Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 14205567-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, rechazar la presente acción de amparo, con costas de ambas instancias en el orden causado (artículo 68, segunda parte, C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
7190/2021 - PATAGONIA MEAT SA (TF 14205567-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 15 de junio de 2021.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, en el caso, la firma actora promovió la presente acción de amparo por mora, contra la A.F.I.P. – D.G.I., a efectos de se librara una orden de “pronto despacho” judicial, emplazándola a que procediera al pago de la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil con catorce centavos ($4.448.000,14), con más sus intereses y costas.
Explicó que su reclamo se originaba en la falta de pago en tiempo y forma de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, ingresadas a la A.F.I.P. por operaciones de exportación, para su liquidación e integración. Ello así, destacó que, a pesar de encontrarse autorizados los desembolsos correspondientes, vencidos los plazos para hacerlo y debidamente intimada la demandada, los mismos no fueron efectivizados.
En ese orden, recordó que su parte había efectuado operaciones de exportación durante los períodos 08/20 y 10/20 por los importes nominales de pesos un millón doscientos setenta y siete mil quinientos siete con cincuenta y cinco centavos ($ 1.277.507,55.-) y pesos tres millones ciento setenta mil novecientos noventa y tres con cincuenta y nueve centavos ($ 3.170.993,59.-) y que, sobre tales operaciones, fueron reconocidos y autorizados sus correspondientes reintegros con fechas 11 de noviembre de 2020 (Resolución Nº 713072 - SDG OPII-) y 12 de enero de 2021 (Resolución Nº 763897 -SDG OPII-) respectivamente.
De esta manera manifestó que, aún mediando las descriptas circunstancias, las sumas requeridas no habían sido reintegradas en el plazo legalmente establecido. Además, caracterizó como arbitraria e ilegítima la demora que le endilgó a su contraria.
En ese sentido, recordó que la Resolución A.F.I.P. Nº 2000/06 (que regulaba las cuestiones referidas a la controversia en tratamiento) establecía el procedimiento y plazo para efectuar el pertinente pago. Ello así, citó los artículos 25, 26 y 27 de la normativa referida.
Finalmente, abordó la procedencia de la presente acción, acompañó documental y ofreció prueba informativa a efectos de sustentar sus dichos (páginas 5/19 del PDF acompañado en las actuaciones).
I.1. Que, posteriormente, el Fisco Nacional produjo el informe previsto por el artículo 183 de la ley 11.683, controvirtió la pretensión de su contraria y acompañó prueba documental (páginas 105/118 del PDF acompañado en la causa).
II. Que, así las cosas, el 8 de marzo de 2021 la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada a que en el término de quince días se expidiera sobre el trámite pendiente, con costas. Para así decidir, en primer lugar el Vocal preopinante detalló la pretensión de la firma actora, al tiempo en que describió las consideraciones vertidas por el Fisco Nacional en la contestación del informe de ley y recordó lo prescripto por el artículo 182 de la ley 11.683 conjuntamente con los requisitos de procedencia de la vía intentada. En ese orden de ideas, señaló que la amparista había solicitado el reintegro sistemático de las retenciones en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales agosto y octubre del 2020, conforme lo establecía la Resolución General 2000/06. Ello así, expresó que –ante el silencio de la Administración– la actora había cursado dos cartas documento, a efectos de agilizar la tramitación de las referidas devoluciones.
Además, explicó que la representación fiscal había informado que las operaciones se encontraban aprobadas en su totalidad y que se encontraban en la División de Egresos Tributarios.
Rememoró lo normado por los artículos 1, 10, 11, 12, 16, 25 y 27 de la Resolución General 2000/06 y consideró que “[e]l amparo previsto en la norma procedimental [refería] a todo trámite o diligencia y que esto sólo [podía] entenderse en la integralidad de los mismos”. En virtud de ello, señaló que en “[e]l caso bajo amparo, el cumplimiento del trámite contempla, también, la efectivización del reintegro solicitado, atento la propia normativa reglamentaria […]”.
En ese orden de ideas manifestó que, después de seis meses, se encontraba sin resolver lo peticionado por la actora, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 7190/2021 - PATAGONIA MEAT SA (TF 14205567-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO circunstancia que determinaba la incursión en una demora excesiva por parte del Fisco.
Finalmente, recordó que el organismo fiscal debería pronunciarse en el término de quince días y que no existía motivo alguno que permitiera justificar la mora reprochada.
A su turno, la Dra. Guzmán adhirió al relato de los hechos efectuado por su par y citó lo prescripto por los artículos 25 y 27 de la Resolución General 2000/06 y concluyó que debería tenerse presente que “[l]os plazos en cuestión, fijados por el propio organismo fiscal, que se encuentra obligado a su cumplimiento en término, se encuentran ampliamente cumplidos, por lo que corresponde acceder al recurso interpuesto y ordenar al Fisco Nacional que en el término de quince (15) días finalice el trámite correspondiente a las operaciones de IVA por los períodos fiscales agosto y octubre de 2020. Con costas […]”.
El referido Tribunal reguló los honorarios correspondientes al Dr. Matías Ignacio Dehaut en la suma de pesos setenta mil doscientos veinte ($70.220) equivalentes a 20 UMA, por su actuación como patrocinante de la actora (cfr. artículo 48 de la ley 27.423). (ver PDF de las actuaciones, páginas 142/146).
III. Que, disconforme con lo resuelto, apeló el Fisco Nacional, quien fundó su recurso en el mismo acto (ver páginas 155/167 del archivo PDF acompañado en las actuaciones).
Reseñó los antecedentes de la causa, al tiempo en que adujo que lo resuelto por el organismo jurisdiccional actuante resultaba arbitrario e irrazonable, toda vez que había tenido por configurada la demora excesiva de su parte cuando la devolución requerida se encontraba en pleno trámite. En particular, destacó que el Tribunal de grado no había valorado exhaustivamente la prueba de autos, circunstancia que hubiera determinado la improcedencia formal del amparo “[e]n lo referente a uno de los períodos fiscales reclamados por la contraparte […]”.
Sentado ello, abordó la cuestión vinculada a la demora que se le endilgó sobre la devolución originada a raíz de la actividad producida durante los períodos fiscales 08 y 10/2020. Sobre el punto, manifestó que “[a] los fines de arribar al pago en cuestión, previamente deben darse a nivel interno distintas etapas indispensables para el debido contralor de la materia, sin dejar de atender a la normativa aplicable en punto a la debida constatación de los requisitos y condiciones de procedencia de los reintegros […]”.
Señaló que dicho procedimiento poseía ciertas circunstancias de orden financiero y administrativo que podían justificar la existencia de inconvenientes en los trámites de acreditación. Ello así, puntualizó que si bien podía existir cierta demora, la misma en modo alguno podía ser calificada como excesiva “[y]a que no [existía] una inactividad formal que el Tribunal a quo debía hacer cesar, considerando que debió ponderarse las tareas que se venían desarrollando a efectos de satisfacer las solicitudes del actor y más aún, teniendo en cuenta que el proceso para la devolución se encuentra es estado de pleno trámite […]”.
Por tales motivos, manifestó que la acción deducida debería ser declarada inadmisible, habida cuenta de que -en el caso de autos- la amparista no había logrado probar la existencia de una demora excesiva o injustificada, en los términos del artículo 182 de la ley 11.683. Esgrimió que el decisorio en crisis resultaba arbitrario, reiterando que el mismo no había tenido en consideración tanto la prueba como las explicaciones brindadas por su parte, circunstancia que determinaba la calificación de la sentencia bajo análisis como un acto jurisdiccional infundado.
Por otra parte, en lo ateniente a la Resolución Nº 763897 (vinculada al período fiscal 10/2020) explicó que no se encontraban reunidos todos los extremos legales habilitantes para que se habilitara la interposición de la presente acción. En particular, destacó que no se encontraba vencido el término de 15 días previsto para que se resolviera la petición actoral.
Sobre la cuestión, recordó que la mentada Resolución fue dictada el 12 de enero de 2021 y notificada el 13 de enero, pero que la fecha del pedido de “pronto despacho” de la firma actora databa del 5 de febrero de 2021 y la presente acción había sido iniciada el 18 de febrero de 2021. De esta manera, estimó que la pretensión de su contraria debería haber sido rechazada in limine.
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7190/2021 - PATAGONIA MEAT SA (TF 14205567-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En ese sentido, señaló que los requisitos formales para la procedencia de acciones como la aquí intentada resultaban ser: “[1]. Demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; 2. Dicha demora debe ser excesiva; 3. Debe provocar un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho; y 4. Solicitud de pronto despacho previo ante la autoridad administrativa, debiendo haber transcurrido un plazo de quince días sin que se hubiera resuelto el trámite […]”. Ello así, citó jurisprudencia que consideró favorable a su postura y criticó lo decidido por el Tribunal Fiscal, toda vez que –al haber admitido la pretensión de la actora respecto del período fiscal 10/20– se había apartado de lo establecido por las normas aplicables al caso.
Citó jurisprudencia y doctrina que consideró favorables a su postura y tachó nuevamente de arbitrario el decisorio recurrido. Por otra parte, se agravió respecto de la imposición de los accesorios a su cargo. Sobre el particular, manifestó que no existían motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota y advirtió que “[t]eniendo en cuenta que la sentencia dictada por el Tribunal resulta[ba] arbitraria al habilitar una vía recursiva que no [cumplía] con los requisitos de forma establecidos por la ley, […] el vencido [debería] soportar la imposición de costas […]”.
Finalmente, cabe destacar que el Fisco Nacional se agravió respecto de la regulación de honorarios efectuada en favor del letrado de su contraria, por considerar el monto involucrado elevado (página 149 del PDF acompañado en las actuaciones).
III.1. Que, posteriormente, la demandada desistió parcialmente de su apelación, en lo que refería a lo decidido sobre el período fiscal 08/20, circunstancia que fue admitida por el Tribunal de origen el 5 de abril de 2021 (páginas 174 y 185 del PDF acompañado en la causa).
IV. Que, así las cosas, corresponde destacar que de la lectura de las constancias en las presentes actuaciones surge, en cuanto pertinente, que:
a) El 12 de enero 2021, por medio de la Resolución Nº 763897 (SDG OPII) la Dirección Regional de Junín de la Administración Federal de Ingresos Públicos respondió a la presentación formulada por la actora el 29 de diciembre de 2020, por medio de la cual se requirió el reintegro de la suma de $3.170.692,59 en concepto de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado atribuibles a operaciones de exportación correspondientes al mes de octubre de 2020, conforme a su acogimiento al régimen de reintegro atribuible a exportación y asimilables. En particular, el Fisco Nacional hizo lugar a la aludida pretensión y dispuso la devolución del referido importe (página 26 del PDF acompañado en las actuaciones).
b) Ello así, el 4 de febrero de 2021 la firma actora intimó, mediante carta documento, al Fisco Nacional a que procediera al pago de las sumas adeudadas, con más sus intereses (página 32 del archivo formato PDF de la causa).
c) En la página 128 del PDF acompañado a las actuaciones obra constancia de la consulta SIADERE, correspondiente al período 10/2020 referida a la firma actora. En particular, figura como último movimiento vinculado a la devolución en cuestión el estado “LIQUIDADA” del 13 de enero de 2021.
d) En las páginas 189 y 191 del PDF de la causa obra constancia de la transferencia a la firma actora de las sumas correspondientes al período desistido por la demandada, catalogado como “Devolución RG 2000/06 PDO 08/20”.
V. Que, sentado lo expuesto, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros).
VI. Que, de esta manera, señálese que para la procedencia del recurso de amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: a) excesiva demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; y b) que la demora provoque un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho (artículo 182 de la ley 11.683).
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7190/2021 - PATAGONIA MEAT SA (TF 14205567-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Su fundamento es brindar al administrado un remedio procesal eficaz, caracterizado por la celeridad de su trámite, que le asegure o restablezca el goce de derechos cuando se consideren lesionados por el organismo recaudador.
Sobre el instituto analizado, se ha sostenido que el mismo se limita exclusivamente a vencer la inactividad formal, quedando fuera de su ámbito la pretensión prestacional; es decir, que el amparista no puede exigir el cumplimiento de una obligación de hacer distinta al dictado de un acto ni urgir pagos (en igual sentido, Sala IV in re “Appendino, Luis c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 52980/2017, sentencia del 26/12/17; “Kaplan, Luis Alfredo c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 67308/2017, sentencia del 26/10/17; “Equimac SACIFI E I c/EN - DNV (Exp 1012/08) s/amparo por mora”, sentencia del 15/07/14 y “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 05/03/15; Sala I in re “Mazzuchini, Gilberto Darío c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 09/06/15, y Sala III in re “MC Meat S.A. (TF 19.615-I) c/ DGI”, sentencia del 10/07/01).
VII. Que, así las cosas, debe adelantarse que el recurso intentado por el Fisco Nacional ha de prosperar; ello, habida cuenta de que lo pretendido por su contraria excede el cauce formal que le otorga la acción intentada.
En efecto, tal y como surge de la lectura del libelo inicial, se evidencia que el objeto de la presente acción de amparo consiste en que se libre una orden de “pronto despacho” judicial con la finalidad de que el Fisco Nacional realice el pago de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, ingresadas a la A.F.I.P. por operaciones de exportación durante (en cuanto aquí interesa) el período 10/20.
De esta manera, recuérdese que el amparo por mora persigue simplemente que la Administración cumpla con su deber de resolver, no está́ orientado a decidir judicialmente el fondo del asunto y se dirige a compeler a la expresión de la voluntad administrativa ya sea que se trate de un trámite o de una diligencia que se encuentre a cargo de los operarios del Fisco.
Es en este entendimiento que –tal y como fue advertido en el Considerando anterior– acciones como la aquí intentada no resultan idóneas para urgir un pago (en igual sentido, Sala I, in re “Promeco SA c/ AFIP (DGI) s/amparo por mora”, sentencia del 10/04/2001) ni para generar una obligación de hacer que sea sustancialmente diferente a la de decidir las peticiones que formulen los particulares.
Ahora bien, en el caso, se encuentra acreditado que la explicitación de la voluntad administrativa ocurrió a través del dictado de las Resoluciones Nº 713072 y 763897, por medio de las cuales se dispuso la devolución del importe peticionado por la firma actora vinculado a las ya aludidas operaciones de exportación, sin que se hubiera alegado y probado en autos la existencia de una petición posterior formulada por la accionante que hubiera generado un nuevo deber de responder por parte de la agencia recaudadora, más allá de la intimación al pago cursada el 4 de febrero del corriente, que no resulta idónea para fundar una acción como la aquí intentada, toda vez que la misma requiere una prestación que el presente amparo no puede ordenar.
En ese orden de ideas, y contrariamente a lo sostenido por el Tribunal de grado, tampoco puede considerarse al pago requerido como un “trámite o diligencia” en los términos del artículo 182 de la ley 11.683, si se tiene en cuenta que los conceptos antedichos refieren a pasos o gestiones administrativas que deben ser orientadas para resolver el fondo de un asunto (como lo fue el iter seguido por la Administración Pública a efectos de dictar las Resoluciones Nº 713072 y 763897) que se genera a raíz de una petición de un particular y no a la acción (o el hecho) de pagar, que –en su carácter de obligación prestacional– excede el cauce formal de la vía intentada.
A mayor abundamiento, destacase que tampoco se encuentra acreditado en autos que la firma actora hubiera interpuesto un pedido de “pronto despacho” en sede administrativa, de conformidad con lo prescripto por el artículo 182, in fine, de la ley 11.683. A lo expuesto cabe agregar que lo decidido resulta ser sin perjuicio de que la actora encauce su pretensión por la vía que corresponda.
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7190/2021 - PATAGONIA MEAT SA (TF 14205567-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Los motivos precedentemente descriptos determinan la admisión de la apelación del Fisco Nacional, la revocación del pronunciamiento apelado y propician el rechazo de la pretensión actoral en cuanto solicitó que se librara una orden de “pronto despacho” judicial para compeler a la demandada a que procediera al pago de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, ingresadas a la A.F.I.P. por operaciones de exportación por el período 10/20.
VIII. Que, por los motivos hasta aquí expuestos es que deviene innecesario el tratamiento de los restantes planteos sustanciales introducidos en el escrito recursivo del Fisco Nacional.
IX. Que, en cuanto a lo manifestado en torno a las costas, las particularidades que presenta la cuestión decidida justifican el apartamiento del principio objetivo de la derrota, la modificación –en este aspecto– del pronunciamiento recurrido y la distribución de las mismas en el orden causado (artículo 68, segunda parte, C.P.C.C.N.).
Por análogas razones, las costas de esta instancia también han de ser distribuidas en el orden causado.
X. Que no corresponde tratar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional contra la regulación de honorarios, en atención al modo en que se imponen las costas precedentemente.
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
admitir el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, rechazar la presente acción de amparo, con costas de ambas instancias en el orden causado (artículo 68, segunda parte, C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia