Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2341/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 470/475 y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 458/463 vta. y su aclaratoria de fs. 483/484.-
2Reenviar los presentes autos a la Excma. Cámara de Apelaciones para que, con nuevos Jueces hábiles, arbitre las medidas adecuadas para que se proceda a la notificación de la regulación de honorarios dispuesta en la sentencia de Primera Instancia, con arreglo a las formalidades prescriptas por la Ley Nº 3330 y, ulteriormente, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2341/19-TSJ Interlocutorio N°: 679 Actor: PASTRANA VICTOR HUGO Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 26-03-2021 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 679 FOLIO Nº 3947/3951 PROT. ELECT. TSS1 007 S.211
Río Gallegos, 26 de marzo de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “PASTRANA VICTOR HUGO c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº P-17.145/15 (P-2341/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Norberto Miguel Castelo (cfr. fs. 470/475), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 458/463 vta., que declaró desierto el recurso de apelación que había interpuesto contra el pronunciamiento de Primera Instancia. Este último, a su turno, había admitido la demanda, condenando a la accionada a abonar una suma dineraria en concepto de diferencias salariales (cfr. fs. 427/431).- II¬.- Para así decidir, el Tribunal de Alzada entendió que los agravios expresados por la demandada no atacaron los principales aspectos que hacen al razonamiento del magistrado de origen y la base a partir del cual lo construye, referido a la valoración de la prueba, limitándose a manifestar disconformidad y a realizar consideraciones genéricas (cfr. fs. 461 vta./462).-
Frente a esta forma de decidir, la recurrente interpone recurso de casación, aduciendo violación de la ley, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 470) y arbitrariedad (cfr. foja 475).-
Afirma que la Excma. Cámara de Apelaciones aplicó erróneamente lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 1444 -que obliga a los jueces a expedirse sobre cuestiones no propuestas por el demandante- así como también lo estipulado en el artículo 14 de la Ley Nº 2409 y el artículo 4 del Decreto Nº 1529/98 (cfr. foja 471).-
Sostiene que los postulados y principios procesales invocados en la sentencia en crisis son de aplicación directa y plena en el ámbito del proceso civil y comercial pero no en procesos como el presente, cuya naturaleza laboral es regida esencialmente por el principio de oficiosidad. En este marco, asevera que el artículo 40 de la Ley Nº 1444 confiere a los jueces -sin distinción de instancias- potestad para el análisis y ponderación de la integralidad de la causa (cfr. foja 472).- Rememora que el agravio central contra el acto sentencial de la instancia de origen se vinculaba con un grosero desvío en la determinación de la norma jurídica aplicable y, en este contexto, refiere que la decisión del Tribunal de Alzada sostuvo que su crítica pretendió darle una temporalidad en el tiempo de vigencia a la manda del artículo 4 del Decreto Nº 1529/98, cuando en rigor de verdad, esa limitación la estipuló el legislador. Agrega que la determinación fijada en el artículo 14 de la Ley Nº 2409 es conocida por los magistrados, en virtud del principio iuria novit curia y, dejar de aplicarla o reemplazarla por otra para resolver situaciones fácticas alcanzadas por aquella, constituye un error en la aplicación del derecho (cfr. foja 472 vta.).- Postula que resulta violatorio de las normas individualizadas el rechazo de la apelación por deserción recursiva y la consiguiente convalidación de la sentencia que impone arbitrariamente una condena a abonar diferencias salariales por aplicación de una escala que por derecho no corresponde (cfr. foja 473).-
Por último, señala que el Tribunal de Alzada debió aplicar los artículos 40 y 90 de la Ley Nº 1444 y sus modificatorias así como también lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley Nº 2409 y el artículo 4 del Decreto Nº 1529/98 (cfr. foja 474).-
Hace reserva del caso federal (cfr. fs. 474 y vta.).-
A fs. 477 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y a fs. 483/484 aclaró que las costas de la instancia se imponían a la demandada en su calidad de vencida.-
A fs. 495 y vta. obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso y poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -De-creto Nº 2228/15-. Ambas partes hicieron uso del derecho que les otorga dicha norma, la actora a fs. 499/501 vta. y la demandada a fs. 502/504 vta. (cfr. certificación que luce a foja 505).- A fs. 506/507 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluye que debe declararse la nulidad de la resolución atacada.-
A foja 508 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 509 pasan los presentes a estudio.-
III. Antes de iniciar el tratamiento de los agravios plasmados en el libelo casatorio, es preciso encauzar el planteo de la recurrente. En efecto la demandada fundamenta su recurso denunciando violación de la ley, pretende así ingresar a través del carril impugnativo previsto en el artículo 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 470 vta.).- Sin embargo de la lectura de los agravios expuestos por la casacionista, se advierte que sus objeciones se enmarcan en el artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- quebrantamiento de forma. Ello así, pues se desprende del referido escrito que su discrepancia con el fallo de Cámara se debe a que no fueron atendidos sus planteos, sino que, directamente, se dispuso declarar desierta la apelación, por falta de fundamentación.- No obstante lo cual, a efectos de encausar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza de los agravios invocados, corresponde que el tratamiento del recurso de casación se encarrile en el marco impugnativo del precedentemente citado artículo, en atención a la invocada incongruencia de la que adolecería la sentencia de Cámara.-
Por lo expuesto y conforme se ha planteado la cuestión extraordinaria ésta deberá subsumirse en el artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -De-creto Nº 2228/15-, es decir en recurso de casación por quebrantamiento de forma.-
Vinculado con el encause recursivo, este Alto Tribunal ha sostenido: “...Cuadra recalcar que en principio éste Excmo. Tribunal no puede subsanar con inferencias o interpretaciones los errores u omisiones en que incurre el quejoso al indicar las normas que estime infringidas...Es decir, que no puede suplir oficiosamente las citas y encuadres legales que debió efectuar el recurrente (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. II, pág. 390 y 502; entre otros). Ello es así, por ser extraño a la casación el principio iura novit curia, cuya admisión la Suprema Corte sólo declara procedente, en forma restringidísima, en cuestiones penales (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. III, pág. 993). No obstante lo precedentemente considerado, este Tribunal Superior entiende que aquella potestad jurisdiccional aludida, en materia de casación, puede tener adecuaciones que resultan de la naturaleza del recurso. En efecto, aunque el enfoque que vehiculiza la recurrente sea diferente al encuadre que propugna este Cuerpo, ello no invalida el remedio excepcional intentado -en el particular caso sub discussio- toda vez que lo necesario para la apertura y procedencia del recurso por violación de la ley, es la invocación del motivo de la casación (la pretensa aplicación errónea de los art. 164º; 264º y 265º del C. P. C. y C.), pero no necesariamente las normas legales invocadas como violadas o aplicadas erróneamente deben ser las aplicables al caso, pues en este aspecto el principio iura novit curia -no obstante ser casi inexistente su aplicación operativa en esta instancia extraordinario- mantiene algo de vigencia, por lo que se impone el encuadre legal correcto dentro del andarivel trazado por el art. 2º de la Ley 1687 -Recurso de Casación-…” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 443, Folio 2417/2420).- Vale recordar también que reiteradamente este Tribunal ha tratado la violación del principio de congruencia procesal en el andarivel de artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, al afirmar que: “…en materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas…precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado…” (cfr. Sentencia, Tomo IX, Reg. 313, Folio 1685/1694).- Con el encuadramiento definido precedentemente, debemos pasar ahora a analizar el recurso de casación.-
Si bien la expresión de agravios de fs. 440/442 carece de una aceitada fundamentación, ello no significa que no contenga una crítica concreta y razonada al pronunciamiento de Primera Instancia que la entonces apelante consideraba incorrecto.-
Sin ingresar al análisis de la cuestión de fondo ventilada en la presente causa, pues excede ampliamente el alcance del recurso en tratamiento, surge necesario observar que la respuesta jurisdiccional emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones trasunta un criterio notablemente restrictivo para la consideración de la suficiencia de la expresión de agravios articulada por la demandada, que no hace más que alojar el decisorio en las puertas de la arbitrariedad.- Este Tribunal Superior de Justicia ha pregonado en reiteradas ocasiones la aplicación de un criterio amplio o flexible a los fines de la valoración de la expresión de agravios, por ser el criterio que mejor se armoniza con la estricta observancia del derecho de defensa de las partes y el reconocimiento del sistema de doble instancia consagrada en nuestro derecho positivo vigente (cfr. Sentencia, To-mos XII, Reg. 426, Folio 2328/2332; XIII, Reg. 443, Folio 2417/2420; Reg. 456, Folio 2483/2487, XVI, Reg. 550, Folio 3111/3114 y XIX, Reg. 639, Folio 3689/3693).- En el caso que nos ocupa, el discurrir argumental planteado en la expresión de agravios que luce a fs. 440/442 traza los aspectos básicos en los cuales centra su crítica al fallo atacado. De su simple lectura surge que la entonces apelante efectuó un cuestionamiento del fundamento capital de la sentencia, al impugnar la calificación legal adoptada por el juzgador de origen así como la ponderación de las pruebas producidas en el litigio.- En dicha oportunidad, sostuvo que el sentenciante soslayó la vigencia temporal del artículo 4º del Decreto Nº 1529/98, que dispone -en lo pertinente- que el Personal del Banco de la Provincia de Santa Cruz que no fuera seleccionado para continuar en la sociedad, sería afectado a la prestación de tareas en la Administración, manteniendo su condición de empleado bancario y su remuneración. Bajo esta senda, postuló que esta circunstancia subsistía hasta que el agente fuera absorbido por el organismo de destino, lo que en el supuesto de autos se verifica con las pruebas documental e informativa anexadas, las que -según su opinión- fueron superficialmente valoradas (cfr. fs. 440 vta./441).- Estas apreciaciones críticas respecto de la decisión de Primera Instancia resultaban aptas para habilitar la intervención del Tribunal de Alzada.-
En tales condiciones, no cabía restarle al libelo recursivo toda eficacia con respecto a sus fines específicos y, sobre esta base, deviene ineludible señalar que la negativa del tribunal a quo a atender toda queja de la recurrente importa una decisión de injustificado rigor que afecta el principio de defensa, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostiene que: “En efecto, la decisión que impide el acceso a la instancia de apelación con fundamento en la deserción del recurso sin atender las circunstancias alegadas por el recurrente, sólo satisface de modo aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa, lo que autoriza a su descalificación sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias (CSJ 1103/2013 (49-G)/CSl ‘Gómez, Bartolina Monserrat y Morinigo, Antonio de Jesús c/ Funes, Rigoberto Restituto si prescripción adquisitiva’ sentencia del 3 de noviembre de 2015)” (cfr. Fallos: 339: 635, del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).- Esta es la circunstancia que acontece en el sub lite, en tanto los fundamentos brindados por el tribunal a quo no resultan idóneos ni suficientes para cumplir con la rigurosa carga argumentativa que se exige para el caso de que se decida declarar desierto el recurso de apelación por falta de fundamentación adecuada, implicando ello una demostrada violación del derecho de defensa en juicio de la parte recurrente, que lleva irremediablemente a la nulificación de la sentencia atacada.- Finalmente, debe mencionarse la recomendación que efectuara este Tribunal Superior de Justicia en el Acuerdo Nº 2550, Punto Décimo, del 23/03/95, citado en otros antecedentes asimilables a este caso: “…‘Ante necesidades funcionales y de servicio que así lo determinan, deviene conveniente reiterar a los Sres.
Magistrados y Funcionarios que en toda su actividad judicial deben actuar de manera tal de resguardar adecuadamente la justicia del caso particular, debiendo necesariamente las formas procesales, someterse a este principio de superior jerarquía; garantizando para los justiciables, celeridad, debido tratamiento, preocupación y toda diligencia imprescindible para articular la solución más rápida y efectiva. En síntesis, se les recomienda a los Sres. Magistrados y Funcionarios conducir su conducta funcional con plena vocación de servicio hacia el justiciable, dejando todo formalismo extremo y excesivo de lado, en miras a una actuación con diligencia, agilidad, en búsqueda de encontrar la verdad material y objetiva, por encima de la verdad formal, no sólo en los actos sentenciables, sino en todo acontecimiento procedimental, en tanto y en cuanto las formas procesales deben manejarse con prudencia, con razonabilidad, destinadas a afianzar la justicia y no a su obstrucción…’ ” (cfr.
Sentencia, Tomos XII, Reg. 426, Folio 2328/2332; XVI, Reg. 550, Folio 3111/3114 y XVII, Reg. 573, Folio 3262/3265 entre otros).- En atención a lo expuesto, debe concluirse que la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones aparece excesivamente rigurosa, dado que -sin abrir juicio acerca de su procedencia- de los términos de la expresión de agravios se desprende que la demandada emitió una crítica suficiente del decisorio de Primera Instancia, por lo que se impone su declaración de nulidad.-
V. Que más allá de lo antedicho, corresponde advertir que del examen de las actuaciones se desprende que la regulación de honorarios dispuesta en la sentencia de Primera Instancia que luce a fs. 427/431 no fue notificada de conformidad al ordenamiento legal vigente en la materia, en tanto se omitió cursar la notificación pertinente al domicilio real del actor.-
El artículo 32, inciso e) de la Ley Nº 1444 dispone que los honorarios se notificarán personalmente o por cédula.-
Por su parte, el artículo 72 de la Ley de Honorarios, Ley Nº 3330, determina que: “Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados personalmente o por cédula a sus beneficiarios y a los obligados a su pago en el domicilio real de éstos, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos en el expediente o en otro instrumento público. Serán apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso, que se resolverá previo traslado a la parte contraria en el plazo perentorio de diez (10) días de recibido el expediente por la Alzada sin excepción y dilación alguna atento el carácter alimentario que reviste el honorario profesional.”.
En autos falta cumplir con la notificación de los honorarios fijados en Primera Instancia en el domicilio real del actor.- Asimismo, en la cédula de notificación de los honorarios al domicilio real del actor debe transcribirse obligatoriamente el artículo 74 de la Ley de Honorarios bajo pena de nulidad, lo que tampoco se ha cumplido en autos, pues ni siquiera se diligenció tal cédula. El mencionado artículo concretamente dispone: “Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse por la parte condenada en costas, entre siete (7) y treinta (30) días corridos según el monto de condena a abonar. En el supuesto que dicho pago no se efectuare, el profesional podrá reclamar el pago al cliente, salvo acuerdo en contrario...Operada la mora, el profesional podrá optar por: Reclamar los honorarios con más los intereses a tasa activa del Banco Nación o la que resulte más favorable al profesional, salvo lo previsto en leyes especiales.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real. En la cédula de notificación, en todos los casos y bajo pena de nulidad, deberá transcribirse este artículo.”.- Sobre estas cuestiones es oportuno reproducir el siguiente precedente: “La cédula de notificación de los honorarios regulados judicialmente debe transcribir en todos los casos el art. 54 del D/Ley 8904 y siendo el pago a cargo del mandante o patrocinado, aquélla deberá diligenciarse en su domicilio real (art. cit., últimos dos párrafos). Del incumplimiento de la transcripción referida se deriva la nulidad del acto de anoticiamiento; de la no utilización del domicilio indicado, se sigue la ineficacia de la notificación a los fines de la constitución en mora (art. cit.).
DLEB 8904 Art. 54 Año 1977” (cfr. sum. SCBA, C00000 TL 8544 RSI-18-65 I 09/04/1987. “Correa Ramón Atanacio s/ Concurso Civil) manda que posee un contenido similar -en lo que aquí interesa- al artículo 74 de la Ley Provincial Nº 3330.- Con las omisiones señaladas se ha producido una flagrante violación de la garantía de defensa en juicio, ya que privó al actor de la posibilidad de recurrir los honorarios regulados en Primera Instancia al no habérsele notificado los mismos. De este modo, el Sr. Pastrana no contó con la oportunidad de argumentar y hacer valer sus derechos frente a este resultado. Consecuentemente se ha vulnerado el principio de bilateralidad o contradicción. El principio de bilateralidad “...implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por tales actos...” (cfr.
Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, Tomo I, pág. 263). El mismo deriva directamente del artículo 18 de la Constitución Nacional, manda que dispone la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de los derechos. Sobre la base de aquél principio, en todo el desarrollo del proceso, se estructuran actos de transmisión, como son, entre otros, las notificaciones, las que colocan a las partes en condición de expedirse sobre distintos actos procesales. De este modo la decisión judicial puede ser el fruto de un proceso dialéctico de debate entre las partes ante el Juez como un tercero imparcial.- Asimismo, el principio de bilateralidad es una exigencia del respeto al debido proceso legal y del principio de igualdad entre las partes (cfr.
Loutayf Ranea, Roberto G., “Principio de bilateralidad o contradicción”, La Ley 16/02/2011, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/313/2011).-
Desde otro cuadrante, la ausencia de notificación de la sentencia de Primera Instancia, en lo tocante a la regulación de honorarios, implica un cercenamiento de la garantía a la doble instancia judicial, reconocido en la Ley de Honorarios Provincial de acuerdo a su artículo 72.-
Por otra lado, en atención a la trascendencia del acto que se ha omitido, en tanto no se ha respetado el principio de bilateralidad, cabe inferir el perjuicio por el sólo incumplimiento de las exigencias procesales. Esta conclusión se compadece con la garantía procesal afectada (la defensa en juicio), cuya efectiva vigencia requiere la oportunidad de las partes a ser oídas con las formas y solemnidades que determinan las normas procesales (cfr. sum. Fallos 280:72; 283:88; entre otros).- Entonces, es aplicable al sub lite lo ya dicho por este cimero Tribunal Provincial, a saber: “...si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586.).- Por todo lo expuesto, corresponde suplir la omisión acaecida en Primera Instancia y mandar a notificar la regulación de honorarios de la sentencia de Primera Instancia al domicilio real del actor (cfr. art. 32, inc. e) de la Ley Nº 1444 y arts. 72, 74 y cctes. de la Ley Nº 3330).-
VI. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado por la demandada a fs. 470/475 y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 458/463 vta. y su aclaratoria de fs. 483/484. Consiguientemente, deben reenviarse los presentes autos a la misma para que, con nuevos Jueces hábiles, arbitre las medidas adecuadas para que se proceda a la notificación de la regulación de honorarios dispuesta en la sentencia de Primera Instancia, con arreglo a la normativa precitada y, ulteriormente, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.- Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, 2do párrafo del CPC y C, aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 121 de la Ley Nº 1444), debiéndose diferir la regulación de honorarios peticionada a foja 501 vta. para el momento procesal oportuno.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 470/475 y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 458/463 vta. y su aclaratoria de fs. 483/484.-
2. Reenviar los presentes autos a la Excma. Cámara de Apelaciones para que, con nuevos Jueces hábiles, arbitre las medidas adecuadas para que se proceda a la notificación de la regulación de honorarios dispuesta en la sentencia de Primera Instancia, con arreglo a las formalidades prescriptas por la Ley Nº 3330 y, ulteriormente, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
4. Diferir la regulación de honorarios peticionada a foja 501 vta. para el momento procesal oportuno.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007S.211 Tomo: XX Interlocutorio: 679 Folio N°: 3947/3951 Secretaría: 1
Fin de la sentencia