Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Sentencia Nº: P-2462/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 90/95 y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 80/81 vta..-
2Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la demandada (fs. 30/32 vta.), debiendo continuar el trámite de estas actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia ante el cual fuera radicada.-
3Las costas de todas las instancias se imponen a la parte demandada vencida.-
4Diferir la regulación de honorarios hasta tanto los profesionales den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes, y sean regulados en las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Sentencia Nº: P-2462/21-TSJ Actor: PARRAGA GUSTAVO SEBASTIAN Demandada: CRENAC S.A.
Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 11-08-2023 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 735 FOLIO Nº 4448/4452 PROT. ELECT. TSS1 010 S.231
Río Gallegos, 11 de agosto de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “PARRAGA GUSTAVO SEBASTIAN c/ CRENAC S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° P-19.705/19 (P-2462/21-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan las presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Ismael Ramón Machuca (cfr. fs. 90/95), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 80/81 vta.. Esta resolución revocó el fallo de Primera Instancia que rechazó la excepción de incompetencia, la que se admite por no corresponder la competencia del magistrado a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5 inciso 4 del CPCyC; aclara que tampoco se dan los requisitos exigidos por la justicia federal para admitir su competencia; dispone el archivo de las actuaciones, con costas al actor. (cfr. fs. 57/60 vta.).-
II. Que el recurrente sostiene que la resolución impugnada afecta seriamente el patrimonio del actor en su calidad de consumidor (cfr. foja 90 vta.).-
Observa que ha existido violación del derecho de debida defensa en juicio y errónea aplicación de la ley (cfr. foja 91).-
Añade que: “El interlocutorio cuestionado ocurre en error grave y manifiesto en aplicación rigurosa de las normas que regula (sic) la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva (cfr. art. 18 de la Constitución Nacional -en adelante 'CN'-, art. 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -en adelante, 'CADH'-, entre otros)” (cfr. foja cit.).-
Afirma que: “El interlocutorio atacado ha importado una grave violación de las normas jurídicas vigentes, en particular la interpretación que el Tribunal realiza del art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica (CADH), del art. 31 de la Constitución Provincial, del principio pro consumidor reconocido constitucionalmente, y de la demás normativa aplicable a la materia (y que Vuestro Tribunal no ha considerado).” (cfr. foja cit.).- Entiende que se ha efectuado una interpretación enteramente antojadiza de los hechos de la causa, ignorando las circunstancias probadas en la misma, apartándose gravemente de los principios y reglas jurídico-hermenéuticas que regulan la labor axiológica de los Tribunales, propiciando una solución absurda e insostenible en la práctica -reñida con la lógica-, violando el principio de razón suficiente que informa la sana crítica racional (cfr. foja 91 vta.).- Expresa que la resolución es infundada, arbitraria, ilegal, ilegítima e incluso inconstitucional (cfr. foja cit.).-
Aduce que los argumentos sobre los que vertebró el decisorio impugnado son falaces, lo que lo torna arbitrario (cfr. foja cit.).-
Sostiene que la Cámara de Apelaciones acepta y reconoce que nos encontramos frente a un contrato de consumo; pero “...analiza que en función del reclamo del daño directo generado, y que el objeto de la demanda es la reparación de daños y perjuicios...”. Esto no es compartido por el recurrente (cfr. foja 92).-
Observa que el actor promueve el presente juicio en función de que se encuentra sometido dentro de una relación de consumo donde se le exige una deuda. Agrega que dicho reclamo llevó a la demandada a incluir al actor en el sistema informativo de deudores denominado “Sistema Veraz”. Es decir que, sigue en su argumentación, quien primero reclama una deuda de consumo es la aquí demandada, con lo cual corresponde someterse a las estipulaciones contenidas dentro de la Ley Nº 24.240 y a partir de allí, responder por daño directo por la relación de consumo que la misma demandada generara; y no se transforma por ello la acción en una reparación de daños y perjuicios (cfr. foja 92).- Destaca que la Ley Nº 24.140 de “Defensa del Consumidor” introdujo reformas sustanciales al régimen de responsabilidad por daños pergeñado en el Código Civil mediante la incorporación de nuevos rubros o daños en la relación de consumo, como el denominado daño directo (art. 40 bis) y la multa civil (art. 52 bis) en el año 2008 (cfr. foja cit.).-
También señala que el artículo 40 bis de la Ley Nº 24.240 (modificado por la Ley Nº 26.993) define el concepto de daño directo (cfr. foja 92 vta.).-
Observa que bajo el régimen del Código Civil y Comercial se ha disipado cualquier duda acerca de la aptitud que debe reconocérsele al titular del derecho subjetivo a obtener la reparación del denominado daño directo (cfr. foja cit.). Sigue diciendo que el sujeto pasivo será el proveedor de bienes o servicios (art. 1093 CCyC y art. 2 LDC) entendido como el otro polo de la relación de consumo, y que para el derecho nacional es un concepto jurídico omnicomprensivo (cfr. foja 93).- Expone que la conducta dañosa del proveedor puede consistir en una acción o en una omisión que ocasiona un menoscabo a algún derecho del consumidor y que genera consecuencias pecuniarias. Añade que el daño directo constituye un perjuicio al derecho del consumidor y por lo tanto tendrá legitimación activa no sólo para peticionar en sede administrativa el resarcimiento, sino también para cuestionarlo por ante el órgano judicial (cfr. foja cit.).- Anuda que: “...consideramos que la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial de Santa Cruz se equivoca por cuanto considera erróneamente y en forma contraria a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los alcances de la Ley 24.240 y el ámbito de la competencia territorial que la misma establece.
Es claro que en el presente caso se ha prescindido, sin dar razones, de hechos y cuestiones articuladas por esta parte y del derecho vigente, con lo que queda materializada la violación de la garantía de defensa en juicio, por falta de motivación del fallo y porque al prescindir de una fuente formal como es la ley, resulta también violado el principio republicano de división de poderes.” Agrega que: “...en el caso que nos ocupa queda configurado claramente la arbitrariedad de la sentencia, por la prescindencia de hechos determinantes para la resolución del caso y la que remite a los fundamentos de la decisión, es decir, la prescindencia del texto legal. No se trata aquí de la mera discrepancia con el razonamiento efectuado por la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz, sino que, como se señaló, esa prescindencia resulta decisiva en la definición del caso.
La ya mencionada Ley 24.240 ha sido ignorada por la Cámara de Apelaciones (sic) Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz.” (cfr. fs. 93 vta./ 94).- Sostiene que: “El vocablo indemnización es un género que admite varias especies como 'la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante es el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances' como también 'la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.' (art. 1738, CCyC).- Considera que el reclamo tutelar interpuesto al abrigo de la Ley Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nº 26.361, Decreto Reglamentario Nº 1798/94 y Ley Provincial Nº 2465, constituyen una consecuencia jurídica de la relación de consumo que tiende a resguardar el derecho de acceso a la justicia y la defensa en juicio de la parte débil en una relación negocial asimétrica (cfr. foja 94 vta.).-
También afirma que la resolución de Cámara deviene nula por violación al principio de congruencia, puesto que las consideraciones del decisorio carecen de un desarrollo lógico y de una relación directa con las circunstancias y elementos concretos de la causa que permitan afirmar la solución jurídica contenida en el decisorio. Este principio se configura ante la debida correlación entre lo pretendido y lo decidido (cfr. foja cit.).- Hace reserva del caso federal (cfr. fs. 94 vta./ 95).-
En PE128135-2021 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible al recurso de casación interpuesto por el actor y en PE717051-2022 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que las mismas hagan uso de ese derecho (cfr. PE745285-2022).- El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “...el agravio de la actora debe prosperar, haciéndose lugar al recurso de casación.” (cfr. PE804915-2023).-
En PE818017-2023 se llaman autos para dictar sentencia y en PE831696-2023 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por el actor, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3 inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por cuanto fundamenta su recurso en violación de la ley y en la doctrina de la arbitrariedad.- Liminarmente, es oportuno explicar, en lo que aquí interesa, como se ha trabado el conflicto de competencia que hoy nos convoca para su resolución, lo cual será útil para comprender la decisión a la cual se arribe.-
El Sr. Gustavo Sebastián Párraga, promueve demanda de daños y perjuicios contra Crenac S.A., con domicilio en calle Juan María Gutierrez N° 3765, Piso 1, Oficina 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha entidad, según se advera en la demanda, habría incluido al actor en el sistema de deudores privados “Veraz”; pero el Sr. Párraga, afirma que, nunca tuvo ningún vínculo comercial con dicha entidad. También se señala que el actor se encuentra incorporado en el listado de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. Por tales motivos, solicita resarcimiento por daño material y moral (cfr. fs. 18/21 vta.).- Crenac S.A., opone excepción de incompetencia por vía de declinatoria. En primer término postula que el actor no basa su demanda en la ley de defensa del consumidor ni en otra análoga, por lo que deben aplicarse los principios generales de la competencia. En tal sentido, señala que el artículo 5, inciso 3º CPCyC establece que la competencia se determinará por el lugar donde deba cumplirse la obligación, expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio, en su defecto, en el domicilio del demandado o en el lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación. Agrega que: “En este caso la competencia sería del Juez del domicilio de Crenac S.A., es decir, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, si consideráramos que estamos ante un 'contrato electrónico' (acuerdo de voluntades celebrado a través de medios electrónicos por los cuales las partes establecen de forma volitiva obligaciones exigibles, que no es un contrato especial, sino un contrato tradicional celebrado a través de medios electrónicos), y que el mismo actor manifiesta que el contrato fue solicitado en Mar del Plata en el mes de noviembre de 2018, debemos señalar que, como mínimo, en este caso, la competencia correspondería a la jurisdicción de dicha localidad de la provincia de Buenos Aires (cfr. art. 1109 CCyC).” (cfr. foja 31).- Luego, destaca que los domicilios de la parte actora y de Crenac S.A. se encuentran en distintas jurisdicciones, por lo que debe entender el fuero federal (cfr. fs. 31 vta./ 32).-
El actor, al contestar el traslado de la excepción de incompetencia, solicita el rechazo de la misma, sostiene que la causa es del fuero ordinario correspondiendo la competencia al Juzgado de Primera Instancia Nº Dos de Caleta Olivia (cfr. fs. 51/53).-
En Primera Instancia, se rechaza la excepción de incompetencia, el Magistrado expresa que a pesar de no haber invocado la Ley de Defensa del Consumidor en la demanda, surge que se reclaman daños por ingreso a un sistema de deudores crediticios por el incumplimiento de un contrato de préstamo personal ante Crenac S.A. y el actor quien a su vez desconoce dicho contrato dice que se presume que los daños y perjuicios que se buscan resarcir lo son en el marco de una relación de consumo. Argumenta que si para determinar la competencia territorial se aplicara las normas procesales, resultaría en un impedimento de acceso a la justicia, obligando al actor a litigar en otra jurisdicción. Señala que la demandada es una entidad financiera dedicada al préstamo de pesos para el consumo personal, en consecuencia la ley de Defensa del Consumidor resulta irrenunciable y es de orden público (cfr. fs. 57/60 vta.). Esta decisión es apelada por la demandada, donde se vuelve a plantear que no es competente el Juzgado Provincial de Primera Instancia de Caleta Olivia en razón del lugar y también que la causa corresponde a la competencia federal (cfr. fs. 63/65 vta.).- A su turno, la Excma. Cámara de Apelaciones hizo lugar a la excepción de incompetencia por no corresponder la competencia del Juez de Caleta Olivia a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5 inciso 4 CPCyC, fundado en que la parte actora ha negado la existencia de un contrato de consumo, por lo cual la actora no puede ir en contra de sus propios actos. Asimismo aclara que no se dan los requisitos exigidos por la Justicia Federal para admitir su competencia en una acción de daños y perjuicios (cfr. 80/81 vta.).-
IV. Que así las cosas, en atención a los planteos formulados en casación, nos avocaremos a tratar sus agravios.-
En lo relativo a la alegada violación del principio de congruencia, se debe recordar que la vulneración al mismo puede presentarse de diversas formas. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dijo que: “…'Ha denunciado el recurrente que la sentencia del a quo viola el principio de congruencia. El postulado en cuestión asume -como bien señala Guasp- tres caras distintas, a saber: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium); por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes (ne eat iudex ultra petita), o por ambas razones, es decir mixto, cuando padezca de los dos defectos a la vez...' (cfr. 'Ferreyra Graciela Elvira c/ Suma S.A. s/ Pronto Pago de Crédito Laboral', causa Ac. 83818 S del 7/6/2006, del voto del Dr. Roncoroni Hitters).” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678).- En este punto se debe adelantar la improcedencia del ataque al fallo, pues la Excma. Cámara de Apelaciones no incurrió en ningún supuesto de incongruencia. Tenía que decidir sobre un planteo de incompetencia y sobre eso decidió, más allá del acierto o no que haya tenido al resolver la cuestión. Tema este último que se estudiará más adelante.-
V. Que, continuando con el tratamiento de los agravios fundados en violación de la ley y arbitrariedad, corresponde verificar la ley aplicable a los fines de determinar la competencia territorial en estos autos.-
Recuérdese que es tesis de este Tribunal que: “'...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…' (confr. T.S.J. Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; ídem, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439).- Para resolver este conflicto de competencia contamos con dos normas. Por un lado el artículo 5, inciso 4º del CPCyC, el que reza: “Reglas Generales.
La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere y sin perjuicio de las reglas contenidas en este Código o en otras leyes, será juez competente: [...] 4º. En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos el del lugar del hecho el del domicilio del demandado a elección del actor.". Y, por el otro, el artículo 36 de la Ley Nº 24.240, de la Ley de Defensa del Consumidor, que estipula que respecto de las operaciones financieras para consumo y en los créditos para consumo: “Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía.
En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario.” (artículo sustituido por el art. 58 de la Ley 26.993, B.O. 19/09/2014).- De la exposición de los hechos en la demanda, surge claramente que el reclamo indemnizatorio se origina en una hipotética operación financiera para el consumo que le habría otorgado la empresa Crenac S.A. al actor. Hecho por el cual se habría inscripto al actor en el listado de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina y en el sistema conocido como "Veraz" (cfr. fs. 18/21 vta.). También la demandada reconoce que el litigio tiene como antecedente un crédito que le habría otorgado al actor, en su carácter de empresa que presta créditos para financiar el consumo, la vivienda y otros bienes (cfr. foja 46 y vta.).
Téngase presente que la doctrina entiende que quedará configurada operación de crédito para el consumo siempre que los bienes o servicios contratados “...estén destinados a satisfacer necesidades personales o familiares del consumidor.” (cfr. Wajntraub, Javier H.: “Régimen Jurídico del Consumidor Comentado”, Rubinzal-Culzuni Editores, Santa Fe, 2017, pág. 196). Inclusive se ha considerado que aquellos que “…adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes o empresarios, quedarán igualmente protegidos por esta ley [de Defensa del Consumidor] siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa en la cadena de producción.” (cfr. CNCom., sala F, “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A c/ Benítez Villalba Estela, P.”, del 16 de febrero de 2010 www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: 70060752).- En este contexto, al encontrarnos ante una acción que tiene como base de reclamo una operación bancaria para el consumo, es de aplicación, a efectos de determinar el Juez que debe entender en autos, el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.-
Anudado a lo anterior debemos decir que las reglas de competencia que establece el artículo 36 de la Ley Nº 24.240, a partir de su reforma mediante la Ley Nº 26.361, son de orden público, por tal motivo se establece la nulidad de cualquier pacto en contrario (cfr. fallo cit.). Al ser una norma de orden público tiene preeminencia sobre la Ley Procesal local.-
Inclusive, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha considerado que los jueces pueden declarar de oficio su incompetencia territorial “...a partir de la constatación...de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor...” (cfr. “Illarietti Luis Rodrigo c/ Aguirre Christian Oscar s/ Cobro ejecutivo s/ Incidente de competencia.”, del 14/09/2011, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online AR/JUR/67158/2011).- En la misma inteligencia se ha dicho en doctrina que: “Tengamos presente que aquel que contrae un crédito se constituye en consumidor de los productos de las entidades financieras y por ende es sujeto de protección conforme el art. 42 de la Constitución y la ley 24.240. Esta nueva mención autoriza a los consumidores a interponer excepción de incompetencia a los proveedores que demanden en un domicilio diferente al real del consumidor, aunque hayan pactado lo contrario, atento el carácter de orden público de la ley y su imposibilidad de alteración por la voluntad de las partes, procediendo lisa y llanamente su nulidad. En forma concomitante, el consumidor podrá demandar en su domicilio (si lo estima conveniente) por repetición, nulidad y/o daños y perjuicios, con las ventajas procesales que eso significa para el lado más débil de la relación.” (cfr. Tambussi, Carlos E.: “Juicios y procesos de consumidores y usuarios”, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, pág. 284).- Por lo antedicho, estimo que los agravios deben prosperar y en consecuencia, corresponde entender en autos el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia por ser competente en razón del territorio, en atención a que su asiento es el del domicilio de quien aparece como consumidor en autos (cfr. art. 36 de la Ley Nº 24.240).-
VI. Que en virtud de todo lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, cabe concluir que es competente para conocer en este proceso el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia. Razón por la cual, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor a fs. 90/95; y casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 80/81 y, consecuentemente, rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la demandada a fs. 30/32 vta., debiendo continuar el trámite de estas actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia Nº Dos ante el cual fuera radicada. Las costas de todas las instancias se imponen a la demandada en su condición de vencida (cfr. arts. 68 y 69 del CPCyC), difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto los profesionales den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999), y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por todo ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 90/95 y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 80/81 vta..-
2. Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la demandada (fs. 30/32 vta.), debiendo continuar el trámite de estas actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia ante el cual fuera radicada.-
3. Las costas de todas las instancias se imponen a la parte demandada vencida.-
4. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto los profesionales den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes, y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-;, Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-; Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1010S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 735 Folio N°: 4448/4452 Secretaría: 1
Fin de la sentencia