Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 30.951-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, el ente recaudador determinó que la contribuyente declaró un pasivo inexistente al cierre del ejercicio 2002, correspondiéndole otorgarle al mismo el tratamiento de incremento patrimonial no justificado en ganancias y de venta omitidas en el impuesto al valor agregado, ello de conformidad con el artículo 18 inciso f) de la ley 11.683).
Teniendo en consideración la metodología aplicada por el Fisco Nacional en el presente caso, corresponde realizar algunas consideraciones respecto del concepto de “incremento patrimonial no justificado”. En este sentido, puede conceptualizarse al incremento patrimonial no justificado como el aumento en el valor del patrimonio del contribuyente -ya sea a través del aumento de sus activos o disminución de sus pasivos- sin que este último pueda justificar acabadamente la fuente que los originó.
Así, pueden clasificarse los mismos en tres tipos diferentes, a saber a) por aumento de derechos o bienes; b) disminución de las obligaciones y c) por la creación artificial de pasivos.
En los tres casos ese incremento patrimonial podría justificarse si el contribuyente cuenta con la documentación fehaciente de los mismos.
XII. Que bajo tales pautas cabe concluir que de acuerdo con el propio informe de inspección antes reseñado, así como también de las resoluciones apeladas, la irregularidad detectada por el ente fiscal no se trata técnicamente de un incremento patrimonial no justificado por parte de la actora sino de un error …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-33566150-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Abril de 2022 Tribunal Fiscal de la Nación En Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, la Dra. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), el Dr. Rubén A. Marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 30.951-I caratulado “PATAGONIAN FISHING GROUP S.A. s/ recurso de apelación” y acumulado N° 30.952-I de igual carátula La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 12/43 y 213/233 se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones suscriptas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, de fecha 3 de diciembre de 2007. Por las primeras de ellas se determinó de oficio la obligación tributaria de la recurrente en el impuesto las ganancias por los períodos fiscales 2002 y 2003, con más los intereses resarcitorios y se aplica a la contribuyente una multa en los términos de los artículos 46 y 47 incisos a), b), c) y d) de la ley 11.683 en relación con el período fiscal 2002, haciendo reserva de aplicar sanciones respecto al período fiscal 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 24.769.
Asimismo, a través de las Resolución N° 227/07, se determinó de oficio la obligación tributaria de la contribuyente en el impuesto al valor agregado relativo a los períodos fiscales 07/02 a 12/03, con más los intereses resarcitorios y se aplica a la contribuyente una multa en los términos de los artículos 46 y 47 incisos a), b), c) y d) de la ley 11.683.
En primer lugar plantea la nulidad de las resoluciones apeladas por entender que las mismas carecerían de causa y motivación, toda vez que el organismo fiscal pretendería realizar ajustes mediantes consideraciones de hecho falsas, tales como la inexistencia de determinadas operaciones cuando se encuentra probada la materialidad de las mismas mediante instrumentos públicos.
En relación con el ajuste originado en la impugnación de la deducción del “aparato de radionavegación” señala que su adquisición fue realizada con el fin de poner en condiciones de uso una embarcación que arrendó, pese a que una vez finalizado el contrato, dicho aparato quedó en favor del locador del buque quien no se encontró obligado a abonar indemnización alguna a la firma.
Aclara que si bien el Fisco Nacional se refiere a un aparato de radionavegación lo cierto es que se trata de una ecosonda, instrumento utilizado para medir la profundidad a que está sumergido un objeto utilizando la reflexión de un haz de ultrasonido.
Explica que en el contexto de su operatoria arrienda y explota buques de pesca por medio de personal idóneo a tales fines, puntualizando que durante el mes de septiembre comenzó las tratativas dirigidas a arrendar el buque “Don Pepe de Asturias” con su propietario el Sr. Takacura.
Durante dichas tratativas –dice- tomó en cuenta los elementos y reparaciones necesarias a efectos de posicionar la embarcación en perfectas condiciones de operatividad, llegando a la conclusión que aquélla carecía de ecosonda, aparato imprescindible tanto para efectuar una navegación segura como para la detección de los lugares de pescar, por lo que procedió a importar una a los fines de incorporarla al buque. Ello por cuanto en atención a su objeto social una embarcación que no cuenta con un determinado equipo resulta prácticamente obsoleta, en tanto carecería del equipamiento mínimo e indispensable para la realización de mediciones de profundidad y la ubicación de cardúmenes de peces.
Expone que durante los primeros días del mes de diciembre de 2002 procedió a arrendar el buque de pesca en cuestión por un plazo de ocho meses incorporando al mismo el citado aparato, el que al finalizar el contrato, quedó a nombre del locador.
Agrega que dicho bien no fue activado como bien de uso en el balance de la firma ni amortizado, en tanto se trató de un gasto de la misma índole que los cánones del contrato de locación imprescindible para obtener la ganancia gravada.
Señala que el propio organismo fiscal reconoce que la ecosonda formó parte de la cancelación del contrato de locación pero a renglón seguido incurre en una evidente contradicción al pretender negar dicha situación al decir que la firma se ha limitado a acompañar como prueba el contrato de locación, que no resulta oponible a terceros y que pese a que del propio contrato surge el aporte y la aplicación de la ecosonda, no existe recibo alguno a este respecto.
Sostiene que mediante la prueba aportada en sede administrativa quedó debidamente probada la realización del contrato así como también los gastos producidos en el buque.
Enfatiza que dado que el bien no fue indemnizado por el locador y quedó en propiedad del mismo al finalizar el contrato, corresponde la deducción total del gasto al momento de su devengamiento. Por otra parte, se impugna la deducción de materiales para la construcción. Sobe el particular, señala que desde el inicio de las actuaciones administrativas la empresa planteó que los materiales fueron aplicados a la realización de una obra en la planta sita en la localidad de Martínez, Provincia de Buenos Aires, que significó una ampliación de la superficie cubierta e instalaciones que posibilitaron materialmente la realización de tareas de procesamiento y cocción de pescados y mariscos y significaron la posibilidad de obtener una habilitación a tal fin por parte del SENASA.
Efectúa un extenso relato de las tareas y trámites que realizó con el objeto de obtener la habilitación de la obra, que a su criterio justifica la deducción realizada.
En lo que respecta al ajuste relacionado con la deducción improcedente de costos, afirma que al momento de conferir la vista, el juez administrativo le imputo haber registrado comprobantes cuyos montos superan los informados por sus proveedores.
Agrega que más allá de que no contó con posibilidad material de conocer a ciencia cierta cuales eran las causas de la pretendida impugnación, señaló que la empresa registró importes idénticos a los informados por los proveedores.
Sostiene que lo que antes fue una impugnación basada en una supuesta diferencia con los importes facturados se ha transformado en una diferencia en los importes netos informados y registrados por su parte. Explica que el ente fiscal se limitó a manifestar que la empresa habría registrado comprobantes con un valor mayor al informado por los proveedores y no que existiera una diferencia en la registración de los componentes del valor total de las facturas, puntualizando que puede haber existido una deficiencia en la registración, por haber omitido exponer en forma discriminada el impuesto al valor agregado contenido en las facturas.
En otro orden de ideas, afirma que el ente fiscal le imputó a la firma haber registrado comprobantes cuyos montos superan los informados por sus proveedores.
Agrega que, no obstante ello, desde el inicio de las actuaciones administrativas la firma dejó en claro que, ante la imposibilidad de compensar los créditos fiscales de los que era titular, con futuros débitos, los mismos constituyeron una perdida, al ser meros derechos en expectativa de imposible realización, siendo por lo tanto deducibles.
Enfatiza que el juez administrativo realiza una interpretación errónea de la naturaleza de los saldos técnicos de IVA, que resultaría contraria a los términos de la ley de Impuesto al Valor Agregado, al considerarlo como un crédito imprescriptible, produciéndose entonces una franca violación a los derechos de propiedad e igualdad y a un claro desconocimiento del principio de capacidad contributiva.
Explica que de acuerdo a la mecánica de la ley de gravamen el saldo técnico constituye un mero derecho en expectativa, que significará una pérdida cuando no pueda perfeccionarse mientras que el organismo recaudador considera que los saldos técnicos de IVA constituyen créditos, y que sólo podrían ser deducidos en el caso en que se cumplan las condiciones establecidas por la ley de Impuesto a las Ganancias para las previsiones por malos créditos.
Sostiene que por la propia naturaleza de un impuesto al consumo y su mecánica de determinación, en principio, los débitos y créditos fiscales resultan ser neutros para los responsables, es decir, no inciden en los resultados dando lugar a pérdidas o ganancias.
Expone que en el caso de autos, no existió posibilidad de que los créditos fiscales terminen siendo neutros, en tanto la existencia de un gran saldo técnico hizo que los mismos no pudieran ser compensados a corto o mediano plazo, siendo dudoso que alguna vez pudieran compensarse.
Entiende que por aplicación del artículo 80 de la ley de impuesto a las ganancias son perfectamente deducibles al cierre de cada ejercicio fiscal, como mayor costo -o como gasto- en el balance impositivo de impuesto a las ganancias, los saldos técnicos acumulados provenientes de créditos fiscales originados en compras o prestaciones de servicios vinculados con actividades exentas o no gravadas, ello en tanto dichos saldos no podrán ser aplicados a débitos fiscales.
Afirma que esta es la situación que se presentó en autos, pues la firma acumuló saldos técnicos que no podrían ser aplicados a cubrir futuros débitos fiscales, transformándose los mismos en un costo que debió ser absorbido por su parte.
Por otro lado, destaca que el juez administrativo hizo el ajuste por considerar que efectuó deducciones basadas en comprobantes carentes de valor respaldatorio, con relación a determinados proveedores que considera apócrifos, a partir de supuestas "anomalías"
Aclara que la pretendida impugnación se basa sólo en meras "sospechas" realizadas por los funcionarios actuantes que carecen de entidad para constituir puntos de partida a efectos de la articulación de una presunción razonable.
En relación con las operaciones con el proveedor Truchas Patagonia S.R.L describe que la fiscalización pretende impugnar la deducción de la suma de $12.998,63, suma que responde a sendas operaciones efectuadas con el mismo.
Destaca que la firma Truchas Patagónicas S.H. fue una empresa familiar en la cual trabajaban personalmente sus tres socios, dedicándose a la misma a la crianza de salmónidos. De acuerdo a la documental presentada en oportunidad de contestar la vista, su principal criadero se ubicaba en el Embalse Alicura, sito en la Provincia de Neuquén, debidamente habilitado por el Centro de Ecología Aplicada de la Provincia de Neuquén, siendo este último el organismo fiscalizador de la actividad de acuicultura de la Provincia.
Explica que desde sus inicios funcionó como una Sociedad de Hecho, pero a partir del mes de diciembre de 2003, Patagonian Fishing Group S.A. comenzó a realizar compras de mercaderías, específicamente truchas arco iris, a la firma Truchas Patagonia S.R.L., continuadora de Truchas Patagonia S.H. Dice que mediante las resoluciones apeladas se pretende la impugnación de la Factura "A" Nº 0002- 00000268 emitida por el proveedor, de fecha 11/11/03, sin haber realizado ninguna imputación ni mucho menos, haber realizado circularización o diligencia alguna respecto a esta firma que permita siquiera advertir irregularidad alguna en su accionar.
Enfatiza que todas las imputaciones realizadas por el ente recaudador se refieren a la firma Truchas Patagonia S.R.L., respecto de la cual la presunción se articula en base a que se libró requerimiento al domicilio fiscal, siendo el mismo devuelto con la leyenda "se mudó", aun cuando ese domicilio corresponde a Truchas Patagonia SRL y no a la S.H, reconociendo entonces la inspección que el domicilio del proveedor existe y es perfectamente ubicable, no obstante lo cual no realizó más gestiones tendientes a conocer la realidad de los hechos.
Agrega que su parte ubicó al proveedor en su domicilio fiscal, obtuvo respuesta al requerimiento librado por el fisco y oportunamente la acompañó a los antecedentes administrativos.
En lo que respecta al indicio tenido en cuenta por el juez administrativo sobre que el proveedor declara un solo empleado, enfatiza que de las propias constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que la firma Truchas Patagonia S.R.L. se encuentra inscripta como empleador a partir del mes de septiembre de 2003. Asimismo, -dice- resulta claro que nos encontraríamos frente a una mera sospecha, ·desde que no se ha aportado elemento alguno que permita establecer cuál es la cantidad de empleados necesaria para el funcionamiento de la firma.
Describe que tanto la sociedad de hecho como la de responsabilidad limitada contaron con tres socios que trabajaban personalmente en la explotación, con lo cual durante los períodos cuestionados, la primera de las empresas mencionadas contó con 3 personas trabajando en la explotación, mientras que la segunda tuvo a su disposición 4 personas.
Destaca que la observación respecto a que las dos firmas utilizan el mismo formato de facturas, la misma imprenta y caligrafía similar pese a que los domicilios fiscales de la S.H. y la SRL se encuentran ubicados en "provincias distantes", no resiste análisis, en tanto conforme se desprende de las propias constancias obrantes los antecedentes administrativos la imprenta "La Danesa" de Mauricio; Marcos y Manuel Chiabrando SH confirmó la realización de los trabajos de impresión, resultando lógico que siendo dos empresas vinculadas utilicen la misma imprenta y aún más, que las facturas se encuentren confeccionadas con una caligrafía similar. Argumenta que el hecho de que dos de los socios, Sres. Francisco Dentesano y Lis A Ellese· hayan presentado DDJJ correspondientes al período 2003 declarando saldo cero no puede constituir un hecho base a partir del cual pueda presumirse válidamente la inexistencia de las operaciones, debiendo en todo caso el organismo fiscal verificar y fiscalizar la situación de dichos sujetos, siendo esta circunstancia absolutamente ajena a su parte.
Enfatiza que realizó todas las gestiones a su alcance a efectos de verificar la situación del proveedor en forma previa a la realización de las operaciones, con lo cual mal puede pretenderse su impugnación en base a circunstancias que en modo alguno le son imputables.
Especifica que se desprende de las propias constancias obrantes en los presentes actuados, que ninguna de las dos sociedades figura ni figuró en ningún momento en la base APOC y siempre contó con autorización de impresión de facturas, con lo cual la impresión de los comprobantes que esa dirección pretende impugnar se encontró debidamente autorizada por el propio organismo.
Puntualiza que la sociedad Truchas Patagonia S.R.L. con posterioridad a los hechos que originan el pretendido oficio fue vendida por sus antiguos socios, surgiendo este extremo en forma clara de la respuesta enviada por el proveedor en sede administrativa, quien informó mediante la citada respuesta que las facturas que el organismo pretende impugnar se encuentran registradas en sus libros y contenidas en sus declaraciones juradas. Asimismo, señala que se encuentra acreditado que la firma a través de sus socios contó con un establecimiento dedicado a la crianza de salmónidos habilitado mediante la Disposición Nº 128/01 y que el concesionario ha hecho efectivo el pago del respectivo canon durante todos los períodos vencidos a la fecha, encontrándose entonces acabadamente demostrada la capacidad operativa del proveedor, no pudiendo ser dicho hecho desconocido por el ente fiscal.
Especifica que no acreditó la forma en que canceló estas operaciones atento a que la misma no fue observada por la inspección ni se encontró mencionada en la vista.
En otro orden ideas y con respecto a la impugnación de las operaciones realizadas con el proveedor Héctor Valetti, explica que conforme se desprende de la copia de la constancia de inscripción que el proveedor oportunamente entregara a la empresa, éste se encontraba inscripto en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes desde el 08 de junio de 2002 y realizaba los pagos correspondientes al mismo.
Agrega que la autenticidad de dicha constancia así como de los tickets de pago que el proveedor le acompañara quedó demostrada mediante las respuestas a los oficios librados en sede administrativa al Banco de la Nación Argentina Sucursal Trelew.
En base a ello entiende que resulta falso lo sostenido por el fisco en torno a que el Sr. Valetti no se encontraba inscripto al momento de la realización de las operaciones.
Explica que el Sr. Valetti fue patrón de pesca del buque "Don Pepe de Asturias", Matrícula 01356- M, arrendado por la recurrente en el mes de diciembre de 2002, acordando que el primero, de acuerdo a las costumbres del ramo, dirigiría las aventuras de pesca del mencionado buque recibiendo una remuneración "a la parte" conforme se denomina en la jerga de la actividad. Éste se desempeñó como patrón de pesca de la embarcación, recibiendo adelantos de los pagos que en definitiva le correspondieron por los días en los cuales el barco realizó pesca y liquidándose lo que en definitiva le correspondía con una periodicidad mayor. Argumenta que en una oportunidad el Sr. Valetti procedió a vender a la firma el producido de su actividad en otro buque, surgiendo dicha circunstancia de los propios registros de la Prefectura Naval Argentina y de la Dirección General de Intereses Marítimos y Pesca Continental de la Provincia de Chubut.
Advierte que el organismo fiscal insiste en desconocer la realidad con base en un único fundamento, esto es, que el contrato de locación oportunamente aportado que fuera celebrado entre la firma y el Sr. Gabriel Takakura careció de fecha cierta encontrándose probado en los presentes autos que en el mes de diciembre de 2002 arrendó la mentada nave. En efecto –agrega- conforme se desprende de la documental que fuera aportada como anexo "C" al momento de contestar la vista, además del ya analizado gasto en la ecosonda, el 01 de febrero de 2003 la empresa debió cambiar las correas del motor del buque "Don Pepe de Asturias"; el 07 de febrero de 2003 debió reparar el equipo de radio, el día 11 del mismo mes debió incorporar determinadas cornamusas, sacar los cajones de popa y colocar una bomba y el día 21 del mismo mes y año debió instalar una nuez automática de sentina; en el mes de marzo debió comprar una garrafa, en mayo de 2003 debió reparar los portones de popa y en junio debió desmontar y reparar la caja de cambios del motor. Toda la documentación respaldatoria correspondiente a dichas operaciones refiere a trabajos, instalaciones, reparaciones y mercadería adquiridos por Patagonian Fishing Group S.A. y aplicados al buque, habiendo sido corroborada dicha situación por los respectivos proveedores quienes al momento de haberse librado oficios en sede administrativa se expidieron sobre la autenticidad de las facturas.
Enfatiza que gran parte la producción obtenida por la empresa mediante el buque "Don Pepe de Asturias” fue exportada y, conforme se desprende de la documental acompañada, de los correspondientes certificados de origen se desprende que la mercadería procede de dicha embarcación.
Concluye en el sentido que está acreditado que la firma usaba y gozaba del buque en cuestión con soporte en un contrato de arrendamiento, así como está demostrado que el Sr. Valetti era el patrón de pesca del mismo, por lo que la actitud del organismo carecería de fundamento, dado que un ente público constató que el proveedor abordaba el buque como patrón de pesca (P.N.A.) y otro, que descargaba la mercadería, habiendo quedado probada la materialidad de la operatoria.
Con respecto a las operaciones con el proveedor Ángel Gutiérrez, afirma que la empresa, desde sus comienzos, adquirió parte de los productos que comercializaba y además, en la medida de sus posibilidades, ha procedido a arrendar embarcaciones de pesca y a contratar a profesionales idóneos en la materia siendo uno de ellos el proveedor en cuestión quien dirigió como patrón de pesca de la embarcación "Doña Ruth", Matricula Nº 01346-M, que fuera arrendada por la firma.
En este sentido, destaca que Patagonian Fishing Group S.A. arrendó la embarcación "Doña Ruth'' desde el mes de diciembre de 2002, habiendo formalizado el contrato por escrito durante el mes de julio de 2003, y en la mayoría de los períodos analizados, el patrón de dicha embarcación fue el Sr. Ángel Gutiérrez quien percibía a cambio de su trabajo y de sus conocimientos técnicos una remuneración "a la parte" según los usos y costumbres del ramo.
Agrega que el Sr. Gutiérrez recibía un adelanto al momento en el que procedía a la entrega de la pesca y luego se liquidaba lo que en definitiva le correspondía, procediendo en dicho momento a la facturación del servicio cuya inexistencia pretende achacar el organismo fiscal.
Señala que existe una suerte de desfasaje entre la prestación del servicio y la posterior facturación en base a la cual, a falta de todo otro elemento, el organismo pretende presumir la inexistencia de las operaciones.
Explica que el citado Sr. Gutiérrez ha reconocido la existencia de los servicios consignados en las facturas que se impugnan, así como la firma obrante en cada uno de los recibos que oportunamente entregara en concepto de adelanto de honorarios.
Asimismo, sostiene que el organismo fiscal consignó que el proveedor no registraba alta en ningún impuesto y que el requerimiento a la imprenta fue devuelto por el correo consignando la leyenda "se mudó". No obstante, considera que en virtud de la realidad de los hechos se llegará a la conclusión de que se ha cursado un requerimiento a una persona fallecida.
Expone que la imprenta que procedió a la impresión de las facturas otorgadas por el Sr. Gutiérrez pertenecía al Sr. Edo Américo Rosato, quien lamentablemente ha fallecido conforme se desprende de las propias constancias obrantes en AFIP-DGI. No obstante ello –dice- el organismo se ha limitado a presumir la inexistencia de las operaciones, en base a que la imprenta no respondió lo requerido.
Destaca que la realidad de la operatoria surgiría de las actas de descarga acompañadas por la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut, que acreditan que el Sr. Ángel Gutiérrez era el patrón de pesca del buque Doña Ruth, así como también que la imprenta "Ladinco" de propiedad de los sucesores de Edo Américo Rosato imprimió los comprobantes del Sr. Gutierrez.
Agrega que no puede dejar de tenerse presente que gran parte de la producción obtenida mediante el buque “'Doña Ruth", fue exportada y conforme los correspondientes certificados de origen acompañados, la mercadería procede de dicha embarcación.
Con respecto a las operaciones realizadas con el proveedor Juan Alberto Olanda, señala que existe una grave contradicción entre los considerandos de la resolución en crisis y su parte resolutiva que afectó el derecho de defensa. En efecto, entiende que se encontró completamente imposibilitado de adivinar por qué, siendo que en las resoluciones apeladas se procedía a impugnar sobre base presunta una sola factura por la suma de $ 16.684,50 correspondiente al año 2003, respecto a este proveedor se incluía en el gravamen que el fisco pretendió a su favor la suma de $ 124.507, 95 como correspondiente al período 2002, careciendo la resolución apelada de toda causa.
Sostiene que se encontró completamente imposibilitado de ejercer su defensa respecto al concepto de esa suma pretendida por el organismo por el período 2002, y, en base a ello, oportunamente solicitó que se decrete la nulidad de la resolución por medio de la cual se corrió vista y dicte una nueva, conforme a derecho, en la cual se especifique el porqué de la pretensión fiscal referida al período 2002.
En contestación a los argumentos del ente fiscal para impugnar el proveedor, señala que demostró poder ubicarlo, que acompañó respuesta a determinados puntos que fueran consultados mediante el requerimiento cursado, y que el propio proveedor confirmó la realización de las operaciones que se cuestionan. Reitera que su parte no se encuentra obligada a verificar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de sus proveedores, sino que solo debe controlar que éste no se encuentre en la base de datos del organismo referida a emisores de facturas apócrifas; contó con código de autorización de impresión otorgado por el propio ente fiscal y la imprenta que realizó los trabajos de impresión, que se corresponden con las facturas otorgadas por el proveedor al momento de las ventas, confirmó la realización de los trabajos de impresión.
Entiende que el proveedor contó con capacidad operativa a efectos de la producción de la mercadería que fuera vendida a la empresa, en tanto conforme se desprende de la respuesta del oficio librado en autos a la Municipalidad de Rawson obrante en los antecedentes administrativos, el Sr. Olanda fue titular de distintas habilitaciones comerciales bajo la razón social "Pez del Sur", destinadas a la industrialización de los productos de pesca que vendió a Patagonian Fishing Group. Agrega que de la documental acompañada al momento de contestar la vista, el propio Fisco nacional ha iniciado ocho juicios de ejecución fiscal en procura que el mismo proceda al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, encontrándose estos procesos ejecutivos en trámite ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, Secretaría de Ejecuciones Fiscales, coligiendo de dicha situación que el proveedor en cuestión ha determinado sus obligaciones tributarias o lo ha hecho el Fisco en su lugar mediante procedimientos de determinación de oficio.
Explica que dado que la propia AFIP ha iniciado acciones en procura del cumplimiento de las obligaciones del proveedor, mal puede pretenderse que la firma sea quien cargue con las consecuencias del incumplimiento de obligaciones que no se encuentra obligada a verificar.
Puntualiza que también ha acompañado -al momento de contestar la vista- una certificación, efectuada por contador público independiente, de bienes de cambio comprados en el país y posteriormente exportados por Patagonian Fishing Group S.A. Dichos productos los adquirió al Sr. Olanda, y fue instrumentada mediante las facturas "A" Nº 001· 00000099 y N 0001-00000100, y posteriormente las vendió en el mercado externo a la firma THALASSA SEAFOODS, domiciliada en Oude Leeuwenrui 12, B-2000 Antwerpen, Belgium, enviándose la misma con fecha 29/01/2003 a través del permiso de embarque N°03 047 ECO l 000089 K, emitiéndose en consecuencia la Factura de Exportación "E" Nº 0001·00000007.
Afirma que estos elementos demostraron con claridad incontrastable la realidad de las operaciones realizadas con el proveedor, poniendo en evidencia que la presunción que se pretende articular mediante la resolución en crisis resultaría improcedente y arbitraria.
Se agravia de los argumentos esgrimidos por el ente fiscal en relación con la existencia de las habilitaciones municipales, que sostiene que las mismas fueron otorgadas al Sr. Olanda junto con la Sra. Matarese, quien es su esposa y que en las mismas se menciona lo que considera ser una -"razón social”, siendo dicha afirmación errónea toda vez que el nombre de fantasía "Pez del Sur" no es una "razón social" sino el nombre del establecimiento comercial del que el Sr. Olanda fue titular. Dicha razón social -”Pez del Sur, de Juan Alberto Olanda”- se encuentra en las facturas que el ente fiscal pretende impugnar.
En relación al proveedor Puertos Del Sur S.R.L. señala que la firma acompañó notas enviadas al Banco Credicoop por medio de las cuales se ordenaba la transferencia de los fondos a los fines de cancelar las operaciones, boletas de depósitos, copias de extractos bancarios y que si bien el propio Banco Credicoop informó las transferencias realizadas, la fiscalización actuante no pudo identificar los montos en los extractos bancarios de mi parte.
Señala que si bien la imprenta que realizó los trabajos de impresión de las facturas no contestó el requerimiento realizado, demostró que el proveedor resulta ser una empresa que dedicada al procesamiento de pescados y mariscos, que le realizó ventas de mercaderías, encontrándose debidamente habilitada por el SENASA.
Puntualiza que dicha la firma fue proveedora de la empresa respecto de la centolla que exportó durante el período 2003, sobre cuyo contenido de fósforo se elaboró un informe, acompañado al momento de contestar la vista.
Dice que de las propias constancias obrantes en los antecedentes administrativos se desprende que el proveedor no se encontraba en la base confeccionada por el propio organismo fiscal sobre presuntos operadores con facturas apócrifas. Asimismo, aclara, de la información obrante en el sistema de la AFIP-DGI surge que el propio Fisco Nacional le otorgó la correspondiente clave de autorización de impresión de las facturas que hoy se pretenden impugnar En otro orden de ideas destaca que de las propias constancias obrantes en el expediente, la empresa Puertos del Sur S.R.L. se encuentra inscripta como agente aduanero IMEX, esto es, habilitado para realizar importaciones y exportaciones.
Con respecto a la capacidad operativa del proveedor destaca que de los antecedentes administrativos surge que el proveedor Puertos Del Sur S.R.L. se encontró debidamente inscripto en el Régimen Nacional de la Seguridad Social durante los períodos cuestionados consignando en las correspondientes declaraciones juradas dos (2) empleados durante el período 01/2003; seis (6) empleados durante el período 02/2003; cinco (5) dependientes -en el período 04/2003; diez (10) empleados en el período 07( 2003 y seis (6) en el período 09/03 contando el mismo con el correspondiente contrato de Seguro De Riesgos de Trabajo contratado con- la Compañía La Caja ART. Sobre el sistema de pagos, señala que a la fecha en que fueron realizados el proveedor contaba con dos cuentas bancarias en las cuales -durante los períodos cuestionados- se acreditó la suma de pesos seiscientos ochenta y siete mil setecientos catorce, ($687.714,00), hecho que demostraría que el proveedor contaba con un gran giro comercial.
Agrega que en la documentación acompañada al momento de la contestación de la vista queda acreditado que el propio ente recaudador inició cuatro juicios de ejecución fiscal al proveedor Puertos del Sur S.R.L., los cuales se encuentran en trámite por ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, Secretaría de Ejecuciones Fiscales, circunstancia que contradice lo sostenido por el organismo, toda vez que el proveedor determinó sus obligaciones fiscales o ha sido el propio organismo fiscal quien lo ha hecho en su lugar. En cuanto a la materialidad de las operaciones, destaca que resulta concluyente la certificación realizada por Contador Público independiente -oportunamente acompañada- de los bienes de cambio comprados en el país y posteriormente exportados por Patagonian Fishing Group S.A., que se certifica que la mercadería comprada a la Firma Puertos del Sur S.A., facturada "mediante las facturas "A" Nº 0001- 00000001 de fecha 30/12/ 2002, Nº 0001-00000002 de fecha 10/01/2003, Nº 0001-00000003 emitida el 1710112003, Nº 0001- 00000004 del 23/01/2003, Nº 0001-00000006 de fecha 0310212003 y Nº 0001-00000008 de fecha 2710312003, ha sido vendida el mercado externo a la firma THALASSA SEAFOODS, domiciliada en Oude Leeuwenrui 12, B- 2000 Antwerpen, Belgium, enviándose la misma con fecha 29/01/2003 a través del permiso de embarque Nº03 047 ECO1 000089 K y emitiéndose en consecuencia la factura de exportación "E" Nº 0001- 00000007. Asimismo, de la prueba documental acompañada al momento de contestar la vista, el proveedor oportunamente le hizo llegar las constancias otorgadas por SENASA que lo autorizaba para proceder al envío de la mercadería vendida a la firma PESCARI S.A., en la cual por cuenta de Patagonian Fishing Group S.A. se procedía al reproceso de la centolla, detallando las condiciones en las cuales se encontraba la mercadería en dicho momento, agregando además los remitos correspondientes a las facturas que se cuestionan.
En otro orden de ideas, explica el ajuste relacionado con la existencia de un incremento patrimonial injustificado, que la Administración sustenta en la existencia de un pasivo simulado al mantener en “Cuentas a Pagar" el asiento correspondiente a una deuda con el proveedor Cartonería Acevedo S.A.l.C. Al ser circularizado el acreedor, informó que la deuda había sido cancelada con anterioridad al cierre del ejercicio 2002. Afirma que no puede sostenerse que en el presente caso ha existido una simulación de pasivo, sino que, conforme fuera confirmado por el propio proveedor dicho pasivo existía, consistiendo el error en una diferencia de exposición contable respecto a la cancelación de la operación motivada en la proximidad del cierre del período fiscal considerado, más no un pasivo simulado. Aclara que no puede sostenerse la existencia de un incremento patrimonial injustificado a partir de la simulación de un pasivo, si justamente, la existencia de dicho pasivo se encuentra probada en forma previa a la articulación de la presunción.
Expone luego los argumentos en los que reposa el cuestionamiento a la impugnación de la deducción efectuada al computar importes en exceso respecto a los montos que surgen de las declaraciones juradas correspondientes al Sistema Único de la Seguridad Social, toda vez que al aplicar el tope establecido en el artículo 87 inciso i) de la ley de impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones pagadas por la responsable (según las declaraciones juradas correspondientes al SUSS), surgiría que los gastos de representación computados exceden el límite permitido.
Sostiene que le causa agravio la impugnación de la deducción que efectuó en concepto de gastos de directorio, pues entiende que el Fisco habría producido distintos cálculos, los cuales arrojarían consecuencias radicalmente disímiles, a partir de un desconocimiento de la realidad que debió ponderar así como de la normativa aplicable, arriba a un resultado irrazonable.
Afirma que los actuantes han realizado un cálculo que, si bien es erróneo, se aproxima más a la realidad que los montos arbitrariamente contenidos en la resolución apelada Explica que respecto al período 2002, luego de enunciar la ganancia contable del ejercicio y de calcular la ganancia impositiva de acuerdo a los términos del art. 142 del Decreto Reglamentario de la ley de gravamen, realiza el cálculo del tope de la deducción sobre un monto completamente distinto, arribando por ello a un resultado equivocado.
Dice que en ninguno de los dos períodos explicita como llega al cálculo de la llamada "ganancia impositiva'', consignando que el cálculo de los montos que por medio de la misma se pretende determinar es el que se encuentra a fs. 793 a 795 del expediente administrativo y, en base a dicha liquidación, sostiene que su criterio se encontraría fundado.
Destaca que, de acuerdo a los montos consignados en la resolución en crisis y al cálculo realizado por la inspección, esta parte llega a la indudable conclusión de que el ajuste pretendido es erróneo y se encuentra motivado en una equívoca aplicación de los dispositivos legales correspondientes.
Enfatiza que no ha excedido el tope establecido en el inciso j) del artículo 87 de la Ley, en tanto luego de realizar el cálculo de la ganancia contable conforme a lo dispuesto por el artículo 142 del decreto reglamentario de la ley, necesariamente debió incluir en el cálculo los honorarios asignados respecto a los períodos en cuestión, en tanto el tope legal no podría calcularse válidamente sin incluir en el resultado el monto de los honorarios asignados.
Enuncia que si bien la resolución consigna que ha efectuado el cálculo del tope que pretende aplicable antes de deducir los honorarios asignados, del propio resultado así como de uno de los tantos cálculos obrante en el expediente administrativo que la resolución dice aplicar- surge en forma clara que esto no ha sido así, toda vez que de haberse calculado el tope antes de la correspondiente deducción de honorarios de acuerdo con lo previsto por la normativa aplicable, el resultado habría sido radicalmente distinto. Acompaña como prueba documental un cuadro con el que pretende clarificar los montos correspondientes a los honorarios de director en los periodos fiscales en cuestión.
Finalmente, y únicamente en relación con el impuesto a las ganancias, entiende que en los períodos en discusión procedió a realizar pagos sin causa, atento a que no ha practicado la deducción dispuesta por el artículo 9 de la ley 23.101, habiendo omitido el juez administrativo considerar dicho planteo Expone que procedió a cancelar sus obligaciones fiscales correspondientes al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2002 y 2003, sin practicar la deducción establecida por el artículo 9 de la ley 23.301 (B.O. 2/11/1984)
Dicha ley dice- estableció un microsistema de beneficios para ciertos bienes y servicios promocionados, los cuales serían seleccionados y enumerados por el Poder Ejecutivo Nacional (art. 8º), determinando asimismo su artículo 9º los beneficios que se concederían por la exportación de tales bienes y servicios.
Agrega que el inciso b) del mentado artículo establece la posibilidad de practicar una deducción en el balance impositivo del impuesto a las ganancias del exportador de hasta el 10 por ciento del valor FOB de los bienes y servicios exportados.
Y, en cumplimiento del mandato establecido por la ley, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 173/85 (B.O. 31/1/1985), incorporando en el mencionado art. 8º, con especial relación, beneficio fijado en el aludido inc. b), a los exportadores de mercaderías comprendidas en las partidas de la “Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera" (NCCA), las que se detallaron en la planilla anexa al Decreto. Precisa que la deducción autorizada incidirá en el ejercicio fiscal en el que tenga lugar el libramiento de la mercadería (art. 1º) y que regirá para las exportaciones para consumo que se registren con posterioridad a la vigencia del decreto (art. 2º).
Destaca que -en función de lo manifestado- la ley que regula el beneficio sólo le otorga al Poder Ejecutivo Nacional la potestad de confeccionar la lista de los bienes alcanzados por el régimen y eso fue lo que hizo en el referido Decreto. Se trata de una franquicia de naturaleza impositiva que incide en un determinado tributo, distinguiéndose claramente de lo que puede calificarse corno un régimen aduanero especial. Agrega que con posterioridad, el Decreto 553/89 (B.O. 2/5/1989), fundándose en una situación de emergencia de la época, en lo que aquí interesa, creó un derecho de exportación adicional (art. 1º) y estableció la suspensión del beneficio "previsto en el art. 1 del Decreto 173/85” (art. 2º). Su art. 1º también reemplazaría - aunque no surge expresamente de su redacción la nomenclatura NCCA por la "Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación" (NADE).
Explica que con motivo de la ley 23.697 y sus respectivos decretos reglamentarios (824/89, 435/90, 612/90 y 1930/90) se suspendieron transitoriamente los diversos sistemas promocionales por entonces vigentes, así como todo régimen que implicara subsidios, subvenciones o cualquier otro compromiso que afectara los recursos del Tesoro Nacional y tras el cese total de la suspensión (últimos meses del año 1993), se reanudaron tales sistemas y regímenes, en particular los regulados por las Leyes 21.608, 22.021 y 23.101, entre muchos otros., Entiende que la cronología legal hasta aquí descripta demuestra que el beneficio de la Ley 23.101 recobró plena vigencia tras sus transitorias suspensiones.
Finalmente, puntualiza que por medio del Decreto 2657/91, el Poder Ejecutivo Nacional sustituyó la "Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación" (NADE) y la "Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación" (NADI), por la "Nomenclatura del Comercio Exterior" (NCE) finalmente la nomenclatura de la NCE fue reemplazada por la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), por medio del Decreto 2275/94, en virtud de lo exigido a los miembros del Tratado de Asunción, habiendo emitido la Dirección General Impositiva la Nota Externa (NE) 6/98 del 31/12/98 en la cual señala que atento las inquietudes planteadas respecto de la aplicación del beneficio previsto por el artículo 1º del Decreto Nº 173/85, se aclara que, considerando o dispuesto en el artículo 2º del Decreto Nº 553/89, que se encuentra vigente, a partir del 2/05/89 quedó sin efecto la deducción en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, del 10% del valor FOB de los bienes exportados".
Sostiene que la esencia de la norma contenida en el inciso b) del art. 9º de la Ley 23.101 conlleva la inmediata aplicación del principio de legalidad, pues nos .encontramos frente un aspecto que compone la base imponible del tributo y a la vez se trata de una franquicia destinada a operar en ese mismo sector del ordenamiento. Impera también la conocida premisa del "favor promotionis".
En atención a que –a su criterio- la actividad de la firma reúne los requisitos exigidos para la procedencia de la deducción correspondía considerar su cómputo en el presente procedimiento.
En lo que respecta a las sanciones aplicadas destaca que la resolución en crisis no explica las razones por las cuales realiza la imputación, limitándose a citar los arts. 46 y 47 incisos a), b), c) y d) de la Ley Nº 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), lo cual constituye una generalidad que impide a esta parte ejercer en forma adecuada el derecho de defensa que la asiste.
Manifiesta que la improcedencia de los cargos realizados en función de lo desarrollado a través de su recurso de apelación descarta la existencia de la materialidad típica Apunta que la resolución recurrida en ningún momento se aboca al análisis de los factores subjetivos, no mencionando ni comprobando que ellos se han configurado en el caso. Se limita a citar sucintamente las presunciones legales y no se analiza ningún otro elemento o circunstancia tendiente a demostrar la configuración del factor subjetivo de atribución de la responsabilidad infraccional.
Finalmente, cita jurisprudencia, ofrece prueba documental, informativa y pericial contable, solicita que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas al Fisco Nacional y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 111/192 y fs. 285/299 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos, solicita, por los argumentos de hecho y derecho que expone, se confirmen los actos apelados.
III. Que a fs. 185/185vta. se resolvió tener por desistida de la acción y del derecho, únicamente respecto a los ajustes relacionados con la deducción –en el impuesto a las ganancias- de materiales para la construcción por el período fiscal 2003 cuyo gasto ascendió a la suma $ 85.767,69 y al ajusto relativo a los sueldos jornales y cargas sociales por el período 2003 que asciende a la suma $ 59.295,09 A fs. 343 se ordenó la acumulación del expediente Nº 30.952-I al que lleva el Nº 30.951-I.
A fs. 500 se clausura el período probatorio, se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y se ponen los autos para alegar, obrando a fs. 502/505 el alegato del Fisco Nacional.
Finalmente, a fs. 509 pasan los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde expedirse respecto del planteo de nulidad formulado por la recurrente con fundamento en que los actos apelados carecerían de causa, por lo que concluye se encuentran inmotivados.
A fin de definir la causa encontramos dos corrientes doctrinarias, los subjetivistas y los objetivistas. Los primeros entienden que la causa del acto administrativo está constituida por la “voluntad” del sujeto que emite el acto, en tanto para los objetivistas aquella está formada por los antecedentes de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Nuestro legislador adscribió a ésta última corriente, definiendo a la causa como “los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo”, los que deben existir o concurrir en el momento de su emisión como requisito de validez del mismo. Como señala Hutchinson, “la apreciación que de tales circunstancias haga la autoridad administrativa, puede afectar la validez de la decisión –por apartase de los hechos o el derecho realmente aplicable- y también es susceptible de comprometerla con los vicios de error y dolo” (conf. Hutchinson, Tomás; “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Tº I, pag. 154).
En ese contexto, los argumentos del recurrente deben ser rechazados toda vez que encuentran sustento en la discrepancia con las conclusiones a las que arriba el ente fiscal para determinar de oficio su obligación tributaria. Más, preciso es señalar que los actos recurridos detallan los elementos de hecho y derecho tenidos en cuenta por el Fisco Nacional y, en definitiva, su discrepancia con el encuadre jurídico o la valoración de los hechos realizada, eventualmente puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la revocación del acto, pero no a su nulidad.
Por último, el acto expone las razones que llevaron al organismo fiscal a efectuar las determinaciones de oficio apeladas, por lo que no se advierte la vulneración del derecho de defensa alegado. En mérito a lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la recurrente, con costas.
V. Que en relación con la cuestión a la que este Tribunal está llamado a resolver y teniendo en consideración la resolución que tuvo a la actora por desistida y el informe de inspección obrante en los antecedentes administrativos acompañados a la presente causa (vide. fs. 727/740 del Cuerpo N° 4 de Impuesto a las Ganancias) el ente fiscal efectuó diversos ajustes al contribuyente en el impuesto a las ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2002 y 2003, los que en atención a un mejor orden expositivo serán tratados a continuación.
VI. Que con respecto al primero de ellos, los inspectores señalan que se constató que la contribuyente dedujo de su declaración jurada correspondiente al período 2002, un importe de $ 3.366,51, en concepto de importación de un bien para ser utilizado como elemento de radionavegación, sin tener en cuenta su condición de bien de uso, procediendo a calcular la amortización que hubiera correspondido computar por la responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la ley de impuesto a las ganancias, determinándose el excedente de $ 2.693,21 Como ya quedó dicho, en oportunidad de contestar la vista y luego a través del presente recurso de apelación, la actora sostiene que en el mes de septiembre de 2002 comenzó las tratativas tendientes a arrendar un buque con su propietario el Sr. Takacura, advirtiendo que la embarcación carecía de una ecosonda, siendo este un aparato imprescindible tanto para la navegación segura como para la detección de lugares de pesca, procediendo a importar el mencionado artefacto.
A los fines de fundar su postura acompaña al momento de contestar la vista el contrato de locación celebrado con el Sr. Takacura mediante el cual se arrendó la embarcación “Don Pepe de Asturias” por un plazo de ocho meses incorporando al mismo la ecosonda, el cual al finalizar el contrato quedó en poder del locador. El bien no fue activado como bien de uso en el balance de la firma ni amortizado en tanto –a su criterio- se trató de un gasto de la misma índole que los cánones del contrato de locación imprescindible para obtener la ganancia gravada. Para la recurrente la ecosonda fue aplicada al buque arrendado, descontándose del canon locativo y pasando a ser luego propiedad del locador, razón que impide su activación como bien de uso y amortización. A fin de resolver la cuestión planteada, en primer lugar, corresponde analizar la prueba aportada por la contribuyente en sede administrativa. Allí acompañó el contrato de locación de buque de pesca “Don Pepe de Asturias”, celebrado entre el titular del mismo, el Sr. Gabriel Mauricio Takakura y la firma Patagonian Fishing Group, por un período de 4 meses (Clausula 1°), fijándose como precio la suma de $ 2500 mensuales, debiéndose abonar el mismo por períodos de treinta días, comenzando el primero de ellos el 01/12/02 y venciendo el 30/07/03, debiendo el locador extender el recibo correspondiente al período, con imputación al presente contrato (Cláusula 2°).
Por su parte, a través a través de la Cláusula 4° se estableció que “… se deja constancia que la embarcación carece de Ecosonda necesaria para el desempeño de las artes de pesca, comprometiéndose el locatario a suministrarlo en un plazo perentorio a descontarse del alquiler correspondiente…”. (el subrayado es propio).(vid. fs. 872/873 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias V)
Más allá de las argumentaciones esgrimidas, lo cierto es que de la prueba aportada no surge de manera concluyente que la ecosonda importada por la recurrente haya sido efectivamente afectada al pago del canon locativo mensual ni tampoco que el mismo haya pasado luego a la propiedad del locador, como sostiene, toda vez que no se han acompañado los recibos correspondientes a la cancelación del contrato en cuestión. Ahora bien, en cuanto a los contratos de locación aportados, de fecha 10/07/03 y 01/03/04, de los mismos únicamente surge que en los períodos en cuestión el buque de pesca arrendado por la actora contaba con una “Ecosonda JRC JFC-500…”. (vid. fs. 874/875 y 878/879 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias V). Finalmente, y en relación a las facturas acompañadas por la recurrente y que conforman el Anexo “C” de su escrito de defensa en sede administrativa, las mismas únicamente prueban que se habrían realizados ciertos arreglos en el buque arrendado por la recurrente, situación que resulta totalmente ajena a la cuestión debatida en autos. (vid. fs.881/887 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias V).
En función de lo expuesto, no cabe más que confirmar el ajuste en cuestión efectuado por el ente fiscal. Con costas.-
VII. Que para arribar al segundo de los ajustes efectuados, la inspección constató, en virtud de las respuestas obtenidas por los proveedores Pereira Argentina S.A., Plásticos Dise S.A. Alicia Liliana Tonetto, SurFrigo S.A. y Swan Turismo S.A., que la responsable registro en su Libro Subsidiario IVA Compras comprobantes cuyos montos superan los informados por las firmas mencionados, impugnando entonces las sumas de $ 404,25 y $ 12.749,87, como consecuencia de las diferencias constatadas durante la fiscalización. Asimismo en el impuesto al valor agregado se procedió a impugnar el crédito fiscal en exceso computado por la responsable en los períodos fiscales 12/02, 01/03 y 08/03, por un importe de $ 1553,43. Sobre el particular, la recurrente sostiene que si bien puede haber una deficiencia en la registración, por haberse omitido registrar en forma discriminada el impuesto al valor agregado contenido en las facturas, lo cierto es que el ajuste sería improcedente pues que ante la imposibilidad de compensar los créditos fiscales de los que era titular contra futuros débitos, los mismos constituyeron una pérdida, al ser meros derechos en expectativa de imposible realización siendo por ello deducibles.
Agrega entonces que acumuló saldos técnicos a su favor que no podrían ser aplicados a cubrir futuros débitos fiscales que se transformaron en un costo que debió haber sido absorbido por su parte. Sobre la cuestión en debate cabe recordar lo señalado por el voto mayoritario de la Sala “D” de este Tribunal, en la causa “Ascona SA Cía. de reaseguros s/recurso de apelación”, de fecha 10/09/02. Se sostuvo allí que “…como en cada etapa de los procesos de producción y comercialización, del importe que resulte de la aplicación de la alícuota del gravamen sobre los precios netos de las ventas, locaciones, obras o prestaciones de servicios gravados imputables al período fiscal que se liquida cabe detraer el monto de las erogaciones que se haya debido afrontar en concepto de impuesto en etapas anteriores, cabe sostener que la noción de crédito fiscal dentro del régimen del impuesto al valor agregado es un concepto perfectamente delimitado, de características y efectos propios que no pueden ser trastocados sin lesionar el orden jurídico.
“El crédito fiscal proveniente de saldos técnicos es el derecho que se reconoce a cada responsable del tributo de disminuir su obligación de pago en una determinada medida y bajo determinadas condiciones. No puede darle otra aplicación o destino que el que la ley que lo ha creado y lo rige tiene establecido. “Y si los montos de crédito fiscal provenientes de saldos técnicos no pueden ser aplicados en un ejercicio sólo cuadra trasladarlos como tales acreencias al ejercicio siguiente.”
“Por lo tanto, no se encuentra legalmente admitida para los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado una conducta como la seguida por la empresa recurrente en la presente causa.”
“Cuando la posibilidad de compensar o no los créditos fiscales en todo o en parte y el ritmo en que ello se haga resulta de decisiones de la propia empresa, al elegir su género de actividades, esto no puede oponerse a las pautas y mecanismos objetivos y generales establecidos por la ley que la sociedad conoce y a los que se ha sometido al realizar actividades que estarán ajustadas a su régimen.”
“La cuestión planteada en autos es, en definitiva, de posibilidad de cobro por vía indirecta y como se ha visto la ley del impuesto al valor agregado sólo tiene establecido como empleo admisible para los saldos técnicos, el mecanismo de la compensación contra débitos.”.
“Siendo así, la pretensión de la contribuyente de que se reconozcan y acepten sus decisiones particulares y subjetivas y se las haga prevalecer sobre disposiciones establecidas con carácter general no es admisible.”
En el mismo sentido se ha expedido Nuestro Máximo Tribunal en la causa “Álcalis de la Patagonia SAIC s/apelación por denegatoria de repetición” de fecha 06/05/86 en donde se sostuvo “…el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquél en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no sólo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones.”. A mayor abundamiento, y aun cuando se considerara procedente el argumento de la actora, resulta sumamente esclarecedora la pericia contable producida en autos donde ambos peritos sostienen que el saldo técnico de IVA de la contribuyente en los períodos 2002 y 2003 resulta ser a favor de AFIP-DGI por las sumas de $ 31.355,29 y $ 12.633,95, respectivamente, no pudiendo entonces ser el mismo utilizado por la firma en el ejercicio fiscal siguiente. (vide. Punto a) del informe pericial obrante fs. 468/470).
En función de lo expuesto, no cabe más que confirmar las resoluciones apeladas, en relación con el ajuste en cuestión. Con costas.
VIII. Que corresponde ahora tratar el tercero de los ajustes efectuados, que se encuentra circunscripto a la impugnación de facturas de ciertos proveedores de la actora.
A los fines de un mejor entendimiento, resulta oportuno describir la actividad fiscalizadora en cada proveedor en particular:
1. TRUCHAS PATAGONICAS S.R.L.: La inspección cursó requerimiento al domicilio fiscal del proveedor, sito en la calle Vicealmirante O' Connor N° 665, Piso N°2, Dpto "E", San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, con fecha 11/02/05, siendo el mismo devuelto por el correo con la leyenda "cerrado/ausente, se dejó aviso de visita.
De las consultas a las bases de datos del organismo fiscal Organismo, se constató que presentó declaraciones juradas correspondientes al Régimen Nacional Seguridad Social, declarando un único empleado a partir del 12/03, circunstancia que no se condeciría con la actividad que declara el proveedor El ente fiscal advirtió la deducción de la factura tipo "A" Nº 0002-00000268 correspondiente a Truchas Patagónicas de Marques, Diana Elisabet, Dentesano, Raúl Francisco y Ellese, Luis Ángel SH, con domicilio comercial en la calle Montenegro N° 2931, Altos de San Martín, Provincia de Córdoba, cuyos integrantes son socios-gerentes de Truchas Patagónicas S.R.L., utilizando el mismo formato en las facturas que emiten a sus clientes, los comprobantes fueron completados con caligrafía similar, utilizan la misma imprenta a pesar de estar ubicadas en provincias distantes, el Sr. Raúl Francisco Dentesano presenta declaración jurada correspondiente al período 2003 en cero al igual que el Sr. Luis Angel Ellese. Al respecto, con fecha 11/01/06 Patagonian Fishing Group S.A. presentó una nota firmada por el. Sr. Raúl Francisco Dentesano, en su carácter de socio-gerente de Truchas Patagónicas S.R.L., en la cual manifiesta que las facturas A N° 002-01, N° 002-20 y N° 002-23 fueron emitidas realmente y corresponden a operaciones comerciales realizadas con Patagonian Fishing Group S.A.; asimismo, aporta copia de dichas facturas y de la factura A N° 0002-0000268, confirmando la vinculación existente con Truchas Patagónicas de Marques, Diana Elisabet. Dentesano, Raul Francisco y Ellese, Luis Ángel S.H.
2. VALETTI, HECTOR OMAR: La inspección cursó requerimiento al domicilio fiscal del proveedor, sito en la calle Emb. Vto. Norte y Soldado de Malvinas, Playa Unión, Provincia de Chubut, con fecha 01/02/2005, siendo el mismo recepcionado, según acuse de recibo, no recibiéndose respuesta alguna a la requisitoria realizada. De las consultas a las bases del organismo fiscal pudo constatarse que se encontraba inscripto en el IVA desde el 1/9/1997, dándose de baja a partir del 4/2002 y registra alta en Monotributo a partir del 1/2/2004, constando la baja desde el 06/2004 para finalmente darse de alta nuevamente a partir del 3/2006.
En atención a la situación descripta se entendió que no correspondería validar las operaciones en atención a que por su época se encontraba de baja de todos los impuestos (1/2003, 3/2003 y 5/2003).
Agrega que con fecha 11/01/2006 Patagonian Fishing Group S.A. presentó una nota, fechada 28/11/05, firmada por el Sr. Valetti en la cual manifiesta que las facturas corresponden a honorarios por patrón de pesca a bordo del buque Don Pepe de Asturias, arrendado por la fiscalizada, acompañando recibos comunes con certificación de firma realizada por la escribana Graciela O. de Bernardi.
En virtud de lo detallado en el párrafo anterior, aclara que no se pudo constatar –con la documentación aportada por Patagonian Fishing Group S.A.- la existencia de contrato de alquiler o arrendamiento del buque "Don Pepe de Asturias".
Con respecto a los recibos certificados por escribana, señala que surge de la actuación notarial del Colegio de Escribanos de Chubut que fuera acompañada, que la Dra. De Bernardi certifica que las firmas del Sr. Valetti fueron puestas en su presencia con fecha 05/12/2005, momento en el cual emite el papel notarial referido, siendo los recibos del año 2003.
En otro orden de ideas, afirma que se cursó requerimiento al domicilio de la imprenta que figura al pie de la factura cuestionada, perteneciente a Braulio Álvarez y Braulio E. Álvarez S.H., sito en la calle Luis Costa 139, Rawson, Provincia de Chubut, con fecha 28/03/2006, siendo la misma devuelta por el correo, con la leyenda "se mudó".
3. GUTIERREZ, ANGEL: Se observó que el proveedor declara como actividad servicios N.C.P. Se cursó requerimiento a su domicilio fiscal, sito en la calle Raíl Díaz, Playa Unión, Provincia de Chubut, con fecha 11/02/05, siendo el mismo recibido según acuse de recibo, no recibiéndose respuesta alguna a la requisitoria realizada.
Por otra parte, de la consulta al Padrón único de contribuyentes y responsables, se constató que el citado proveedor no registra alta en ningún impuesto, con excepción de autónomos, del cual se dio de baja con fecha 11/1997 con motivos del cese de actividad.
Finalmente, se cuso requerimiento al domicilio de la imprenta, perteneciente a Edo Américo Rosato, sito en la calle Condarco N° 1860, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 28/03/2006, siendo el mismo devuelto por el correo con la leyenda "se mudó”.
4. OLANDA, JUAN ALBERTO: La fiscalización cursó requerimiento al domicilio fiscal del proveedor, sito en la calle Barrio La Ermita, casa 34, Rawson, Provincia de Chubut con fecha 01/02/2005, siendo el mismo recibido en el domicilio, según acuse de recibo no obrando respuesta alguna a la requisitoria realizada Asimismo, se consultó la información obrante en las bases de datos del Organismo, no habiendo el contribuyente presentado declaración jurada alguna en relación al impuesto a las ganancias, encontrándose con baja de oficio desde el 09/2002 en dicho gravamen. Asimismo, se encontraría inscripto en el impuesto al Valor Agregado desde el 22/01/2002, registrándose como única presentación la correspondiente al mes de enero de 2002. Declara como actividad “Servicios N.C.P”.
Con fecha 11/01/2006, Patagonian Fishing Group S.A. presentó nota de fecha 14/11/2005, firmada por el Sr. Juan Alberto Olanda, en la que manifiesta que las facturas N° A1-56, A1-68, A1-81 y A1-99 son auténticas y fueron confeccionadas por él aportando fotocopias de los recibos de cancelación de las compras en cuestión. En virtud de lo detallado en el párrafo anterior, aclara que no es elemento suficiente para justificar las operaciones la mera manifestación del nombrado, ya que con ella no se puede probar fehacientemente su veracidad material, habida cuenta que no puso a disposición registraciones contables, remitos de entrega de la mercaderías, carga de porte del transporte como tampoco documentación que acredite su capacidad operativa.
5. PUERTOS DEL SUR S.R.L.: Se cursó requerimiento al domicilio fiscal del proveedor, sito en la calle Francia N° 722, Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut con fecha 01/02/2005, siendo recibido en el domicilio, según acuse de recibo, pero no se recibió respuesta alguna a la requisitoria realizada. Asimismo, la inspección le cursó requerimiento al domicilio comercial del proveedor, sito en la calle Roció Ortiz N° 46, Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, con fecha 28/03/2006, siendo el mismo devuelto por el correo con la leyenda "plazo vencido, no reclamado"
El ente fiscal consultó la información obrante en el padrón único de contribuyentes y responsables, advirtiendo que se encuentra registrado como fecha de inscripción en el impuesto al valor agregado y a las Ganancias el 31/05/2002. Registra como presentada sólo la declaración jurada, en el impuesto a las ganancias, la del periodo fiscal 2002, la que contiene sólo información referente al balance para fines fiscales. Respecto al impuesto al Valor Agregado, registra presentaciones desde el periodo 05/2002 hasta 03/2006, dando saldo a favor de la AFIP solo en los periodos 01/2003 a 03/2003.
La recurrente aportó notas enviadas al Banco Credicoop, ordenando las transferencias de fondos a los fines de cancelar las operaciones, boletas de depósitos y copias de extractos bancarios, entre otros elementos de prueba, procediendo la fiscalización a circularizar a la mentada entidad bancaria, la que informó las transferencias realizadas.
No obstante la documentación aportada, la fiscalización actuante no pudo identificar en los extractos bancarios los montos de las trasferencias a las que alude la responsable que corresponden a la cancelación de las operaciones con este proveedor y los montos confirmados por la circularización al Banco Credicoop, no pudiendo atribuirse a la cancelación de las facturas cuestionadas.
Finalmente, se cursó requerimiento al domicilio de la imprenta, perteneciente a Jorge Omar Soto, sito en la calle 14, esquina 29, Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, con fecha 20/03/06, siendo recibido en el domicilio, según acuse de recibo, no recibiéndose respuesta alguna a la requisitoria realizada.
IX. Que sentado ello, entiendo que debe analizarse la voluminosa prueba acompañada en sede administrativa por la recurrente, para confrontar las conclusiones del ente fiscal.-
Al respecto, cabe destacar que la firma Truchas Patagónicas S.R.L., a instancias del oficio librado por la actora en sede administrativa, reconoce las operaciones en cuestión señalando que las mismas se encuentran registradas en su contabilidad y que fueron incluidas en las declaraciones juradas de los impuestos al valor agregado y las ganancias correspondientes a la fechas de emisión (vide. fs. 1257/1261vta. del Cuerpo Impuesto a las ganancias VII)
Asimismo, mediante Nota N° 193/07 la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Neuquén informó que, a través de la Disposición N° 128/01, se otorgó a los Sres. Diana Marqués, Luis Ellese y Raúl Dentesano la concesión de uso de agua para piscicultura en el lago Alicurá situada frente a la costa de la parcela “16/RR26-6232 (expropiación Estancia Chacabuco-Los Lagos) coincidente con la ex concesión de Truchas Patagónicas) (vide. fs. 1219/1226 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias VII). Llegados a este punto, cabe destacar que se exhibe un comportamiento contradictorio por parte del ente recaudador, que cuestiona la capacidad económica del proveedor para efectuar las operaciones en cuestión porque la concesión fue otorgada a los mencionados en forma individual, no surgiendo transferencia a favor de la sociedad de hecho, pero no se hace cargo de la información oficial obtenida. En efecto, más allá de lo señalado, lo cierto es que en la propia resolución apelada reconoce que los Sres. Diana Marqués, Luis Ellese y Raúl Dentesano son los integrantes de Truchas Patagonia S.R.L. agregando que “…estamos en presencia de los mismos individuos que variaron su forma jurídica, pero mantuvieron toda la estructura; prueba de ellos es tanto el formato de las facturas, lugar de impresión como la dirección de correo electrónico que surge de ellas (vide. fs. 36 de la Resolución N° 226/07).
Ahora bien, en relación con el proveedor Héctor Omar Valetti, es dable destacar que el propio proveedor reconoce las facturas emitidas en concepto de servicios prestados como patrón de pesca para la apelante, correspondiendo a sus honorarios a bordo del buque Don Pepe de Asturias arrendado por Patagonian Fishing Group S.A. Asimismo, es el propio proveedor quien acompañó sendos recibos correspondientes a las operaciones en cuestión.
Asimismo, la actora acompañó como prueba documental sendas actas del Departamento de Inspecciones de la Dirección General de Intereses Marítimos y Pesca Continental de la provincia de Chubut, de donde surge claramente que el Sr. Valetti Omar resulta ser el patrón del buque “Don Pepe de Asturias”, siendo el armador el Sr. Takamura Gabriel (vide. fs. 1167/1218 de los Cuerpos VI y VII de Impuesto a las Ganancias), documentación que el Fisco Nacional no impugnó sino que incluso, en las propias resoluciones apeladas, reconoce que el Sr. Valletti resulta ser el patrón del buque antes mencionado (vide. fs. 39 de la Resolución N° 226/07).
Dicha información fue ratificada por la Prefectura Naval Argentina a fs. 1448/1453 (vide. fs. 1167/1218 de los Cuerpo VIII de Impuesto a las Ganancias).
En otro orden de ideas, y relación a lo manifestado por el Fisco Nacional sobre que no se encontraría probada la vinculación entre el proveedor y la actora, es dable destacar que de la documentación aportada por la recurrente al momento de contestar la vista, así como también de los fundamentos del ajuste relacionado con la importación de la ecosonda, se desprende que el Sr. Takamura celebró sendos contratos de locación del buque “Don Pepe de Asturias” con la firma Patagonian Fishing Group S.A., alguno de los cuales poseen fecha cierta, toda vez que fueron celebrados ante escribano público (vide. fs. 872/879 del Cuerpo V de Impuesto a las ganancias).
Por otro lado como Anexo “C” se acompañó -como prueba documental- facturas respecto a ciertas reparaciones efectuadas por la aquí recurrente a la embarcación (vide. fs. 881/887 del Cuerpo V del Impuesto a las ganancias), situación que ha sido confirmada por algunos de los proveedores en cuestión (vide. fs. 1297, 1303, 1422 de los Cuerpos VII y VIII de Impuesto las Ganancias).
Finalmente, y a los fines de comprobar que el buque “Don Pepe de Asturias” era arrendado por Patagonian Fishing Group, resulta relevante también la información aportada por la Dirección Regional Aduanera de Comodoro Rivadavia de la AFIP-DGI, de donde surge del certificado de origen de la mercadería exportada por esta última que la misma fue capturada por el buque en cuestión (vide. fs. 1381 del Cuerpo VII de Impuesto a las ganancias).
Idénticas consideraciones corresponde realizar respecto al proveedor Ángel Gutiérrez, toda vez que aquí también el proveedor ha reconocido las operaciones y aportó los recibos correspondientes, no habiendo cuestionado el ente recaudador dicha documentación así como tampoco la forma de cancelación de las mismas. (vide. fs. 917/928 del Cuerpo V de Impuesto a las Ganancias).
Asimismo, la actora acompañó como prueba documental sendas actas del Departamento de Inspecciones de la Dirección General de Intereses Marítimos y Pesca Continental de la provincia de Chubut, de donde surge claramente que el Sr. Ángel Gutiérrez resulta ser el patrón del buque “Doña Ruth”, (vide. fs. 902/915 del Cuerpo V del Impuesto a las Ganancias), documentación que tampoco fue impugnada por el Fisco Nacional sino que incluso en las propias resoluciones apeladas reconoce tal circunstancia (vide. fs. 40 de la Resolución N° 226/07).
Por último, a fin de comprobar que el buque “Doña Ruth” era arrendado por Patagonian Fishing Group, resulta relevante también la información aportada por la Dirección Regional Aduanera de Comodoro Rivadavia de la AFIP-DGI, pues surge del certificado de origen de la mercadería exportada por esta última que la misma fue capturada por aquél buque (vide. fs. 1381 del Cuerpo VII de Impuesto a las Ganancias). En otro orden de ideas, con el objeto de probar la capacidad operativa del proveedor Juan Alberto Olanda, la recurrente produjo en sede administrativa prueba informativa. Obra allí oficio remitido por la Municipalidad de Rawson, Provincia de Chubut, que certifica que el Sr. Olanda contó con sendas habilitaciones comerciales bajo el rubro “Industrialización de productos de pesca” (vide. fs. 1407 del Cuerpo VIII impuesto a las ganancias).
Por otro lado, y al igual que con el resto de los proveedores ya analizados, el Sr. Olanda reconoció la realización de las operaciones cuestionadas y aportó los recibos correspondientes, no habiendo cuestionado el ente recaudador dicha documentación así como tampoco la forma de cancelación de las mismas. (vide. fs. 16/21 del Cuerpo Actuaciones Complementarias).
Cabe destacar que se exhibe un comportamiento contradictorio por parte del ente recaudador, toda vez que para impugnar el crédito fiscal considera a Juan Alberto Olanda como proveedor apócrifo, pero por otro lado, con el objeto de preservar los ingresos públicos, inició sendos procesos judiciales tendientes a cobrar las deudas impositivas y previsionales del mencionado proveedor, algunas relacionadas con los conceptos facturados. (vide. Informe Agregado como Anexo I a fs. 931/933 del Cuerpo V de Impuesto al Valor Agregado), documentación que no ha sido controvertida por el ente fiscal.
Finalmente, y sobre el proveedor Puerto del Sur S.R.L., la recurrente controvierte el criterio fiscal que sostiene su falta de capacidad operativa a través de prueba que produjo en sede administrativa. Allí, en respuesta al oficio dirigido al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, éste organismo señaló que la firma contó con establecimiento habilitado por el SENASA desde el día 30/04/03 hasta el día 15/12/03. (vide. fs. 1273 del Cuerpo VII de Impuesto a las Ganancias).
Asimismo, también acompañó sendos permisos de tránsito de mercadería concedidos por el Senasa para transportar centolla (vide. Anexo M obrante a fs. 975 del Cuerpo V de Impuesto a las Ganancias), situación que fue convalidada luego por el propio organismo en la respuesta al oficio mencionada anteriormente. La actora acompañó también remitos y comprobantes de depósitos en efectivo en la cuenta de Puertos del Sur S.R.L. y las respectivas órdenes de pago (vide. Fs. 642/647, cuerpo IV y fs. 1025/1039 del Cuerpo VI, Impuesto a las Ganancias).
Frente a dicha situación, el ente fiscal si bien reconoce la documentación aportada, únicamente se limita a señalar que no pudo identificar en los extractos bancarios los montos de las transferencias vinculadas con la cancelación de las operaciones con el proveedor y los montos confirmados por la circularización al Banco Credicoop “…no pudiendo atribuirse a la cancelación de las facturas de compras…”, situación que evidencia - por un lado- que no agotó los medios para tratar de indagar respecto al circuito de pago y que de esa inactividad extrae que las operaciones no existieron, lo que no resulta ajustado a derecho.
Por último, y al igual que lo que ocurre con el proveedor Juan Carlos Olanda, aquí también se exhibe un comportamiento contradictorio por parte del ente recaudador, toda vez que a los fines de impugnar el crédito fiscal considera a Puertos del Sur S.R.L. como proveedor apócrifo, pero por otro lado, y a los fines de preservar los ingresos públicos, inició sendos procesos judiciales tendientes a cobrar las deudas impositivas y previsionales del aquélla, algunas relacionadas con los conceptos facturados. (vide. Informe Agregado como Anexo K a fs. 960/965 del Cuerpo V de Impuesto a las ganancias), documentación que no ha sido controvertida por el ente fiscal.
X. Que de acuerdo con el relato efectuado en los Considerandos precedentes, cabe concluir que las operaciones impugnadas no han sido adecuadamente ponderadas por el organismo fiscalizador, toda vez que no se aprecia que haya dado adecuado sustento a su pretensión fáctica.
En efecto, resulta palmario que la impugnación se basó -casi exclusivamente- en la falta de ubicación y de presentación de declaraciones juradas por parte del proveedor y la supuesta falta de capacidad operativa del mismo, sin indagar la cuestión puntual de las operaciones entre la recurrente y sus proveedores. En este sentido, y en relación al argumento planteado por el ente recaudador referido a la falta de cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte de los proveedores impugnados, cabe señalar en primer término que esta Sala -en su anterior composición- sostuvo –pensamiento que comparto que el incumplimiento de las obligaciones fiscales no resulta una circunstancia que, por sí sola, habilite a la tacha de apócrifo del mencionado proveedor por resultar tal circunstancia resulta ajena a la recurrente de autos. Argumento que resulta aplicable respecto a la no localización de los proveedores en sus domicilios, por cuanto la no localización de los proveedores en los domicilios fiscales informados a la AFIP no es una cuestión que por sí sola permita concluir que las facturas a ellos atribuidas sean apócrifas, ni puede arribarse a tal conclusión por el incumplimiento de sus propias obligaciones fiscales, circunstancia ésta que también resulta ajena a la recurrente (vid. Forgues, Gustavo Roberto, 21/11/2003).
A mayor abundamiento, entiendo que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas. Ello, atento que ninguna norma legal en vigencia exige que deba verificarse si aquélla cumple o no con el deber de presentar declaraciones juradas y pagar el impuesto resultante, de manera tal que los eventuales incumplimientos en los que se hubiera incurrido no acarrean responsabilidad a la recurrente.
Idéntico criterio ha sido sostenido por Nuestro Máximo Tribunal en la causa "Bildown SA"
de fecha 27/12/11 en donde remitiéndose al dictamen de la Procuradora General de la Nación, se expresó que "....En otras palabras, no existe precepto alguno que subordine el derecho a la restitución del IVA del exportador al cumplimiento de las obligaciones sustantivas por parte de los terceros con los que él operó. "Por otro lado, tengo para mí que pretender ello conduce a dos inaceptables conclusiones. En primer lugar, equivale a constituir al contribuyente en una suerte de responsable del cumplimiento de la obligación sustantiva de otros, sin norma legal que así lo establezca. Y, en segundo término, lleva a que el Fisco se vea liberado de su inexcusable deber de verificar, fiscalizar y cobrar las sumas adeudadas por los contribuyentes, mediante la transferencia de esa responsabilidad hacia un tercero, como dije, sin ley que así lo autorice. "
"En efecto, no puede caber duda en cuanto a que el Fisco, al haber constatado tanto la falta de presentación de las declaraciones juradas como el pago del tributo por parte de alguno de los proveedores de la actora -con independencia de lo que aquí se debatió con respecto al derecho al reintegro de la accionante- debió haber puesto en ejercicio las potestades y facultades conferidas por el ordenamiento -en particular, las de los arts. 33, 35 y cc. de la ley de rito fiscal-, para lograr dilucidar la auténtica situación tributaria de aquéllos, y perseguir el cobro de la acreencia que le correspondiera, tal como lo obliga la Constitución Nacional en cuanto recaudador de las rentas públicas (arts. 99, inc. 10, y 100, inc.7°) sin que pueda admitirse, como indebidamente lo pretende aquí, involucrar a un tercero en violación al principio de reserva de ley en materia tributaria (Fallos: 312:912; 318:1154; 319:3400; 321:366; 326:3168, entre muchos otros)."
En ese marco fáctico y doctrinario sólo cabe concluir que en virtud de la prueba aportada y producida, el Fisco Nacional no ha sustentado su impugnación no existiendo en autos –concomitante- una serie de indicios graves y precisos que lleven a presentar serios reparos respecto de la validez de las facturas y de la existencia de las operaciones cuestionadas, por lo que corresponde revocar las resoluciones apeladas en este aspecto. Con costas XI.- Que ahora bien, en relación al cuarto de los ajustes efectuados por el ente fiscal, la fiscalización actuante mediante requerimiento efectuado con fecha 11/11/04 solicitó que la empresa exhiba y aporte copia del mayor contable de la cuenta “Cuentas a Pagar” perteneciente al balance cerrado al 31/12/02 y acompañe la totalidad de la documentación respaldatoria de las imputaciones contables efectuadas. Con fecha 02/12/04, la firma aportó la documentación que le fuera requerida, lo que habría permitido a la AFIP-DGI determinar que al cierre del ejercicio 2002, la contribuyente mantenía una deuda con la firma Cartonería Acevedo S.A.C.I. de $ 13.335,45, requiéndole entonces que detalle las operaciones realizadas con la firma antes mencionada, número de comprobante, tipo, fecha, libro y folio donde se encuentre registrada y forma de cancelación, número de recibo, entre otros elementos.
En función de la documentación aportada, la AFIP-DGI constató que el importe consignado como adeudado corresponde a la factura A N° 0001-00006527 de fecha 08/11/02, la cual fue cancelada por Patagonian Fishing Group el día 21/11/02 mediante cheques de diversos bancos y efectivo.
Por todo lo expuesto, el ente recaudador determinó que la contribuyente declaró un pasivo inexistente al cierre del ejercicio 2002, correspondiéndole otorgarle al mismo el tratamiento de incremento patrimonial no justificado en ganancias y de venta omitidas en el impuesto al valor agregado, ello de conformidad con el artículo 18 inciso f) de la ley 11.683).
Teniendo en consideración la metodología aplicada por el Fisco Nacional en el presente caso, corresponde realizar algunas consideraciones respecto del concepto de “incremento patrimonial no justificado”. En este sentido, puede conceptualizarse al incremento patrimonial no justificado como el aumento en el valor del patrimonio del contribuyente -ya sea a través del aumento de sus activos o disminución de sus pasivos- sin que este último pueda justificar acabadamente la fuente que los originó.
Así, pueden clasificarse los mismos en tres tipos diferentes, a saber a) por aumento de derechos o bienes; b) disminución de las obligaciones y c) por la creación artificial de pasivos.
En los tres casos ese incremento patrimonial podría justificarse si el contribuyente cuenta con la documentación fehaciente de los mismos.
XII. Que bajo tales pautas cabe concluir que de acuerdo con el propio informe de inspección antes reseñado, así como también de las resoluciones apeladas, la irregularidad detectada por el ente fiscal no se trata técnicamente de un incremento patrimonial no justificado por parte de la actora sino de un error de exposición contable respecto de la cancelación de un pasivo con la firma Cartonería Acevedo S.A,I.C., debiendo haber eliminado de la cuenta “Cuentas a Pagar” al 31/12/02 dicha operación por haber sido cancelada con anterioridad a dicha fecha.
En este sentido, y teniendo en cuenta la definición de incremento patrimonial no justificado expresada anteriormente, ese aumento en el patrimonio de la contribuyente durante el ejercicio fiscal 2002 generado por la necesaria eliminación del pasivo en cuestión que por error fueron imputadas a la cuenta “Cuentas a Pagar”, no se encuentra injustificado, situación que ha sido reconocida por el propio organismo fiscal en las resoluciones apeladas quien señala que el importe incluido por la actora en el saldo “Cuentas a pagar” proviene de un pasivo efectuados por la actora con la firma Cartonería Acevedo S.A.C.I., el cual se encuentra correctamente facturado y que no resulta ser objeto de impugnación por el Fisco Nacional En mérito a ello, sólo corresponde revocar las resoluciones apeladas respecto a este aspecto. Con costas.-
XIII. Que con respecto al penúltimo de los ajustes efectuados, se señaló que la recurrente se habría deducido la suma de $ 4.170,23 en concepto de gastos de representación, al aplicar el porcentaje de 1,50% establecido por la normativa sobre el monto total de las remuneraciones pagadas al personal en relación de dependencia.
A los fines de controvertir el ajuste fiscal, la recurrente señala que el ente fiscal habría omitido considerar que la Sra. Beatriz Justa Los Santos, presidenta del directorio de la sociedad, realizó durante los períodos cuestionados actividades en relación de dependencia, percibiendo remuneraciones mensuales que totalizan $ 60.000 durante el ejercicio 2002 y $ 62.532,69 durante el período 2003. Acompaña como prueba de sus dichos los recibos de sueldo de la Sra. Los Santos y puntualiza que dichos importes están contenidos en las declaraciones juradas correspondientes al Sistema Único de la Seguridad Social, toda vez que ella no habría efectuado la opción prevista en el Punto 1°) inciso a) del artículo 3° de la ley 24.241.
Ello así, el planteo de la actora no puede prosperar. Así, cabe señalar que más allá de los recibos acompañados por la actora y lo señalado en relación a que la Sra. Los Santos no adhirió voluntariamente al régimen de relación de dependencia por las remuneraciones que supuestamente recibe, lo cierto es que los importes indicados no se encuentran registrados en el Libro Sueldos y Jornales así como tampoco la mencionada está registrada dentro de la nómina de empleados.
XIV. Que debe tenerse presente que la inspección le solicitó a la contribuyente que exhiba y aporte copia de los estados contables correspondientes a los ejercicios comerciales cerrados al 31/12/02 y 31/12/03, mayor de la cuenta honorarios a directores, libro de actas de asamblea y libro de actas de directorio. En función de la documentación aportada, se constató que la deducción de honorarios de directorio ascendió a $ 105.000 para cada uno de los períodos bajo examen. En efecto, se advirtió que con fechas 24/04/03 y 23/04/04 la asamblea dispuso la asignación individual de los honorarios, siendo dichas fechas anteriores al vencimiento de las declaraciones respectiva.
En atención a lo expuesto y habiendo efectuado el control respecto del límite de la deducción permitida por la ley del gravamen, se detectó que el monto deducido por la actora superaba el tope legal en $ 32.526 y $ 32.924, en relación a los períodos fiscales 2002 y 2003, razón que justificaría su impugnación. Contrariamente a lo sostenido, la actora señala que los cálculos resultarían erróneos y que el Fisco Nacional no explicita como arriba a la llamada ganancia impositiva. Por otra parte sostiene que debió incluir en el cálculo los honorarios asignados respecto de los períodos en cuestión en tanto el tope legal no podría calcularse válidamente sin incluir en el resultado el monto de los honorarios asignados, acompañando como prueba documental un cuadro a efectos de clarificar los honorarios de director en los períodos fiscales en cuestión.
A fin de resolver el tema en debate resulta esclarecedora la prueba pericial donde ambos peritos contadores, consultados en relación con la razonabilidad del cálculo efectuado en la documental acompañada como “Documental C”, puntualizan que en el período fiscal 2002 el balance histórico es incorrecto ya que se parte de un resultado contable de $ 421.635,16 mientras que el que surge de la declaración jurada es de $ 346.218,01.
Finalmente concluyen que “según comprobaciones matemáticas efectuadas efectuadas no se ha deducido la partida respecto de la cual se efectúa el cálculo del tope…”.
En consecuencia, habiendo explicitado detalladamente la forma de cálculo del tope así como también la composición de las ganancias contables e impositivas, resultando el mismo conforme a la normativa aplicable y no habiendo producido prueba alguna la recurrente respecto a errores en el mismo, no cabe más que confirmar el criterio fiscal. Con costas.-
XV. Que, finalmente, y en relación a los agravios de la actora relacionados con que se habrían producidos pagos sin causa, atento que no ha practicado la deducción dispuesta por el artículo 9 de la ley 23.103, es dable destacar que dicha petición excede el marco de conocimiento de este Tribunal, toda vez que a través de dicho planteo lo que la actora intenta es repetir lo oportunamente abonado en concepto de impuesto a las ganancias en los períodos objeto de discusión sin practicar la deducción allí establecida, aspecto que resulta ajena al objeto de la presente causa.
En función de lo anteriormente expuesto corresponde confirmar las resoluciones apeladas, con las salvedades señaladas en los Considerandos VIII a X; XI y XII en cuanto determinan de oficio al contribuyente el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2002 y 2003 y el impuesto al valor agregado 07/02 a 12/03.
XVI. Que resta expedirse respecto a las sanciones aplicadas que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47 inc. a), b), c) y d) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) por la parte de impuesto que se confirma.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Será entonces el ente fiscal el encargado de probar la existencia de ambos elementos, habiendo recurrido en el caso sub examine al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Sobre la cuestión, cabe recordar que dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede. En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es -generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580).
XVII. Que en relación a los intereses resarcitorios por la parte del impuesto que se confirma, toda vez que la recurrente no ha expresado agravios, corresponde su confirmación. Con costas.-
XVIII. Que así ello y teniendo en consideración lo resuelto supra, se desprende que el accionar del Fisco Nacional resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante a tenor de lo dispuesto en el art. 47, incisos a), b) c) y d) de la 11683 (t.o. vigente), pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, habiendo presentado declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de los ajustes enunciados en la presente, por lo cual omitió el pago del impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, los que surgen palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar las sanciones aplicada al contribuyente, las que –por otra parte- se advierte han sido correctamente cuantificadas. Con costas.- En mérito a lo expuesto, voto por: 1°) Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora; 2°) Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas, con las salvedades señaladas en los Considerandos VIII a X; XI y XII; 3°) Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos. 4°) Ordenar al Fisco Nacional, que en el término de treinta (30) días de notificado la presente, practique la respectiva liquidación, de conformidad con lo resuelto en la presente, poniéndose a su disposición las actuaciones administrativas por idéntico plazo, haciéndole saber que las mismas se encuentran a su disposición en la Mesa de entradas de este Tribunal;
El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que adhiero a la solución propiciada por el vocal instructor, excepto en lo que se refiere al criterio adoptado en los Considerados XI y XII.
II. Que por el otro aspecto, en primer lugar, cabe señalar que el Incremento Patrimonial No Justificado puede definirse como el aumento cuantitativo del patrimonio, tanto de una persona física como jurídica, que encuentra su origen ya sea mediante un aumento del activo (el cual puede tener como contrapartida un supuesto pasivo ficticio, como el que se trata en autos) o una disminución del pasivo.
Dicha figura es prevista por la ley de rito en su artículo 18 inc. f), que contiene una presunción legal de carácter relativo (iuris tantum), es decir admite prueba en contrario.
En esta dirección, el ente fiscal verificó el circuito formal de la deuda con la firma “Cartonería Acevedo S.A.C.I.” y su respectiva cancelación, la que tuvo lugar durante el mes anterior al cierre del ejercicio 31/12/02. Posteriormente, del análisis de los estados contables la inspección actuante observó la exteriorización de dicha deuda, procediendo a encasillar tal circunstancia en un incremento Patrimonial No Justificado.
Ante el ajuste proyectado, la actora alega que la exposición del pasivo se debe a un error meramente formal en sus registros, no encontrando argumento alguno la tesis fiscal en atención a la documentación exhibida oportunamente.
Sin embargo, vale aclarar que su permanencia contable, sin importar los hechos que motivaron a la misma, acarrea un incremento del activo modificando necesariamente la ecuación patrimonial básica (A-P=PN). En efecto, el contribuyente al no contabilizar la operación que cancela la supuesta acreencia simula el aumento de un pasivo, incrementando artificialmente el activo (bienes y derechos); por ende, en el plano aritmético, estamos en presencia de un aumento del activo en forma injustificada que avala la pretensión fiscal.
Pese a ello, dicho entendimiento no habilita al ente fiscal a determinar el débito fiscal aplicando la alícuota sobre los presuntos montos de ventas omitidas.
A mi juicio no debe olvidarse que se trata de un impuesto que recae sobre el valor agregado de la operación y que por imperio legal ese impuesto no integra el precio neto. De esta forma, nunca el contribuyente pudo haber agregado a su valor más que aquello que percibió como precio bruto que, a su vez, incluye el propio impuesto.
Entiendo que no es relevante para el análisis si esta operación fue declarada, registrada o se emitió factura o comprobante equivalente, sino que debe aplicarse el último párrafo del artículo 10 de la ley de IVA que excluye al propio impuesto de base imponible. Este criterio es compartido por Juan Oklander (“IVA: En ningún caso el impuesto de esta ley integrará el precio neto”, Errepar, DTE 2782 pág. 969).
En consecuencia y siguiendo la pauta desarrollada, las bases imponibles empleadas en los ajustes de ambos impuestos -Ganancias e IVA- quedará reducida en una suma equivalente al débito fiscal incluido en la operación no declarada; por tal motivo corresponde ordenar a la Dirección General Impositiva que practique la liquidación, conforme el criterio aquí expuesto.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero a lo expresado por la Vocal Instructora en el Considerando IV en cuanto rechaza el planteo de nulidad, pero disiento con la imposición de costas que allí se propone. Que si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, cabe señalar que no procede la imposición autónoma de costas, toda vez que en oportunidad de efectuar dicho planteo, la actora señaló a priori que la misma era articulada como otro argumento más de la defensa de fondo, sin que se le otorgara el carácter de previo y especial pronunciamiento.-
II. Asimismo, adhiero a la solución propiciada por la Dra. Guzmán respecto de los ajustes referidos en los Considerandos V a XVIII, por los que se confirma parcialmente las determinaciones de impuesto objeto de la presente litis, con más intereses resarcitorios y multas, debiendo la AFIP-DGI practicar la liquidación correspondiente. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
2. Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas, con las salvedades señaladas en los Considerandos VIII a X; XI y XII.
3. Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos.
4. Ordenar al Fisco Nacional, que en el término de treinta (30) días de notificado la presente, practique la respectiva liquidación, de conformidad con lo resuelto en la presente, poniéndose a su disposición las actuaciones administrativas por idéntico plazo, haciéndole saber que las mismas se encuentran a su disposición en la Mesa de entradas de este Tribunal.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía de la 1º Nominación (art. 184 de la ley 11.683). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvase los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.04.06 15:16:20 -03:00 Date: 2022.04.06 19:44:21 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.07 10:05:50 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.07 10:05:51 -03:00
Fin de la sentencia