Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 153
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se confirma la sentencia recurrida en cuanto rechaza la acción respecto de Metroshop S.A., con costas a la actora; II) Se hace lugar al recurso de la actora en lo atinente a la responsabilidad endilgada a Banco Columbia S.A., modificándose en tal sentido la sentencia recurrida, ordenando a ésta última; a) que abone a la Sra. Mabel Ramona Pastore dentro de los diez días de quedar firme la presente en concepto de “daño moral” la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), con más los intereses previstos en los considerandos; b) que abone a la Sra. Mabel Ramona Pastore dentro de los diez días de quedar firme la presente en concepto de “daño psicológico” la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200) con más los intereses previstos en los considerandos; c) que abone a la Sra. Mabel Ramona Pastore dentro de los diez días de quedar firme la presente en concepto de “daño punitivo” la suma de suma de PESOS CIEN MIL - $100.000-, los que devengarán intereses, en el caso que se incumpla con su oportuno pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días; III) Se declara caída en abstracto la pretensión de la actora de que se elimine todo dato suministrado erróneamente al B.C.R.A; IV) Se imponen las costas de ambas instancias por la acción entablada en su contra a Banco Columbia S.A. dado su condición de parte vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.); …
REGISTRADA BAJO EL N° 118 (S) F° 687/699
EXPTE. N° 153.582. Juzgado Civ. y Com. Nº 9.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 10 días de julio de dos mil dieciocho, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "PASTORE, MABEL RAMONA C/ BANCO COLUMBIA S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Alfredo E. Méndez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes;
1. ¿Es justa la sentencia de fs. 599/604?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. Dicta sentencia la Sra. Juez de Primera Instancia, resolviendo rechazar la presente demanda por daños y perjuicios promovida por la Sra. Mabel Ramona Pastore contra Banco Columbia S.A. y Metroshop S.A.
Impone las costas a la actora vencida y difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir, la a quo entendió que la actora no demostró que los demandados hayan aportado a la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina datos falsos o inexactos.
Afirmó que el hecho de que no siempre haya estado la demandante en situación “1” condice con el hecho de que le hayan concedido dos refinanciaciones que se encuentran documentadas y que todo lo que correspondía era informar su cumplimiento puntual a medida de que el mismo se fue desarrollando sin que ello haga desaparecer todo el historial financiero de la actora.
En otro de ideas, expuso que no puede alegarse desconocimiento de la cesión de la cartera de créditos debidamente publicada en el Boletín Oficial y conocida por la actora en los hechos. Agregó, que el cambio de conducta de la accionante a partir de las dos refinanciaciones no se vio reflejado en forma inmediata en la central de datos por lo que la actora debió dirigir su reclamo contra la Entidad que la administra pudiendo acudir a la vía prevista en el art. 14 de la ley 25.326 o bien demostrar que la información remitida fue falsa.
II. Dicho pronunciamiento es apelado a fs. 614 por el Dr. Ariel José Vieira, quien actuó como gestor procesal de la Sra. Mabel Ramona Pastore, fundando tal recurso a fs. 632/638 con argumentos que merecieron crítica de la apoderada del Banco Columbia S.A. a fs. 640/644.
III. Agravia al recurrente el rechazo de la demanda instaurada.
En breve síntesis, manifiesta al respecto, en primer lugar que la a quo realizó una errónea lectura del material probatorio.
Sobre éste tópico destaca, luego de transcribir el informe del B.C.R.A. agregado a fs. 76, que por una misma deuda las empresas demandadas emitieron durante dos meses dos calificaciones distintas lo que demuestra, a entender del apelante, que los datos son falsos.
Remarca, que se acredita el daño intencional por parte de las accionadas pues del informe transcripto surge que mes a mes el monto adeudado se reduce y sin embargo la calificación ha sido cada vez peor. Alega que la Sra. Pastore no tenía deuda en mora con Metroshop S.A. sino un plan de pagos en vigencia que abonaba religiosamente en las bocas de cobranza del Banco Columbia S.A. Hace hincapié en que a fs. 183 el propio Banco Columbia S.A.
reconoce expresamente que la deuda que le fue cedida ascendía a la suma de $1.937,82 y no obstante ello la informada al B.C.R.A. era de $5.400, indicando a su vez la pericia de fs. 562 que en realidad la deuda ascendía a la suma de $1870 habiéndose cancelado en su totalidad.
Agrega a lo expuesto, que la propia representante de Metroshop S.A. en la audiencia conciliatoria de fs. 222 reconoció que la cuenta de la Sra. Pastore no se encontraba en mora al momento en que se cedió la cartera de clientes.
En otro orden de ideas, la recurrente sostiene que la publicación de la cesión de créditos en el boletín oficial no cumple con lo dispuesto en el art. 42 de la Constitución Nacional que impone brindar información clara, adecuada y veraz al consumidor.
Objeta también la apelante, la consideración de la sentenciante atinente a que la calificación en situación “2” pudo deberse a demoras del Banco Central debiendo el actor probar que la información remitida fue falsa o bien dirigir su reclamo al Banco Central pudiendo acudir previamente a la vía prevista en el art. 14 de la ley 25.326.
Refiere que lo anterior implica una inversión de la carga de la prueba inaceptable en el marco de las relaciones de consumo violando el principio “in dubio pro consumidor”.
A su vez, indica que la Sra. Juez de la instancia anterior ha interpretado erróneamente el convenio de “refinanciación” celebrado con el Bco. Columbia toda vez que, según el parecer de la actora, la refinanciación no fue tal sino una quita sobre lo que ilegalmente se le reclamaba. Por su parte, controvierte que haya habido un cambio de conducta por parte de la actora, como lo afirma la a quo, pues siempre pagó en término los pagos comprometidos con Metroshop y lo siguió haciendo a favor de esta empresa por ante el Banco Columbia donde siempre había pagado.
Finalmente, solicita que la sentencia recurrida sea dejada sin efecto, haciéndose lugar a los rubros reclamados incrementados en virtud de tratarse de deudas de valor.
IV. Pasaré a analizar los agravios planteados.
a) RESPONSABILIDAD DE LAS DEMANDADAS.
Iniciaré el estudio de la cuestión realizando especificaciones de derecho transitorio.
Así, señalo que para el estudio de la constitución y/o extinción y/o efectos ya producidos -y en cuanto resulten materia de agravio-, me apoyaré en las normas del Código Civil [ley 340] y no en el vigente Código Civil y Comercial de la República Argentina -ley 26.994- ya que éste no es de aplicación retroactiva. Y si bien lo anterior es válido con alcance general, cabe especificar que teniendo en cuenta la especie contractual en la que se encuadra la contratación (contratos de consumo), el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 7mo. ha establecido una excepción al "efecto diferido" de las nuevas leyes supletorias, disponiendo que estas últimas tendrán efecto inmediato cuando importen "...normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo..." (conf. Kemelmajer de Carlucci, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, La Ley, 22/04/2015, AR/DOC/1330/2015; v. Heredia, Pablo D. "El derecho transitorio en materia contractual" trabajo publicado en RCCyC 2015 –julio-, 30; Junyent Bas, Francisco A., “El derecho transitorio. A propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial”, La Ley, 27/04/2015, AR/DOC/1360/2015).
Expuesto lo anterior, me abocaré al tratamiento de la responsabilidad que la actora endilga a las demandadas, y que la a quo ha desestimado, adelantando un progreso parcial de la demanda.
a.1.) Responsabilidad endilgada a Banco Columbia S.A.
En la tarea de analizar la procedencia de la acción de daños intentada respecto del Banco Columbia S.A., que fuera rechazada por la sentenciante de grado, entiendo necesario exponer ciertas precisiones atinentes al régimen de responsabilidad civil aplicable al supuesto en estudio.
Para ello, tengo en consideración lo ya expresado respecto al derecho transitorio que determina la aplicabilidad al caso de las previsiones que emanan del Código Civil –ley 340- en atención a que los hechos que aquí se debaten son anteriores a la vigencia del actual Código Civil y Comercial (art. 7 del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación). Siendo así, es importante destacar que la demanda interpuesta contra una entidad bancaria por los daños ocasionados a un cliente, en razón de haber suministrado información errónea a un banco de datos crediticios, debe ser analizada dentro del régimen de responsabilidad contractual atento tener estricta relación con el vínculo contractual habido originariamente entre las partes (argto. jurisp. esta Cámara y Sala, en la causa N°21398/04 “Valenti, Carlos Alberto c/ BBVA. Banco Francés S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28-12-2009; Cám. 2da. de Apel. en lo Civ. y Com. de La Plata, Sala III, en la causa N°111.159 “P., H. E. c/ B. H. N. y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 19-10-2010).
En consonancia con tal criterio, ha resuelto el Máximo Tribunal Provincial que: “…tiene capital importancia la obligación de seguridad que emana del principio de buena fe del art. 1198 del Código Civil que rige las convenciones (…) Así se ha dicho que sea que el dato haya sido mal administrado o mal generado, la acción resarcitoria tendrá fundamento en la responsabilidad extracontractual cuando el agente dañador sea la central de información; o en la violación del deber de indemnidad u obligación de seguridad cuando el daño provenga de su banco…” (S.C.B.A. en la causa C. 89.688 “Marcos, Roberto Julio c/ Banco Francés s/ daños y perjuicios”, sent. del 14-10-2009; el destacado no es de origen). La obligación de seguridad puede ser conceptualizada como aquella que siendo su carácter accesorio integra y ensancha, implícita o tácitamente, a la obligación principal en virtud de la cual se debe devolver al otro contratante, ya sea en su persona o en sus bienes, sanos y salvos a la expiración del contrato (argto. doct. Marcelo J. López Mesa “Código Civil y Leyes Complementarias”, tomo II, Ed. Lexis Nexis, 1era. edición, Bs. As., 2008, pág. 919).
Dicha obligación puede invocarse cuando se afecta la integridad de la prestación durante la ejecución del contrato siendo también debida antes y después de la extinción del contrato y, ante ello, la responsabilidad contractual excede el incumplimiento de la prestación principal para convertirse en la responsabilidad por el daño producido entre quienes están ligados por un vínculo obligatorio, aunque el interés afectado sea distinto del de la prestación (argto. doct. S.C.B.A. en la causa C. 89.688 “Marcos, Roberto Julio c/ Banco Francés s/ daños y perjuicios”, sent. del 14- 10-2009).
Ahora bien, el suministro de información errónea, en particular la provista al Banco Central de la República Argentina para la organización de centrales de datos de deudores del sistema financiero, sin dudas aparece como una flagrante violación a la obligación de seguridad tornando de tal modo antijurídico dicho accionar (art. 1198 del Código Civil; art. 5 de la ley 24.240; argto. jurisp. Cám. de Apel. Civ. y Com. de Junín en la causa N°37.568 “Iudica, Pino c/ Bco. de la Prov. de Bs. As. s/ daños y perjuicios”, sent. del 18-09-2007).
En la presente causa, el eje de la controversia se centra precisamente en la calificación que cabe otorgar a la información que, en relación al cumplimiento de las obligaciones crediticias de la actora, Banco Columbia S.A. reconoce haber remitido al B.C.R.A. –conf. fs. 183 vta.-, puesto que mientras que la accionante alega que ésta fue errónea, configurando un actuar antijurídico de la entidad financiera, la accionada afirma que la misma fue exacta implicando ello que su parte carezca de responsabilidad, postura defensiva que tuvo una favorable recepción en la sentencia recurrida.
Ante tal panorama, es menester relevar las constancias de la causa al efecto de ponderar si se encuentran acreditados los extremos en los que las partes sustentan su postura, no sin antes recordar que encontrándonos en el marco incontrovertido de una relación de consumo deberá estarse a los principios de carga e interpretación de la prueba previstos en la normativa consumeril.
Bajo dicha premisa, resulta trascendente valorar, que la ley 26.361 incorporó a nuestro derecho el art. 53, el que dispone que el proveedor que omite presentar pruebas que necesariamente deben estar en su poder crea un fuerte indicio a favor de los hechos invocados por el consumidor, consagrándose así legalmente el principio de las cargas probatorias dinámicas que ha sido aceptado por la doctrina y la jurisprudencia prevaleciente (argto. doct. Shina Fernando E., "Daños al consumidor", Ed. Astrea, Bs. As, 2014, pág.152).
En iguales condiciones, puede afirmarse que al consumidor o usuario le son aplicables los principios "in dubio pro consumidor", así como también el deber de información y de seguridad, de lo que se sigue que en caso de duda debe estarse a la interpretación más favorable al consumidor, principio que no sólo se refiere a la interpretación del derecho, sino también a los hechos y a la prueba rendida en el ámbito jurisdiccional (arg. art. 3 y 37 de la ley 24.240; argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa N°160.311 “Amelotti, Alma Elvira s/ sucesión c/ Los Gallegos Martínez Navarro y Cía S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 24-05-2016).
Analizando desde esta óptica el material probatorio aportado a la causa, es posible observar que le asiste razón al apelante en relación a que no se encuentra acreditado que la información remitida al B.C.R.A. por la codemandada Banco Columbia S.A. se corresponda con la realidad crediticia de la actora en los periodos donde se informó un cumplimiento deficiente de sus obligaciones –períodos del 30/10/2009 al 30/07/2011- (conf. fs. 354; arts. 384 del C.P.C.).
Por el contrario, según surge de las contestación de la demanda presentada por Metroshop S.A. esta reconoce que al momento de ceder la cartera de créditos al Banco Columbia S.A., en el mes de julio de 2009, la Sra. Pastore “…no se encontraba en mora y la situación en BCRA era 1-normal-…” (conf. fs. 245).
A la par de ello, se aprecia del informe remitido por el BCRA agregado a fs. 351/355 que el monto adeudado por la accionante mantiene una constante reducción desde el primer periodo informado negativamente por el Banco Columbia S.A. -30/10/2009- hasta el mes de agosto del año 2011 donde se regulariza a situación “1” la calificación de la Sra. Pastore. Es la codemandada Columbia S.A. quien, por encontrarse en mejores condiciones para hacerlo, debió aportar elementos probatorios que permitan tener por acreditado el incumplimiento total o parcial de las obligaciones de la accionante que habría dado lugar a los informes negativos remitidos al B.C.R.A. (art. 53 de la ley 24.240 –modif. por ley 26.361-). Lejos de tal actuar se encontró la postura procesal asumida por la mencionada codemandada, quien ha pretendido que se tenga por acreditado el incumplimiento de la accionante con la existencia de la “refinanciación” del 3 de noviembre de 2010.
La denominación de tal convenio como de “refinanciación” en una audiencia celebrada ante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Usuario de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, donde cabe aclarar no existe constancia que la actora haya sido patrocinada jurídicamente –conf. fs. 57-, no puede llevar a presumir sin ningún otro elemento que lo corrobore, como lo pretende la accionada y lo hace la a quo, que tal actuar respondió a la existencia de una deuda en mora, puesto que los principios del derecho de consumo mandan justamente a propiciar una interpretación favorable al consumidor (art. 3 de la ley. 24.240 –modif. por ley 26.361-).
A su vez, como antes lo he expuesto, es la codemandada Columbia S.A. quien se encontraba en inmejorables condiciones de explicar y probar el supuesto incumplimiento de la actora –art. 53 de la ley 24.240 – modif. por ley 26.361-, actividad indispensable para el progreso de su planteo defensivo, más aún teniendo en cuenta que, cuando le fue cedido el crédito, la Sra. Pastore no se encontraba en mora en el cumplimiento de sus obligaciones y los informes remitidos por el BCRA muestran que la suma adeudada decrece mes a mes mientras que la calificación de la accionante empeora.
Así las cosas, ante la ausencia de elementos probatorios que acrediten que la inclusión de la accionante como deudora en mora ante los registros del B.C.R.A. por parte del Banco Columbia S.A. haya sido justificada, cabe tener por violentada por parte de éste último la obligación de seguridad que recae sobre su parte en la relación obligacional que lo vinculó con la accionante, evidenciándose de tal modo la antijuridicidad de su conducta (art. 1198 del Código Civil).
En definitiva, ante el reconocimiento del codemandado Banco Columbia S.A. de haber remitido información acerca de un supuesto incumplimiento de la actora al B.C.R.A. en los periodos objeto de examen – hecho-, encontrándose acreditada la antijuridicidad de tal conducta – violación al deber de seguridad-, teniendo en consideración que la profesionalidad del banquero implica un afinamiento del concepto de culpa (art. 902 del Código Civil), entendiendo que la injustificada inclusión en un registro de deudores es según el curso normal y ordinario de las cosas idónea como fuente generadora de daños (arts. 901 y sgts. del Código Civil) y siendo que como se expondrá al ingresar en el tratamiento de los rubros indemnizatorios existen daños resarcibles, corresponde hacer lugar a la demanda planteada por la Sra. Mabel Ramona Pastore contra el Banco Columbia S.A. con los alcances que se darán al ingresar en la consideración del resarcimiento de daños invocados y penalidades requeridas –daño punitivo- (arts. 512, 1198 y ccdtes. del Código Civil; arts. 3, 5, 53 y ccdtes. de la ley 24.240 –modif. por ley 26.361-; art. 42 de la Constitución Nacional; argto. jurisp. esta Cámara, Sala II, en la causa N°161.531 “Santos, Ángel Gustavo c/ Banco de Galicia y Bs. As. s/ daños y perjuicios”, sent. del 08-11- 2016; esta Cámara, Sala II, en la causa N° 142.169 “Santiago, Facundo c/ Banco de Galicia y Bs. As. s/ daños y perjuicios”, sent. del 09-03-2010). a.2.) Responsabilidad endilgada a Metroshop S.A.
La actora funda la responsabilidad que endilga a Metroshop S.A. exclusivamente en la solidaridad prevista en el art. 40 de la ley 24.240, enarbolando para ello como pilar de su argumentación la presunta ausencia de notificación de la cesión de su crédito a favor del Banco Columbia S.A.. Como contrapartida, Metroshop S.A. alega encontrarse desvinculada en forma absoluta del crédito de la actora al haberlo cedido al Banco Columbia S.A. notificando tal cesión a la accionante y que, por lo tanto, ninguna responsabilidad le puede ser atribuida por los hechos del cesionario (conf. fs. 242/251).
De lo anterior se evidencia, que la cuestión a discernir es si efectivamente la actora fue notificada de la cesión de su crédito. No se desconoce la existencia de pronunciamientos que han responsabilizado al cedente por los daños sufridos por el deudor cedido en razón de hechos del cesionario, en el marco de vínculos entre consumidores y entidades financieras soslayando lo dispuesto por el art. 72 de la ley 24.441, pero ello lo ha sido sólo en el supuesto de ausencia de notificación de la cesión de créditos (argto. jurisp. Cám. Nac. Civ., Sala A, en la causa “López, Sandra c/ Banco Santander Río s/ ordinario”, sent. del 23-12-2014; argto. doct. Martínez, Matilde “Responsabilidad por la inclusión inadecuada de datos personales en los informes crediticios”, publicado en JA 2017-IV, pág. 1252).
En el presente caso, a contrario de lo expuesto por la recurrente, se encuentra acreditada la notificación de tal cesión, implicando ello que la responsabilidad endilgada a Metroshop S.A. no pueda prosperar (art. 384 del C.P.C.).
Adviértase, que aún cuando no se le otorgue aptitud para anoticiar de la cesión al deudor cedido a la publicación realizada en el boletín oficial, postura que sostiene la actora, existe en la causa un reconocimiento explícito por parte de la accionante del conocimiento de la referida cesión.
Repárese en que al absolver posiciones la Sra. Mabel Ramona Pastore reconoce, respecto a si la notificaron de la cesión, que “…Si me avisaron pero no me acuerdo si fue en julio (…)No recuerdo si fue en el resumen o por una nota. Me avisaron pero la forma no recuerdo…” (conf. fs. 421/422, posiciones primera y segunda; el destacado no es de origen; art. 415 del C.P.C.).
De lo expuesto, concluyo que habiendo reconocido expresamente la actora encontrarse notificada de la cesión de su crédito, el fundamento principal de la atribución de responsabilidad que le endilga a Metroshop S.A. ha quedado huérfano de contenido y, siendo así, corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto rechaza la acción respecto del citado codemandado (art. 421 y ccdtes. del C.P.C.; arts. 1459, 1460 y ccdtes. del Código Civil).
b)RUBROS INDEMNIZATORIOS.
b.1) Daño moral.
Reclama por este rubro la apelante suma de $ 60.000 o la que en más o menos determine el juzgador, a cuyo fin expone que como víctima de la conducta desplegada por las demandadas se ha visto atacada en su honor, debiendo peregrinar por las empresas demandadas a los fines de averiguar cuál fue el motivo que generó el envío de información errónea al B.C.R.A., teniendo que soportar que nuevas empresas se informasen de su falsa realidad.
Afirma en tal sentido, que la situación vivida la afecta diariamente y ha alterado su normal ritmo de vida afectándola de manera radical sufriendo un cuadro de depresión y angustia.
Liminarmente corresponde señalar que el presente rubro debe ser analizado bajo la óptica de lo dispuesto en el art. 522 del Código Civil que regula el daño moral en los supuestos de responsabilidad contractual (argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa N° 154.916 “Amaya, María Antonia c/ BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 03/12/2013).
Siendo así, es importante destacar que si bien es cierto que resulta ser doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia Provincial que en materia contractual el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo, también lo es que para acreditar tal daño no es necesario la existencia de prueba directa, cuya realización resulta imposible atento la índole del perjuicio, pudiendo ser acreditado por medio de indicios que lleven a la convicción del juzgador acerca de la configuración del daño (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa Ac. 89068 “Flores, José Martín y otra c/ Lucio V. López S.A. y otro s/ cobro de pesos”, sent. del 18-VII-2007; S.C.B.A. en la causa Ac. 73965 “Massimino, Héctor c/ Gorosito, Hugo s/ resolución de contrato”, sent. del 21-03-2001; entre otras).-
Por su parte, dicho criterio restrictivo se encuentra atemperado cuando nos encontramos frente al reclamo efectuado por un consumidor quien por su particular condición de parte débil, que no sólo se evidencia al momento de contratar sino también cuando debe efectuar un reclamo por deficiencias del producto o servicio prestado por el proveedor, se encuentra ante un panorama de mayores angustias al saberse en inferioridad de condiciones ya sea patrimoniales o informativas para lograr obtener la reparación del perjuicio sufrido (argto. doct. Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul, Sala II, en causa N° 57.494 “Rossi, Laura Viviana c/ Whirlpool Arg. S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 11/06/2013; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul en la causa N°214 “Boragno, Cristian c/ Dragoun, Jorge y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 09/09/2004).-
En el caso de autos, cabe considerar que emerge de la pericia psicológica producida a fs. 509/511 que en razón de la conducta asumida por la codemandada Banco Columbia S.A., por la cuál se la responsabiliza, la actora: “…ha experimentado acontecimientos caracterizados por constituirse como amenaza a su integridad y ante la irrupción de los mismos no fueron ni suficientes ni adecuados sus mecanismos de afrontamiento. La vulnerabilidad psicológica esta expresada en sensaciones de enajenación frente a los demás, se evidencia regresión en la pérdida de iniciativa y la actitud dependiente de los demás y sensaciones de desamparo y futuro desolador…” (respuesta al punto segundo; art. 474 del CPC).
Este cuadro de situación ha sido refrendado por la declaración de la testigo Patricia Mónica Aguilera, quien al ser preguntada acerca de cómo afectó anímicamente a la Sra. Pastore el hecho que aquí se debate, declaró: “…Si. Ella se enfermo emocionalmente y clínicamente porque tuvo que tomar mucha medicación (…) ella estuvo muy nerviosa por esto. Esta muy nerviosa, desde el principio. Esta con problemas emocionales, se pone mal. Toda esta situación la pone mal…” (conf. fs. 430/431; respuestas décimo sexta y décimo séptima; art. 456 del C.P.C.).
En base a todo ello, arribo al convencimiento de que se ha configurado daño moral en la accionante a consecuencia del actuar del codemandado Banco Columbia S.A., que debe ser resarcido (art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 18, 28, 33, y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Cámara Nacional Comercial Sala C, sent. del 27/4/2010 "Morón Concesiones S.R.L. contra Compañía Cervecera Brahma Argentina S.A."; Sent. del 6/6/1994 "Guimasol S.A. c/ Lever y Asociados S.A.", L.L. 1995-B-170 y L.L. Online: AR/JUR/636/1994).- Así pues, teniendo en cuenta las pruebas descriptas, valoradas a la luz de las reglas de la sana crítica, el principio de reparación integral, lo dispuesto por el art. 165 "in fine" del CPC y considerando a su vez que la cuantificación del daño ha quedado supeditada a lo que en más o menos determine el juzgador, estimo que este parcial debe admitirse a valores actuales por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), con más los intereses que se detallarán ut infra (arts. 499, 505, 522 del Cód. Civil y arts. 7, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación, 375, 384, 456, 474 y ccdtes. del CPC).
b.2) Daño psicológico.
En torno al presente parcial, cabe destacar que al igual que en el caso de heridas u ofensas físicas, en las lesiones psíquicas la víctima tiene derecho a ser indemnizada “…de todos los gastos de curación y convalecencia. Ello implica la recurrencia a tratamiento psiquiátrico o psicológico…” (Matilde Zabala de González, "Daños a las personas” 2da. Ed., Edit. Hammurabi, Cdad. de Bs. As. 1990, pág. 226).
Así lo ha reconocido la jurisprudencia: “…En materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro del orden de ideas, los desembolsos necesarios para su rehabilitación terapéutica…” (SCBA Ac. 69416 del 9/5/2001).
Al igual que en cualquier otro rubro económico de finalidad terapéutica, debe acreditarse que la necesidad de asistencia (psicológica) objeto de reclamo resulta aconsejable e idónea (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 148454 RSD 48/12 del 13/3/2012, 156691 RSD 235/14 del 6/11/2014).
En el caso concreto, la necesidad de tratamiento psicológico en la actora se encuentra expresamente indicada en el dictamen pericial de fs. 509/511._ Efectivamente, en la pericia psicológica la experta dictaminó que: “...la duración del tratamiento psicológico debería no ser inferior a 6 meses, con frecuencia de al menos una sesión semanal...” (conf. respuesta al punto séptimo).
A su vez, expuso que: “…El valor de la consulta se mide en términos de la Unidad Psicológica. La unidad Psicológica actual tiene un valor de $25,00 pesos. Una consulta de treinta minutos está integrada por cuatro unidades psicológicas, esto es, que tiene un valor actual de $100 pesos actualmente. Una consulta de cincuenta minutos implica siete unidades psicológicas, o sea, $175 pesos…”(conf. respuesta al punto séptimo).
En consecuencia, entiendo que cabe indemnizar el presente rubro calculando para ello el valor de una sesión de 50 minutos -$175- semanal por el lapso de seis meses, lo que da un total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200), con más los intereses que se detallarán ut infra (arts. 499, 505, 520 del Cód. Civil y arts. 7, 1740 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; arts. 375, 384, 456, 474 y ccdtes. del CPC)
C) DAÑO PUNITIVO.
Solicita la actora en su demanda que se imponga a las demandas en razón de su conducta el resarcimiento del “Daño Punitivo”. Siendo así, cabe recordar que la ley 26.631 incorporó los daños punitivos.
El proyecto de unificación del Código Civil y Comercial del año 2012 regulaba en el art. 1714 lo que se denominaba "sanción pecuniaria disuasiva", reconociéndose la excepcionalidad y la conveniencia de su procedencia para aplicar a casos abusivos especiales (Gregorini Clusellas, Eduardo L., "El daño punitivo y sanción pecuniaria disuasiva. Análisis comparativo de la proyección de una figura resistida hoy consagrada", publicado en RCyS 2013-X, 15).
En efecto, acordaba al juez la potestad de aplicar, a petición de parte, una sanción pecuniaria a quien actúa "con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva".
Podían peticionar tal medida cualquiera de los legitimados para defender estos derechos. Según se desprende de los fundamentos presentados por la comisión redactora, "un sujeto puede iniciar un pleito reclamando el resarcimiento de daños individuales (cobrará una indemnización que ingresará a su patrimonio) y pedir la aplicación de la sanción (que no irá a su patrimonio), o solo esto último".
El monto de la sanción se fijaría, siempre de acuerdo con el texto del anteproyecto, "prudencialmente tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener con su conducta, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador y la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas en su contra".
En los fundamentos se explica que, a diferencia de la regla general que impone resarcir el daño "por equivalencia o por satisfacción", en el caso de la sanción regulada por este artículo "no hay prueba directa para la cuantificación y por ello se alude a la fijación prudencial". Este artículo también fue modificado por el Poder Ejecutivo antes de enviar el proyecto al Congreso, ya que -según vimos- en su versión original el texto remitía a "los derechos de incidencia colectiva mencionados en el art. 14 , inciso c)".
Esto es, sólo a los derechos colectivos que recaen sobre bienes indivisibles (por lo cual, podía interpretarse que esta sanción no era aplicable en aquellos casos que versan sobre derechos individuales homogéneos).
La sanción podría aplicarse a cualquiera de las especies de derechos de incidencia colectiva que la CSJN reconoció en "Halabi" (conf. Francisco Verbic, "Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, Aspectos relevantes Análisis doctrinario; Derechos de incidencia colectiva y tutela colectiva de derechos en el Código Civil y Comercial para la República Argentina"; Edit. Errepar, Cdad.de Bs. As., 2014, pág. 344/346)
A pesar de la interesante función que podría jugar esta figura como instrumento para disuadir la práctica de conductas ilícitas colectivas, la misma fue eliminada completamente del articulado y no forma parte del texto sancionado.
Es decir, que hoy se encuentra vigente solamente el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor, señalando el concepto de daño punitivo: “…Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan…La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley…”.
Asimismo el art. 47 en su inciso b) establece “…Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000)…”.
Centanaro Esteban sostiene “…Se trata de una figura del derecho anglosajón, que consiste en una multa civil que el consumidor puede obtener y cuyo importe no guarda relación con el daño que ha sufrido. El objeto de este instituto es impedir que el proveedor siga vendiendo un producto que genere perjuicios, estimando que resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad, por lo que se le otorga al Juez la facultad de aplicarlo o no en el caso concreto y graduarlo conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. El daño punitivo tiende a ser ejemplificador a los efectos de que otros proveedores no incurran en nuevos incumplimientos…” (Centanaro Esteban, “Contrato y relación de consumo: actualidad en torno a las últimas modificaciones legislativas” en Estudios de derecho civil con motivo del Bicentenario, dirigido por Conte Grand, Julio, De Reina Partiere Gabriel, El Derecho, Buenos Aires, 2011; Centanaro Esteban, Dresdner Geraldine, Debrabandere Carlos, Martín Riva Juan “El daño punitivo en la ley de defensa del consumidor y su incorporación a la reforma del Código Civil y Comercial: una visión crítica” publicado en DJ31/07/2013,1; Farina Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, pág. 228, 556 y ss.; Junyent Bas Francisco, Barrista Andrés Federico, Garzino María Constanza, ”Destinatarios de la multa en el daño punitivo”, publicado en La Ley 01/03/2013, 1; Barocelli, Sergio Sebastián, “Incumplimiento del trato digno y equitativo a consumidores hipervulnerables y daños punitivos: la Suprema Corte de Buenos Aires confirma su procedencia” publicado DJ29/05/2013,3; Falco, Guillermo E.
“Cuantificación del daño punitivo”, publicado en La Ley 23/11/2011; Rinessi Antonio Juan, Rey de Rinessi Rosa “Naturaleza Jurídica del Daño Punitivo”, Revista de Derecho de Daños, editorial Rubinzal-Culzoni, 2011-2). La Sala II de la Cámara Civil de Mar del Plata en los autos “Machinandiarena Hernández Nicolás c/ Telefónica de Argentina s/ reclamo contra actos de particulares” ha dicho que: “…Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada la multa civil, en cuanto se alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el Derecho Comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva.
Esta última categoría se sitúa el supuesto bajo estudio: se encuentra acreditado el incumplimiento a normas de distinta jerarquía (universales, regionales, nacionales, provinciales y municipales) en el marco de la relación de consumo que ligaba a la partes y un derecho superior menoscabado del consumidor al no proporcionarle un trato digno en los términos del articulo 8 bis de la ley 24.240, lo que determina la aplicación de la multa civil (conf. Art. 52 bis de la ley citada -t.o. ley 26.361)…” (esta Cámara, Sala II, en la causa N° 143.790 “Machinandiarena Hernández, Nicolás c/ Telefónica de Argentina s/ reclamo de actos de particulares” sent. del 27-05-2009, confirmado por la SCBA el 11-6-2012).
En definitiva, el art. 52 bis. de la Ley de Defensa del Consumidor es una norma de alta complejidad y requiere para su aplicación la conjunción de varios elementos: a) Una relación de consumo; b) Un proveedor que incumpla con su obligación legal o contractual; c) Un consumidor damnificado; d) Un proceso judicial en el cual el consumidor damnificado reclame el daño punitivo; e) Un juez que acoja favorablemente la petición. Faltando alguna de ellas, el instituto de los daños punitivos no opera.
Dentro de este marco teórico tendré en cuenta la conducta asumida por las partes a través de las pruebas producidas a los efectos de determinar si corresponde o no la aplicación del daño punitivo. La actora y la codemandada Banco Columbia S.A. se encontraron vinculadas en razón de la cesión del crédito que Metroshop S.A. realizó a favor de la entidad bancaria mencionada.
Es a partir de allí, cabe recordar que según lo expresa Metroshop S.A. la actora no estaba en mora al cederse su crédito -conf. fs. 245-, que la accionante comienza a ser informada al B.C.R.A. como deudora en mora en el cumplimiento de sus obligaciones sin que exista, o por lo menos no se ha acreditado, motivo para ello.
Esta situación motivó que la Sra. Pastore deba recurrir ante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Usuario de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, celebrándose un acuerdo en fecha 3 de noviembre de 2010 donde Banco Columbia S.A. se comprometió a modificar la información enviada al BCRA en la medida que se efectuaran los pagos del acuerdo, los que según expresa esta codemandada fueron realizados en tiempo y forma (conf. fs 183 vta.).
Tal como se aprecia del informe enviado por el B.C.R.A. es recién en el mes de agosto de 2011 cuando se regulariza la condición de la actora a situación “1” –normal-, pese a que nunca ésta habría estado en mora ni antes ni después del acuerdo celebrado el día 3 de noviembre de 2010.
Esto es, no solo la actora fue mal informada en un primer momento por el Banco Columbia S.A. cuando no se encontraba en mora sino que aún cuando éste se comprometió a regularizar su situación en el mes de noviembre de 2010 pasaron más de ocho meses para que ello suceda.
Tal comportamiento importa a las claras, según mi entender, un claro desprecio a los derechos de los consumidores, con el agravante de que la conducta esperable de una entidad bancaria dado su grado de especialización y la incidencia que detenta en la sociedad moderna exigían una actuación especialmente cautelosa para no generar daños en razón de los servicios que presta (argto. jurisp. esta Cámara, Sala II, en la causa N°161.531 “Santos, ängel Gustavo c/ Banco de Galicia y Bs. As. s/ daños y perjuicios”, sent. del 08-11-2016).
En conclusión, considero que la conducta de la codemandada Banco Columbia S.A. que fue objeto de análisis encuadra en la culpa grave requerida para el resarcimiento del daño punitivo el que debe ser establecido en la suma PESOS CIEN MIL -$100.000- ( art. 52 bis. de la ley 24.240).
D) INTERESES
En primer lugar, corresponde determinar la fecha a partir de la cuál deben computarse los intereses moratorios de los rubros indemnizatorios admitidos.
En esta labor, advierto que el punto de inicio del cómputo de los intereses debe fijarse en la fecha en que se ha notificado la demanda - 22/08/2012- (conf. fs. 205), dado el régimen de responsabilidad contractual bajo el que ha sido juzgada la cuestión en debate -art. 509 del Cód. Civil- y que no se encuentra acreditada una intimación previa.
Dicho esto, cabe determinar cómo deben ser liquidados tales accesorios.
Así destaco que habiéndose fijado a valores actuales tanto el rubro daño moral como el rubro daño psicológico –adviértase que en este último caso se han tomado en cuenta los valores de sesión terapéutica a la fecha de la pericia- se impone estar a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires in re "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018) y "Nidera S.A." (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018).
Dígase al respecto que el Máximo Tribunal Provincial varió a partir de dichos precedentes la posición que supo sostener en los fallos “Cabrera” (Ac. 119176, del 15/06/2016) y “Padin” (C. 116.930, sent. del 10/08/2016) con relación a los intereses moratorios liquidados sobre créditos calculados a valores actuales, en tanto en estos nuevos precedentes resolvió que en aquellos supuestos en los que sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, los intereses moratorios sobre el crédito indemnizatorio deben liquidarse aplicando una tasa pura del 6% anual que se devenga desde que se hayan producido los perjuicios y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.), aplicando de allí en más aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
Llevando tales premisas al caso resulta que los intereses moratorios a calcularse en razón del rubro daño moral deberán serlo al 6% desde la mora hasta el dictado de la presente sentencia y, a partir de allí, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días.
Por su parte, los intereses moratorios de lo adeudado en concepto de “Daño psicológico” deberán liquidarse a la tasa del 6% anual desde la mora hasta la fecha en que presentó la pericia de fs. 509/511 (26/10/2015) –momento en el cuál se fijó el valor de las sesiones- y, partir de tal hito y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días.
E) PRETENSIÓN DE LA ACTORA DE QUE SE ELIMINE TODO DATO SUMINISTRADO ERRONEAMENTE.
Como objeto de su demanda, además de los daños y perjuicios reclamados, pretende la accionante que se ordena al Banco Columbia S.A. “…a realizar todos los trámites necesarios y legales, conforme procedimiento establecido por el Banco Central de la República Argentina, a fin de borrar todo dato vinculado con mi persona y que haya sido suministrado erróneamente…” (conf. fs. 11 vta.).
Entiendo que tal pretensión ha caído en abstracto.
Siendo que la información mal suministrada lo ha sido desde el año 2009 hasta el año 2011 y teniendo en consideración que según lo dispuesto por el inc. 4° del art. 26 de la ley 25.326 “…Solo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años…”, a la fecha ya ningún perjuicio podrá ocasionar a la actora aquello que fuera mal informado por Banco Columbia S.A., careciendo de actualidad por tanto lo pretendido por la actora.
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Confirmar la sentencia recurrida en cuanto rechaza la acción respecto de Metroshop S.A., con costas a la actora; II) Hacer lugar al recurso de la actora en lo atinente a la responsabilidad endilgada a Banco Columbia S.A., modificándose en tal sentido la sentencia recurrida, ordenando a ésta última; a) que abone a la Sra. Mabel Ramona Pastore dentro de los diez días de quedar firme la presente en concepto de “daño moral” la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), con más los intereses previstos en los considerandos; b) que abone a la Sra. Mabel Ramona Pastore dentro de los diez días de quedar firme la presente en concepto de “daño psicológico” la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200) con más los intereses previstos en los considerandos; c) que abone a la Sra. Mabel Ramona Pastore dentro de los diez días de quedar firme la presente en concepto de “daño punitivo” la suma de suma de PESOS CIEN MIL -$100.000-, los que devengarán intereses, en el caso que se incumpla con su oportuno pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días; III) Declarar caída en abstracto la pretensión de la actora de que se elimine todo dato suministrado erróneamente al B.C.R.A;
IV. Imponer las costas de ambas instancias por la acción entablada en su contra a Banco Columbia S.A. dado su condición de parte vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.); V) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se confirma la sentencia recurrida en cuanto rechaza la acción respecto de Metroshop S.A., con costas a la actora; II) Se hace lugar al recurso de la actora en lo atinente a la responsabilidad endilgada a Banco Columbia S.A., modificándose en tal sentido la sentencia recurrida, ordenando a ésta última; a) que abone a la Sra. Mabel Ramona Pastore dentro de los diez días de quedar firme la presente en concepto de “daño moral” la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), con más los intereses previstos en los considerandos; b) que abone a la Sra. Mabel Ramona Pastore dentro de los diez días de quedar firme la presente en concepto de “daño psicológico” la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200) con más los intereses previstos en los considerandos; c) que abone a la Sra. Mabel Ramona Pastore dentro de los diez días de quedar firme la presente en concepto de “daño punitivo” la suma de suma de PESOS CIEN MIL - $100.000-, los que devengarán intereses, en el caso que se incumpla con su oportuno pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días; III) Se declara caída en abstracto la pretensión de la actora de que se elimine todo dato suministrado erróneamente al B.C.R.A; IV) Se imponen las costas de ambas instancias por la acción entablada en su contra a Banco Columbia S.A. dado su condición de parte vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.); V) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.).
Devuélvase.-
NELIDA I. ZAMPINI ALFREDO E.
MENDEZ
Marcelo M. Larralde Auxiliar Letrado
Fin de la sentencia