Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín · Causa IN1-1195-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación impetrado por la defensa y en consecuencia revocar la resolución en crisis, concediéndose al imputado Pavón Guillermo Andrés la morigeración solicitada, ello con monitoreo electrónico, en el domicilio de sus abuelos maternos sito en calle Libertad nro. 63 de este medio, bajo las condiciones que se especifiquen en primera instancia, debiéndose tener presente especialmente, la realización de tratamiento psicológico. sin costas.
Expte. Nº IN1-1195-2026 : " PAVON, GUILLERMO ANDRES / MORIGERACION A LA PRISION PREVENTIVA IPP PP-04-00-006646-26/00 "
Junín, a los 19 días del mes de Noviembre del año dos mil veintiséis, los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires, Doctores Carlos Mario Portiglia, Juan Leopoldo Singla y Luis Alberto Beraza, bajo la Presidencia del primero, proceden a pronunciar Sentencia en la Causa Nº IN1-1195-2026 , caratulada " PAVON, GUILLERMO ANDRES / MORIGERACION A LA PRISION PREVENTIVA IPP PP-04-00-006646-26/00 "
Conforme al sorteo oportunamente efectuado ante la Actuaria, se estableció que los señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden Doctores: Singla, Portiglia y Beraza.
Seguido el Tribunal resolvió considerar la siguiente cuestión: ¿Es justa la resolución apelada?.
A LA CUESTION PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Juan Leopoldo Singla dijo:
La decisión adoptada por el Juez a cargo del Juzgado Correccional nro. 3 Departamental de fecha 16 de octubre del año en curso, mediante la cual rechaza la solicitud de morigeración de la prisión preventiva en favor de Guillermo Andrés Pavón, motiva la apertura de esta instancia revisora a instancias de la defensa particular del imputado.
En su expresión de agravios, en esencia, el Dr. Muñoz señala que el decisorio carece de fundamentación adecuada en tanto no examina si los riesgos procesales ponderados al tiempo de dictarse la prisión preventiva pueden ser actualmente, razonablemente neutralizados, mediante una modalidad menos gravosa de coerción .
Manifiesta que en contradicción con lo exigible para el caso, el sentenciante evalúa la controversia como si se tratara del pedido de cese de la prisión preventiva omitiendo valorar el resultado de los distintos informes recabados a los fines de dilucidar sobre la viabilidad del beneficio -socioambiental en el domicilio ofrecido, psicológico-psiquiátrico, dictamen de la dirección de monitoreo, consentimiento de la víctima a través de informe actuarial-.
Dice que la remisión del decisorio a los argumentos de este tribunal al tiempo de ser confirmada la prisión preventiva del imputado para justificar la negativa, constituye un elemento más para demostrar la dirección equivocada que se le imprimió al fallo .
Refiere que no se identifica cuál sería actualmente el acto procesal concreto que Pavón podría obstaculizar desde un domicilio sometido a control judicial en momentos que la investigación se cerró y la causa se encuentra ya encaminada hacia la etapa de debate oral y próxima a la celebración de la audiencia preliminar . Afirma que bajo tales condiciones una afirmación genérica acerca de una eventual posibilidad de "obstaculizar el accionar de la justicia" no resulta suficiente para justificar el mantenimiento de la forma más gravosa de coerción.
Sostiene que el argumento relativo a la protección de la víctima no constituye una respuesta suficiente al planteo defensivo toda vez que pueden arbitrarse distintos mecanismos para impedir el contacto entre las partes, los cuales enumera a modo de ejemplo.
Concluye peticionando que se revoque la resolución recurrida y se disponga la morigeración de la prisión preventiva bajo modalidad de arresto domiciliario, con monitoreo electrónico y las restantes condiciones de control que se estimen necesarias.
En la tarea revisora que me compete por ley (arts. 21, 439 y cc. del CPP), adelanto que, en la especie, el recurso será receptado.
En efecto, como bien lo refleja el recurrente, en un contexto de razonabilidad, la resolución en crisis omite importantes referencias que considero dirimentes a la hora de expedirme sobre la viabilidad de la medida en cuestión en este caso concreto.
Como punto inicial no puedo dejar de tener presente que si bien el encarcelamiento preventivo del imputado en orden al delito de Amenazas -dos hechos en concurso real- (art. 149 bis, 1° párrafo y 55 del CP) ha sido homologado por esta Cámara, ello no resulta un impedimento para posibilitar el acceso a una medida cautelar menos gravosa de conformidad con la letra de los arts.163 y 159 del rito.
Al respecto las normas procesales citadas establecen que el instituto puede ser acordado cuando de la objetiva valoración de los hechos, de las condiciones personales del sujeto y de otras circunstancias que se consideren relevantes es posible inferir que pueden contrarrestarse el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio y la reiteración de hechos ilicitos.
En autos la totalidad de los informes recabados resultan favorables en cuanto permiten visualizar que los riesgos citados pueden ser neutralizados en esta instancia del proceso.
Así, del informe socio-ambiental realizado y agregado a las actuaciones en fecha 14/09/26, emerge que se trata de una persona de 39 años de edad, con estudios generales básicos completos y que al momento del suceso se desempañaba como carnicero. En el domicilio propuesto, el cual según se describe reúne condiciones habitacionales adecuadas, contaría con contención familiar a partir de lo que se infiere de la entrevista que se mantuvo con las personas que conviviría en caso de acceder al instituto, sus abuelos maternos y su tía - Sres Néstor Omar Rodríguez, María Esther Catullo y María de los Angeles Rodríguez- en el domicilio de calle Libertad nro.63 de este medio. El Sr. Rodríguez es jubilado del Servicio Penitenciario, actualmente desempeñándose como albañil en tanto que su hija, la Sra. María de los Angeles Rodríguez, trabaja también en el Servicio Penitenciario, siendo la Sra. Catullo ama de casa.
En este punto resulta significativo lo manifestado por la denunciante, Sra. Katia Soledad Fantino a través del informe actuarial agregado en autos en fecha 29/09/26, en el cual se expresó en forma libre, de modo favorable a la concesión del instituto solicitado, agregando que ello resultaría beneficioso para que el prevenido retome el contacto con la hija menor de edad (3 años) que tienen en común . Dicha revinculación resulta fundamental y así lo hizo saber la víctima que no puede llevar a la menor a visitar a su progenitor a la Unidad Penitenciaria.
Además surge de los informes incorporados al proceso que el imputado contaría con la posibilidad cierta de retomar sus actividades laborales en la carnicería donde se desempeñaba antes de su detención .
Si bien se desprende del informe de personalidad elaborado por la perito psicóloga oficial que Pavón presenta características de egocentrismo, con mal manejo de emociones y escaso control impulsivo-ver informe en trámite del 14/09/26-, entiendo que ello no resulta un impedimento a la hora de decidir, por cuanto resultaría oportuno y de vital importancia imponer como pauta condicionante la realización de terapia destinada a neutralizar rasgos de personalidad o hábitos perjudiciales para un armónico devenir del vínculo familiar.
En lo que respecta a la operatividad del sistema de monitoreo en el domicilio ofrecido para residir, el Servicio Penitenciario en trámite agregado en fecha 6/10/26 ha manifestado en autos que no habría inconvenientes en tal sentido porque el domicilio es apto desde el punto de vista técnico y administrativo para la implementación del modo de vigilancia referenciado.
Ante el cuadro de situación personal, ambiental, social, familiar y laboral descripto, no aparecen patentizados los peligros de entorpecimiento probatorio y/o de fuga que impedirían la aplicación del instituto en trato con monitoreo electrónico. Por lo demás siempre subyace la posibilidad cierta de revocación, en el supuesto de constatarse irregularidades o incumplimientos según las pautas y obligaciones que deberán ser determinadas en primera instancia, debiendo hacerse hincapié en tal sentido en la obligación de iniciar tratamiento psicológico.
Viene al caso destacar la importancia del consentimiento que prestara al víctima al ser requerida sobre el particular toda vez que de este modo se aseguró su acceso integral y real a la justicia dado que le fueron informadas las consecuencias del instituto y su significado.
Debo mencionar que también resulta importante para la resolución del caso valorar la recomendación del uso racional de la prisión preventiva, en base a los estándares dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Verbitsky", y el uso de medidas alternativas a la detención efectiva.
Por todo lo explicitado en relación con las particularidades que presenta el caso, voy a proponer al acuerdo que se revoque la resolución apelada, concediéndose al imputado Pavón la morigeración solicitada, ello con monitoreo electrónico, en el domicilio de sus abuelos maternos, sito en calle Libertad nro. 63 de este medio, bajo las condiciones que se especifiquen en primera instancia, debiéndose tener presente especialmente, la realización de tratamiento psicológico. Sin costas (arts. 1, 3, 106, 434, 439, 441, 530, 531 y cc. del CPP).
VOTO POR LA NEGATIVA
Dieron sus voto en el mismo sentido, aduciendo análogas razones, los Señores Jueces Doctores Carlos Mario Portiglia y Luis Alberto Beraza .
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE :
I. Hacer lugar al recurso de apelación impetrado por la defensa y en consecuencia revocar la resolución en crisis, concediéndose al imputado Pavón Guillermo Andrés la morigeración solicitada, ello con monitoreo electrónico, en el domicilio de sus abuelos maternos sito en calle Libertad nro. 63 de este medio, bajo las condiciones que se especifiquen en primera instancia, debiéndose tener presente especialmente, la realización de tratamiento psicológico. sin costas.
II. Registrar, notificar y devover al origen .
Firmas
Funcionario firmante: PORTIGLIA Carlos Mario - JUEZ
Funcionario firmante: SINGLA Juan Leopoldo - JUEZ
Funcionario firmante: BERAZA Luis Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: BORNIC Analia Graciela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 592-2026
Fin de la sentencia