Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130485
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.485, "Bas, Alan Fernando contra Municipalidad de José C. Paz y otro/a. Enfermedad-Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores: Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal del Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, admitió la demanda promovida y condenó a la Municipalidad de José C. Paz y a Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. al pago de la suma que fijó en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con imposición de costas (v. sent. de 15-II-2023).
Se interpuso, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-III-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda entablada por Alan Fernando Bas contra la Municipalidad de José C. Paz y Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., condenando solidariamente a ambas accionadas a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral —con fundamento en disposiciones del derecho común— por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la enfermedad profesional sufrida por el actor (v. sent. de 15-II-2023).
Para así decidir, en el veredicto juzgó acreditado que el trabajador se desempeñó bajo dependencia del citado municipio desde el día 1 de enero de 2005 bajo la categoría de recolector de residuos.
Asimismo, reputó probado el contrato de seguro celebrado entre la empleadora codemandada y Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., vigente a la fecha de la denuncia de la contingencia objeto del reclamo de autos (v. vered., primera y segunda cuestiones tratadas).
Luego de tener por probadas —con apoyo en las declaraciones testimoniales recibidas— las tareas del actor y sus características, valoró —con sustento en el dictamen pericial técnico— que la aseguradora de riesgos del trabajo —en relación a la tarea de recolección de residuos— no había efectuado denuncias ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por los incumplimientos de la empleadora con las previsiones del decreto nacional 351/79, reglamentario de la ley 19.587, con un plan de mejoramiento o de evaluación específica de la labor del dependiente, como así tampoco había realizado capacitaciones y/o recomendaciones con el objeto de evitar riesgos productores de patologías como las denunciadas en autos y que afectan al trabajador (v. vered., cuarta cuestión).
Seguidamente, remitiendo a la pericia médica producida en la causa, estimó que el actor presenta secuelas psicofísicas —"afección discal múltiple" y "reacción vivencial anormal neurótica de grado I-II" (v. vered., pág. 34)— que le provocan una incapacidad del 30% de la total obrera, que encuentra su causa eficiente en las tareas desarrolladas durante su relación laboral bajo las órdenes del municipio coaccionado. Dijo que, pese a la conclusión a la que arribó la experta médica actuante sobre la naturaleza concausal de la patología columnaria que presenta el accionante, en razón de no habérsele efectuado el examen preocupacional, la enfermedad padecida por aquel, debía presumirse de carácter profesional (v. vered., quinta cuestión).
Sobre esas bases, en la etapa de sentencia, analizó si se hallaban reunidos —o no— los requisitos para tener por configurada la responsabilidad de las coaccionadas en los términos de las normas civiles.
Al respecto, concluyó que las tareas del trabajador eran realizadas sin capacitación ni control por parte de un superior jerárquico especializado en higiene y seguridad, incumpliendo ambas demandadas con las obligaciones de prevención, capacitación, entrega de elementos de seguridad y demás recomendaciones que surgen de la ley 19.587, su decreto reglamentario 351/79 y normas complementarias, "...las que, de haberse llevado a cabo, hubieran permitido evitar o morigerar el impacto perjudicial que en la salud del actor produjo la realización de su trabajo en las referidas condiciones" (sent., pág. 8).
En esta línea, con sustento en las conclusiones arribadas en el fallo de los hechos, halló responsable civilmente a la empleadora con apoyo en los arts. 902, 1.113 y 1.198 del Código Civil de Vélez y, en lo que resulta de interés, también a la aseguradora codemandada, con sustento en el art. 1.074 del mentado digesto.
Bajo tales conclusiones, cuantificó las sumas que determinó en concepto de daño material —tomando, con apoyo en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte que citó, el salario del actor a valores actuales—, lucro cesante, pérdida de chance y daño moral.
Finalmente, a partir del cotejo de los importes obtenidos en concepto de reparación integral proveniente de la aplicación de las normas civiles antes mencionadas y el resarcimiento sistémico previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo, el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora codemandada Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.749 y 1.757 del Código Civil y Comercial; 4, 5 y 31 de la ley 24.557; 11, 17, 18, 20 y 29 del decreto 170/96; decretos 351/96, 1.338/96; resoluciones SRT 38/96, 42/96, 79/96, 43/97 y 54/98; y doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 7-III-2023).
II.1. Sostiene que el tribunal incurrió en una errónea aplicación de las normas que rigen los deberes de prevención de las aseguradoras de riesgos del trabajo, desde que —aduce— en virtud de lo normado en los arts. 4 y 5 de la ley 24.557 y los decretos y resoluciones del órgano de control, las referidas entidades tienen a su cargo obligaciones de medio tendientes a prevenir la ocurrencia de las contingencias derivadas de los riesgos laborales y, en tanto no se comprometen a un resultado cierto, la sola existencia del daño no es demostrativa de un nexo causal entre la conducta de la aseguradora y aquel (v. rec., pág. 9).
II.2. Cuestiona por absurda la conclusión del sentenciante con arreglo a la cual se atribuyó a la aseguradora responsabilidad por no haber efectuado recomendaciones sobre el puesto de trabajo en cuestión, toda vez que —indica— omitió considerar que la descripción y denuncia de los puestos expuestos a riesgo resultan carga exclusiva y excluyente del empleador.
II.3. Señala sobre la omisa identificación del nexo causal entre el daño y la conducta de la aseguradora.
Alega, en este sentido, que no se advierte la incidencia en el estado de salud del actor que pudo haber tenido la actividad de aquella, desde que —afirma— jamás omitió el cumplimiento de medida legal alguna, por lo que las conclusiones del órgano de grado devienen dogmáticas, arbitrarias y absurdas.
II.4. Refiere que el juzgador "confunde la subrogación legal que se opera por efecto de la Ley de Riesgos del Trabajo, con las obligaciones a cargo del empleador". Expresa que "no resultan aplicables a las A.R.T. las normas de responsabilidad civil por las supuestas omisiones en los deberes de seguridad (que pesan sobre el empleador) por cuanto no existe relación jurídica entre el trabajador y la A.R.T., ni éstas tienen facultades coercitivas que permitan compeler al cumplimiento de sus recomendaciones", deviniendo errónea la aplicación al caso de las normas del Código Civil y Comercial actuadas (v. rec., págs. 13 y 14).
II.5. Reprocha por absurda la solidaridad in totum que se impone a través de la condena, sin considerar que en el marco normativo por el que opta el juzgador de grado para dirimir la controversia, no resulta de aplicación la llamada teoría de indiferencia de la concausa.
En dicha línea, indica que la pericia médica informa que la dolencia del actor responde a múltiples causales, por lo que la extensión de la responsabilidad, en cuanto a la reparación ordenada, debió valorar dicha circunstancia de concurrencia.
II.6. Finalmente, cuestiona la metodología de cálculo utilizada y la cuantía fijada por el juzgador en concepto de reparación integral, por considerar que proviene de una errónea apreciación de la prueba y contraría la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los embates dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad de Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. con sustento en las normas del Código Civil no resultan atendibles.
III.1.a. Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que determinar si la aseguradora ha cumplido —o no— con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como igualmente, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el daño ocasionado en la salud de los trabajadores, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo (causas L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. Bajo estos lineamientos, la crítica ensayada por la recurrente no evidencia la apuntada anomalía.
III.1.b.i. En lo que interesa destacar, conforme fue expuesto precedentemente, en la cuarta cuestión del veredicto, el tribunal de grado, con apoyo en el dictamen pericial técnico producido, afirmó que la referida entidad no había efectuado denuncias ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por los incumplimientos de la empleadora con el decreto 351/79, reglamentario de la ley 19.587, y con un plan de mejoramiento o de evaluación específica de la tarea de recolección de residuos efectuada por el actor, como así tampoco había realizado capacitaciones y/o recomendaciones con el objeto de evitar riesgos productores de patologías como las denunciadas en autos que afectan al trabajador.
En esa faena, el tribunal de origen declaró verificadas las inobservancias legales a su cargo en materia de seguridad en el trabajo, así como su relación directa con el daño sufrido por el trabajador, juzgando civilmente responsable a la aseguradora demandada en los términos del art. 1.074 del Código Civil (ley 340), por lo que debía responder solidariamente con el municipio accionado por la reparación integral de los daños causados al actor.
III.1.b.ii. Desde esta perspectiva de análisis, es dable advertir que las objeciones desplegadas por el quejoso para desvirtuar la conclusión del juzgador que tuvo por acreditados los incumplimientos de los deberes de prevención de la aseguradora de riesgos accionada y el nexo causal de aquellos con el daño sufrido por el accionante, resultan estériles.
Ello así por cuanto, en su impugnación, el interesado —a partir de su propia interpretación de las constancias obrantes en la presente— se limita a exponer una apreciación ceñida a sus intereses, destinada —únicamente— a negar su responsabilidad en el supuesto de autos, sin hacerse cargo del análisis del material probatorio que efectuó el órgano de grado para tener por verificado el incumplimiento de sus obligaciones impuestas por la Ley de Riesgos del Trabajo y su reglamentación, y de las reseñadas consideraciones que dieron —en definitiva— debido sustento a la conclusión que pone bajo censura.
Ello así, en el contexto probatorio de la causa cuyo análisis integral llevó al tribunal interviniente a rechazar la tesis de la aseguradora demandada, las argumentaciones traídas transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, y, con ello, no consiguen impugnar debidamente lo decidido. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o.), dejando —en consecuencia— incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; e.o.).
II.1.c. Luego, en relación a la invocada inaplicabilidad de las normas de derecho civil al caso, cabe recordar que, la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser juzgadas en el marco del derecho común por incumplimientos de sus deberes de prevención y control fue expresamente admitida por esta Suprema Corte en el conocido precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sentencia de 25-XI-2009, en una definición reiterada —entre otras— en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011); L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014) y L. 120.316, "Palacios" (sent. de 19-XI-2020), todo ello en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
Asimismo, a partir de las prescripciones de la ley 24.557, las aseguradoras aparecen —en concurrencia con el empleador— como sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, por lo que resulta inaceptable entender que son meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, ya que la norma les otorga un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 120.316, "Palacios", sent. de 19-XI-2020; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; e.o.).
Bajo estos lineamientos, atento que la decisión cuestionada encuentra respaldo en dichas directrices y que la agraviada no aporta argumentos eficaces para revertirla, he de concluir que el recurso no resulta idóneo para modificar lo resuelto en este punto. Sumado a ello, la ausencia de denuncia explícita sobre la errónea aplicación de las normas actuadas en el fallo al respecto (arts. 512 y 1.074, Cód. Civil —ley 340—) y la doctrina legal que citó el tribunal para fundamentar la decisión cuestionada, evidencian una clara insuficiencia recursiva en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.598, "Brites", sent. de 4-XII-2019; L. 125.487, "Hernández", sent. de 21-X-2022; L. 124.672, "Cruz", sent. de 8-V-2023; e.o.).
III.1.d. Con todo, debe permanecer firme la decisión del tribunal de origen que estableció la responsabilidad civil de la aseguradora en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil, toda vez que, conforme reiteradamente ha declarado este Tribunal, luce insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente la conclusión medular del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo resuelto en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; e.o.).
III.2. Igual suerte adversa ha de correr el agravio dirigido a objetar el alcance de la responsabilidad de la aseguradora por el daño sufrido por el accionante.
III.2.a. El órgano actuante dijo que pese a la conclusión a la que arribó la pericia médica sobre la naturaleza concausal de la patología columnaria que presenta el actor, no existían constancias de exámenes preocupacionales ni periódicos que permitieran inferir una causa distinta para la incapacidad verificada, que no fueran las tareas desarrolladas por el accionante en cumplimiento de su débito laboral. Asimismo, sostuvo que ello encuentra —por demás— debido respaldo en las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa y en lo informado por el perito ingeniero en la pericia técnica.
En dicha línea, concluyó en receptar el total del porcentaje de incapacidad psicofísica constatada, toda vez que —expresó— no era posible sino concluir que las tareas prestadas fueron las únicas causantes de la patología columnaria, en razón de no surgir otra prueba en contrario (v. vered., quinta cuestión tratada).
III.2.b. A su turno, la recurrente se limita a controvertir por absurda tal decisión porque considera que el marco normativo invocado en la acción civil instada no permite la aplicación de la llamada teoría de la indiferencia de la concausa.
III.2.c. De la reseña efectuada surge claramente que la interesada expone nuevamente una simple discrepancia con la solución dada al caso, planteando una objeción basada en la presunta improcedencia en sede civil de la aplicación de una teoría que no fue la invocada ni efectivamente actuada en el caso para establecer la relación causal adecuada entre su concreto obrar omisivo y las consecuencias dañosas padecidas por el trabajador, a la luz de la ausencia de toda constancia sobre la posible ocurrencia de otras circunstancias concomitantes. Este extremo impide tener por acreditado el equívoco que se imputa a la decisión de los jueces de mérito, desde que la recurrente no aporta elementos convincentes con virtualidad suficiente para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 118.454, "E., N. G.", sent. de 21-VI-2018; L. 119.417, "P., A. N.", sent. de 19-XII-2018; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
Cabe una vez más recordar que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia en el fallo recurrido de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo, es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema (causas L. 117.783, "Vázquez", sent. de 26-III-2015; L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017; L. 124.365, "Andrade", sent. de 4-X-2022; L. 128.835, "López", sent. de 9-VIII-2024; e.o.). Tales supuestos no surgen aquí evidenciados.
III.3. Finalmente, resultan asimismo inatendibles los reproches dirigidos a atacar el monto indemnizatorio reconocido en la sentencia impugnada en concepto de reparación integral del daño causado.
III.3.a. Esta Suprema Corte ha declarado que la determinación de la cuantía indemnizatoria en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye —por regla— cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria y ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.