Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.420-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 24/2016 (DI VACD), dictada con fecha 26/10/2016 en el marco de las actuaciones SIGEA 16593-29-2015 y, por ende, dejar sin efecto el Cargo FI 6/2015 que fuera formulado en relación a la Destinación de Importación N° 13 038 IC04 010110 E.
2Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-107004369-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 25 de Septiembre de 2025 Apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “PATTERN S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación”, expediente N° 37.420-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 20/27 vta. se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 24/2016 (DI VACD) recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 16593- 29-2015 en fecha 26/10/2016, por la que se rechazó la impugnación interpuesta en sede administrativa en los términos del art. 1053 del Código Aduanero (C.A.) y se confirmó el Cargo FI N° 6/2015 formulado en relación a la operación documentada mediante la Destinación N° 13 038 IC04 010110 E. Se refiere a los antecedentes de la causa. Reseña que mediante el cargo en cuestión se le exigió el pago de los derechos antidumping definitivos fijados por la Resolución MEyFP N° 13/2013. Sostiene que la aplicación retroactiva de la norma es ilegítima por cuanto produce la afectación de derechos adquiridos. Niega haber tenido conocimiento de la medida que fija los derechos antidumping con anterioridad a su publicación en el Boletín Oficial. Afirma que abonó la totalidad de los derechos que gravaban la importación al momento de la oficialización del despacho. Cita jurisprudencia. Plantea la ilegalidad de la tasa de interés aplicable a las deudas en dólares. Acompaña prueba documental. Ofrece prueba informativa. Hace reserva del caso federal. Solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 41/45 vta. se presenta el representante fiscal, contesta el traslado que le fuera conferido respecto del recurso de apelación interpuesto. Realiza una breve descripción de los hechos y de lo actuado en sede administrativa. Niega genéricamente todos y cada uno de los hechos y las manifestaciones de la contraria expresamente no reconocidos. Desarrolla el concepto de dumping. Refiere a la Resolución MEyFP N° 13/2013. Sostiene que el reclamo tributario formulado es ajustado a derecho, dado que la norma que fijó los derechos antidumping definitivos se encontraba vigente a la fecha en que se registró la importación. Ofrece como prueba documental las actuaciones administrativas SIGEA N° 16593-29-2015. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 46, se agregan por cuerda las actuaciones administrativas referidas precedentemente, se dispone el rechazo de la prueba informativa y se declara la causa de puro derecho.
A fs. 49 los autos se elevan a la Sala "F" y quedan en estado de dictar sentencia IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas N° 16593-29-2015 surge que se iniciaron con la orden de intervención obrante a fs. 1, respecto de la firma importadora PATTERN S.A., a los fines de efectuar los cargos por la diferencia porcentual aplicable en concepto de derecho antidumping ad valorem según la Resolución MEyPF N° 13/2013. A fs. 3 obra el Cargo FI N° 6/2015. A fs. 5/6, se agrega copia de la Destinación de Importación N°13 038 IC04 010110 E oficializada el 13/12/2013. A fs. 7 se agrega copia de la Resolución MEyPF N° 13/2013. A fs. 11 obra el informe producido por la Sección Industria Química y Farmacéutica. A fs. 17/21 obra el recurso de impugnación interpuesto por la firma en los términos del artículo 1053, inciso a) del C.A. contra el cargo formulado. A fs. 22 se tiene por deducida la impugnación, se agrega la prueba documental y se hace lugar a la prueba informativa ofrecida por la impugnante. A fs. 35 la División Arancel Informático produce el informe requerido respecto de los tributos que resultaban de aplicación a la fecha de oficialización del despacho. A fs. 38 la Sección Industria Química y Farmacéutica amplía el informe técnico atendiendo a los nuevos elementos aportados en la causa y ratificando el cargo. A fs. 41 se ordena el pase de los autos para alegar. A fs. 44/45 vta., obra el alegato presentado por la firma. A fs. 50 pasan los autos a resolver. A fs. 52/63 se dicta la Resolución N° 24/2016 (DI VACD) apelada en autos.
V. Así las cosas, la cuestión a resolver en autos consiste en determinar si a la operación documentada mediante la Destinación de Importación N° 13 038 IC04 010110 E (oficializada el 13/12/2013) le resulta aplicable lo dispuesto por la Resolución MEyPF N° 13/2013 (suscripta en fecha 04/12/2013 y publicada en el B.O. el 27/12/2013), en cuanto fijó derechos antidumping definitivos para las operaciones de exportación de la firma exportadora RITRAMA S.A. hacia la REPUBLICA ARGENTINA sobre, en lo que aquí interesa, la mercadería que clasifica en la Posición Arancelaria NCM 3919.90.00 originaria de la República de Chile.
Al respecto, en primer lugar, cabe señalar que no hay dudas en quien suscribe que la aplicación retroactiva de los derechos antidumping es –por regla– inválida, y así lo establece el art. 10.1, del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994.
Ello es conteste, con pacífica jurisprudencia y doctrina contemporánea que descalifican la validez de las normas tributarias retroactivas con sustento en principios constitucionales (Fallos: 167:5; 152:268; 310:1961, entre muchos otros).
No obstante, debe aclararse que en circunstancias específicas (arts. 10.6 y 10.8), como pudiere ser la aplicación de derechos antidumping provisionales hasta noventa días precedentes a la fecha en que se hayan aplicado las medidas provisionales, se prevé la retroactividad, aunque tal circunstancia no se da en la presente causa, pues surge de los propios considerandos de la Resolución MEyPF N° 13/2013 que la investigación por presunto dumping abierta mediante Resolución N° 55/2012 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se inició y llevó a cabo sin la aplicación de derechos provisionales que podrían motivar alguna discusión al respecto. En el presente caso, es ajeno a la discusión –y por ello no cabe desentrañar ni teorizar al respecto– el supuesto de la aplicación retroactiva de una ley o resolución que pudiere afectar los derechos del particular contribuyente.
Lo que es propio de la cuestión y visceral para la decisión pretendida por la actora, radica en determinar si los derechos antidumping liquidados por la DGA mediante el cargo formulado son válidos y, para ello, es necesario saber o fijar como hito, desde cuándo lo serían: si desde la fecha que indica la resolución que los impone en su artículo 7 o tras ser publicada la misma en el B.O.R.A.
Que independientemente de la postura que sostuve tiempo atrás, un nuevo examen de la cuestión efectuado al dictar sentencia el 25/08/2025 en la causa TF N° 38.184-A, caratulada “VAN DER KOOY FEDERICO c/ D.G.A. s/ Apelación”, me llevó a precisar y readecuar el criterio al que debe ceñirse la cuestión en lo sucesivo.
En este sentido, nótese que para establecer la fecha de vigencia de la Resolución MEyFP N° 13/2013, es menester analizar el alcance de la misma fijado en el artículo 7, conjugado con lo que establece la propia norma en su artículo 9.
A dichos fines, no puede perderse de vista que las cuestiones vinculadas a la imposición de derechos antidumping recaen sobre el sujeto pasivo, que no es otro que el importador, pues cabe recordar que tales derechos, en lo que concierne a su naturaleza jurídica, son derechos aduaneros.
Así las cosas, la indeterminación de los sujetos (importadores) alcanzados por la investigación que precedió y plasmó la mentada Resolución MEyPF N° 13/2013 , me lleva a reinterpretar los efectos de la vigencia y publicación que establece la resolución en aquellos artículos, habida cuenta de que la norma en cuestión contiene una proyección de alcance general, que produce efectos jurídicos generales, abarcando a todas aquellas empresas que hayan importado mercadería dentro las posiciones arancelarías allí descriptas, provenientes del país indicado (Chile).
En tal sentido, no dejo de tener en cuenta los claros y las sombras que surgen de los arts. 7 y 9 de la Resolución, el primero, cuando indica que dicha resolución comienza a regir a partir del día de su firma, con una vigencia por 5 años; el segundo, al señalar que la publicación en el B.O. se tendrá a todos los fines como notificación suficiente. Por ende, en la exigencia de dar razonabilidad a lo allí manifestado, creo necesario examinar el alcance perseguido por la norma, habida cuenta de que el efecto producido construye una presunción iuris et de iure respecto de las importaciones de mercadería ubicada en las posiciones arancelarias descriptas, de procedencia del país respectivo, que serán consideradas en condiciones de dumping a partir de la vigencia de la norma.
Además, cabe destacar que siquiera la Aduana –mediante el Sistema Malvina– tuvo en cuenta los alcances de la Resolución MEyPF N° 13/2013 (suscripta el 04/12/2013) cuando liquidó –y percibió– los derechos en aduana de la mercadería oficializada el día 13/12/2013 (es decir, 14 días antes de la publicación de la norma en el BORA).
Es decir, el planteamiento del problema me lleva a adoptar una solución que se compadezca con el alcance –general– pretendido por la norma, que siquiera sugiera una aplicación retroactiva de la misma, ya que como bien se dijo, resulta inaplicable al caso.
Que, al tratarse de un acto administrativo de alcance general, la mencionada resolución es fuente del derecho administrativo y ley en sentido material, que se incorpora a la normativa existente, con vocación de regir para hechos futuros.
Entonces, el quid de la cuestión se centrará en desentrañar desde cuándo son exigibles los derechos antidumping dispuestos en la Resolución MEyFP (suscripta el 04/12/2013 y publicada en el BORA el 27/12/2013) teniendo en cuenta la fecha de la oficialización del despacho aquí en crisis (13/12/2013), pues ello sellará la suerte que correrá la pretensión tributaria del Fisco.
Y la respuesta ya la ha dado la CSJN en el precedente “Municipalidad de Junín c/Akapol S.A. s/apremio”, sentencia del 22/10/2020 (CSJ 1150/2016/RH1), que referenciándose en Fallos: 155:290 CSJN; 177:448 y 184:621 y remitiéndose a los argumentos esgrimidos por la Procuradora General de la Nación, sentenció que: “(…) la falta de publicación oficial válida de la ordenanza que establece el tributo aquí reclamado - que arraigan en los arts. 4 o, 17, 52, 75, incs. 10 y 2 o, de la Constitución Nacional, [p]lasman el principio de reserva de ley”. El máximo tribunal blindó así el derecho constitucional de propiedad del contribuyente (conf. CASAS José O., “Principios jurídicos de la tributación” en GARCÍA BELSUNCE Horacio A. (Dir.) “Tratado de tributación”, Tomo I. Derecho de tributación) en cuyas espaldas –en definitiva- recae el peso de la pretensión recaudatoria del Fisco sentándose en el fortalecimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno y la razonabilidad de toda decisión estatal (arts.28 y 33 de la CN) e interpretando el principio de publicidad de los actos de gobierno como un derecho constitucional de acceso a la información pública, de conformidad con lo establecido en el art.13.1 de la CADDHH y de la Ley 27.275.
Por ello, y compartiendo lo dicho por la CSJN, recién con la publicidad del acto administrativo aludido, esto es el 27/12/2013, adquirió su eficacia y vigencia en los términos del art. 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos –de aplicación supletoria al Código Aduanero–, vigente al momento de los hechos (hoy modificado), dejando fuera de su margen de aplicación a la operación aquí en trato, oficializada el día 13/12/2013.
Adoptar un temperamento como el aquí propuesto es inyectar con seguridad jurídica la dinámica del comercio exterior, máxime si se tiene en cuenta que la autoridad de aplicación puede –de verificarse los presupuestos de hecho– establecer medidas o derechos antidumping provisionales en la medida de asegurar la protección pretendida.
Por ello, considero que corresponde revocar el cargo aplicado en la resolución apelada en autos, con costas al Fisco.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 24/2016 (DI VACD), dictada con fecha 26/10/2016 en el marco de las actuaciones SIGEA 16593-29-2015 y, por ende, dejar sin efecto el Cargo FI 6/2015, que fuera formulado en relación a la Destinación de Importación N° 13 038 IC04 010110 E.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
En virtud de las razones esgrimidas con fecha 25/08/2025 in re “VAN DER KOOY FEDERICO c/ D.G.A. s/ RECURSO DE APELACIÓN, expediente N° 38.184-A, que tramitaran ante la Vocalía de la 16 ª Nominación, adhiero al voto que antecede.
ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 24/2016 (DI VACD), dictada con fecha 26/10/2016 en el marco de las actuaciones SIGEA 16593-29-2015 y, por ende, dejar sin efecto el Cargo FI 6/2015 que fuera formulado en relación a la Destinación de Importación N° 13 038 IC04 010110 E.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino (conf. art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.09.25 13:08:57 ART Date: 2025.09.25 17:07:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.25 17:07:43 -03:00
Fin de la sentencia