Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-104193931-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 5 de Septiembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia GUZMÁN (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo Alejandro PORPORATTO (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el Expediente N° 34.307-I, caratulado: “PAVISUR S.A. s/ apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 179/212 se interpone recurso de apelación contra la resolución de la AFIP-DGI de fecha 9/11/2010 mediante la cual se determinó la obligación tributaria de la recurrente frente al impuesto al valor agregado, períodos fiscales 8/2005 a 12/2006, con más intereses resarcitorios. Explica que es una empresa que se dedica a prestar servicios de construcción, en particular, la fabricación de hormigón armado, que tiene gran trayectoria. Añade que el procedimiento determinativo tiene su origen en la causa N° 1705/2005 “Di Biase luis Antonio y otros s/Asociación Ilícita” en trámite ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 1 de la Capital Federal.
En el marco de dicha causa, dice, el organismo fiscal le solicitó al juez interviniente que disponga las medidas urgentes a fin de que se investigue la realización de supuestas maniobras tendientes a facilitar la evasión fiscal de terceros contribuyentes mediante la utilización de documentación supuestamente apócrifa.
Como resultado de ello, aclara la fiscalización luego de analizar la documentación aportada por ella, concluye que sería usuaria de documentación espuria respecto a la firma Gaona Express S.A. y le impugna las operaciones celebradas con aquélla, iniciándose el procedimiento de determinativo de oficio con relación al impuesto al valor agregado, a las ganancias y a las ganancias –salidas no documentadas-.
Manifestó que luego de la presentación de pruebas –pericial contable- con fecha 12/11/2010 se resolvió dejar sin efecto los ajustes en el impuesto a las ganancias y a las ganancias –salidas no documentadas- y confirmar el correspondiente al IVA.
En ese sentido destaca que cada una de las resoluciones que corrieron vista se apoyaban sobre la misma cuestión fáctica, esto es, el desconocimiento de las operaciones celebradas entre ella y la firma observada. Pero que, luego de presentadas las pruebas y el descargo se concluyó –con respecto a los dos impuestos cuya investigación dejó sin efecto- que se había probado que la arena ingresada mediante las facturas de Gaona Express fue necesaria a fin de realizar el proceso productivo de la actora.
A continuación refuta cada una de las observaciones efectuadas por el Fisco Nacional con relación al proveedor mencionado.
Efectúa un análisis sobre la actividad de la firma. Aduce que la arena que se utiliza para la elaboración del hormigón es extraída, en general, de distintos puntos de las cuencas de ríos, entre ellos, del Río de la Plata y del Paraná, pero, explico que siempre dicha explotación es permanentemente controlada por distintas autoridades y organismos públicos. Agrega que no sólo el transporte de la arena se encuentra sometida a verificación, sino que también su descarga en la dársena resulta pesada y clasificada con estricto control portuario.
Afirma que la firma cuestionada se encontraba habilitada por la administración. Asimismo, de la consulta realizada a la Secretaría de Transporte se constató que fue autorizada en el año 2006 a extraer arena del Río de la Plata.
Expresa que la relación con la empresa impugnada siempre estuvo limitada a la prestación de los servicios concertados con el Sr. Reynaldo Pozzi, quien siempre cumplió con las entregas de arena comprometidas. Agrega que ignora cuál era el destino que le daba a los cheques. Asimismo, entiende que la supuesta inconducta fiscal del proveedor cuestionado no se le puede endilgar a ella. Finalmente, y aunque la resolución aquí recurrida difirió la aplicación de la sanción en función a lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 24.769, igualmente se agravia sobre la multa aplicada en los términos de los artículos 46 y 47 incisos a), b) y c) de la ley de rito.
Ofrece prueba y hace reserva de la cuestión federal.
II. Que a fojas 229/239vta contesta la representación fiscal y por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirme la resolución apelada. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fojas 251 se abre la causa a prueba. A fojas 704 se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “A”. A fojas 708 se ponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho a fojas 715/724 el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado.
A fojas 726 se llaman los autos para dictar sentencia.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde entonces establecer la procedencia del ajuste efectuado por el ente fiscal.
En primer lugar cabe señalar que la fiscalización practicada a la firma fue iniciada en el marco de la causa N° 183/2 caratulada: “PAVISUR S.A. s/Infracción Ley 24769” que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Secretaría Penal N° 2. Se trata de una persona jurídica, cuya actividad principal declarada es la fabricación de productos minerales no metálicos N.C.P. cerrando sus ejercicios comerciales los días 30 de junio de cada año.
Conforme surge del informe final de inspección que obra a fs. 1283/1291 del cuerpo principal de antecedentes administrativos acompañados, como consecuencia del ejercicio de funciones que le son propias, se constató que con motivo de la orden dispuesta por aquel Juzgado librado en la causa N° 1705/2005 caratulada: “Di Biase Luis Antonio y otros s/Asociación Ilícita” que tramitó ante el Juzgado Penal Tributario N° 1, la firma entregó documentación contable, entre ella, extractos bancarios de las cuentas de los Bancos Río de la Plata, Galicia, HSBC y Comafi, así como órdenes de pago, facturas y recibos, todo ello, relacionado con la firma GAONA EXPRESS SA.
Por otra parte, la Dirección Regional Mercedes confecciono un Informe de Usinas de facturas apócrifas, en el cual se detallan las tareas realizadas por la inspección a efectos de determinar la apocrificidad de las operaciones declaradas por GAONA EXPRESS S.A., en donde surge que según el contrato societario y declarado ante la Administración, los responsables legales de la firma no pudieron ser localizados en los distintos domicilios visitados. Asimismo se observó que el Sr. José Néstor Lencina (accionista y director suplente de GAONA EXPRESS S.A.) resulta ser Director Suplente de MEGAWEB S.A., y de la firma DEL OESTE CONSTRUCCIONES S.A. empresas que figuran como usinas en la misma causa señalada en el párrafo anterior (1705/05 JPTI). Asimismo aclara, que a pesar de las tareas llevadas adelante por los actuantes no se pudo dar con el domicilio donde la empresa tendría su administración o base de operaciones.
En relación con la actividad de la empresa y concepto de las facturas emitidas por GAONA EXPRESS S.A. - que fueron tenidas a la vista en el desarrollo de las tareas de investigación -, se observó que el concepto de las facturas relevadas corresponde a la prestación de fletes de carga y de personal, siendo esta la actividad declarada por la firma, constató que, en los períodos en los cuales se habrían realizado estas prestaciones la investigada no declara personal en relación de dependencia ni surgen vehículos a su nombre.
Se verificó de las actas de los empleados en relación de dependencia de fecha julio de 2005, que la actividad realizada por la empresa era la de "extracción de arena", no surgiendo de los comprobantes visualizados la venta y/o transporte de arena, por ello, concluye la inspección que no resulta posible determinar si las operaciones que surgen de las facturas relevadas, fueron realmente realizadas. Frente a ello y teniendo en consideración las conclusiones a las que arribó la Dirección Regional Mercedes en el Informe Usinas, los registros de compras, el libro IVA Compra (Rúbrica N° 106488-03 de fecha 09/12/2003), las facturas emitidas por la actora relacionadas con las operaciones registradas por la firma GAONA EXPRESS S.A., y demás elementos recolectados en la Causa 1705/05 que se tramito ante el Juzgado Penal Tributario N°1, la inspección impugnó el crédito fiscal computado en IVA por los períodos fiscales 08 de 2005 a 12 de 2006, mediante la determinación de oficio N°257/2010.
V. Que en primer lugar y con respecto a la impugnación de los créditos fiscales corresponde recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material- formales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
Ello así, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, circunstancia esta que – adelanto- no se concreta en auto.
VI. Que sentando ello, el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba, a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente.
Como quedo dicho, el Fisco para sostener la apocrificidad de las operaciones realizadas entre la recurrente y la firma Gaona Express S.A, se basó fundamentalmente en el “informe de usina” elaborado por la regional de Mercedes y estableció que las operaciones relacionadas con el proveedor Gaona Express reúnen elementos que permitieron considerarlas como apócrifas, toda vez que este no poseía capacidad operativa suficiente para desarrollo de su actividad. Ello por cuanto, no contaba con bienes registrables a su nombre – vgr. Inmuebles, camiones, barcos, etc.- y/o personal declarado en los periodos en los que facturo servicio de carga terrestre.
En ese contexto corresponde analizar el elenco probatorio acompañado por la recurrente para desvirtuar las conclusiones del Fisco Nacional.
Se advierte de las pruebas aportadas en autos, que si bien, mediante las disposiciones N° 118/2005, 144/2006 y 148/2006 el Ministerio de Planificaciones Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaria de Transporte – Subsecretaria de puertos y Vías Navegables, autorizo al mencionado proveedor a la extracción de arena en: la Zona 2 (Paraná Inferior) (Jurisdicción de las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe); en el Km 117 al 120, sobre la margen derecha del Rio de la Plata (Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires) y entre los kilómetros 360,8 a 362,8, sobre la margen derecha del Rio Paraná (jurisdicción de la Provincia de Santa Fe), respectivamente, lo cierto es que, dicho Ministerio advirtió en la contestación al oficio librado, que los permisos de extracción, deben tramitarse ante los Gobiernos de las Provincias competentes (v. 272/288), permisos estos que no fueron otorgados, conforme lo informado por el Consejo Internacional del Delta (v. fs 289), que afirmó que la firma Gaona Express S.A, no se encontraba autorizada a extraer arena y otros materiales de áreas que se encuentra bajo su jurisdicción y que solo pagó canon por la extracción de arena, entre los meses de octubre de 2005 y diciembre de 2006.
Por otro lado, a fs. 320/374 la firma TONRIC S.A informó que la empresa Gaona Express S.A descargó arena y otros áridos, en su cabecera ubica en localidad de Dock Sud (Prov. Bs. As.) la que fue destinada a la Firma Pavisur S.A, y que los barcos utilizados por dicha firma para la extracción de la arena, eran de distintos calados y características, siendo los más frecuentes los nombrados “ELEGIO B” Y “BARRANQUERA”. Asimismo, detalló las operaciones comerciales celebradas durante los periodos 2004 al 2007 y que los servicios en cuestión, fueron facturados al recurrente como “descarga de arena y traslado de las cargas”, y adjunto copia del libro IVA – Ventas- en donde surgen los conceptos de las facturas emitidas en los periodos 2004, 2005, 2006 y 2007, como así también el detalle de los metros cúbicos descargados y/o fleteados. Además de ello, acompañó las facturas correspondientes a dichas operaciones, las que van de fechas 15/03/04 al 30/12/06. Ahora bien, de la documentación acompañada se observa que no coinciden ni con las fechas de las facturas de ventas aquí impugnadas ni con la cantidad de metros cúbicos de arena vendidos por el proveedor. Con respecto al contrato de arrendamiento (vid. fs. 457/459) celebrado entre la firma COBA S.A, representada por el Sr. Lázaro Chwojnik y la sociedad Gaona Express S.A representada por el Sr. Jorge Damián Machado, en el cual se estipuló el arrendamiento del buque motor arenero denominado “ELIGIO B” – matricula N°: 01011 de bandera Argentina, por un plazo de 36 meses a partir del día 1 de noviembre de 2005 al 1 de noviembre de 2008, por un valor de U$S 4.000 dólares estadounidenses, remitido por la Dirección Nacional de Vías Navegables (Secretaria de Transporte) en el marco del expediente N° S01:0294614/06 (v. fs. 415/514vta.). Solamente acredita que la empresa Gaona Express S.A se encontraba autorizada a la extracción de arena y que la titularidad del barco ELIGIO B, se encontraba en cabeza de la sociedad COBA S.A, sin vinculación con las operaciones que la administración tilda de apócrifas.
Con respecto a las declaraciones testimoniales – que lucen incorporadas en las actuaciones -cabe remarcar, que de los cincuenta testimonios efectuados por el personal vinculado al proveedor, la mayoría de ellos, no pudieron ser localizas, o en su caso, desconocen quienes serían los titulares de la firma o afirmaron que solo recibían órdenes del capitán del barco o que realizaban trabajos a fines a la extracción de arena (vrg. como marinero en el barco “ELEGIO”, encargado en el buque arenero “BARRANQUERA”, marinero de cubierta, suplencias de marinero, etc. ) y solo una minoría reconoce como responsable de la firma a otras personas, las cuales tampoco pudieron ser vinculadas a la firma Gaona. Mas dichos testimonios no pueden – a mi juicio – destruir prueba documental.
Testimonios escuetos que por sí, llevan a concluir que dicho proveedor no contaban con la capacidad operativa para llevar adelante las operaciones aquí impugnadas.
Por último, en función de la información cotejada por los expertos, cabe concluir que la pericia contable producida en autos refiere a la descripción de la operatoria llevada a cabo por la recurrente con el proveedor observado, pero los datos colectados no sirven como elementos que aporten fuerza probatoria conducente para comprobar la real existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco y que resultan ser objeto del ajuste fiscal.
De tal forma, corresponde concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones, al no ser sustentados por prueba fehaciente, resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran destruir las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada en autos.
Aun cuando lo expuesto es suficiente para rechazar la tesis de la recurrente, también debe hacerse notar que si bien - reitero - todo la defensa de la recurrente se encuentra dirigida a probar las existencia de las operaciones, no puede dejarse de lado que las mismas fueron canceladas mediante la utilización de cheques – propios y de terceros -. En efecto, del análisis de la actuación y más precisamente de la información recolectada en la circularización a los bancos titulares de las cuentas como a las firmas a las cuales les fueron entregados los mencionados cheques, lleva a la conclusión que no se ha probado ni acreditado el circuito financiero.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada. Con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 52 – segundo párrafo - del RPTFN por encontrarse vacante la vocalía de la 3era Nominación.
Regístrese, notifíquese y archívese Date: 2023.09.05 17:03:49 -03:00 Date: 2023.09.05 17:04:51 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.05 17:04:52 -03:00
Fin de la sentencia