Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 142.778
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución apelada en cuanto rechazó el levantamiento del embargo y la inejecutabilidad pretendidos por la señora Susana Teresa Sule, aunque por los fundamentos aquí expuestos, declarando la inconstitucionalidad de la ley 14.432 y de su decreto reglamentario y disponiendo las medidas de tutela señaladas en el considerando 3.C. Las costas de Alzada, se imponen a la incidentista, atento el resultado alcanzado y revistiendo la recurrente la condición de sustancialmente vencida (conf. arg. arts. 68, 69, CPCC).
DMV/CLC
Sentencia Definitiva Causa N° 142778; Organismo de 1° instancia PASQUALI GUILLERMO ANDRES C/SCURZI EDMUNDO ROBERTO Y OTROS S/ ··EJECUTIVO En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario los señores Jueces vocales de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, el doctor Leandro Adrián Banegas, y el doctor Hugo Adrián Rondina, para dictar sentencia en la Causa 142778, caratulada: "PASQUALI GUILLERMO ANDRES C/SCURZI EDMUNDO ROBERTO Y OTROS S/ ··EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 6/11/25?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado con fecha 16/11/25 por la señora Teresa Susana Sule, contra el decisorio dictado el 6/11/25. El 20/11/25 se concedió el recurso de apelación, el que fue fundado con fecha 21/11/25, mereciendo réplica de la contraria con fecha 10/12/25. Finalmente, resta indicar que el día 27/5/26 el señor Fiscal de Cámaras presentó su dictamen.
2. A. El decisorio puesto en crisis rechazó el pedido formulado por la señora Susana Teresa Sule, tendiente a obtener el levantamiento del embargo y a impedir la subasta del inmueble que habita, con sustento en el régimen de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única previsto por la Ley 14.432. Para así decidir, el juez de grado consideró que, aun cuando pudiera tenerse por acreditado que el bien reúne las condiciones previstas por aquella normativa, tanto el crédito que aquí se ejecuta, como los embargos ordenados en las actuaciones, fueron anteriores a la entrada en vigencia de la ley provincial, por lo que entendió configurada una situación jurídica consumada que no podía ser alcanzada por la legislación posterior sin incurrir en una aplicación retroactiva. En razón de esa conclusión, estimó innecesario expedirse acerca del planteo de inconstitucionalidad de la Ley 14.432 introducido por la parte actora; y rechazó la petición de aplicación de la Ley 14.432 efectuada por señora Susana Teresa Sule en su presentación de fecha 25/9/23 al presente caso, con costas a la última nombrada en atención a su carácter de vencida (v. res. del 6/11/25).
B. Contra ese pronunciamiento se alza la incidentista. En lo sustancial, cuestiona la interpretación efectuada en torno a la aplicación temporal de la ley 14.432 y sostiene que la existencia de un embargo anterior a su entrada en vigencia no basta para excluir su aplicación, pues la ejecución del inmueble aún no se encuentra consumada y la subasta, como acto pendiente, debe quedar alcanzada por el régimen vigente al momento de su realización. Sobre esa base, distingue entre la embargabilidad y la ejecutabilidad del inmueble y postula que, aun cuando se considerase subsistente el embargo, la ley impediría avanzar con la venta forzada, dejando incólume el derecho del acreedor de cobrarse eventualmente de otros bienes o activos del deudor, pero excluyendo la vivienda protegida, conforme a la disposición legal. Finalmente, invoca la tutela constitucional de la vivienda y su especial situación de vulnerabilidad en razón de su avanzada edad, destacando que se trata de su vivienda única, que carece de otros inmuebles y que posee sobre el bien el derecho real de habitación contemplado por el artículo 2383 del Código Civil y Comercial.
3. A. En lo que respecta al primero de los agravios, considero que asiste razón a la recurrente, en cuanto cuestiona el fundamento temporal empleado en la instancia de origen, aunque ello -como seguidamente se verá-, no resulta suficiente para modificar la solución adoptada.
En efecto, las relaciones crediticias no pueden reputarse jurídicamente consumadas mientras se encuentre pendiente su efectivización, de modo que la sola existencia de una medida cautelar trabada con anterioridad a la sanción de una nueva normativa no configura, por sí misma, un derecho adquirido del acreedor a obtener la realización forzada del bien con prescindencia del régimen vigente al tiempo de concretarse dicho acto (conf. arg. esta Sala, causa 126919, sent. del 22/10/24, RSD 284/24).
Es en este sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que no es retroactiva la aplicación de la ley nueva al caso aun cuando resulte referida a una relación jurídica existente –nacida bajo el imperio de la ley antigua– si de ella sólo se alteran efectos que por producirse después de la entrada en vigencia del nuevo texto, no se encuentran al amparo de la garantía de propiedad (C.S., Fallos: 297:117). Para que sea un derecho adquirido, será necesario que su titular haya cumplido -bajo la vigencia de la norma derogada o modificadatodas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata, aún cuando falte la declaración formal de una sentencia o acto administrativo (Fallos: 296:723; 298:472; 304:871; 314:481, 328:1381).
La Suprema Corte de Justicia bonaerense señaló –con respecto al artículo 3 del Código Civil, antes vigente, pero en un razonamiento de aplicación analógica al contexto normativo actual- que las leyes rigen a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir, que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico (S.C.B.A., C. 101.610, sent. del 30/9/09, 107516 sent. del 11/7/12, e.o.).
En el caso, los presupuestos necesarios para considerar consumada la situación jurídica debatida no se encuentran satisfechos, pues por las características del derecho en juego, el crédito reclamado aún no se ha efectivizado en el patrimonio del acreedor. De allí que la anterioridad del crédito o de la medida cautelar respecto de la entrada en vigencia de la Ley 14.432 no permita, por sí sola, tener por agotada la ejecución mientras la realización del inmueble permanezca pendiente. En esas condiciones, el fundamento temporal utilizado por el magistrado de grado para excluir la aplicación de dicha normativa no puede ser compartida (conf. arg. arts 3, CC; 7, CCC).
B. Ahora bien, la procedencia de este agravio no conduce a admitir la pretensión del recurrente.
Ello así, pues despejada la cuestión relativa a la eficacia temporal de la normativa, corresponde abordar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 14.432, oportunamente introducido por la parte actora y cuyo tratamiento quedó desplazado en la instancia anterior en razón al modo en que se resolvió la incidencia. A ello se suma el deber que pesa sobre los órganos jurisdiccionales de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas llamadas a regir al caso, a fin de asegurar su compatibilidad con la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales.
Sobre el particular, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se ha expedido específicamente respecto de la validez constitucional de la Ley 14.432, declarando su inconstitucionalidad en la causa 120341, caratulada “Vazquez, Claudio Andrés c/ Facciorusso, Adrián Mateo s/ Ejecución de sentencia”, dictada el 19/12/18.
Tal criterio fijado por el cimero Tribunal constituye doctrina legal, entendida ésta como aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia, con la idea de establecer una unidad interpretativa que contribuye al imprescindible anhelo de otorgar seguridad jurídica a la comunidad y evitar los efectos del escándalo jurídico (conf. S.C.B.A. 117.678, sent. del 17-12-2014; C 117.832, sent. del 17-12-2014; art. 279, C.P.C.C.; esta Sala, causa 126919, sent. del 22/10/24, RSD 284/24).
De tal modo, si uno de los fines del recurso de inaplicabilidad de la ley es el de mantener la uniformidad de la jurisprudencia, como medio de hacer efectiva la igualdad ante la ley, resulta claro que los jueces y tribunales de las instancias ordinarias deben aplicar la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia porque si bien los fallos que ésta dicta resuelven el caso particular, también determinan la jurisprudencia aplicable a los casos análogos por su naturaleza y circunstancias (art. 161 inc. 3° ap. a Const. Pcial; SCBA, Ac. y Sent. 1959-IV-169; Morello y otros, Códigos procesales..., T. III, p. 502, ap. b y c; conf. esta Sala, causa 126919, sent. del 22/10/24, RSD 284/24).
Cabe señalar, también, que la violación de la doctrina legal a la que se refiere el artículo 279 del Código adjetivo se configura en caso de que un fallo sea dictado con injustificado apartamiento o inobservancia de un criterio jurisprudencial sentado previamente por esa Corte en casos análogos o de estrecha similitud (S.C.B.A., C. 117.832, sent. del 17-12-14). Asimismo, la Suprema Corte de Justicia Provincial ha sostenido que sus pronunciamientos -es decir, aquellos que conforman su doctrina- demuestran tener (vía recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley) efectos vinculantes sumamente fuertes respecto de las demás instancias, por lo que resolver de una forma contraria a lo que en ellos se establece exige que sean exhibidas razones convincentes, decisivas y atinentes de opuesto sentido (S.C.B.A., C. 117.292, sent. del 1-4-15, voto del señor juez doctor De Lázzari; esta Sala, causa 126919, ya cit.). Como se puntualizara, en la causa C. 120.341 (caratulada:
"Vazquez, Claudio Andrés c/ Facciorusso, Adrián Mateo s/ Ejecución de sentencia") con fecha 19/12/18 el superior Tribunal provincial analizó si la legislatura provincial se hallaba facultada para dictar un precepto como el contenido en la ley 14.432, o si, por el contrario, con la sanción de dicha norma se transgredían regulaciones fundamentales del texto constitucional, como serían el artículo 31, donde se establece la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento o el artículo 75 inc. 12, en cuanto reserva al Congreso de la Nación la facultad de dictar los códigos de fondo.
En el citado precedente el Mas Alto Tribunal provincial expuso, con cita de antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto ya que, al haber delegado en la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que la contradigan; añadió que en lo que respecta a la regulación por las leyes provinciales de la cuestión relativa a la protección de la vivienda única, la Corte Suprema de la Nación en la causa "Banco del Suquía S.A. c/ Tomasisni", sentencia de 19-III-2002, declaró la inconstitucionalidad del art. 58 in fine de la Constitución de la Provincia de Córdoba y su ley reglamentaria en cuanto dichas normas invadieron las facultades expresamente delegadas al Congreso nacional, a la par que señaló que la cuestión relativa a la protección de la vivienda única ya se encontraba regulada por la ley nacional 14.394, siendo tal criterio ratificado con posterioridad por el Máximo Tribunal en las causas "Banco Nación contra Martín", sentenciada el 27 de mayo de 2004 (Fallos 327:1484) y "Romero", de 23 de junio de 2009 (Fallos 332:1488).
Recordó que hasta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación nuestro país carecía de un régimen legal único y orgánico sobre la vivienda. No obstante, diversos textos legales habían ido creando sistemas de protección y que en esa línea se inscribía la ley 14.394, cuyas disposiciones, de orden público, regulaban -en sus arts. 34 a 50 el "bien de familia", institución que, precisamente, estaba destinada a salvaguardar el bienestar de la familia, asegurando su vivienda o sustento a través de una regulación tuitiva del patrimonio familiar. Añadió que la falta de actualización del mentado régimen previsto en la citada ley 14.394 fue siendo superada por la labor de la jurisprudencia y en ese sentido la doctrina legal de ese Tribunal -siguiendo en ello también los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha sostenido la inembargabilidad e inejecutabilidad por deudas posteriores a su inscripción como tal, así como su defensa como imperativo constitucional. Asimismo, indicó que la citada ley nacional ha sido derogada por la ley 26.994, la regulación normativa por el Código Civil y Comercial mantiene el sistema de afectación voluntaria, que es justamente, junto con la inscripción, la herramienta adecuada para su oponibilidad a terceros, recaudo del que carece la ley provincial 14.432 la que pretende establecer un sistema de oponibilidad automática e inmediata de la vivienda familiar, sin inscripción registral previa frente a todos los acreedores y sin limitación temporal, prescindiendo de la fecha de nacimiento de los créditos.
Asimismo dicho cimero Tribunal, expresó que si no existe una ley nacional que disponga la inembargabilidad e inejecutabilidad de todo inmueble destinado a vivienda única y de ocupación permanente de manera automática como lo hace la ley provincial 14.432, ésta deviene inconstitucional por tratarse de materia delegada en los términos del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional y que más allá de la justicia de su contenido, o de la rectitud de la intención del legislador, ha de ser invalidada y su inconstitucionalidad debe ser declarada.
De conformidad con lo hasta aquí señalado y en atención al fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires citado (causa C. 120.341) corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.432 y su decreto reglamentario, sin que las circunstancias fácticas y personales alegadas por la recurrente resulten suficientes para apartarse de dicha doctrina legal, no pudiendo soslayarse que dicho Tribunal superior ha indicado que más allá de la justicia de su contenido o de la rectitud de la intención del legislador, la ley 14.432 ha de ser invalidada y su inconstitucionalidad debe ser declarada (conf. esta Sala, causa 126919, ya cit.).
En consecuencia, aun cuando resulte atendible la crítica formulada por la recurrente respecto del fundamento temporal utilizado por el juez de grado, tal circunstancia no permite reconocer la inembargabilidad o inejecutabilidad pretendida, pues el régimen legal en el cual aquélla sustenta su petición resulta constitucionalmente inválido conforme la doctrina legal vigente de la Suprema Corte provincial (conf. SCBA, causa 120341; esta Sala, causa 126919, ya cit.).
Tampoco la invocación del artículo 2383 del Código Civil y Comercial resulta idónea para modificar esa conclusión. Ello así desde que la propia disposición invocada establece expresamente que el derecho real de habitación del cónyuge supérstite “…es inoponible a los acreedores del causante”. Por consiguiente, dicho norma no puede ser esgrimida para impedir la prosecución de una ejecución instada por quien reviste aquella condición (conf. art. 2383, CCC).
C. Ahora bien, la solución alcanzada no importa desconocer las particulares circunstancias personales de la señora Teresa Susana Sule, ni la especial protección que el ordenamiento constitucional y convencional reconoce a las personas adultas mayores.
En efecto, la incidentista ha manifestado contar con 84 años y habitar en forma permanente el inmueble en cuestión, afirmando, además, que carece de otro lugar en donde residir. Tales circunstancias, las cuales se desprenden, a primera vista, de los informes acompañados con fecha 18/4/24, no pueden ser desatendidas al momento de ponderar la especial tutela que el ordenamiento reconoce a las personas adultas mayores (conf. arg. arts. 14 bis y 75, inc. 22 de la Const. Nac.; 36, inc. 6 y 7, Const. Prov.; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores).
En este sentido, la Suprema Corte provincial ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre una problemática semejante las presentes actuaciones, en la causa 119.623, “Guevara, Andrea Mariel c/ Tebes, Abel Esteban y otros s/ Daños y perjuicios”, sentencia del 25 de abril de 2018. Allí, frente a la eventual pérdida de la vivienda de una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad, señaló que la continuación de la ejecución no resulta incompatible con la adopción de acciones positivas destinadas a resguardar los derechos fundamentales comprometidos (conf. arg. SCBA causa 119623, sent. del 25/4/18)
En otras palabras, la especial protección constitucional y convencional que merece una persona adulta mayor no permite crear judicialmente una inembargabilidad o inejecutabilidad que el ordenamiento vigente no contempla o que, en su defecto, no deviene aplicable; pero sí impone a los órganos estatales el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar que el ejercicio legítimo de los derechos del acreedor coloque a la persona mayor en una situación de desamparo incompatible con la tutela reforzada que le corresponde (conf. arg. arts. 14 bis y 75, inc. 22 de la Const. Nac.; 36, inc. 6 y 7, Const. Prov.; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; SCBA causa 119623, sent. del 25/4/18).
En tales condiciones, considero adecuado disponer que el juzgado de origen, con carácter previo a la realización de cualquier acto que eventualmente pueda traducirse o importar la privación efectiva de la vivienda que actualmente ocupa la señora Teresa Susana Sule, y en el momento procesal oportuno, se ponga su situación en conocimiento al Poder Ejecutivo Provincial y/o municipal, por intermedio del organismo que resulte competente en materia de personas adultas mayores y asistencia habitacional, a fin de que, previa constatación de los extremos pertinentes (situación de vulnerabilidad en virtud a su avanzada edad, entre otras cuestiones), evalúe e instrumente, las acciones positivas de asistencia y protección adecuadas a su condición de persona adulta mayor especialmente vulnerable, debiendo informar al juzgado de origen las medidas adoptadas (conf. arg. arts. 14 bis y 75, inc. 22 de la Const. Nac.; 36, inc. 6 y 7, Const. Prov.; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; SCBA causa 119623, sent. del 25/4/18).
La orden que de este voto surge, cuenta con una deliberada indeterminación de las medidas efectivas a adoptar, toda vez que se encuentra acreditada la edad de la incidentista y su inclusión dentro de un grupo especialmente vulnerable, más no el resultado de la ejecución o realización de la parte indivisa del inmueble y la suerte que correría la incidentista a partir de su concreción. De allí, que se advierte adecuado que esta disposición cuenta con la amplitud necesaria para dar al señor Juez de grado todas las posibilidades que considere convenientes para el cumplimiento de la protección perseguida.
Asimismo, corresponde dejar expresamente establecido que lo aquí decidido se encuentra circunscripto al derecho o porción indivisa efectivamente alcanzada por la medida cautelar trabada en estas actuaciones, sin que la presente decisión pueda interpretarse como reconocimiento de facultad alguna para extender la ejecución sobre derechos dominiales distintos de aquellos comprendidos en el embargo (conf. arg. art. 384, CPCC).
En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto rechazó el levantamiento del embargo y la inejecutabilidad pretendidos por la señora Susana Teresa Sule, aunque por los fundamentos aquí expuestos, declarando la inconstitucionalidad de la ley 14.432 y de su decreto reglamentario y disponiendo las medidas de tutela precedentemente señaladas. Las costas de Alzada, propongo se impongan a la incidentista, atento el resultado alcanzado y revistiendo la recurrente la condición de sustancialmente vencida (conf. arg. arts. 68, 69, CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El señor Juez doctor RONDINA, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto rechazó el levantamiento del embargo y la inejecutabilidad pretendidos por la señora Susana Teresa Sule, aunque por los fundamentos aquí expuestos, declarando la inconstitucionalidad de la ley 14.432 y de su decreto reglamentario y disponiendo las medidas de tutela señaladas en el considerando 3.C. Las costas de Alzada, corresponde se impongan a la incidentista, atento el resultado alcanzado y revistiendo la recurrente la condición de sustancialmente vencida (conf. arg. arts. 68, 69, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez doctor RONDINA, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución apelada en cuanto rechazó el levantamiento del embargo y la inejecutabilidad pretendidos por la señora Susana Teresa Sule, aunque por los fundamentos aquí expuestos, declarando la inconstitucionalidad de la ley 14.432 y de su decreto reglamentario y disponiendo las medidas de tutela señaladas en el considerando 3.C. Las costas de Alzada, se imponen a la incidentista, atento el resultado alcanzado y revistiendo la recurrente la condición de sustancialmente vencida (conf. arg. arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA.
DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. HUGO A. RONDINA JUEZ JUEZ
Fin de la sentencia