Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 7701
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaReceptar única y parcialmente el recurso de la parte demandada y reconviniente Yesica Griselda Ferreyra, y en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia en lo que respecta al monto fijado en concepto de clausula penal, que se eleva a la suma de U$S 8.000 (doctr. arts. 12, 790, 793, 794, 958, 960 y ccdtes. del CCC). En cuanto a las costas de Alzada, corresponde imponerlas íntegramente a la parte actora que ha resultado vencida (art. 68 del CPCC).
Expte. n°: JU-7701-2019 PASQUINI MARTA BEATRIZ Y OTROS C/ FERREYRA YESICA GRISELDA Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES ------------------------------------------------------------------------------ En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-7701-2019 caratulada: "PASQUINI MARTA BEATRIZ Y OTROS C/ FERREYRA YESICA GRISELDA Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Volta Y Castro Durán.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. En fecha 15/9/22 el Sr. Juez de primera instancia dictó sentencia, por la que receptó:
-Parcialmente la demanda iniciada por Marta Beatriz Pasquini, María Soledad Pasquini y Cesar Matías Pasquini contra Yésica Griselda Ferreyra, y también parcialmente a la reconvención iniciada por Yésica Griselda Ferreyra contra Marta Beatriz Pasquini, María Soledad Pasquini y Cesar Matías Pasquini, condenando a la parte actora a otorgar la escritura traslativa del dominio del inmueble objeto de la pretensión, contra el pago del saldo de precio adeudado de U$S 40.000.
-La pretensión derivada de la aplicación de la cláusula penal y condenó a la parte actora a abonar a la demandada la suma de U$S 3.000. Importe que la demandada descontará del saldo de precio.
En cambio rechazó:
-Las indemnizaciones requeridas por Yésica Griselda Ferreyra del daño emergente, pérdida del valor venal, daño moral y gastos de escrituración. -La acción de daños y perjuicios iniciada por Marta Beatriz Pasquini, María Soledad Pasquini y Cesar Matías Pasquini, contra los señores Marcelo Arriola, José R. Pelagagge, Fernando Agustín Pino, y Chubb Seguros Argentina S.A, con costas a la actora.
Impuso las costas de todas las pretensiones a la parte actora, con excepción de los rubros solicitados por Ferreyra, que fueran íntegramente rechazados, que se impusieron a ésta.
De tal modo el Dr. Fernando Castro Mitarotonda resolvió las diversas pretensiones acumuladas, todas originadas en la suscripción, en fecha 20/7/17 de un boleto de compraventa entre los actores Pasquini como vendedores y la demandada Ferreyra como compradora, de un inmueble sito en calle Newbery 319 de esta ciudad. Operación inmobiliaria en la que habrían intervenido como martilleros Arriola y Pelagagge y el escribano Fernando Pino.
Los actores acumularon dos pretensiones: por un lado, de cumplimiento de contrato contra Ferreyra, con el objeto de obtener el pago del saldo de precio que había sido diferido para la oportunidad de la escrituración; y por otro lado, contra Pelagagge, Arriola y Pino, de indemnización por los daños que les habría provocado el incumplimiento de la tareas de asesoramiento que le correspondía como profesionales.
La demandada, por su parte, reconvino por el cumplimiento de contrato - escrituración-, achancando la mora a la contraria.
El sentenciante tuvo por acreditado el contrato que vincula a la partes "Pasquini" y Ferreyra, que fuera firmado en presencia del letrado Pablo Torres, el martillero Pelagagge y el escribano Pino.
También que los vendedores efectuaron la compraventa en su calidad de herederos de Isidro y Raúl Pasquini y Valentina Martín, que el precio se pactó en la suma de U$S 82.000, y que se fijó un plazo de 50 días a contar desde que se hallaren ordenadas las inscripciones respecto del bien en los procesos sucesorios, para el otorgamiento de la escritura y abonar el saldo de precio. Entendió el juez que habiendo transcurrido dicho plazo (las inscripciones fueron ordenadas en fecha 13 y 16/8/18) no surge que la actora contara con la documentación necesaria, concretamente los planos de la propiedad, para poder cumplir la obligación de escriturar, por lo que la consideró en mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
A continuación, se avocó al estudio de la clausula penal pactada para el incumplimiento, señalando que no se ha acreditado por parte de la actora la concurrencia de eximentes, aunque estimó que el monto diario de U$S 60 pactado resulta abusivo, por lo que lo morigeró en la suma global de U$S 3.000. Seguidamente rechazó el resto de las partidas indemnizatorias que fueran deducidas por los reconvinientes, en la inteligencia de que los daños no han sido acreditados.
Por último, abordó la pretensión acumulada de daños y perjuicios por los actores contra Arriola, Pelagagge y Pino.
En relación al primero señaló que la prueba recabada no permite tener por acreditado relación causal alguna entre su actuación y los daños. Respecto del martillero Pelagagge explicó que si bien sobre el corredor pesan distintas obligaciones, la actora no ha invocado, en concreto, cual sería el incumplimiento en las tareas que hubiese incurrido que habiliten endilgarle algún tipo de responsabilidad.
Agregó que los antecedentes de los bienes objeto del contrato provenían de las sucesiones, donde consta que los actores contaban con asesoramiento letrado, incluso en el mismo momento de la firma del boleto, lo que desvanece la pretendida vinculación entre la actuación del martillero y los inconvenientes incurrido en la escrituración del inmueble.
En cuanto al Escribano Pino, nuevamente señaló que no se advierte en la demanda ni en la prueba rendida los presupuestos de la responsabilidad imputada al escribano.
Destacó que el núcleo de la responsabilidad endilgada es la afirmación de que al momento de la firma del boleto quisieron hacerle entrega de toda la documentación al escribano "pero les refirió que no era necesario", extremo que aún cuando fuese así, no se advierte como pueda aparecer como fuente de responsabilidad del escribano.
II. Apelaron la sentencia los actores y la demandada Ferreyra (presentaciones de fecha 21/9/ y 26/9/22 respectivamente) y habiéndose concedido libremente los recursos, una vez radicadas las actuaciones ante esta instancia, presentaron las correspondientes expresiones de agravios en fecha 3/11 y 10/11/22 (actora y demandada respectivamente).
Los actores sostuvieron que se probó con creces para eximirse de las consecuencias de la mora, que la misma no se debió a una causa imputable a su obrar, sino a un tercero por el cual no deben responder.
Explicaron que, ignorantes de cómo se llevaba a cabo una compraventa inmobiliaria, contrataron los servicios profesionales de personas calificadas para ello, la intervención de una inmobiliaria, en tanto que la demandada, hizo lo propio al contratar un escribano de confianza.
Afirmaron que se encuentra probado que recién tomaron noticia del inconveniente de plano 7 meses después de firmado el boleto, y que se encuentra reconocido que se puso a disposición del escribano la documentación necesaria para comenzar los trámites y se recibió como respuesta que "no hacía falta, que nos avisaría de ser necesaria la entrega".
Entendieron que la situación descripta permite afirmar que se trató de un "simple retardo" que no produce las consecuencias de la mora.
Destacaron que el Esc. Olocco, al prestar declaración testimonial, explicó la importancia y necesidad de solicitar un Certificado de inspección municipal.
En relación a Pelagagge y Arriola señalaron que pese a haber afirmado realizar un examen exhaustivo de la documentación, no advirtieron el error que hoy se les endilga.
Sostuvieron que, en base a lo normado por el 1725 del CCC, cuanto mayor es la diligencia exigible al agente, mayor será el estandar con el cual se valorará su conducta, y esta regla es aplicable a los profesionales intervinientes en la operación.
La parte demandada, se agravió en primer lugar, del rechazo del rubro indemnizatorio "daño emergente", afirmando que una persona sin conocimientos legales se ve obligada a recurrir a asesoramientos varios, a fin de afrontar la conflictividad generada por el accionar de los Sres. Pasquini, y que el trabajo de los agrimensores, escribanos y letrados consultados se presume oneroso. En segundo lugar, cuestionó el rechazo de rubro "pérdida de valor venal". Sostuvo que siendo de público y notorio el proceso de crisis económica que atraviesa nuestro país, la desvalorización de la moneda nacional, y la consiguiente caída del valor real de las propiedades en dólares estadounidenses.
En tercer lugar, criticó el rechazo del daño moral, agregando que deben indemnizarse los padecimientos sufridos por la imposibilidad de adquirir la vivienda, que habita junto a sus hijos menores, y los padecimientos que debió soportar afectando el curso normal y habitual de su vida.
Por último, cuestionó el quantum indemnizatorio establecido por la cláusula penal, el que tildó de arbitrario e infundado, teniendo en cuenta que el resultado de la aplicación de la multa diaria rondaría la suma de U$S 19.500. Corridos los correspondientes traslados de las reseñadas fundamentaciones, fueron replicados por los actores en fecha 12/11/22, la demandada Ferreyra en fecha 16/11/22, Fernando Esc. Pino y la citada en garantía Chubb Seguros Argentina S.A. en fecha 22/11/22, Jose Pelagagge en fecha 23/11/22 y Marcelo Arriola en fecha 24/11/22; luego de lo cual se dictó el llamado de autos para sentencia, cuya firmeza dejó los presentes en condiciones de ser resueltos (art. 263 del CPCC).
III. En esa tarea iniciaré recordando que la CSJN ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tiene el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), paso a ocuparme de las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto, inclinándome por los medios probatorios que produzcan mayor convicción. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama "jurídicamente relevantes" (su obra "Proceso y derecho procesal", Ed. Aguilar, Madrid, 1960, p. 971, párr. 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei ("La génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", ps. 369 y ss.). Sentado ello, me ocuparé de los agravios que la actora dirige contra la recepción de la demanda de escrituración.
La escrituración impone deberes secundarios y combinados. Se trata de prestaciones conexas unidas a la obligación principal que forman parte del conjunto de deberes jurídicos resultantes del contrato ( Kiper "Juicio de escrituración" Hammurabi p. 295/6) Así "el vendedor tiene a su cargo la realización de diligencias preliminares las cuales, de no llevarla a cabo en tiempo oportuno, impedirán el otorgamiento de la escritura. Supongamos por ejemplo que el vendedor no tenga inscripto el dominio a su nombre: salvo los supuestos del denominado tracto abreviado (art. 16 de la ley 17801) incurrirá en falta de diligencia si cumplido el plazo pactado no ha obtenido la registración a su favor" (Gurfinkel de Wendy "Escrituración" La Ley p. 257). "Corresponden también el vendedor, salvo pacto en contrario, los gastos de mensura, cuando sean necesarios a los fines de la determinación de las superficies, medidas y linderos del inmueble que se trate, ya sea por convención de las partes o cuando la norma así lo mande como en el caso de la Provincia de Buenos Aires, la ley 10.707, que organiza el catastro territorial de la Provincia en su art. 1 y en su art. 15 establece la obligatoriedad de mensura y actualizar el estado parcelario en oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y transmisión de derechos reales" ( Mariño Galasso, Augusto "las obligaciones clásicas y modernas del vendedor y del comprador en la compraventa inmobiliaria" TR LALEY AR/DOC/1099/2015)
Recordemos que "es a través del examen y verificación de la conducta previa de las partes cómo quedará dilucidada la responsabilidad en el incumplimiento" (Mosset Iturraspe-Novellino "La obligación de escriturar" La Rocca p. 103) Es que el incumplimiento de la obligación de escriturar no se plasma únicamente en la falta de firma del instrumento público, sino que puede provenir de la no realización de las diligencias preliminares que quedan a cargo del vendedor o comprador respectivamente" (Gurfinkel de Wendy, ob. cit. La Ley p. 257).
En este caso, de los términos del boleto de compraventa surge que: "...los impuestos, tasas, contribuciones, diferencia, planos y final de obra que adeude el inmueble hasta la entrega de la posesión son a cargo de la vendedora...", como así también: "...La confección y/o actualización de la cédula catastral, el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) y la inscripción por tracto abreviado de las sucesiones mencionadas..." (cláusula tercera, ver fs. 37/38, el subrayado es propio).
Por otro lado, no resultan hechos controvertidos que las ordenes de inscripción de los sucesorios se obtuvieron aproximadamente un año después (agosto de 2018) de la firma del boleto (julio de 2017), más allá de que la diferencia en los planos y la necesidad de subsanar esa deficiencia haya sido la causa determinante de la no escrituración.
De lo antes expuesto, resulta claro que esa obligación atinente a requisitos catastrales había sido expresa y personalmente asumido por la parte vendedora.
Llegado a este punto, corresponde desentrañar si puede tenerse por acreditado el hecho del o los terceros que invocan los actores para eximirse de responsabilidad, y adelanto que la respuesta es negativa.
Llego a esa conclusión valorando que el hecho del tercero para eximir de responsabilidad debe reunir los caracteres del caso fortuito (art. 1731 del CCC), es decir, si es imprevisible o inevitable para el sindicado como responsable (conf. art. 1730 del CCC).
Y en este caso, resulta claro que la contingencia relacionada con los planos y una eventual necesidad de revisión ha sido expresamente prevista en la cláusula más arriba transcripta, quedando descartado de plano su condición de imprevista.
Por lo que en definitiva, el tramo del pronunciamiento que le achaca el incumplimiento a los actores debe ser confirmado.
IV. Descartada la configuración del hecho del tercero como eximente de responsabilidad de los actores, cabe preguntarse si dentro de la distinta relación contractual que los vinculó con los otros codemandados, existió algún tipo de incumplimiento por parte de estos en el asesoramiento profesional, tal como se afirma en la demanda, que haya tenido incidencia en su personal incumplimiento.
Comenzaré por el co-demandado Arriola, respecto de quien, recordemos, la sentencia ha admitido la defensa de falta de legitimación activa, al no haberse acreditado que su actuación haya tenido alguna vinculación con los daños pretendidos.
Los actores en sus agravios remarcan que Arriola nunca acreditó ser empleado de la inmobiliaria, como afirmara al contestar la demanda. En este punto, anticipo que también habré de coincidir con el sentenciante de grado en que no existen elementos probatorios como para achacar algún grado de responsabilidad al mencionado.
De la prueba reunida, sólo puede tenerse por acreditada su atención a los actores en la inmobiliaria Pelagagge, tal como está reconocido, e incluso su presencia al momento de la firma del boleto (conf. declaración testimonial del Dr. Pablo Torres). Más ello no resulta suficiente para tener por acreditado un hecho que genere responsabilidad, ya sea en la órbita contractual o incluso en la extracontractual.
Debo agregar aquí, en contra de lo afirmado por los actores recurrentes, que el artículo 375 del CPCC dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, cual es la carga de la prueba, al sostener que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan -y que pretenden subsumir- como sustento de su pretensión, defensa o excepción. Por tal motivo, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo. (SCBA LP C 120605 S 07/03/2018).
Por lo tanto, siendo la "intermediación" de Arriola un hecho controvertido, le correspondía a los actores la carga de demostrar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión (arg. art. 1734, 1736 del CCC).
V. Distinta es la situación del codemandado Martillero Pelagagge, cuya intervención profesional en la operación de compraventa no ha sido controvertida.
En este punto, debo señalar que siendo la responsabilidad de los martilleros y corredores un mero apartado o capítulo especial dentro de la temática de la responsabilidad civil, va de suyo que para su configuración se habrá de requerir la concurrencia de los mismos elementos o presupuestos de esta última: la existencia de un daño causado; la antijuridicidad o ilicitud; la relación de causalidad entre el obrar humano violatorio del ordenamiento jurídico y el daño; y un factor de atribución, subjetivo u objetivo, que la ley repute apto o idóneo para en cada caso asignar la responsabilidad a uno o más sujetos (conf. Felix A. Trigo Represas y Marcelo J. Lopez Mesa, "Tratado de la responsabilidad civil" Tomo II, ed. La Ley, pág. 628).
Recordemos que en la demanda se le endilgó al profesional una genérica e imprecisa violación del deber de asesoramiento. No obstante, de la lectura de los escritos liminares del proceso y de la prueba rendida, ha quedado en claro que, como dije, la causa en la demora en la escrituración estuvo directamente relacionada con la deficiencia o inexactitud en los planos del inmueble. Por lo que en definitiva, la cuestión pasa por determinar si se encuentra presente el presupuesto "antijuridicidad" para hacer viable su responsabilidad, en otras palabras, determinar si existe alguna norma legal que imponga al profesional una conducta que hubiese permitido "advertir" el problema a los vendedores.
Y es que, en el caso de los corredores y martilleros, la antijuridicidad puede producirse específicamente por violación de las concretas normas referentes al ejercicio de sus funciones, en cuanto las mismas establezcan deberes positivos de conducta o modos de obrar, o determinen prohibiciones o deberes negativos (conf. Felix Trigo Represas-Marcelo J. Lopez Mesa, ob. cit. pág. 628 y ss.).
Sentado ello, cabe recordar que los deberes del corredor se encuentran regulados en el art. 1347 del CCC, y en nuestro ámbito provincial por el art. 52 de la ley 10.973.
Tal como lo afirman incluso los propios recurrentes en sus agravios, no existe el ordenamiento jurídico ninguna exigencia específica relacionada con el pedido de certificados o informes referidos a los planos.
Claro que los corredores tienen la obligación de proponer los negocios a las partes, con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades, más esta obligación, aún valorando que el corredor es un profesional universitario, no puede llevarse al extremo de exigirle advertir errores o deficiencias en áreas ajenas a su conocimiento, como que haya mediado la introducción de modificaciones edilicias, que advertidas en la verificación de subsistencia del estado parcelario (arts 15 y 16 de la ley 17.707) obsten a la expedición de la certificación catastral y obligue a modificar el plano de PH (arts. 17, 19 y conc. de la citada ley) y eventualmente del Reglamento (2038, 2016 CCCN).
Es verdad que "para evitar situaciones de conflicto es aconsejable que la confección del estado parcelario sea un ejercicio previo al acto de contratar de manera que en las tratativas preliminares, los interesados tengan noticia sobre las diferencias que existen entre aquél y lo que resulta de los antecedentes registrados por el catastro" ( Causse Jorge " Ley Nacional de Catastro" la Ley 2007-B, 1143) , pero ello no obliga al corredor a indagar sobre construcciones que no fueron oportunamente declaradas, sino en todo caso a quienes la hicieron informar sobre ellas y así saber cómo puede incidir esto en la concreción y tiempos de la venta que se va a ofertar.
En definitiva, propondré también en este aspecto el rechazo del agravio, en la inteligencia de que el actor no ha logrado acreditar un obrar antijurídico por parte del martillero como presupuesto de la acción de responsabilidad entablada.
VI. Toca ahora ocuparme de la responsabilidad endilgada al escribano Pino.
Nuevamente la parte actora achaca al profesional un genérico incumplimiento del deber de asesoramiento, y en particular, pone énfasis en que, al momento de la firma del boleto, se le quiso entregar la documentación y que ello fue resistido por el notario.
Se encuentra acreditado, mediante la prueba testimonial prestada por el Abogado Torres, que el escribano estuvo presente en el momento de la firma del boleto de compraventa en la inmobiliaria. En cambio, no se ha acreditado si fue el escribano quien redactó el contrato, aunque entiendo que ello tampoco cambiaría la suerte de la pretensión.
Digo esto puesto que, eventualmente, aún considerando que el escribano haya prestado sus servicios profesionales y asesorado a las partes para la firma del boleto de compraventa, no existe una previsión legal que exija constatar el estado parcelario, su vigencia o necesidades de modificación en aquella oportunidad, ya que en rigor de verdad, sólo se encuentra previsto que cuente con el certificado catastral para la autorización del acto escriturario respectivo (art. 50 de la ley 17707 texto según ley 14200 , Decreto 1736/94; Disposición 2010/94 DPCT; Circular 2/11 ARBA; art. 35 in. 13 ley 9020)
De tal forma, queda descartado algún grado de responsabilidad por el asesoramiento que el escribano pudo haber prestado a las partes en forma previa o concomitante a la suscripción del boleto.
Ahora bien, cierto es que designado para autorizar la escritura compraventa (conf. clausula 3°), en lo que Martinez Segovia indica como audiencias interpretativas y de configuración que median entre el requerimiento y el otorgamiento, para la realización de las operaciones notariales de ejercicio, y la preparación de los elementos a su cargo necesarios para su concreción, y dentro del deber de asesoramiento está el de informar y requerir la documentación que el vendedor - titular de dominio debe aportar (art. 35 inc. 2,3 y 4 de la ley 9020).
Y entre ellos obviamente además del título de dominio y el Reglamento de Propiedad Horizontal, figura la cedula catastral (arts 19 y 25 de la ley 10707 y 3 de la Disposición 2010/94 DPCT) necesaria para la expedición del certificado catastral mencionado, siendo ello tarea propia de un agrimensor como profesional habilitado (art. 24 de la ley citada).
En el caso que nos ocupa, ningún déficit informativo ni mucho menos demora en la actividad catastral propia del escribano está acreditada. Se invoca la intención de realizar la entrega de "una carpeta con documentación" al momento de la firma del boleto y que el escribano se habría negado a recibirla en esa oportunidad (conforme lo manifiesta el testigo Pablo Torres).Dejando a un lado que se desconoce el contenido de aquella carpeta, aún cuando ella incluyese parte de la documentación nada demuestra en cuanto al incumplimiento del deber de asesoramiento.
En lo que respecta a la relación requirentes/escribanos, no se ha acreditado el devenir de los hechos con posterioridad aquella oportunidad. Es que ninguna prueba se aportó sobre la existencia de entrevistas con el escribano ni de la posterior puesta a disposición del mismo de toda la documentación legitimante necesaria entre las que se encontraban las órdenes de inscripción, a partir de las cuales corría el plazo de 50 días mencionado. Es más, descarta que haya existido una omisión de parte del escribano en relación a los requisitos catastrales con nexo de causalidad adecuada con el lncumplimiento de los actores, el informe del Agrimensor Tobares (ver fs. 42/43) según el cual, incluso antes de que se estuviera en condiciones de escriturar (ver fechas de órdenes de inscripción de las declaratorias), el 12/07/2018 ya estaba iniciado el trámite de ratificación del plano de PH y que con anterioridad existieron consultas y diligencias a efectos de ayudar a obtener una nota de todos los condóminos y el plano municipal con las ampliaciones declaradas sobre la unidad funcional que se modifica. Con lo cual antes de que el escribano estuviese en condiciones de dar inicio a su tarea, los vendedores ya eran conocedores- sin saber con que anticipación y cómo- de la situación que afectada a la unidad comprometida.
Por lo expuesto, el rechazo de la demanda a su respecto también debe ser confirmada.
VII. Pasando al aspecto indemnizatorio, es dable recordar que en la cláusula sexta se estableció que "...El incumplimiento de las obligaciones emergentes del presente contrato, por cualquiera de las partes, en los plazos indicados, incurrirá en mora automática, devengando a partir de ese momento, una multa diaria de U$S 60 por cada día de retraso..." (fs. 38 y vta.). Llegado a este punto, adelanto que conforme a lo normado por el art. 793 del C.C.C. la pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente.
Así se ha sostenido que: "...Uno de los caracteres de la cláusula penal, quizás el más trascendente y sin ninguna duda polémico, es el de la inmutabilidad, consistente en que el acreedor en principio no puede pretender percibir como indemnización ante el incumplimiento del deudor un monto más elevado que el estipulado como pena, y tampoco al sujeto pasivo de la obligación le es permitido abonar menos de lo pactado como valuación anticipada del daño, probando que el acreedor sufrió un perjuicio menor..." (Belluscio- Zannoni, "Código Civil",. T 3, pág. 215).
"O sea que la cláusula penal es una indemnización a forfait, a ganancias y pérdidas, por la cual: el acreedor toma a su cargo el riesgo de que los daños efectivos del incumplimiento superen el tope fijado por la cláusula, y el deudor a su vez se expone a que dichos perjuicios sean inferiores a ese límite y aún incluso a que ni siquiera lleguen a existir" ( Trigo Represas Félix en "Código Civil y Comercial Comentado Tratado Exegético" Director Jorge H. Alterini La Ley 2ª ed actualizada y aumentada To. IV p. 190 En consecuencia, aunque por diferentes razones que las dadas en primera instancia, se impone el rechazo de las indemnizaciones solicitadas en concepto de daño emergente, pérdida de valor venal y daño moral, rubros que se encuentran comprendidos dentro de la cláusula penal transcripta.- Ahora bien, la parte demandada y reconviniente se desconforma de la morigeración de la clausula penal que realizara el senteciante a la suma de U$S 3.000.
Recordemos, que la determinación de una cláusula penal abusiva requiere de una combinación de factores actualmente descriptos por el art. 794 del CCC: la gravedad de la falta, el valor de las prestaciones y las demás circunstancias del caso.
Explica Federico Alejandro Ossola que: "las prestaciones deben ser entendidas en sentido amplio, comprensivo el concepto de todo interés legítimo que tenga el acreedor en el cumplimiento. Es esencial, para ello, tomar como punto de referencia el valor de los daños a los que la cláusula penal suple, pero, adicionándole el componente punitivo...
Existen también otras circunstancias que el caso debe presentar, y que no deben ser obviadas del análisis: la naturaleza de la obligación, la situación de las partes, los actos que han otorgado (si es que algunas prestaciones se han cumplido), eventuales gastos en que hayan incurrido, eventuales beneficios que hubieran experimentado, etcétera.
Por último, la gravedad de la falta pareciera referirse a un juicio de reproche de la conducta del deudor..."(págs. CCC comentado, Dir. de Ricardo Luis Lorenzetti, ed. Rubinzal-Culzoni, tomo V, págs. 234/5).
En el caso, partiendo de que ha quedado acreditado que fue el incumplimiento de los vendedores lo que imposibilitó el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, deben destacarse como otros factores a tener en cuenta: el valor económico puesto en juego (U$S 82.000), la existencia de un saldo de precio impago de U$S 40.000, y el hecho de que la posesión fue entregada al momento de la suscripción del boleto (conf. clausula cuarta) y las variaciones de precio experimentadas en el mercado inmobiliario (extremo que entiendo de público y notorio conocimiento).
En ese contexto, habré de coincidir con el sentenciante de grado en cuanto considera que la aplicación estricta de la multa diaria de U$S 60 lleva a un resultado abusivo y contrario a la moral y buenas costumbres; aunque entiendo que el importe fijado en la instancia de origen resulta insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que, como antes se dijo, la clausula penal no sólo debe cumplir una función resarcitoria de los daños sino también punitiva, por lo que en definitiva, postularé su elevación a la suma de U$S 8.000 (doctr. arts. 12, 790, 793, 794, 958, 960 y ccdtes. del CCC).
VIII. En conclusión, propondré al acuerdo receptar única y parcialmente el recurso de la parte demandada y reconviniente Yesica Griselda Ferreyra, y en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia en lo que respecta al monto fijado en concepto de clausula penal, que se eleva a la suma de U$S 8.000 (doctr. arts. 12, 790, 793, 794, 958, 960 y ccdtes. del CCC). En cuanto a las costas de Alzada, corresponde imponerlas íntegramente a la parte actora que ha resultado vencida (art. 68 del CPCC).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
Receptar única y parcialmente el recurso de la parte demandada y reconviniente Yesica Griselda Ferreyra, y en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia en lo que respecta al monto fijado en concepto de clausula penal, que se eleva a la suma de U$S 8.000 (doctr. arts. 12, 790, 793, 794, 958, 960 y ccdtes. del CCC). En cuanto a las costas de Alzada, corresponde imponerlas íntegramente a la parte actora que ha resultado vencida (art. 68 del CPCC).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
Receptar única y parcialmente el recurso de la parte demandada y reconviniente Yesica Griselda Ferreyra, y en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia en lo que respecta al monto fijado en concepto de clausula penal, que se eleva a la suma de U$S 8.000 (doctr. arts. 12, 790, 793, 794, 958, 960 y ccdtes. del CCC). En cuanto a las costas de Alzada, corresponde imponerlas íntegramente a la parte actora que ha resultado vencida (art. 68 del CPCC).
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Fin de la sentencia