Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2462/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar bien concedido el recurso de casación de la parte actora a fs. 90/95 vta.-
2Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por el término allí establecido.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2462/21-TSJ Interlocutorio N°: 3718 Actor: PÁRRAGA GUSTAVO SEBASTIÁN Demandada: CRENAC S.A.
Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 10-11-2022 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3718 FOLIO Nº 6618/6623 PROT. ELECT. TSS1 067 I.221
Río Gallegos, 10 de noviembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “PÁRRAGA GUSTAVO SEBASTIÁN c/ CRENAC S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° P-19.705/19 (P-2462/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por el actor Gustavo Sebastián Párraga, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Ismael Ramón Machuca (cfr. fs. 90/95), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 80/81 vta., que revocó el rechazo de la excepción de incompetencia y dispuso el archivo de las actuaciones en tiempo oportuno. La resolución de Primera Instancia había rechazado la excepción de incompetencia opuesta por la demandada (cfr. fs. 57/60 vta.).- El recurrente aduce violación y errónea aplicación de la ley (cfr. fs. 90 vta./91) y arbitrariedad (cfr. foja 91 vta.), y solicita la nulidad por estimar que se ha violado el principio de congruencia (cfr. foja 94 vta.). Asimismo pide se lo exceptúe de la integración del depósito, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor (cfr. foja 95).-
La Excma. Cámara de Apelaciones, declara formalmente admisible el recurso de casación incoado por la parte actora en PE128135-2021 y pasan los presentes autos al Acuerdo en PE277835-2022.-
II. Que en primer término corresponde resolver lo vinculado con la integración del depósito.-
Ahora bien, como ya se ha apuntado, el casacionista pide que se “Tenga por exceptuado el pago del depósito exigido, de conformidad con la normativa informada. Y presente que se acompaña comprobante de pago en forma subsidiaria.” (cfr. foja 95).-
Se comprueba que el recurrente acompañó a fs. 89 y vta. constancia de pago de dicho depósito. Es decir que cumplió con este requisito, más allá de que solicita su eximición.-
Corresponde, entonces, determinar si el recurrente se encuentra exento de su integración.-
El artículo 53 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, en la parte que aquí interesa, refiere que: “…Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.”. Esta norma procedimental tiene validez en el orden local, pues la Provincia de Santa Cruz ha adherido a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (cfr. art. 1° de la Ley Provincial N° 2465).- Obsérvese que el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor establece la gratuidad de las actuaciones judiciales cuando éstas “…se inicien de conformidad con la presente ley…”.
Sin embargo, el actor no invoca la normativa consumeril al interponer su demanda. Lo que sí plantea es que se trata de una acción de daños y perjuicios contra Crenac S.A. (cfr. foja 18) por haberlo incluido en el listado de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina y en el sistema VERAZ (cfr. foja 19); y la pretensión de que se proceda a retirarlo de dichos registros; fundando la misma en los artículos 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. foja 21). Esta circunstancia lleva a concluir que no corresponde exceptuar al casacionista del depósito. Más aún teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que debe darse a las excepciones al régimen general; en este caso, al que obliga a efectuar el depósito para acceder a esta instancia extraordinaria.- En tal inteligencia se ha dicho jurisprudencialmente que: “En efecto, el actual art. 53 de la ley 24.240 establece que las acciones iniciadas en defensa de intereses individuales cuentan con el ‘beneficio de justicia gratuita’.
Ello debe ser entendido en el sentido de que se ha pretendido mediante esta norma dotar a los consumidores de la facultad de acceder a la justicia sin el pago de tasas, sellados u otros cargos. Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las excepciones de los preceptos generales de la ley, obra exclusiva del legislador, no pueden crearse por inducción o extenderse por interpretación a casos no expresados en la disposición excepcional (Fallos 317:1505; 320:761; 322:2890, entre otros)…” (CNCom., Sala E, “Iglesias María Luisa c/ Caja de Seguros S.A. s/ Ordinario”, del 10/09/12, www.microjuris.com, Cita Online MJ-JU-M-75969-AR).- Es dable aclarar que lo antedicho no implica pronunciamiento alguno acerca de la legislación que resulte aplicable para resolver sobre el fondo de la cuestión litigiosa.-
III. Que, encontrándose reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y, por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo votamos.-
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y del Dr. Fernando Miguel Basanta:
I. Al igual que nuestros distinguidos colegas preopinantes, se considera que el recurso de casación interpuesto por el actor Gustavo Sebastián Párraga reúne -en principio- los requisitos formales que hacen a la interposición de este tipo de recurso extraordinario, por lo que corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y, por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido.-
II. No obstante, se disiente respetuosamente con los fundamentos vertidos en el Considerando II de su voto.-
Al justificar los recaudos que hacen a la admisibilidad del recurso en cuestión, el casacionista aduce que se encuentra exento del depósito previo, previsto en el artículo 4º, inciso d) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Sustenta su posición en lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Nº 24.240 (t.o. ley 26.361) de Defensa del Consumidor. Puntualiza que, de todos modos, procede a abonar la “tasa de justicia” (sic), para que no resulte un escollo al presente recurso (cfr. foja 91).- Al desarrollar su petitorio, solicita a este Alto Cuerpo que se lo tenga por exceptuado del pago del depósito exigido y presente que se acompaña comprobante de pago en forma subsidiaria (cfr. foja 95). Esto último se verifica con el comprobante de pago que luce a fs. 89 y vta.-
III. Este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido desde antaño que el depósito no reviste carácter fiscal, sino que es un medio para limitar los recursos (cfr. Interlocutorio, Tomo I, Reg. 4, Folio 4/5). Participa de la naturaleza de una carga económica que importa una restricción procesal. Como tal -carga económica y forma de limitar los recursos-, debe revistar un cariz de actualidad que impida que sus fundamentos fácticos -de naturaleza y finalidad absolutamente divergentes con la de la tasa de justicia- concluyan simplemente en una historicidad no deseada con una efectividad final que redunde directamente en la eficaz administración de justicia (cfr. Interlocutorio, Tomos VI, Reg. 889, Folio 1038/1040 y VIII, Reg. 1150, Folio 1502/1504, entre otros).- Su fundamento radica en la necesidad de restringir este tipo de recursos a los casos en que sea realmente necesario, evitando su interposición por actitudes apresuradas o dilatorias (cfr. Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires”, La Plata, 2004, Librería Editora Platense, pág. 265; Palacio, Lino Enrique: “Derecho Procesal Civil. Actos Procesales”, 3ª edición actualizada por Carlos Enrique Camps y Alberto Tessone, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, Tomo V, pág. 228).- El recurrente debe acompañar la boleta de depósito al momento de interponer el recurso extraordinario provincial, pero en el supuesto de que se omitiere o se lo efectuara en forma insuficiente o defectuosa, el tribunal ante el cual se ha interpuesto o este Tribunal Superior de Justicia, en su caso, debe intimarlo para que lo integre, bajo apercibimiento de declararlo desierto (cfr. art. 4° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
Por lo tanto, el depósito debe ser hecho antes de que el órgano judicial encargado de efectuar el primer control de admisibilidad -en la mayoría de los casos, las cámaras de apelaciones- o este Alto Cuerpo, abran juicio sobre la admisibilidad del recurso de casación. Si fuera el caso, la exención de hacer el depósito previo debe existir antes de esa oportunidad. Dicho en otros términos: al tiempo de abrir el juicio sobre la admisibilidad de la impugnación extraordinaria, debe estar hecho el depósito previo o debe estar vigente la exención de hacerlo, una de dos (cfr. Sosa, Toribio Enrique: “El beneficio de litigar sin gastos provisional y el depósito previo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (arts. 83 y 280 CPCCBA.)”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/5406/2012).- Del precitado artículo 4°, inciso d), del régimen de casación civil, se extrae una enumeración de casos en los que la carga de realizar el depósito no tiene lugar, entre los cuales se incluye, por ejemplo, a quien goce de un beneficio de litigar sin gastos. Ciertamente, el elenco de excepciones allí contemplado es taxativo, por lo que no se admite por vía de inducción o interpretación su extensión a otros supuestos. No obstante, ello no implica negar la viabilidad de que la nómina de exenciones puede provenir de otra fuente legal.-
Arribados a este tramo de análisis, corresponde escudriñar si el beneficio de gratuidad contemplado en el artículo 53 de la Ley Nº 24.240 (t.o. ley 26.361) de Defensa del Consumidor para el ejercicio de las acciones individuales, importa una excepción legal del depósito previo exigido por el artículo 4º, inciso d), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/ 15 -Decreto Nº 2228/15-.-
El texto legal en cuestión, en su parte pertinente, establece que: “…Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.”.-
Para determinar su alcance “…existen dos posturas contrarias: una amplia y otra restringida. Para la postura amplia, el beneficio exime al consumidor del pago de todas las costas (tasa de justicia, honorarios, demás costas y de todo otro gasto); en cambio, para la restringida, el beneficio solo (sic) exime del pago de la tasa, sello u otro tributo que grave el acceso al Poder Judicial (p. ej., la tasa de justicia).”; así “…el legislador nacional otorgó perfecta gratuidad al trámite procesal, pero dicha gratuidad se debe interpretar con el alcance que el legislador local haya dispuesto de modo específico al regular el alcance del beneficio de justicia gratuita…” (cfr. Manterola, Nicolás I.: “Estudio del beneficio de justicia gratuita (arts. 53 y 55, ley 24.240”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1698/2021).- Nuestra provincia recepciona la posición amplia en la Ley Nº 2465. Esto es de suma relevancia, por cuanto si la regulación normativa local hubiera recogido la tesis restrictiva, el beneficio de gratuidad acordado en el microsistema consumeril no comprendería el depósito previo exigido para acceder a esta instancia extraordinaria, en tanto este último no participa del carácter de gravamen fiscal.-
El artículo 1º de la misma dispone: “…A los fines de la plena vigencia y aplicación en el ámbito de la provincia de Santa Cruz de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240 y sus modificatorias, la provincia de Santa Cruz adhiere a la misma en lo que fuere materia de competencia provincial, correspondiendo que las autoridades provinciales y municipales ajusten su obrar a las previsiones de la Ley Nacional 24.240 y de la presente ley.” (t.o. Ley Nº 2744).-
De ello se desprenden dos aspectos: por un lado, que debe reconocerse la más alta centralidad e intensidad de la adhesión formalizada, dada la expresión “plena vigencia y aplicación” que emplea el legislador provincial y, por el otro, que la obligación de las autoridades provinciales de ajustar su actuación a las previsiones del régimen consumeril nacional comprende, evidentemente, al Poder Judicial de la Provincia.-
Mayor relevancia aún reviste para la presente temática el contenido normativo del artículo 5º bis, el cual en su parte final prescribe que: “…Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán de pleno derecho del beneficio de litigar sin gastos con exención total del pago de las costas, tasas y demás gastos causídicos.” (t.o. Ley Nº 2744).-
De su texto se desprende, sin hesitación, que el legislador provincial adoptó la postura amplia antes descripta, en tanto detalle que el beneficio de gratuidad comprende: (i) las costas, (ii) las tasas y (iii) los demás gastos causídicos. Esta última expresión es por demás demostrativa del amplio sentido propugnado por el Poder Legislativo Provincial.-
Para mayor certeza esa regla refiere al goce del “beneficio de litigar sin gastos”. Dado que -conforme inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la inconsistencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras correspondiendo adoptar como verdadero criterio el que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos: 327:769 y 345:298, entre otros muchos). Debe arribarse, entonces, a la conclusión de que el consumidor (ya sea que actúe en una lid judicial como actor o demandado) se encuentra exento del depósito previo impuesto por el artículo 4º del régimen de casación civil provincial, que en su nómina de beneficiarios incluye explícitamente a quienes gocen del beneficio de litigar sin gastos (cfr. inc. e).- Se resalta que en el caso “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ ordinario”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación eximió del pago del depósito del artículo 286 del CPCyCN, diciendo que “…al prever el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica pudieran comprometer su acceso a la justicia…” y que “…Una interpretación que pretenda restringir los alcances del precepto no solo (sic) desconocería la pauta interpretativa que desaconseja distinguir allí donde la ley no distingue…sino que conspiraría contra la efectiva concreción de las garantías constitucionales establecidas a favor de los consumidores…a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos.” (Fallos 338:1344).- En sentido análogo se ha aseverado que: “…en caso de tratarse de una acción iniciada por consumidores dentro del marco de la ley 24.240, y adoptando la postura amplia seguida por la Corte Sup. en cuanto al alcance del beneficio de justicia gratuita consagrado en el art. 53 de aquel microsistema, se encontraría el consumidor exento de realizar el depósito previo por encontrarse gozando del beneficio propio de la ley protectora, equivalente éste al beneficio de litigar sin gastos.” (cfr.
Méndez Acosta, Segundo J.: “Roces entre los derechos del consumidor y el recurso extraodinario de inaplicabilidad de ley bonaerense”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/5294/2015).- Establecido lo anterior, resta efectuar unas consideraciones adicionales para enfocar la intríngulis que nos convoca.-
El beneficio de gratuidad que se viene describiendo se aplica por decisión legal y de modo automático a favor del consumidor. Esto implica que el juez está obligado a conceder al consumidor el beneficio de justicia gratuita, aunque no haya sido solicitado. Ello es así porque tiene carácter de orden público (cfr. art. 65 de la Ley Nº 24.240) y no puede ser dejado de lado (cfr. Manterola, Nicolás I.: “Estudio del beneficio de justicia gratuita (arts. 53 y 55, ley 24.240”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/1698/2021). No depende de instancia o pedido de parte, en tanto su goce se concede “de pleno derecho”, conforme lo impone el artículo 5º bis del régimen provincial anteriormente aludido. Además, es definitivo y no se acuerda a las resultas del pleito.- En el caso bajo tratamiento, este Alto Cuerpo tendrá a su cargo la delicada tarea de resolver si el fuero provincial es apto para intervenir en la causa, resultando ajena a la discusión la procedencia o no del reclamo de fondo iniciado por el actor Gustavo Sebastián Párraga. Ahora bien, no puede pasarse por alto el hecho de que la naturaleza de la relación que une a los litigantes podría tener una incidencia directa e inmediata en la solución a la que finalmente se arribe.-
Conforme lo explicado anteriormente, el consumidor que procura acceder a esta instancia extraordinaria provincial se encontraría exento de abonar el depósito previo que el ordenamiento ritual impone como uno de los recaudos formales propios de este tipo de recursos. Lo que singulariza la presente contienda es que, justamente, esa cuestión se encuentra en tela de juicio, habiendo encontrado respuestas dispares en las anteriores instancias. Naturalmente, ello no puede ser resuelto en esta incipiente etapa procesal, dado que es materia inherente al examen de fundabilidad. Sin embargo, tal como se expuso más arriba, al tiempo de abrir el juicio sobre la admisibilidad de la impugnación extraordinaria, debe estar hecho el depósito previo o debe estar vigente la exención de hacerlo, una de dos; por lo que ante un caso de duda, se presenta el interrogante planteado.- Aún cuando la literalidad de los textos legales individualizados refiere que “…Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley…” (art. 53 de la Ley Nº 24.240, t.o.
Ley Nº 26.361, y art. 5º bis de la Ley Nº 2465, t.o. Ley Nº 2744), parece inapropiado abordar su interpretación ciñéndose exclusivamente al plano exegético y, mucho menos, de manera sesgada. Basta con verificar que ese enfoque excluiría del beneficio de gratuidad al consumidor demandado para constatar su irracionalidad. Se requiere, en consecuencia, tomar en cuenta los principios y valores jurídicos implicados en el conflicto a resolver de manera coherente con el resto del ordenamiento (cfr. art. 2º del CCyCN).- Resulta menester desentrañar el sentido de estas normas partiendo de la siguiente advertencia preliminar: “…para establecer el sentido de un artículo, es necesario relacionarlo con los demás.
Uno de los defectos hermenéuticos más notorios es, justamente, leer una regla sin entender su significado sistémico…La interpretación aislada de las normas o con base en principios o valores diferentes de los que ahora rigen adelgaza la riqueza que arroja la interconexión.” (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis: “Fundamentos de derecho privado: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina”, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2016, prefacio).- Al hallarse en juego la interpretación de normas procesales, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y de manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales (Fallos 315:1738), en nuestro caso, el principio protectorio emanado del artículo 42 de la Constitución Nacional.
Es propio de la exégesis buscar el verdadero sentido de la ley mediante un estudio atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, ya que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas, pues el cometido judicial no concluye con la remisión a las letras de éstas, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la “ratio legis” y del espíritu de aquéllas (Fallos 338:1183). En la labor hermenéutica, además, no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos 331:1262).- La doctrina tradicional de este Alto Cuerpo, al tiempo de que estableció que el depósito previo es una carga económica y una forma de limitar los recursos, también se encargó de precisar que debe revistar un cariz de actualidad que impida que sus fundamentos fácticos concluyan simplemente en una historicidad no deseada con una efectividad final que redunde directamente en la eficaz administración de justicia.
Ello obliga al juzgador, como incansable buceador del sentido integral del derecho, a ponderar la cosmovisión normativa en la que se sumergen los textos legales detallados, los que procuran superar las asimetrías estructurales a las que se encuentra sometido el consumidor en su condición de sujeto vulnerable.- Desde este horizonte, frente a dos alternativas posibles pero opuestas: la exigencia del depósito previo o su exención, y ante un caso de duda, corresponde inclinarse por escoger aquella que es más favorable al efectivo goce y ejercicio del derecho al acceso a la justicia -el que incluye, desde luego, el derecho a un recurso efectivo-, admitiendo que en el caso bajo examen el recurrente se encuentra exento del depósito normado en el artículo 4º, inciso d) del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.- En el caso “K. D. L. s/ recurso extraordinario”, el Máximo Tribunal del país destacó la necesidad de que el beneficio de gratuidad “…abarque todas las etapas e instancias administrativas y judiciales establecidas en los ordenamientos adjetivos pertinentes. Comprende, por lo tanto, la promoción de acciones y la utilización de los canales recursivos aptos para obtener una decisión del organismo que, de conformidad con las normas organizativas del sistema judicial de que se trate, esté en condiciones de emitir la última palabra sobre los puntos discutidos…” (Fallos 337:1555). Si bien lo expuesto ha sido proclamado para el ámbito laboral, no se encuentran razones válidas que obsten a la extensión de estas consideraciones al campo bajo tratamiento.- Al hilo de este razonamiento, y a modo de conclusión, es pertinente resaltar que “…en virtud del principio in dubio pro consumidor que gobierna la materia consumeril, ante supuestos en los que no surja inequívoca la existencia de una relación de consumo o su presencia pueda resultar dudosa y requiera de un examen circunstanciado que la determine -y más allá de que finalmente se desestime la pretensión por no verificarse dicho vínculo-, la cuestión deberá ser dirimida a la luz del citado principio con las consecuencias que se derivan de ello en los distintos ámbitos, entre los que cabe incluir, obviamente, al beneficio de justicia gratuita.” (cfr.
CSJN, voto del Dr. Horacio Rosatti, “A.C.U.D.E.N. c/ Banco Provincia del Neuquén s/ daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual”, Fallos 344:3095).- Resta indicar que lo antedicho no importa pronunciamiento alguno en torno a la solución que, en definitiva, merezca el presente litigio.-
En virtud de los argumentos hasta aquí vertidos, se considera que el recurrente se encuentra exento del depósito previsto en el artículo 4º, inciso d) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/ 15 -Decreto Nº 2228/15- y, por ende, corresponde ordenar el reintegro del realizado a fs. 89 y vta. Así lo votamos.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante del Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani, de la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia parcial de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar bien concedido el recurso de casación de la parte actora a fs. 90/95 vta.-
2. Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por el término allí establecido.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1067I.221 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3718 Folio N°: 6618/6623 Secretaría: 1
Fin de la sentencia