puede proponer en forma de proyectos las reformas que crea convenientes (art. 165 Const. Prov., art. 31 incs. p, q, x ley 5827).
Demás está decir que la comparación estadística del número de causas que ingresan anualmente en cada una de las cámaras de la provincia debe hacerse integralmente. Es decir, considerando también los juicios de conocimiento y diferenciando estos de los juicios de apremio o de los ejecutivos. Asimismo, debe considerarse la naturaleza de la materia de que se trate (v.g. causas de familia, que requieren de una especial dedicación por razones de urgencia y la naturaleza de las cuestiones involucradas). También debe tenerse en cuenta la cantidad de juzgados de primera instancia de los que es tribunal competente la respectiva cámara (v.g.: la Cámara Civil y Comercial de Mercedes es alzada de 33 juzgados - 10 juzgados civiles y comerciales de Mercedes y 4 de Moreno-Gral. Rodríguez, 2 de Familia de Mercedes y 3 de Moreno-Gral..Rodríguez, y 14 Juzgados de Paz - y la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín hasta el momento lo es de 8 juzgados contencioso administrativos - La Matanza, Mercedes, Morón y Trenque Lauquen, 2 de San Martín y 2 de San Isidro -) .
Con respecto a la violación del principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N. y art. 11 Const. Prov.) no se advierte por qué podría generarse. Como ya se dijo, mientras las Cámaras Contencioso Administrativas entienden en amparos contra actos u omisiones de la provincia, los municipios o entes públicos, las Cámaras Civiles y Comerciales lo hacen en amparos contra actos de particulares. La naturaleza de los actos y la normativa aplicable para visualizar si se ha incurrido en un acto u omisión de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta son claramente distintos en un caso y en el otro. Existen circunstancias distintas que justifican el trato diferenciado, conforme a la clásica doctrina de la Corte Nacional. No hay arbitrariedad, discriminación ni ánimo persecutorio en la distinción (Fallos: 295:937; 312:615; 200:428; 312:826; 300:984; 312:1148, entre otros). Por otro lado, también según la doctrina del máximo tribunal nacional, sólo puede alegar la inconstitucionalidad de una norma por reputarla desigualitaria quien padece la supuesta desigualdad, y la garantía de la igualdad sólo está dada a favor de las personas y no viceversa (Bidart Campos, ob. cit., p. 260; C.S.J.N., Fallos: 312:1484; 304:865, entre varios).
En conclusión, esta Sala entiende que el art. 17 bis de la ley 13.298 no es inconstitucional y por lo tanto no hay razones para entender en estas actuaciones.
VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Lucas Ricardo Gómez, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía dijo:
Visto el acuerdo logrado al votarse la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es el de no aceptar la declinatoria de competencia formulada por la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, y elevar las presentes actuaciones a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva lo que estime que en derecho corresponde (art. 161 inc. 2 de la Const. Prov.).
ASI LO VOTO.
El señor juez Dr. Lucas Ricardo Gómez, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto no aceptar la declinatoria formulada por la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín.
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE: No aceptar la declinatoria de competencia formulada por la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, y elevar las presentes actuaciones a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva lo que estime que en derecho corresponde (art. 161 inc. 2 de la Const. Prov.). Comuníquese la presente con copia a la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín.
NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20, Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas, Ac. 4013/2021; Ac. 4023/2021 Y Ac. 4039/21).Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia