Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia de fs. 376/381 y la resolución de fs. 389. Con costas de alzada por ambas apelaciones al recurrente que resulta vencido (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 8904.
Causa 1-58497-2013 - "PARRA, NESTOR JAVIER C/ MENDIZABAL, RAMON OMAR S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) (100)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Nº Reg. ............
Nº Folio ..........
En la Ciudad de Azul, a los 11 días del mes de Febrero de 2014 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Lucrecia Inés Comparato, Ricardo César Bagú y Esteban Louge Emiliozzi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PARRA, NESTOR JAVIER C/ MENDIZABAL, RAMON OMAR S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) (100) ", (Causa Nº 1-58497-2013), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Doctores LOUGE EMILIZZI - BAGU - COMPARATO .-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fs. 376/381?
2da.- ¿Es justa la resolución de fs. 389 en cuanto fue motivo de agravios?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
I.a. El presente proceso es promovido por el Sr. Néstor Javier Parra, quien reclama la indemnización de los daños que afirma haber sufrido a raíz de un accidente de tránsito que -según el relato contenido en la demanda- habría tenido lugar el día 18 de octubre de 2010, aproximadamente a las 17:25 hs., en la intersección de la Avenida Espora con la calle Colombia de la ciudad de Tandil.
Refiere el actor en el escrito de inicio que trabaja como remisero y que al momento del accidente circulaba por la Avenida Espora transportando pasajeros en su vehículo Fiat Palio Dominio CGH 929, cuando al llegar a la intersección con la calle Colombia detuvo su marcha detrás de una camioneta Chery Tiggo dominio IPY 754, que circulaba por la misma avenida delante de él y se detuvo para dar paso a un vehículo que circulaba por calle Colombia, con la intención de doblar también en dicha arteria. Agrega que en esas circunstancias, es decir, cuando ambos vehículos se encontraban detenidos sobre la mano izquierda de la avenida, con luces de giro encendidas, fue embestido desde atrás por una camioneta Chevrolet modelo CC 10703 dominio VDZ 042, de propiedad del Sr. Ramón Omar Mendizábal, lo que a su vez provocó que su automóvil fuera arrastrado hacia delante y embistiera a la camioneta Chery Tiggo, sufriendo de este modo daños en su parte trasera y delantera.
Dirige la acción contra el Sr. Mendizábal y en un escrito posterior (fs. 76/77) solicita la citación en garantía de “Cooperación Mutual Patronal Seguros – Sociedad Mutual de Seguros Generales”. b) A fs. 62/69 contesta demanda el Sr. Mendizábal, quien niega terminantemente que él o su vehículo hayan tenido alguna participación en el accidente.
En sustento de esa negativa explica que el día 18 de octubre de 2010 se encontraba efectuando labores para el Sr. Lucas Santamaría, dueño de la frutería ubicada en la intersección de las calles Alem y Avda. Avellaneda, como lo hacía en forma semanal. Agrega que ese día, entre las 15:30 y las 16:00 hs., comenzó a efectuar su labor diaria de traslado de frutas, y que “en dicha fecha lo hacía junto a su mujer Sra. Silvia Liliana Tomes” (textual de fs. 63vta.). Aclara que el transporte de las frutas debía hacerse desde la frutería ubicada en Av. Santamarina 140 hasta el otro comercio del mismo rubro ubicado en Alem y Avda. Avellaneda de la ciudad de Tandil, y que dicha tarea le insumió toda la tarde, por lo cual es imposible que él se encontrara en el lugar en el que ocurrió el accidente en el día y hora en que éste supuestamente tuvo lugar. Finalmente, refiere que su parte tenía toda la documentación en regla y seguro vigente, por lo cual si realmente hubiera tenido participación en el siniestro habría proporcionado a los damnificados la información correcta y no datos inexactos como se denuncia en el escrito de demanda.
c) A fs. 105/111 se presentó la aseguradora a contestar su citación.
d) A fs. 126 se abrió la causa a prueba, y tras transitarse por las alternativas propias de esta etapa del proceso se dictó a fs. 376/381 la sentencia de primera instancia a cuyo contenido me referiré en el apartado que sigue.
II. El decisorio antes mencionado admite la demanda, condenando al accionado y a su aseguradora a abonar a la actora la suma de $ 24.021, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos (tasa pasiva), desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago. Impone las costas a la demandada vencida y difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 51 de la ley 8904. También sanciona a la accionada con una multa de $ 2000 por considerar su conducta procesal temeraria y maliciosa, en los términos de los arts. 34 inc. 6, 45 y 163 inc. 8vo. del C.P.C.C.
En lo que interesa destacar para entender en la apelación, la Sra. Juez de grado afirmó preliminarmente que la cuestión se encuentra regida por el art. 1113, 2do. párrafo, del Código Civil, de modo tal que acreditada la existencia del hecho cada dueño o guardián responde por los daños causados al otro, salvo que se demuestre que el accionar de la víctima o un tercero hayan excluido o limitado su responsabilidad. Y a renglón seguido precisó que se requiere entonces de una celosa y eficaz actividad probatoria de las partes: el accionante habrá de demostrar el acaecimiento del hecho, el daño sufrido y la relación de causalidad, y el demandado deberá acreditar en forma concluyente la eximente que invocare, so riesgo del triunfo de la pretensión actora.
Efectuado ese encuadre, la anterior sentenciante se abocó a valorar el material probatorio reunido en autos. En esa faena entendió que los testimonios de Cano (conductor de la camioneta Chery Tiggo) y Salazar (pasajera del remis) eran contestes al afirmar que fue la camioneta conducida por el Sr. Mendizábal la que impactó desde atrás el automóvil del actor, y que ambos testigos reconocieron al accionado en la audiencia y a su camioneta a través de fotografías agregadas al expediente a fs. 52/53 (es dable aclarar que estas fotografías fueron adjuntadas por el accionado y no muestran a la camioneta en el lugar del hecho). Por su parte, el único testimonio aportado por el accionado fue el brindado por el Sr. Santamaría a fs. 163, que es la persona para la cual el demandado prestaba el servicio del traslado de las frutas, quien refirió que el día del hecho estaba en la camioneta junto con Mendizábal y que no se apartaron del recorrido que habitualmente hacían.
Así reseñados los contenidos de los tres testimonios, la sentenciante señaló a continuación que el prestado por Santamaría se contradecía en un todo con el prestado por Cano y Salazar. Advertida tal contradicción, valoró que la actora aportó dos testigos con los cuales no los unía ningún tipo de relación, en tanto que entre el único testigo del demandado y éste había existido una relación laboral y un conocimiento previos, circunstancias que pueden considerarse comprendidas en las generales de la ley (art. 439 del C.P.C.C.), lo que impone su apreciación con mayor estrictez. También hizo notar que la declaración de Santamaría resulta contradictoria con el propio relato de los hechos vertidos por el accionado en su contestación de demanda, pues allí manifestó que el recorrido aludido había sido hecho en compañía de su esposa y en ningún momento mencionó al testigo. En razón de esta última circunstancia la anterior sentenciante dispuso dar intervención al fuero represivo a fin de que se investigue la eventual comisión del delito tipificado en el art. 275 del Código Penal, al tiempo que entendió que la accionada incurrió en inconducta procesal.
Las consideraciones expuestas llevaron a la magistrada de origen a tener por acreditada la mecánica de los hechos relatada en la demanda y la responsabilidad exclusiva del demandado en la producción del accidente, tras lo cual se abocó al análisis de la procedencia y cuantificación de los distintos rubros indemnizatorios.
III. La sentencia de la anterior instancia fue apelada por la accionada y la citada en garantía (conf. fs. 388 y 384, respectivamente), aunque la segunda desistió de su recurso a fs. 415. La demandada expresó agravios a fs. 410/413, sin obtener respuesta. Al contenido concreto de las críticas lo iré mencionando a continuación, a medida que las vaya tratando, para ganar en claridad expositiva. Pero creo útil anticipar al acuerdo que las mismas versan principalmente sobre la atribución de responsabilidad al accionado.
IV. A fs. 417 se llamó autos para sentencia y a fs. 419 se practicó el sorteo de ley, por lo que las actuaciones se encuentran en estado de resolver.
V.a. Sabido es que la aplicación del art. 1113 del Código Civil trae aparejadas diversas consecuencias procesales y sustanciales. Tal como se expresó en fallos de ambas Salas de esta Cámara (Sala II, causas nº 45.685, “Colazo”, del 11.09.03.; n° 53.827, “Leiro”, del 19.10.2010; esta Sala, causas n° 51.130, “Cagnoli S.A.”, del 06.12.07.; n° 56170, “Masson”, del 17.05.12., entre muchas otras) “cuando el art. 1113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que derive del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social, dejando de lado la concepción de la culpa, que constituye un elemento ajeno al caso. La ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y, así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta, desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal entre la actuación de la cosa y el daño (S.C.B.A., Ac. 33.743, sent. del 14-10-86, “Domínguez de Tevez” Ac. y Sent. 1986-III, 442; Ac. 47.075, sent. del 6-4-93, “Criado”; Ac. 51.750, sent. del 23-5-95, “Lezcano de Miguel”, Ac. Y Sent. 1995-II, 404; Ac. 70.665, sent. del 4-4-01, “Quiñones”, D.J.B.A. 160-228; Ac. 78.731, sent. del 12-9-01, “Petroni”; Ac. 79.892, sent. del 19-2-02, “García”)”. Y es así que –se prosiguió diciendo en el precedente citado- “según la doctrina legal del Superior Tribunal Provincial, `quien acciona en función del art. 1113, 2do. apart., 2º párrafo del Código Civil, debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados´ (S.C.B.A., Ac. 40.812, sent. del 4-7-89, “Romero”, Ac. y Sent. 1989-II, 608; Ac. 41.673, sent. del 26-12-89, “Ferreyra”, Ac. y Sent. 1989-IV, 788; Ac. 48.623, sent. del 5-11-91, “Agronomía El Salado”, Ac. y Sent. 1991-IV-44; Ac. 54.669, sent. del 19-12- 95, “Barat”, Ac. y Sent. 1995-IV-693; Ac. 40.577, sent. del 5-11-96, “Puppo”, L.L.Bs.As. 1997, 123; Ac. 58.351, sent. del 8-7-97, “García”, Ac. y Sent.
1997-III, 503).
En esta misma orientación, se dijo en un fallo de esta Sala (causa nº 41.466, “Abrigo”, del 17.08.2000, también citado en la causa de esta Sala “Cagnoli S.A.”), que probados los extremos que exige el art. 1113 del Código Civil, es a cargo del dueño –para desviar o atenuar su responsabilidad- demostrar la causa ajena, consistente en la culpa de la víctima o de un tercero por quien aquél no deba responder. En tal caso, el elemento subjetivo –la culpa de la víctima o del tercero- sólo interesa como eximente de responsabilidad y no como factor de atribución. Es por eso –se dijo en el precedente citado, recogiendo las enseñanzas de Kemelmajer de Carlucci- que si bien es cierto que normalmente las demandas relatan cómo sucedió el accidente y se le “echa la culpa” al demandado, ello no significa que el juez deba rechazar la demanda porque no se probó la culpa invocada si de los hechos relatados surge indubitablemente que el riesgo creado como factor de atribución no fue ajeno a la litis, aunque así no haya sido calificado por la parte.
También puede recogerse en este punto lo dicho por Jorge Galdós, quien hace referencia a la “función inhibitoria o impropia” que le cabe a la culpa en el ámbito de la responsabilidad objetiva, la cual aparece ligada, más bien, a la fractura total o parcial del nexo causal, al punto que cabe computar a los fines del art. 1113 del Código Civil la conducta de personas que no podrían obrar con culpa en sentido estricto, como son los menores de 10 años, personas privadas de razón, entre otros (“El riesgo creado, la culpa y cuestiones conexas”, La Ley del 23.11.06.). Sin embargo, y para concluir, forzoso es aceptar que el análisis de la eventual “culpa” de la víctima no puede prescindir de la consideración de todas las circunstancias que rodearon el accidente, entre las que se encuentra –naturalmente- la conducta del victimario.
En tal sentido, con un criterio realista el cimero Tribunal provincial ha dicho en varias ocasiones que si bien en los supuestos de riesgo o vicio de cosa la culpa o negligencia del dueño o guardián no constituyen elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad, al tiempo de computarse una eventual exclusión de la misma no puede dejarse de valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas, para así determinar si la de la víctima es excluyente de responsabilidad y en qué medida (Ac. 36391 S 23- 9-1986, “Segovia”, AyS 1986-III-277; AC 82266 S 6-11-2002, “Acuña”; C 99805 S 11-5-2011, “Páez”; esta Sala, causas n° 56.368, “Blua”, del 23.08.12, voto de la estimada colega Dra.
Lucrecia Comparato, con sus citas; n° 57.753, “Medrano”, del 04.06.13., entre otras).
b) Tal como surge de la reseña precedente, en el caso de autos el accionado sostuvo al contestar demanda que su parte fue totalmente ajena al accidente, por la sencilla razón de que al momento de producirse el mismo se encontraba transitando en su camioneta por otras arterias de la ciudad de Tandil. Al expresar agravios reedita esta cuestión, sosteniendo en base a múltiples argumentos que, a contrario de lo que se entendió en la sentencia apelada, la parte actora no logró probar los presupuestos de aplicación del art. 1113 del Código Civil, entre los que se cuentan, naturalmente, su participación en el hecho al comando de su camioneta.
Previo a adentrarme en el análisis puntual de dichos argumentos, resulta esclarecedor recordar que la participación del accionado en un accidente de tránsito es un hecho constitutivo de la obligación de indemnizar, cuya prueba corresponde a quien afirma la autoría, de lo que se sigue que la afirmación de aquél de que no tuvo ninguna intervención en el siniestro no es, por ende, un hecho extintivo que su parte deba probar (CC0002 SI 58094 RSD-251-92 S 5-11-1992, “Lamas”, con cita de la SCBA "Ac. y Sent." 1972-I, 449; CC0002 SI 95241 RSD-202-4 S 16-9-2004, “Barrios”; CC0101 LP 240126 RSD-35-3 S 4-3-2003, “Porrez”; CC0001 QL 1513 RSD-9-98 S 24-3-1998, “Condino”; CC0001 QL 5302 RSD-16-4 S 25-2-2004, “Baran”; CC0001 QL 2133 RSD-89-98 S 22-12- 1998, “Gómez”; CC0001 QL 8441 RSD-41-6 S 15-6-2006, “Godoy”; CC0001 QL 12751 RSD-55-11 S 23-9-2011, “Franco”; citadas por esta Sala en causa n° 57.053, “Herrera”, del 01.08.13.).
Sin embargo, lo expuesto en el párrafo anterior no deja de ser una consideración vertida obiter dicta con el sólo propósito de brindar una mejor introducción al desarrollo que sigue, ya que el problema de la carga de la prueba (art. 375 del C.P.C.C.) se vuelve crítico cuando al momento de sentenciar el juez se encuentra con que no hay prueba reunida en el expediente (Eisner, Isidoro, “La prueba en el proceso civil”, págs. 54/55), situación que no se presenta en autos donde sí se ha producido prueba y por ende el problema radica en su valoración (doctr. art. 384 del código citado).
c) Tal como lo entendió la Sra. Juez de grado, los únicos medios de prueba producidos en autos que resultan útiles para esclarecer la mecánica del accidente y la controvertida participación del accionado en el mismo son las declaraciones testimoniales. Ello es así pues el Perito Ingeniero Electromecánico que tuvo a su cargo la elaboración de la pericia mecánica y accidentológica nada pudo aportar sobre el hecho por carecer de elementos objetivos (conf. fs. 363/364). Y no existe ningún otro medio probatorio al respecto, tales como actas policiales, filmaciones de cámaras de seguridad, etcétera.
También he de coincidir con la anterior sentenciante en cuanto a que el testimonio de Santamaría resulta absolutamente contradictorio con el de Cano y Salazar. En estos casos, en que existen diferencias entre las distintas declaraciones testimoniales, se ha dicho que si no existe mérito para privilegiar ciertas declaraciones por sobre otras corresponde prescindir de este medio probatorio (arts. 384 y 456 del C.P.C.C.; esta Sala, causas nº 27.153, “Massaro” del 03.10.85.; nº 29.887, “Sautu” del 24.06.88.; nº 32.287 “García”, del 27.03.91.; n° 51.424 “Arrieta” del 31.03.08.; Sala II, causa nº 37.176, “Popovich de Vismara” del 19.03.96. y doctrina y jurisprudencia allí citadas: Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Tº IV, pág. 654; Devis Echandía, Hernando “Requisitos para la existencia del testimonio de terceros”, en Rev. Arg. de Derecho Procesal Nº 4, año 1968, pág. 33 y subs.). Sin embargo, y conforme se desprende de lo dicho, tan extrema solución se impone solo en caso de que no existan elementos que permitan privilegiar un testimonio por sobre el resto, ya que en caso contrario “no se afectan las reglas de la sana crítica cuando por motivos razonables se da mayor fe a unos testigos sobre otros” (Conf. Ac. y Sent. 1967-II, pág. 13; 1967-I, pág. 599; 962-II, pág. 104; 1961-V, pág. 537, citados por esta Sala en causas nº 50.147 “González” del 07.12.06.; nº 51.499, “Bonetto” del 30.04.08.; nº 51.586, “Juan” del 21.05.08.; n° 52.328 “Cooperativa” del 23.12.08.; n° 56.170, “Masson” del 17.05.12.; n° 56.547, “Reyero” del 14.06.12.; n° 57.601, “López Osornio” del 09.04.13., entre otras; Cám. de Apel. en lo Civ., Com., Crim. y Correcc. de Zárate, 15.10.96., L.L.Bs.As. 1997-251, citado en “Código Procesal…” de Highton - Areán, T. 8, pág. 366).
Así las cosas, el aspecto medular para la resolución de la litis consiste en determinar si corresponde dar más crédito a la versión de los hechos proporcionada por los testigos de la actora, o si, en cambio, debe prescindirse de ese medio probatorio en razón de su contradicción con los testimonios proporcionados por la demandada. Con ese fin, lo primero que es importante dejar sentado es que no es determinante la cantidad de testigos ofrecidos por una y otra parte, pues los testigos se “pesan” y no se “cuentan” (esta Sala, causas n° 47.204, “Sosa”, del 06.10.04.; n° 57.601, “López Osornio” del 09.04.13., con sus citas, entre muchas otras).
En lo que hace a las condiciones personales de los testigos, entiendo que es correcto –aunque con la salvedad que luego efectuaré respecto a la testigo Salazar- el pasaje de la sentencia en el que se afirma que “la actora proporcionó dos testigos a los cuales no le unía ningún tipo de relación, a excepción del conocimiento derivado del accidente”.
Esa apreciación es rigurosamente cierta con respecto al testigo Cano, quien, como él mismo lo explicó al responder las generales de la ley, conoció a ambas partes con motivo del accidente (conf. fs. 151), lo cual es un dato a favor de la credibilidad del testimonio (arts. 384, 456 segunda parte y conc. del C.P.C.C.).
Con respecto a la testigo Salazar, asiste razón al apelante al señalar en un pasaje de la expresión de agravios (fs. 411vta., abajo) que la misma manifestó al responder las generales de la ley que conocía al Sr. Parra por ser cliente de la remisería donde el mismo trabaja (fs. 153). Esta circunstancia da cuenta de que la testigo tenía efectivamente “algún género de relación” con el Sr. Parra, supuesto que es aprehendido por el art. 439 inc. 5to. última parte del C.P.C.C. y que abarca relaciones que pueden ser de sociedad, profesional, etcétera (Kielmanovich, Jorge L., “Teoría de la prueba y medios probatorios”, pág. 292).
Ahora bien, este tribunal tiene reiteradamente dicho que el hecho de que un testigo se encuentre comprendido en alguna de las causales previstas en el art. 439 del C.P.C.C. (interés directo o indirecto en el pleito, amistad, relación de dependencia, etcétera) no conduce a su exclusión como testigo, pero amerita que sus dichos sean ponderados con mayor estrictez (esta Cámara Sala II, causa nº 44.651, “Las Heras”, del 24.10.02., voto Dr. Galdós; Cám. de Apel. en lo Civil, Sala G, “Araujo c/ Banco de Galicia”, del 05.09.07., voto Dra. Areán, pub. en La Ley del 13.12.07.; esta Sala, causas n° 52.328, “Cooperativa” del 23.12.08.; n° 54339, “El 34.899”, del 21.12.2010; n° 55.193, “Sucesores de Abdala” del 25.08.11.; n° 56.539 y 56.540, “Pereyra” –acumuladas-, del 20.09.12.; n° 57.601, “López Osornio” del 09.04.13., entre otras).
En este caso, el hecho de que la testigo sea cliente de la remisería en la que trabaja el Sr. Parra prácticamente no le quita ninguna cuota de credibilidad a su declaración, ya que las máximas de la experiencia, que integran la sana crítica (art. 384 del C.P.C.C.), indican que es frecuente que las personas que utilizan remises se consideren “clientes” de una determinada remisería, y la relación que suele establecerse entre los choferes de los remises y los pasajeros es de mera cordialidad. Por otro lado, y como contrapartida, ha de tenerse en cuenta que la Sra. Salazar era transportada en el automóvil del actor, por lo que su testimonio es especialmente valioso pues puede aportar datos sobre el accidente propiamente dicho y sobre las circunstancias previas, tales como el sentido de marcha, velocidades, etcétera (arts. 384 y 456 del C.P.C.C.; esta Sala, causas n° 51.499, “Bonetto”, del 30.04.08.; n° 54.339, “El 34.899 S.R.L.”, del 21.12.2010, entre otras).
En lo que hace a las circunstancias personales del testigo Santamaría, la Sra. Juez de grado entendió que había existido una relación laboral y un conocimiento previo entre él y el accionado, por lo cual también estaba incurso en las generales de la ley, lo que impone su apreciación con mayor estrictez (fs. 378vta./379). Entiendo que lo primero es dudoso, pues de las constancias del expediente surge que el Sr. Mendizábal hacía “fletes” por cuenta propia, por lo cual no habría una relación laboral en sentido estricto entre ambos, al menos en el sentido con el que lo regula el C.P.C.C. al exigir que el testigo sea “dependiente” de alguno de los litigantes (art. 439 inc. 5to. primera parte). Pero sí es indudable que existía un conocimiento previo entre la parte y el testigo generado con motivo de la realización del transporte de frutas, es decir, de carácter comercial, por lo cual dicho testigo también queda comprendido en el supuesto aprehendido por el art. 439 inc. 5to. última parte del C.P.C.C. Aún así, a este testigo le serían aplicables las restantes consideraciones vertidas precedentemente con respecto a la testigo Salazar, en el sentido de que ese conocimiento previo prácticamente no le quita credibilidad a su declaración, y que se trata de un testigo “especialmente valioso” por haber declarado que en el momento en que se produjo el supuesto accidente estaba transitando junto al demandado en otro lugar de la ciudad (conf. fs. 163).
Ahora bien, compartiendo en un todo lo aseverado por la Sra. Juez de grado, lo que quita toda credibilidad a este testimonio es que el accionado, al contestar demanda, no mencionó a este testigo, pese a que fue muy puntilloso al describir las tareas que había realizado ese día, los horarios en los que las llevó a cabo, las arterias por las que había circulado, y –en especial- qué persona lo acompañaba (su esposa).
Esta cuestión fue tratada en un precedente de este tribunal análogo al presente, ya que había declarado como testigo una persona que dijo ir acompañando al actor en el momento del siniestro, pero no había sido mencionado en la demanda (causa n° 52373, “Gabarrot”, del 11.03.09.). Es casi innecesario aclarar que esa doctrina es aplicable al presente aunque aquí haya sido el demandado quien omitió mencionar al testigo, ya que sobre él también pesa la carga de “especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa” (art. 354 inc. 2do. del C.P.C.C.).
En el precedente antes citado se trajeron a colación las enseñanzas de Devis Echandía, quien recogiendo las opiniones de Altavilla y Muñoz Sabaté, dice que es sospechosa la declaración del testigo presentado a última hora, “sin que antes se lo hubiera mencionado y cuando ya conoce los resultados del debate”. Como puede apreciarse, esta última referencia indica que el supuesto tenido en vista por los autores citados difiere parcialmente del presente, ya que se están refiriendo a un testigo que aparece tardíamente en el proceso, al punto que el propio Devis Echandía aclara que ello ocurriría en el caso del proceso civil, cuando se permite pedir libremente nuevas pruebas en la segunda instancia (“Teoría general de la prueba judicial”, T. II, pág. 125). Pero, pese a no tratarse de situaciones idénticas, necesario es convenir en que evaluada la cuestión bajo el prisma de la sana crítica (arts. 384 y 456 del C.P.C.C.) no goza del mismo valor probatorio el testimonio de quien jamás fue mencionado, en relación a aquél respecto a quien se describe claramente qué rol le cupo en el infortunio, máxime cuando éste fue activo o calificado, como es el caso de quien circulaba en uno de los vehículos junto a la víctima.
Asiste razón al apelante al decir que su esposa hubiera sido una testigo “crucial” para la resolución de la litis, pero estaba impedida de declarar por resultar comprendida en una de las causales de exclusión mencionadas en el art. 425 del C.P.C.C. (fs. 411). Sin embargo, esta circunstancia no puede conducir a dar crédito a la declaración testimonial de Santamaría, por las razones explicadas precedentemente. También se menciona en otro pasaje de la expresión de agravios (fs. 411) que en autos atestiguó el Sr. Moreno (fs. 161), quien también hizo referencia a las labores que llevaba a cabo el accionado y qué recorridos hacía habitualmente.
Es necesario advertir, como punto de partida, que este testimonio no fue mencionado en la sentencia. Sin embargo, dicha circunstancia no es por sí misma objetable, ya que los jueces no tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa (art. 384 del C.P.C.C.). Desde luego que –como acontece en el sub lite- el recurrente puede desconformarse con la selección del material probatorio efectuada por el “a quo”, en cuyo caso deberá puntualizar qué medio de prueba pertinente y atendible fue desechado (Azpelicueta, Juan José - Tessone, Alberto "La Alzada. Poderes y Deberes", pág. 25), sometiendo así la cuestión a la consideración de la Cámara de Apelaciones (doctr. art. 266 y conc. del C.P.C.C.).
En este caso, entiendo que la declaración del Sr. Juan Luis Moreno no es demasiado trascendente, lo que justifica que en la sentencia se haya obviado dar detalles sobre su valoración. Apunto ello pues se trata de un empleado de un corralón de materiales para el cual el demandado también presta el servicio de fletes, quien declaró que a este servicio lo presta todos los días de la semana, con excepción de los lunes y jueves (el accidente fue un día lunes) en que lo hace hasta el mediodía, ya que por la tarde presta servicios para las fruterías. También declara el testigo que no recuerda en qué lugar se encontraba el testigo el día del accidente, pero que si el mismo se produjo un día lunes o jueves estaba con el reparto de frutería (respuesta a la tercera repregunta), y dio cuenta de la ubicación de las fruterías en cuestión (respuesta a la primera ampliación). Sin poner en duda la veracidad de los dichos de este testigo, las máximas de la experiencia también indican que aunque una persona frecuente ciertos lugares, o tenga un recorrido “habitual”, el mismo puede ser alterado por infinidad de circunstancias, máxime cuando la persona trabaja con su propio vehículo y lo hace por cuenta propia. En consecuencia, entiendo que este testimonio no permite tener por cierto que el Sr. Mendizábal no se encontraba presente en el lugar del accidente cuando éste ocurrió, máxime a la luz de los otros testimonios a los que a continuación me referiré.
Tal como lo destacó la Sra. Juez de grado, la Sra. Salazar, quien era transportada en el remis, identificó en el acto de la audiencia al demandado Mendizábal como conductor de la camioneta embistente y reconoció dicho vehículo en las fotografías de fs. 52/53 que le fueron exhibidas.
En la expresión de agravios no se cuestiona esa trascendente conclusión que sitúa a Mendizábal como protagonista del accidente, aunque sí se intenta restar credibilidad a los dichos de la testigo destacando que ésta no recordaba el nombre de la Avenida por la cual circulaban, y además expresó que el remis se encontraba detenido por el semáforo siendo que en la intersección de la Avenida Espora con la calle Colombia no existe semáforo (fs. 411).
Respecto a estas críticas, entiendo –conforme lo anticipé- que la información proporcionada por la testigo fue muy útil pues reconoció al Sr. Mendizábal como conductor del vehículo que embistió desde atrás al remis. El hecho de que la testigo no recuerde el nombre de la Avenida por la cual venían circulando podría menguar de algún modo su credibilidad, aunque ello puede obedecer al nerviosismo del momento (repárese en que la testigo venía en el remis con su hijo menor y además sufrió un golpe en el hombro, conforme respuestas a las preguntas segunda y sexta), y además ello no interfiere con el reconocimiento del Sr. Mendizábal. Otro tanto cabe decir de la confusión de la testigo en torno a la existencia de un semáforo en el lugar, ya que una persona que es transportada en un auto por una avenida, y observa que éste se detiene en una esquina, puede pensar equivocadamente que se debe a la existencia de un semáforo en el lugar.
Con relación al testigo Cano, conductor de la camioneta Chery Tiggo, quien declaró a fs. 151/152, el mismo fue muy preciso al describir el lugar y la mecánica del accidente, afirmó que luego de producido el choque le pidió los datos tanto al Sr. Parra como al Sr. Mendizábal, y reconoció las fotografías de fs. 52/53 como correspondientes a la camioneta conducida por Mendizábal, agregando que llevaba un carrito atrás.
En la expresión de agravios el accionado cuestiona la valoración del testimonio de Cano en base a dos argumentos concretos (fs. 410vta./411).
En primer lugar, señala que el testigo no mostró total seguridad al reconocer a Mendizábal, pues al contestar la pregunta séptima afirmó que no recordaba el apellido del conductor “pero le resulta parecido el rostro de la persona que se encuentra en la sala a quien conducía la camioneta”. Es dable agregar que, aunque la accionada no lo diga en su expresión de agravios, el mismo testigo efectuó una salvedad similar al contestar las generales de la ley, al afirmar que “Identifica también en la sala al Sr. Mendizábal, aunque con menos claridad”. Sin embargo, entiendo que estas salvedades que efectuó el testigo pueden obedecer al tiempo transcurrido entre el accidente y la declaración (algo más de un año), a lo que se suma que es muy razonable la explicación que el mismo testigo suministró al contestar las generales de la ley, afirmando que recordaba con más claridad al Sr. Parra porque fue quien lo chocó a él. Y a ello se añade que el mismo testigo no efectuó ninguna salvedad al reconocer la camioneta perteneciente al Sr. Mendizábal, demostrando una total seguridad. En segundo término el recurrente destaca que en la sentencia se hizo mención a que el testigo tomó los datos de ambos conductores pero al dirigirse a la compañía aseguradora proporcionada por el conductor de la camioneta Chevrolet le fue informado que no existían los datos que éste había proporcionado, situación que considera extraña dado que en autos se acreditó la existencia de la póliza. Entiendo, dando respuesta a este agravio, que la circunstancia apuntada solo da cuenta de alguna desinteligencia entre los conductores de los dos vehículos chocados y los agentes de la aseguradora –nótese que la actora refiere una situación similar en la demanda, a fs. 35-, pero ésta no resulta trascendente para los fines que ahora interesan.
Como corolario de lo expuesto a lo largo de este extenso apartado consagrado a los agravios vinculados con la valoración de la prueba testimonial, entiendo que los testimonios proporcionados por el Sr. Cano y la Sra. Salazar son suficientes para tener por probados los presupuestos de aplicación del art. 1113 del Código Civil respecto al demandado, y que, como contrapartida, los testimonios de Santamaría y Moreno no logran contrarrestar a los primeros.
No paso por alto que los testimonios de Cano y Salazar presentan algunas inconsistencias, a las que antes me he referido. Sin embargo, entiendo que las mismas no tienen la envergadura que les atribuye el recurrente, y que pueden haberse originado en las distintas circunstancias que he apuntado. En tal sentido, resulta aplicable lo dicho por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, en un precedente que luego fue confirmado por la Excma. Suprema Corte provincial, al señalar que “el testigo no sujeto a error resulta inexistente, pues siempre hay un margen de apreciación sobre todo referido a detalles del hecho principal narrado, dentro del cual pueden brindarse versiones diferentes y hasta contradictorias, más ello no puede provocar la pérdida del valor del dicho si en lo sustancial los testigos coinciden y se apoyan en datos que aparecen como ciertos” (S.C.B.A., “Martínez, María Alejandra c/ Beratz, Mario Humberto”, del 12.09.2007, pub. en La Ley Buenos Aires 2008 (febrero), pág. 39, con nota de Osmar S. Domínguez y Sabrina Morelli; cit. por esta Sala en causa n° 52373, “Gabarrot” del 11.03.09., entre otras).
Por último, y si alguna duda quedara, entiendo – anticipándome a un tema que será abordado más adelante- que la conducta procesal observada durante la sustanciación del proceso puede considerarse elemento de convicción corroborante de las pruebas, como lo establece la segunda parte del inc. 5to. del art. 163 del Código de la Nación, reforma que si bien no está contenida en el Código Provincial se inspiró en soluciones jurisprudenciales (esta Sala, causa nº 51.658, “James & Son Argentina S.A.”, del 25.09.08., con sus citas: Fenochietto-Arazi, “Código...”, T. I, pág. 635; Obra colectiva “La valoración judicial de la conducta en juicio”, dirig. por Jorge W. Peyrano, esp. págs. 60, 90, 125, 157 y 216; entre otras). d) Finalmente, el recurrente también se queja de la procedencia de la demanda siendo que la pericia accidentológica no pudo determinar la mecánica de los hechos (fs. 413).
Frente a ello, y al margen de que las declaraciones testimoniales ya analizadas sí contienen referencias a la mecánica del accidente, cabe decir que –conforme se dijo más arriba en sintonía con lo expresado por la anterior sentenciante- una vez que el actor logra probar los presupuestos de aplicación del art. 1113 del Código Civil es a cargo del demandado acreditar la culpa de la víctima en los términos en los que lo autoriza la mentada norma (esta Cámara, Sala II, causa n° 53827, “Leiro”, del 19.10.2010, voto del Dr. Peralta Reyes al que el suscripto adhirió; esta Sala, causa n° 57.753, “Medrano”, del 04.06.13). Por lo tanto, la eventual falta de prueba sobre la mecánica del accidente redunda en perjuicio del demandado.
En consecuencia, he de propiciar al acuerdo confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide.
VI. Cabe considerar ahora los agravios vertidos en el punto “h” de fs. 412/413 con respecto a los pasajes de la sentencia en los que se dispone dar intervención al fuero penal ante la eventual comisión del delito tipificado en el art. 275 del Código Penal respecto al Sr. Lucas Santamaría, y se considera incursa a la demandada en temeridad y malicia por lo que se le impone una multa de $ 2000.
Previamente, he de aclarar al acuerdo que si bien ese punto de la expresión de agravios está ubicado entremedio de otros acápites vinculados con la atribución de responsabilidad, su lectura detenida me lleva a interpretar que constituye un agravio autónomo, lo que impone su tratamiento por separado.
a) Comenzando por el agravio dirigido contra la remisión de las actuaciones a sede penal para la investigación de un eventual delito de falso testimonio, entiendo que dicha medida es inapelable por los distintos fundamentos coadyuvantes que paso a exponer.
1. En primer lugar, encuentro claro que el accionado carece de un interés personal para apelar dicha medida, ya que la misma fue dispuesta respecto a un tercero.
Se ha dicho reiteradamente que “…el interés es un presupuesto necesario para actuar ante la justicia…, debe haberlo para realizar cualquier acto procesal y para impugnar una decisión mediante un recurso…” (Roberto G. Loutayf Ranea, “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil” Ed. Astrea, T. I, pág. 195).
Agrega el mencionado autor que “El interés que justifica la apelación surge del agravio o gravamen que la resolución recurrida ocasiona a la parte recurrente. El agravio es el perjuicio que la resolución causa al recurrente; y la existencia de este agravio y la posibilidad de su reparación a través del recurso de apelación es lo que determina el interés del apelante en ese recurso…” (ob. cit. párrafo anterior, pág. 196) Para Palacio (en cita de pág. 195 de la obra mencionada en los párrafos anteriores), “… en todo recurso, como acto procesal de parte, también constituye requisito subjetivo de admisibilidad la existencia de un `interés´ por parte de quien lo interpone, el que se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente…”
En el mismo sentido, esta Cámara viene sosteniendo inveteradamente que “…el interés que justifica la apelación surge del agravio o gravamen que la resolución recurrida ocasiona a la parte recurrente y que la existencia de este agravio y la posibilidad de su reparación a través del recurso de apelación es lo que determina el interés del apelante en ese recurso…” (con cita del autor antes indicado), Causa Nº 37.845, RSI – 13 del 18/2/97. “Ciancio de Eseverry”; “…que el apelante debe tener un interés, esto es un agravio o gravamen que le ocasione la resolución recurrida…” (Causa Nº 45680 – RSD Nº 63 – 24-6-03, “Suragro S.A …”) que “…constituye un presupuesto subjetivo de admisibilidad del recurso de apelación que el legitimado que lo interponga sufra un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario le faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés…” (causa Nº 44.494 del 25/9/2002 en autos “Laguzzi”; Causa 50181 RSI – 247 – 6 I 10/8/2006, en autos “Banco de la Pcia. de Bs. As.”; causa Nº50525 “Bco. Coopesur Coop. Ltdo.” I – 29/3/07; causa Nº 52090, “Izuzquiza” – I- 9/4/08 – RSI 91-08, entre otros muchos precedentes).
Si bien lo anterior bastaría para considerar irrecurrible la parcela del decisorio que nos ocupa, he de agregar que la doctrina y la jurisprudencia también han entendido que la medida en cuestión resulta inapelable por su propia naturaleza.
En tal sentido, apunta Cicciaro comentando el art. 449 del C.P.C.C.N. (idéntico al art. 447 de nuestra provincia) que la remisión a la justicia penal no resulta apelable, citando luego un fallo de la Sala E de la CNCom. en el que se sentó como doctrina que el pase de las actuaciones a la justicia penal es obligación que la ley impone al juez y resulta irrevisable, como principio, en la alzada (“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…”, dirig. por Highton-Areán, T. 8, págs. 327 y 328 sumario 1). En similar orientación explica José V. Acosta – comentando fallos que también han sentado la regla de la inapelabilidadque la medida en cuestión constituye un simple acto preparatorio del poder decisorio a ejercerse por la jurisdicción. En efecto –prosigue-, desde que ésta es única, no interesa la fracción del órgano que la ponga en actividad. Por ende, si bien el acto de remisión de los antecedentes supone un juicio de valor sobre la oportunidad de excitar la jurisdicción, no tiene otro alcance que el del deber de denunciar surgido ante una supuesta infracción a la ley penal. Por estas razones concluye citando la solución acordada por la C2a. de Apel. de Rosario, en el sentido que “la resolución del juez que ordena la remisión de los autos al juez de instrucción no es apelable, por cuanto ella deriva de la obligación legal que aquél tiene de denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento en razón del ejercicio de su cargo” (aut. cit., “Agravio irreparable”, págs. 127/128).
2. Por último, y conforme se anticipara, cabe considerar el agravio vertido contra la aplicación de la sanción por temeridad y malicia.
El art. 163 inc. 8vo. dispone que la sentencia de primera instancia debe contener, en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del art. 34 inc. 6. Y, concordamentemente, el art. 45 refiere a la conducta “maliciosa o temeraria” y la posibilidad de imponer una multa.
En un reciente precedente de esta Sala que contó con primer voto del estimado colega Dr. Ricardo C. Bagú (causa n° 54.628, “Roglich”, del 01.10.13.) se dijo que “la temeridad consiste en la conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya inadmisibilidad o falta de fundamento no puede ignorar con arreglo a una mínima pauta de razonabilidad, configurándose, por lo tanto, frente a la conciencia de la propia sinrazón (conf. Palacio – Alvarado Velloso “Código Procesal…”, T° II pág. 393). Y la malicia, es la conducta que se exterioriza a través de la formulación de peticiones o articulaciones exclusivamente destinados a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o a retardar el pronunciamiento de la decisión final (conf. aut.cit. ob. cit. T° II pág. 404).” Es muy ilustrativo el párrafo agregado por el art. 2 de la ley 25.488 al art. 45 del C.P.C.C.N., según el cual “Sin perjuicio de considerar otras circunstancias que estime corresponder, el juez deberá ponderar la deducción de pretensiones, defensas, excepciones o interposición de recursos que resulten inadmisibles, o cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales o que manifiestamente conduzcan a dilatar el proceso.”
Aplicando estos principios al caso de autos, hemos de convenir que el mismo presenta caraterísticas muy particulares, ya que la razón concreta que llevó a la anterior magistrada a aplicar tal sanción fue el advertir la contradicción entre el testimonio de Santamaría y el relato contenido en la contestación de demanda (conf. fs. 379), lo cual lleva a preguntarse si un eventual falso testimonio puede acarrear también consecuencias desfavorables a la parte que ofreció al testigo.
Entiendo que la respuesta a dicho interrogante no puede ser genérica, sino que deben analizarse las particularidades del caso, procurando desentrañar si existió connivencia entre la parte y el testigo o si el eventual falso testimonio obedeció a un impulso espontáneo del testigo por favorecer a alguna de las partes.
En el presente, un primer elemento a tener en cuenta –que ya he destacado reiteradamente- es que en el escrito de contestación de demanda el accionado fue muy preciso al mencionar qué persona lo acompañaba en la camioneta el día del accidente, y por cierto no mencionó al testigo. Destaco esta circunstancia pues existen muchos precedentes en los cuales se ha restado credibilidad al testigo no mencionado en los escritos constitutivos de la litis pero sin llegarse al extremo de aplicarse una sanción, pero en esos casos –y a diferencia del presente- no se mencionaba a ninguno de los supuestos acompañantes. Un segundo elemento a tener en cuenta es que al redactar la demandada el interrogatorio para que prestara declaración testimonial el Sr. Santamaría (fs. 159) lo hizo en contravención a lo normado por el art. 441 del C.P.C.C., ya que algunas de las preguntas fueron redactadas en términos afirmativos o sugerían la respuesta. Puntualmente, la pregunta sexta fue redactada en los siguientes términos: “Para que diga el testigo si sabe y le consta, que el día lunes 18 de octubre de 2010, él se encontraba efectuando dichas labores con el Sr. Mendizábal”, a lo cual el testigo contestó “Sí el testigo estaba con el demandado”. Por lo demás, al contestar las preguntas décima y décimo primera el testigo ratificó que ese día estuvo con el demandado y que no se salieron del recorrido habitual. Un último elemento a tener en cuenta es que en la expresión de agravios no se brinda ninguna explicación convincente acerca de la contradicción entre la contestación de demanda y la declaración testimonial, como sería, verbigracia, que el testigo incurrió en una confusión sobre lo que aconteció ese día –extremo que además se debería haber aclarado en la misma audiencia y mediante repreguntas al testigo-, o que en la demanda se incurrió en un error involuntario al omitir mencionar que el testigo también estaba en la camioneta.
Lejos de ello, en la aludida pieza recursiva (puntualmente a fs. 412vta.) se emplean dos argumentos que a mi modo de ver no son atendibles.
El primero de ellos, expresado de manera muy breve y algo confusa, sugeriría que todo lo dicho por su parte es cierto, pero ello no deja de ser una afirmación dogmática que no abastece la carga del art. 260 del C.P.C.C., al tiempo que no se ve avalado por la prueba reunida en el expediente.
El segundo de los argumentos consiste en que en el beneficio de litigar sin gastos correspondiente a este proceso principal la misma magistrada también advirtió contradicciones entre los dichos de los testigos y las afirmaciones del actor y sin embargo no procedió con igual rigor. A ello cabe decir que esas eventuales contradicciones pudieron haber sido objeto de una sanción específica, aplicadas de oficio o a pedido de parte efectuado en primera o –ante su denegatoria- en segunda instancia, pero el hecho de que no se haya procedido de tal modo en el beneficio de litigar sin gastos no es óbice para que se aplique la sanción en este proceso. Por todo lo expuesto, entiendo que este aspecto del fallo también debe ser confirmado.
Así lo voto.
Los Señores Jueces Doctores Bagú y Comparato adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor ESTEBAN LOUGE EMILIOZZI, dijo:
I. Luego de dictarse la sentencia de primera instancia, y ante el pedido de la actora formulado a fs. 387, a fs. 389 se decretó un embargo contra el automotor de propiedad del accionado. Esa resolución fue objeto de sendos recursos de revocatoria con apelación en subsidio articulados por el demandado a fs. 392, quien se agravia, en lo sustancial, por haberse decretado la medida pese a que la sentencia se encontraba apelada, ignorándose así el carácter suspensivo de la apelación.
Bilateralizados los agravios (conf. fs. 398) sin obtenerse respuesta de la contraparte, la Sra. Juez de grado desestimó el primero de los recursos a fs. 400, concediendo en el mismo acto la apelación subsidiaria.
II. Así planteada la cuestión, cabe decir que si bien es cierto que los recursos de apelación se conceden en principio con efecto suspensivo (art. 243, tercer párrafo, del C.P.C.C.), el art. 212 inc. 3ro. del mismo Código –citado por la anterior magistrada al desestimar la revocatoria- autoriza a trabar embargo preventivo “Si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida”. En consecuencia, siendo que la claridad de la norma exime de mayores comentarios, estimo que el recurso no puede prosperar.
Así lo voto.
Los Señores Jueces Doctores Bagú y Comparato adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.- A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Doctor ESTEBAN LOUGE EMILIOZZI, dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, propongo al acuerdo confirmar la sentencia de fs. 376/381 y la resolución de fs. 389. Con costas de alzada por ambas apelaciones al recurrente que resulta vencido (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 8904. Así lo voto.
Los Señores Jueces Doctores Bagú y Comparato adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.- Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se Resuelve: confirmar la sentencia de fs. 376/381 y la resolución de fs. 389. Con costas de alzada por ambas apelaciones al recurrente que resulta vencido (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 8904. Notifíquese y devuélvase.
Lucrecia Inés Comparato Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Ricardo César Bagú Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Esteban Louge Emiliozzi Juez -Sala 1-
-Cám. Civ. Azul- Ante Mí Dolores Irigoyen Secretaria -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul- Dolores Irigoyen Secretaria -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul-
Fin de la sentencia