Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a los recursos de casación interpuestos por la parte querellante y por el Ministerio Público Fiscal, y, por mayoría, anular la resolución impugnada y remitir la causa al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho. Sin costas en la instancia (arts. 471, 530 y cctes. del C.P.P.N.).
En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de 2024, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky como vocales, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa FTU 15977/2012/CFC3, caratulada: “Paz, José y otros s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. Que la Cámara Federal de Tucumán, el 19 de marzo de 2024, resolvió “I) DECLARAR extinguida la acción penal promovida en esta causa por violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y en consecuencia sobreseer a Antonio Oscar Mahtuk, Gloria María Araujo, María Estela Haddad de Longo, Raúl Arturo Jiménez Iguacel, Silvia Ruth Pérez López, Esteban Franco Ramírez y Silvia Patricia Díaz de la imputación que pesara sobre los mismos (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8.1. de la C.A.D.H.; 14.3., inc. c, del P.I.D.C.P.; 25 de la D.A.D.H.; 59, inc. 3°, 336, inc. 1°, y 361 del C.P.-
P.N.).”
II. Contra esa decisión, el querellante Gustavo Alejandro Palavecino, por derecho propio, y el Fiscal General Antonio Gustavo Gómez, interpusieron, respectivamente, los recursos de casación que fueron concedidos y mantenidos ante esta instancia.
III. Que Gustavo Alejandro Palavecino, en su calidad de parte querellante, sostuvo que la resolución impugnada fue dictada en forma arbitraria y en clara afectación del derecho constitucional de tutela judicial efectiva de la vícti- 1 Reg. Nro. 1231/24.4 ma, reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antaño (cfr.: el fallo “Otto Wald”, Fallos: 268:266), y acceso a la jurisdicción, consagrado implícitamente por el artículo 18 de la C.N. y reconocido en los arts. 8, párrafo primero, de la CADH y 14.1 del PIDCyP (cfr. C.N.C.P., Sala IV: causa Nro. 335, “SANTILLÁN, Francisco s/XX”, Reg. Nro. 585, rta. El 15/5/96; y CSJN: Fallos: 321:2021). Y, además, contrariando lo resuelto por esta Sala IV que, en su pretérita intervención, revocó la extinción de la acción penal que había sido dispuesta con anterioridad.
Consideró que los jueces de la anterior instancia, primero declarando la prescripción de la acción penal y ahora resolviendo su extinción por violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, beneficia, liberando de culpa, a los responsables de la firma “Yuhmak SA” y a los funcionarios pú- blicos de distintos registros de la propiedad automotor que intervinieron en las maniobras delictivas en ejercicio de sus funciones. Ello, en violación de las disposiciones legales y de lo resuelto por esta alzada en su oportunidad.
Agregó que tampoco se tomó en cuenta que, además, se cometió el delito de sustitución de persona, lo que fue perpetrado por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
Memoró que esos funcionarios permitieron la presentación de diferentes trámites registrables por ante sus registros seccionales, con la firma falsificada del Dr. Gustavo A. Palavecino, en distintos formularios creados para identificar al presentante, contraviniendo las disposiciones legales en la materia, para beneficiar a esa empresa evitándole abonar el arancel correspondiente (por la compra de los formularios correspondientes).
Refirió al efecto que se encuentra probado en autos que habrían intervenido en los hechos denunciados por esa parte al menos tres personas que se desempeñaban -y actualmente continúan en el ejercicio de sus funciones- como titulares de los respectivos registros del automotor, seccionales Tucumán (Gloria María Araujo -titular del Registro Automotor de Yerba Buena-, María Estela Haddad de Longo -titular del Registro del Automotor B- y Arturo Raúl Jimenez -titular del Registro del Automotor A-), en el ejercicio de las funciones de carácter público pertinentes.
Luego de efectuar un pormenorizado raconto de todo lo actuado en el presente proceso, afirmó que, tal como lo resolvió esta Sala IV en su oportunidad, la acción penal no se ha extinguido en función de lo dispuesto por el artículo 67, segundo párrafo, del CP, que dispone que "La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
Valoró que la decisión cuestionada implicó consentir el accionar negligente del fiscal federal que estuvo a cargo de la investigación de la causa, y la de los demás integrantes de la justicia federal de la provincia de Tucumán que intervinieron en el trámite de las actuaciones, el abuso de autoridad, la violación de los deberes de funcionario público, la denegación y retardo de justica y el encubrimiento agravado, en tanto es clara la voluntad de no otorgarle un trámite legal y adecuado al proceso.
Por lo expuesto, solicitó que se revoque la decisión recurrida y su antecedente necesario, y que se ordene la prosecución urgente del trámite del proceso según su estado. Hizo reserva del caso federal.
IV. El señor fiscal ante la anterior instancia sostuvo que la resolución cuestionada se sustenta en una arbitraria aplicación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Memoró que la acción penal se dirige contra Antonio Oscar Mahtuk (presidente y dueño de la empresa Yuhmak SA), José Ernesto Paz (gestor de la empresa Yuhmak SA y Ramírez Motos -ahora fallecido-, Silvia Ruth Pérez López, Esteban Franco Ramírez, Gloria María Araujo (titular del Registro del Automotor de Yerba Buena), María Estela Haddad de Longo (titular del Registro del Automotor A) y Arturo Raúl Jiménez Iguacel (titular del Registro del Automotor B). Y que los tres últimos revisten la calidad de funcionarios públicos.
Explicó que los titulares de registros de propiedad del automotor son funcionarios públicos (art. 40 Decreto Ley 6582/58 ratificado por Ley 14467) ya que dependen de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios; y que el Decreto establece que deben estar incursos en él quienes actúen "bajo cualquier modalidad en la Administración Pública Nacional". Que, por consiguiente, todos los titulares poseen esa calidad de funcionarios públicos en ejercicio de funciones específicas que sirvieron para concretar el delito sin que a la fecha haya constancias que demuestren que han dejado de serlo.
Señaló que la sentencia objeto de impugnación, a más de reunir los requisitos establecidos para tornar viable el recurso incoado, es arbitraria ya que a pesar de los cuantiosos argumentos y elementos obrantes en la causa, demostrativos estos del perjuicio que la maniobra ilícita investigada causó a Palavecino, decidió declarar prescripta la acción penal, utilizando como argumento la garantía de juzgamiento en un plazo razonable. Que lo agraviante en relación a esta cuestión es el arribo a una solución carente de análisis y que prescinde de argumentos conducentes para decidir, lo que habilita la instancia casatoria de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 456 y 457 del C.P.P.N.
Precisó que la pesquisa de marras tiene origen en la denuncia presentada por Gustavo Palavecino, el día 30 de agosto del 2011, ante la Fiscalía en lo Penal de Instrucción N° VI del Centro Judicial Capital, en contra de los responsables de la razón social “YUHMAK S.A.” (CUIT 30-62389309-6) por adulteración de instrumento público, falsificación de firma, falsificación y utilización de sello profesional, conforme los términos del artículo 292 del Código Penal. Que la presunta maniobra ilícita habría consistido en la realización de trámites –inscripciones iniciales, transferencias, inscripciones de prendas; entre otros- por ante el Registro Nacional del Automotor, en los que se habrían impostado firma y sellos falsos. Que en la audiencia celebrada el día 8 de marzo de 2012, se procedió a recibir declaración testimonial al Sr. Palavecino (fs. 78), oportunidad en la que el denunciante ratificó los términos de la denuncia incoada.
Que mediante el auto dictado el 19 de marzo del 2012, en concordancia con el dictamen fiscal de fs. 93, el Juzgado de Instrucción en lo Penal II° Nom. dispuso declarar la incompetencia en razón de la Materia de la fiscalía y juzgado intervinientes y remitir al juzgado federal que corresponda; y que el Juzgado Federal N° II de Tucumán envió el expediente al fiscal federal en los términos del artículo 196 del CPPN (fs. 97, decreto de fecha 29/03/2012), quien citó al denunciante a prestar declaración de acuerdo a lo predispuesto en el artículo 239 del CPPN (fs. 98). Que Palavecino compareció el 16 de abril del 2012, y expresó que realizó trabajos como gestor para la empresa “YUHMAK” y que durante el año 2008 advirtió trámites que fueron presentados con firmas y sellos que no le pertenecían (fs. 109); lo cual fue corroborado en la pericia caligráfica agregada a fs. 203/218.
Continuando con el raconto del desarrollo del proceso, señaló el fiscal que el 18 de marzo del año 2013 Palavecino se presentó y promovió querella en contra de los representantes de “YUHMAK” (fs. 193/197); a lo que no hizo lugar el juez federal interviniente al considerar que no se desprende de las constancias de autos que la falsificación de las firmas en los formularios presentados ante el Registro de la Propiedad del Automotor haya implicado algún daño particular o singular y directo al presentante (folios 221).
Que luego de celebradas diversas audiencias testimoniales (fs. 261, 277/278) las cuales tuvieron en común que los deponentes (empleados de “YUHMAK”) describieron el procedimiento de registración de vehículos y negaron la pertenencia de sus firmas en la instrumental exhibida en el acto, el denunciante nuevamente impulsó la querella, la cual fue nuevamente rechazada por el a quo el 21 de noviembre del 2013. El 22 de julio de 2014 el Sr. Fiscal Federal N° I requirió la indagatoria de José Ernesto Paz por considerar que al desempeñarse como gestor de la empresa “YUHMAK” habría incurrido en hechos encuadrados dentro lo normado en el artículo 292 del Código Penal (fs. 396/398); lo cual fue rechazado el 20/10/2014 por el juez de grado (fs. 419).
Que el 19 marzo de 2015 el fiscal solicitó la realización de un peritaje caligráfico sobre los instrumentos en los que obraría la firma de José Ernesto Paz, lo que se concretó y tuvo lugar de acuerdo al informe incorporado a la causa en los folios 639/657 donde se afirmó que “d).- de los cotejos realizados entre los textos y cifras indubitables del sr. José Ernesto Paz obrantes en el cuerpo de escritura enviado con las escrituras y numeraciones (exceptuando las referidas en la conclusión ‘c’) dispuestas en la documentación ‘a’) no surgieron elementos gráficos de valor pericial que permitan establecer una misma procedencia caligráfica entre los grupos comparados”.
Continuó recordando el señor fiscal que en el escrito presentado el 4 de junio de 2015, el denunciante describió una serie de hechos nuevos e invocó participación de ley (fs. 635/638); y que el decreto fechado el 24/07/2015 no hizo lugar a lo peticionado atento a que no reviste calidad de parte (fs. 659).
Que el 2 de febrero de 2016, el fiscal postuló la incompetencia del fuero de excepción debido a que la falsificación de los instrumentos en cuestión no significó un compromiso del interés federal. Sobre esta cuestión el magistrado resolvió el 9 de marzo del 2016: “I) DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este Juzgado Federal n° II para entender en presente causa, en razón de la materia (arts. 33 inc. 1, 35, 37 y concs. del CPPN), en mérito a las consideraciones expuestas precedentemente; II) NOTIFICAR Y REMITIR la presente causa al Juzgado de Instrucción de la I Nominación de los Tribunales de la Provincia de Tucumán, invitando a su titular a plantear la cuestión de competencia ante el superior común en caso de disconformidad con lo aquí resuelto” (fs. 716/717).
Que en línea con el dictamen fiscal, el juez de Instrucción Ia. Nominación del Centro Judicial Capital dispuso “I) DISCREPAR con la inhibitoria formulada por el Señor Juez del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán a fs. 716/718, y consecuentemente, declarar la INCOMPETENCIA MATERIAL de este Fuero Provincial para entender en los presentes autos, conforme lo antes considerado y lo normado por el Art. 33 Inc. c) del Código Proc. Penal de la Nación y demás normativa enunciada; II) VUELVAN las presentes actuaciones al Juzgado remitente para su prosecución, conforme lo dispuesto por la normativa ritual federal (Arts. 44, 49 inc. a) y 51 CPCCN)”. Posteriormente, mediante la providencia del 4 de agosto del 2016, los autos fueron elevados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 724).
Mientras tanto, con fecha 6 de septiembre de 2016, Palavecino se presentó denunciando nuevos hechos, a la vez que peticionó nuevamente el rol de querellante. En consecuencia, el 8 de septiembre del 2016 el fiscal de instrucción solicitó que se le conceda a Palavecino el rol de querellante en la presente causa, por el delito que surja de la presente investigación (fs. 756).
Que al expedirse sobre la cuestión de competencia planteada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió “Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador fiscal a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Federal n° 2 con asiento en la Provincia de Tucumán, al que se le remitirá…” (fs. 814). Es así, que tomada razón de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se procedió a remitir el legajo al fuero de excepción (fs. 816).
Radicada que fuera la causa por ante el Juzgado de Grado, se declaró, el 9 de junio de 2017, la nulidad de lo actuado ante la Justicia Ordinaria tal como establece el artículo 36 del CPPN. Esta disposición alcanzó, entre otras disposiciones, al otorgamiento del rol de querellante sobre lo que el a quo expresó “…cabe dejar sentado que el rol de querellante concedido respecto del denunciante –además de ser nulo lo expuesto- fue realizado por una representante del Ministerio Público Fiscal, siendo un acto netamente jurisdiccional…” (fs. 822); lo cual fue apelado por Palavecino, y rechazado por el magistrado instructor (fs. 829). Luego, el 6 de octubre del 2017, el Sr. Juez de Grado dispuso “I). DECLARAR la prescripción de la acción penal de conformidad al art. 59 inc. 3 del Código Penal, y en consecuencia DISPONER el SOBRESEIMIENTO de José Ernesto Paz, de las demás condiciones obrantes en autos, en merito a las consideraciones expuestas precedentemente y de conformidad al art. 336 inc. 1° del Código Procesal Penal de la Nación…”; acto este que fue apelado por el denunciante y que corrió con la misma suerte que el anterior, lo que motivó que Palavecino presentara sendos recursos de queja por apelación denegada.
Por otro carril, en el expediente por el que se presentó queja por casación denegada, autos “PALAVECINO GUSTA- VO ALEJANDRO POR SU DENUNCIA- RECURSO DE QUEJA” (expte. FTU 15977/2012/2/RH1), puede constatarse que Gustavo Palavecino, el 4 de agosto de 2017, interpuso recurso de queja por apelación denegada en contra de la resolución que denegó la apelación interpuesta. El 15 de agosto de 2017 obra el decreto de la Cámara que tuvo por interpuesto el recurso y requirió el informe de ley. Y, el 14 de agosto de 2017, Palavecino acompañó una copia de queja por apelación denegada y solicitó la urgente adhesión del Fiscal General.
Que el 15 de agosto 2017, esa Fiscalía General solicitó intervención, ante la posibilidad de un planteo de prescripción, y que se corra vista a esa Fiscalía; a lo que, el 18 de agosto de 2017, la Cámara hizo lugar. El 9 de junio de 2017, se resolvió “conforme lo establece el art. 36 del CPPN, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado ante la Justicia Ordinaria, pues no se trata de actos reproducibles, tal como lo establece la norma mencionada. Además, cabe dejar sentado que el rol de querellante concedido respecto del denunciante –además de ser nulo por lo expuesto- fue realizado por una representante del MPF, siendo un acto netamente jurisdiccional, además de haber sido analizado en los términos de un Código Procesal distinto al que rige en este fuero de excepción”.
El 27 de junio de 2017, el denunciante propuso medidas e interpuso recurso de apelación, solicitudes que fueron rechazadas por no revestir carácter de parte.
Finalmente, se informó que los autos se encontraban en trámite de prescripción de la acción penal; el día 4 de septiembre de 2017 se notifica al fiscal general el informe de ley y el 6 de septiembre de 2017 se presentó el Dictamen N° 474/17 por el cual el fiscal sostuvo que correspondía revocar el rechazo del recurso de apelación y, en consecuencia, concederlo, continuando el trámite del rol de querellante. Que el 31 de octubre de 2017, ese ministerio fiscal se expidió sobre la validez de los actos concretados en el fuero ordinario y peticionó la acumulación de los autos “Palavecino, Gustavo Alejandro s/su denuncia”, expediente N° 15977/2012/3/RH2; y, el 23 de mayo de 2018, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió: “I) DESESTIMAR los recursos de queja por apelación denegada, conforme se considera, y devolver las presentes actuaciones al juzgado de origen”. El recurso de casación interpuesto el 11 de junio de 2018 por el fiscal general, también fue rechazado, lo que motivó que ambos acusadores presentaran sendos recursos de queja por casación denegada; siendo que, el 21 de noviembre de 2019, esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por Gustavo Alejandro Palavecino por derecho propio, revocar la resolución impugnada y, en consecuencia, tener por parte querellante a Gustavo Alejandro Palavecino; y remtir la causa al tribunal de origen a fin de que se pronuncie respecto del recurso de apelación interpuesto contra la resolución obrante a fs. 843/845 vta. de conformidad a las pautas sentadas.
Que, una vez radicadas las actuaciones en la jurisdicción de Tucumán, la Cámara Federal de Apelaciones, el 7 de octubre de 2020, revocó la resolución del Juez Federal N° 2 que declaraba extinguida la acción penal por prescripción y ordenaba el sobreseimiento de José Ernesto Paz (fs. 866/872). Que, a fs. 898/903 obra presentación de la querella en la que recusa al fiscal doctor Camuña, lo cual, luego del trámite pertinente, culminó con la comunicación de fecha 18 de octubre de 2021 por la que se informa que el Dr. Chit asumió funciones como subrogante en la Fiscalía Federal N° 2. A fs. 952/953, la querella informó el fallecimiento de José Ernesto Paz, adjuntó copia del acta de defunción, y, asimismo, solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria a Antonio Oscar Mahtuk, Gloria María Araujo, María Estela Haddad de Longo, Raúl Arturo Jimenez Iguacel, Silvia Ruth Perez Lopez, Esteban Franco Ramírez y a Silvia Patricia Diaz, conforme los hechos que allí se describen y que fueran expuestos en diversas presentaciones anteriores.
De dicha presentación se corrió vista al Sr. Fiscal Federal, quien consideró prematura la citación de las personas mencionadas y, mediante el dictamen de fs. 981/983, solicitó que se declare extinta la acción penal por prescripción.
A fs. 1013/1019, el querellante solicitó la recusación del Dr. Poviña como Juez Federal N° 2, quien resolvió, en fecha 09/02/2023, rechazar tal petición y decidió inhibirse por razones de decoro y delicadeza (fs.1024/1028); a fs. 1029/1031 obra presentación de Antonio Oscar Mahtuk, quien solicitó que se resuelva su sobreseimiento.
Que, el 27 de junio del 2023, el Juez de Grado dispuso declarar extinguida la acción penal por prescripción atento a lo normado por los arts. 59 inc. 3° y 62 inc. 2° del Código Penal; lo cual fue apelado por el querellante. Y, el 19 de marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones de Tucumán resolvió declarar extinguida la acción penal por violación del plazo razonable, lo que ahora se impugna ante esta instancia. Luego de efectuar un pormenorizado repaso de lo actuado en el proceso, sostuvo el señor fiscal que basta realizar un estudio exhaustivo de todas las actuaciones para advertir que, a todas luces, nos encontramos ante una causa que no ha lesionado garantía alguna por exceder la razonabilidad del plazo de una investigación. Y que si bien es cierto que se trata de una causa iniciada el 30 de agosto de 2011, es decir, hace más de doce años, a lo largo de ese tiempo se ha producido la prueba suficiente para citar a prestar declaración indagatoria a los siete imputados por los delitos denunciados originalmente. Pero que lo que produce una demora injustificable son decisiones como la aquí recurrida.
Precisó que del análisis desarrollado resulta que sí se trata de una causa compleja, ya que la investigación tiene numerosos imputados, quienes habrían cometido gran cantidad de delitos ligados con la adulteración instrumentos públicos, falsificación de firma, falsificación y utilización de sello profesional, conforme los términos del artículo 292 del Código Penal. Recordó al efecto que la presunta maniobra ilícita habría consistido en la realización de trámites –inscripciones iniciales, transferencias, inscripciones de prendas, entre otros- por ante el Registro Nacional del Automotor, en los que se habrían impostado firma y sellos falsos; y que a lo largo del proceso se dieron una serie de cuestiones que fueron ignoradas en la decisión impugnada (como ser: el conflicto de competencia negativa acaecido entre justicia provincial y federal que culminó en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los planteos recursivos interpuestos ante resoluciones arbitrarias por parte de los magistrados de primera y segunda instancia de los estrados federales de Tucumán, las cuales debieron ser salvadas por tribunales superiores). Y que tampoco pueden ignorarse los numerosos pedidos de citación a indagatoria por parte de Palavecino (no concedidos), la gran cantidad de “prontos despacho” interpuestos tanto por la querella como por ese Ministerio Fiscal, los constantes pedidos de recomendación para que los magistrados impriman mayor celeridad al proceso a los fines de evitar dilaciones innecesarias y el tiempo que demoró la cámara de la anterior intancia en resolver las apelaciones presentadas. Alegó que todo lo expuesto, teniendo en cuenta la fe pública depositada en un Registro de Propiedad Automotor no puede ser ignorado para resolver la cuestión; dado que si bien la razón principal de esta forma pretoriana de extinción de la acción penal tiene como objetivo que los operadores judiciales efectúen un trabajo certero y dirimente, ajustándose a los tiempos procesales, la búsqueda de ese efecto no puede transitar exclusiva y excluyentemente por caminos que dejen desprovista a la sociedad y a la víctima de cualquier tipo de contemplación de sus derechos a conocer la verdad, a que se sancione a los culpables y a obtener una reparación patrimonial en caso que así lo ameriten las circunstancias.
En virtud de lo expuesto, solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, que se revoque la decisión impugnada y se ordene al magistrado instructor la continuación del trámite del proceso según su estado. Hizo reserva del caso federal.
V. Transcurrida la etapa prevista en los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de la Nación; en la oportunidad dispuesta por los artículos 465, último párrafo y 468 del Código Procesal Penal de la Nación compareció el 10 de octubre, mediante el sistema de videoconferencia, el doctor Gustavo Alejandro Palavecino, por derecho propio, como parte querellante, quien hizo uso de la palabra y presentó breves notas, reiterando, en lo sustancial, los planteos efectuados en el recurso de casación interpuesto.
VI. Superada dicha etapa procesal, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo resultó el siguiente orden de votación: Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Los recursos de casación presentados resultan admisibles toda vez que han sido oportunamente interpuestos por quienes se encuentran legitimados para hacerlo (arts. 458 y 460 del C.P.P.N.), contra una resolución que pone fin al proceso en tanto declara extinguida la acción penal y sobresee en consecuencia a los imputados (artículo 457 del C.P.P.N.); y los agravios planteados encuadran en los motivos previstos por el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación y han sido suficientemente fundados (art. 463 del C.P.P.N.).
II. Por mayoría, los jueces de la anterior instancia, luego de efectuar una referencia a lo actuado durante el trá- mite de la causa, evaluaron, en definitiva, que no se advierte que la causa pueda ser clasificada como compleja, debido a que desde el inicio de su tramitación solo se investigó un hecho (falsificación de la firma y sello de Gustavo Palavecino), se identificaron siete imputados y no se introdujo ningún medio de prueba que requiera un esfuerzo sustancial más allá de lo común en la fase probatoria.
Concluyeron que se aprecia una conducta morosa imputable al Estado en el desarrollo de este proceso que no encuentra justificación y que lesionó el derecho fundamental de los imputados a ser juzgados sin dilaciones indebidas. En consecuencia, resolvieron la extinción de la acción penal y sobreseyeron a los imputados.
Contra esa decisión la parte querellante y el Ministerio Público Fiscal presentaron sendos recursos de casación por considerar que la decisión pronunciada se sustenta en una arbitraria aplicación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable; y en clara afectación del derecho constitucional de tutela judicial efectiva de la víctima, reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antaño (cfr.: el fallo “Otto Wald”, Fallos: 268:266), y del acceso a la jurisdicción consagrado implícitamente por el artículo 18 de la C.N. y reconocido en los arts. 8, párrafo primero, de la CADH y 14.1 del PIDCyP (cfr. C.N.C.P., Sala IV: causa Nro. 335, “SANTI- LLÁN, Francisco s/XX”, Reg. Nro. 585, rta. El 15/5/96; y CSJN: Fallos: 321:2021).
III. En primer lugar, y en relación a la cuestión sometida a análisis de esta instancia, cabe efectuar un repaso de lo sustancialmente obrado en este proceso desde su inicio. La denuncia fue presentada por Gustavo Palavecino el 30 de agosto del 2011 ante la fiscalía de instrucción y ratificada el 8 de marzo de 2012; el 19 de marzo del 2012 el juez de instrucción penal de la Segunda Nominación dispuso declarar la incompetencia en razón de la materia y remitir las actuaciones al juzgado federal que corresponda; y el Juzgado Federal N° II de Tucumán envió el expediente al fiscal federal en los términos del artículo 196 del CPPN ( el 29 de marzo de 2012), quien citó al denunciante a prestar declaración de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 239 del CPPN. Entonces, el 16 de abril del 2012, Palavecino expresó que realizó trabajos como gestor para la empresa “YUHMAK” y que durante el año 2008 advirtió trámites que fueron presentados con firmas y sellos que no le pertenecían (fs. 109).
Los días 2 de mayo, 1 de junio, 31 de junio y 5 de octubre de 2012 la fiscalía requirió que se librara oficio a los registros Tucumán “A”, “B” y “C” de motovehículos, con el objeto de que se remitieran los formularios N° 03 y N° 02 sobre diferentes dominios; y asimismo requirió múltiples legajos de motovehículos a los Registros de Propiedad Automotor y Motovehículos, Seccional “B” de tucumán y Seccional Yerba Buena. El 19 de diciembre de 2012 el fiscal recibió declaración testimonial a Palavecino y el 27 de diciembre de 2012 se procedió a la toma de cuerpo de escritura al denunciante. El 18 de marzo del año 2013, Palavecino se presentó y promovió querella, lo que fue rechazado por el juez federal interviniente al considerar que los hechos denunciados no implicaron algún daño particular y directo al presentante; solicitud que fue reiterada y nuevamente rechazada el 21 de noviembre de 2013 luego de celebradas diversas audiencias testimoniales que tuvieron en común que los deponentes (empleados de “YUHMAK”) describieron el procedimiento de registración de vehículos y negaron la pertenencia de sus firmas en la instrumental exhibida en el acto.
En el interín, el 9 de abril de 2013 se remitió el peritaje efectuado con la finalidad de verificar si las firmas en los formularios 03 correspondían a Palavecino.
El 30 de septiembre de 2013 el fiscal citó a prestar declaración testimonial a cuatro personas, las que declararon los días 25 de octubre y 8 de noviembre de 2013.
El 23 de diciembre de 2013 se concedió el recurso de apelación interpuesto por Palavecinio en contra de la decisión que le había denegado el rol de querellante.
El 4 de junio de ese año el fiscal solicitó a la firma Yuhmak S.A. que informe quienes fueron los gestores de esa empresa por ante los Registros de Motovehículos de Tucumán y de Yerba Buena durante los años 2009 y 2011; el 28 de agosto de 2014 se agregaron los cuerpos de escritura junto con los informes periciales respectivos, y originales de legajos y formularios relativos a diferentes motovehículos.
El 20 de octubre de 2014 el juez rechazó el pedido de llamado a indagatoria de José Ernesto Paz, solicitado por el fiscal por considerar que al desempeñarse como gestor de la empresa “YUHMAK” habría incurrido en hechos encuadrados dentro lo normado en el artículo 292 del Código Penal (fs. 396/398). El 19 marzo de 2015 el fiscal solicitó la realización de un peritaje caligráfico sobre los instrumentos en los que obraría la firma de José Ernesto Paz en los formularios 03, que informó que no surgieron elementos gráficos de valor pericial para así determinarlo; y el 4 de junio de 2015 el denunciante describió una serie de hechos nuevos e invocó participación de ley, lo cual fue rechazado en julio de 2015 por el tribunal porque Palavecino no reunía la calidad de querellante.
El 2 de marzo de 2016 el juez de primera instancia declaró la incompetencia del fuero de excepción (debido a que la falsificación de los instrumentos en cuestión no significó un compromiso del interés federal) y la remisión de la causa a la justicia de instrucción; el juez de instrucción discrepó y dispuso la incompetencia material de la justicia provincial para entender en el caso y, el 4 de agosto de 2016, elevó las actuaciones a la Corte Suprema.
El 6 de septiembre de 2016 Palavecino se presentó denunciando nuevos hechos, a la vez que peticionó nuevamente el rol de querellante y el 8 de septiembre del 2016 el fiscal de instrucción solicitó que se le conceda a Palavecino el rol de querellante en la presente causa “por el delito que surja de la presente investigación”.
La Corte Suprema, el 30 de noviembre de 2016, resolvió que debía entender en las actuaciones el Juzgado Federal n° 2 con asiento en la Provincia de Tucumán; cuyo juez declaró, el 9 de junio de 2017, la nulidad de lo actuado ante la justicia ordinaria con cita del artículo 36 del CPPN, incluyendo el otorgamiento del rol de querellante realizado por el fiscal. Esta decisión fue apelada por Palavecino y luego rechazada.
El 6 de octubre del 2017 el magistrado instructor dispuso declarar la prescripción de la acción penal y sobreseer a José Ernesto Paz, lo que fue apelado por el denunciante y rechazado, y motivó que Palavecino presentara sendos recursos de queja por apelación denegada.
A su vez, en el expediente por el que se presentó la queja por casación denegada (autos “PALAVECINO GUSTAVO ALEJAN- DRO POR SU DENUNCIA- RECURSO DE QUEJA” -expte. FTU 15977/2012/2/RH1-), surge que Gustavo Palavecino, el 4 de agosto de 2017, interpuso recurso de queja por apelación denegada en contra de la resolución que denegó la apelación interpuesta; la Cámara tuvo por interpuesto el recurso y requirió el informe de ley; y el 14 de agosto de 2017 Palavecino acompañó una copia de la queja por apelación denegada y solicitó la urgente adhesión del Fiscal General.
El 15 de agosto 2017, el fiscal general solicitó intervención, ante la posibilidad de un planteo de prescripción. El 27 de junio de 2017, el denunciante propuso medidas e interpuso recurso de apelación, solicitudes que fueron rechazadas por no revestir carácter de parte. El 23 de mayo de 2018 la Cámara Federal de Tucumán resolvió desestimar los recursos de queja por apelación denegada; y el 11 de junio de 2018 también se rechazó el recurso de casación interpuesto por el fiscal general, lo que motivó que ambos acusadores presentaran sendos recursos de queja por casación denegada. El 21 de noviembre de 2019 esta Sala IV resolvió hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por Gustavo Alejandro Palavecino por derecho propio, revocar la resolución impugnada, tener por parte querellante a Gustavo Alejandro Palavecino y remitir la causa al tribunal de origen a fin de que se pronuncie respecto del recurso de apelación interpuesto contra la resolución obrante a fs. 843/845 vta. de conformidad a las pautas sentadas.
Una vez radicadas las actuaciones la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, el 7 de octubre de 2020, revocó la resolución del Juez Federal N° 2 que declaraba extinguida la acción penal por prescripción y ordenaba el sobreseimiento de José Ernesto Paz (fs. 866/872).
El 12 de febrero de 2021 la querella solicitó diversas medidas de prueba; y, posteriormente, recusó al fiscal interviniente, lo que culminó con la comunicación del 18 de octubre de 2021 por la que se informó que el Dr. Chit asumió funciones como subrogante en la Fiscalía Federal N° 2. La querella informó el fallecimiento de José Ernesto Paz, adjuntó copia de acta de defunción, y, asimismo, el 6 de junio de 2021 solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria a Antonio Oscar Mahtuk, Gloria María Araujo, María Estela Haddad de Longo, Raúl Arturo Jimenez Iguacel, Silvia Ruth Perez Lopez, Esteban Franco Ramírez y a Silvia Patricia Diaz, conforme los hechos que allí describió y que fueran expuestos en diversas presentaciones anteriores; lo cual fue también pedido el 1 de febrero de 2022, lo que motivó una nueva vista al fiscal el 11 de marzo de 2022; pero, finalmente, el fiscal federal consideró prematura la citación de las personas mencionadas y solicitó que se declare prescripta la acción penal. El querellante recusó al juez federal quien, el 9 de febrero de 2023, decidió inhibirse por razones de decoro y delicadeza.
El 27 de junio del 2023 el juez interviniente dispuso, nuevamente, declarar extinguida la acción penal por prescripción atento a lo normado por los arts. 59 inc. 3° y 62 inc. 2° del Código Penal; lo cual fue apelado por el querellante; y, el 19 de marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones de Tucumán resolvió declarar extinguida la acción penal por violación del plazo razonable, lo que ahora se impugna ante esta instancia.
Esta Sala IV examinó el presente proceso y, el 21 de noviembre de 2019, resolvió hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal (fs. 36/53) y por Gustavo Alejandro Palavecino por derecho propio (fs. 186/192 vta.), revocar la resolución entonces impugnada, tener por parte querellante a Gustavo Alejandro Palavecino y remitir la causa al tribunal de origen a fin de que se pronuncie respecto del recurso de apelación interpuesto contra la resolución obrante a fs. 843/845 vta. por la que el juez instructor había declarado la prescripción de la acción penal de conformidad a las pautas sentadas (cfr.: Reg. Nro. 2348/19.4). Al votar en primer lugar, consideré al efecto que la alegación de los recurrentes, quienes sostuvieron en lo sustancial que los sucesos que integran el objeto procesal de autos hacen a maniobras de falsificación de la firma y sello del señor Palavecino como abogado, en diversos documentos presentados en el marco de operaciones comerciales de registración que efectuaron empresas del rubro por ante el Registro Nacional del Automotor (patentamiento de moto vehículos, inscripciones iniciales, transferencias, inscripciones de prendas, entre otros, en varios casos mediante la utilización de facturas falsas), y en los que habrían participado, según la denuncia efectuada, los titulares de -al menos- tres registros del automotor, resultaba suficiente para concluir que Palavecino reúne en este caso la calidad de particular ofendido o perjudicado.
Ello, por cuanto no podía descartarse el perjuicio que, en las condiciones expuestas, le irrogaron las referidas maniobras que se imputan cometidas, valiéndose de la falsificación de la firma y el sello del abogado Palavecino en los numerosísimos trámites registrables mencionados (más de 100.000, según lo alega el recurrente), y ante tres registros del automotor diferentes de la provincia de Tucumán. En segundo término, evalué que la señalada imputación sobre la intervención en los hechos de al menos tres personas, que se desempeñaban como titulares de los respectivos registros del automotor (Gloria María Araujo -titular del Registro Automotor de Yerba Buena-, María Estela Haddad de Longo -titular del Registro del Automotor A- y Arturo Raúl Jimenez -titular del Registro del Automotor B-), en el ejercicio de las funciones de carácter público pertinentes, conllevaba la conclusión de que el curso de la prescripción se habría suspendido para todos los imputados mientras que cualquiera de aquéllos continuara ejerciendo las funciones de ese carácter (art. 67, segundo párrafo, del C.P.). Conclusión a la que me remito ahora en lo pertinente a la declaración de prescripción efectuada por el juez instructor.
Sostuve que a los efectos del derecho penal el concepto de funcionario público se encuentra determinado por el ejercicio de funciones o tareas de carácter público, circunstancia esta que constituye la clave para atribuir esa calidad al agente (cfr.: la doctrina que ya he tenido oportunidad de desarrollar en diversos precedentes de esta Sala IV, in re: “Badino” y “Salem” citadas por el doctor Borinsky, y anteriores: causa Nro. 11.037: “Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación”, Reg. 12.443, rta. el 9/10/2009; causa Nro. 11.223: “Feijoo, Ariel y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4/11/2009; causa Nro. 11.444: “De Aparici, Josefina s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.868, rta. el 30/12/99; causa Nro. FRO 74028646/2006/CFC1: “Ferreyra, Antonio por defraudación contra la administración pública”, Reg. Nro. 242.16; “ESQUIVEL, Ángel s/recurso de casación”, reg. nro. 879/12, rta. el 24/5/2012 y Causa nº 1415/2013, caratulada “ALSOGARAY, María Julia y otros s/rec. de casación”, registro nº 1802.14.4, rta.9/09/14; y causa Nro. FRE 1753/2015/ CFC1: “Sosa Juan Carlos s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1037/19.4, rta. el 27/05/19; entre muchas otras).
Y que los nombrados, en el ejercicio de dichos cargos como titulares de los respectivos registros de propiedad automotor, prestaban funciones en la Administración Pública Nacional, ya que dependen de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios; circunstancia que había sido ignorada por el juez de la causa en la resolución obrante a fs. 843/845 vta. de los autos principales.
Resalté que el fundamento de la normativa legal parte de la conculcación del mayor compromiso del funcionario público que el ejercicio de sus facultades conlleva, y, como contracara, un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas, toda vez que existe una expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos (Convención Interamericana contra la Corrupción – arts. VI, VIII, IX y XI, aprobada por ley Nro. 24.759; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por ley Nro. 26.097; y ley de Ética Pública, nº 25.188). Ese aspecto sustancial del caso juzgado ya fue tratado por la cámara de a quo en su oportunidad (en fecha 7 de octubre de 2020) y como consecuencia de lo dispuesto por esta Sala IV (cfr. Reg. 2348.19.4., del 21 de noviembre de 2019), como se destaca en el voto en disidencia en la resolución que ahora se impugna, al revocar la declaración de prescripción entonces dispuesta por el juzgado que instruía el proceso. Y no puede ser ignorado en esta oportunidad en la que se analiza si el tiempo del proceso transcurrido, con las particularidades señaladas por ambos acusadores, ha sido irrazonable al punto de justificar la extinción de la acción penal.
IV. Ahora bien, de conformidad a los principios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el plazo razonable que garantizan la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos ha de ser determinado judicialmente en cada litigio, tomando en consideración los rasgos particulares del caso concreto. Ya que la propia naturaleza de la garantía impide determinar con precisión a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse, pues la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años. A la luz de la doctrina judicial vigente de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 272:188, 300:1102, 333:1987, 322:360, 327:327, 332:1512, y 334:1302, entre otros), del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias en los casos: "König" del 28 de junio de 1978, "Neumeister" del 27 de junio de 1968, y “Calleja v.
Malta, del 7 de abril de 2005, párrafo 123) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Suarez Rosero”, sentencia del 12/09/1997; caso “Genie Lacayo”, sentencia del 29/01/1997), se identifican entonces algunos parámetros que deben ser apreciados a los fines de analizar la duración del proceso. Estos son: a) la complejidad del caso, b) la conducta del inculpado, c) la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Es decir que, si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve (cfr.: C.I.D.H.: caso “Valle Jaramillo”, Serie C nº 192, sentencia del 27/11/2008, párr. 155 y caso “Kawas”, Serie C nº 196, sentencia del 3/04/2009, párrs. 112 y 115; Caso “Forneron e hija vs.
Argentina. Fondo, reparaciones y costas”. Sentencia de 27 de abril de 2012; Caso “Furlan y Familiares vs. Argentina”; y, en extenso, mis votos en causa Nro. 7291: “Mitar, Raúl s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 10.593, rta. el 24/6/08; Nro. 8640: “Mancinelli, Mario J. s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 10.798, rta. el 3/9/08; y Nro. 7434: “Musante, Florentino Amador s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 588.12, rto. el 18/4/2012; entre otras). De la lectura de las constancias obrantes en el trá- mite de este proceso, resulta que la parte querellante ha impulsado de modo constante su pretensión de que se investigue a los imputados de haber cometido las maniobras delictivas perpetradas en perjuicio suyo y del Estado, y en relación a numerosos trámites registrales (más de 100.000), en los que habrían intervenido al menos tres funcionarios en el ejercicio de sus funciones y en tres registros del automotor distintos.
En efecto, desde el incicio de las actuaciones el denunciante requirió el avance de la investigación e insistió de modo constante en su requerimiento de ser tenido por parte querellante, lo cual le fue sistemáticamente denegado hasta la intervención de esta Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2019. Justamente, al emitir mi voto en el fallo dictado por esta Sala, concluí que el recurso de apelación interpuesto por Palavecino respecto a dicha resolución había sido rechazado como consecuencia de habérsele negado de modo arbitrario su intervención en el proceso como parte querellante; y que a la falencia apuntada se sumó que había ignorado la Cámara Federal de Tucumán que a sendos recursos de apelación interpuestos por Palavecino, había adherido en la anterior instancia el señor Fiscal General –conforme lo dispone el artículo 453 del C.P.P.N.- (cfr. fs.75/79).
A esa decisión que, el 23 de mayo de 2018, con fundamentos arbitrarios había denegado -varios meses después de interpuestos- los recursos de apelación que había presentado Palavecino en junio y octubre de 2017, respectivamente, contra las resoluciones mediante las que el juez instructor declaró en ese entonces prescripta la acción penal y rechazó, una vez más, su legítima pretensión de constituírse en parte querellante, se sumó que -remitida que fue la causa por esta Sala IV a la instancia anterior- fue recién transcurrido casi un año que la Cámara de a quo, el 7 de octubre de 2020, revocó la resolución del Juez Federal N° 2 que declaraba extinguida la acción penal por prescripción y ordenaba el sobreseimiento de José Ernesto Paz (fs. 866/872).
A continuación, el querellante volvió a insistir en su solicitud de que se citara a indagatoria a los imputados, la que fue rechazada nuevamente; y el fiscal de grado, a su vez, volvió a solicitar la prescripción de la acción penal. Finalmente, y pese a lo resuelto por la cámara a quo -que ya había revocado un año antes la decisión de declarar prescripta la acción-, en el año 2023 el juez instructor volvió a resolver la extinción de la acción penal por prescripción, lo que, apelado por la querella y por el Ministerio Pú- blico Fiscal (representado en ese momento por el fiscal general ante la anterior instancia), fue confirmada casi ocho meses después mediante la resolución objeto de los recursos de casación presentados por las partes acusadoras, pero, esta vez, con el argumento del transcurso del plazo razonable de juzgamiento.
Ahora bien, de todo lo expuesto y a partir de un estudio integral de las particulares constancias de la causa a la luz de los mencionados estándares, resulta que la resolución impugnada no evidencia, en base a un análisis concreto y completo de todas las circunstancias del caso, que se hubiere producido una irrazonable dilación en el trámite del proceso que justifique la dispuesta extinción de la acción penal. Es que, en cuanto a la naturaleza de los delitos investigados, la hipótesis delictiva (hechos más calificación jurídica) se basó en la presentación de numerosos formularios con firmas y sello falsos ante varios registros de propiedad automotor, lo que implica una serie de actos delictivos continuados y coordinados. La imputada falsificación de esa elevada cantidad de documentos públicos y la participación de funcionarios públicos añade un nivel de gravedad y complejidad al caso.
A su vez, la necesidad de efectivizar diversas medidas de prueba, tales como la recepción de testimonios de distintas personas y la realización de cuerpos de escritura y peritajes caligráficos, requiere tiempo y coordinación significativa. Estos procedimientos son técnicamente complejos y su ejecución precisa minuciosidad para asegurar la validez y fiabilidad de las pruebas obtenidas.
En definitiva, no puede ignorarse que las características de las maniobras imputadas demandaron una investigación que necesitó de la recepción de declaración a varios testigos, la conformación de cuerpos de escritura y la realización de peritajes por parte del Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina en distintas oportunidades, la paulatina remisión de numerosos formularios y legajos por parte de tres registros de la propiedad automotor implicados, y la solicitud de informes a la empresa “Yuhmak S.A.” -involucrada- a fin de determinar quiénes se desempeñaban como gestores en los años en que habrían tenido lugar los muchos hechos delictivos objeto de la pesquisa. Todo lo cual permite verificar la configuración de un caso cuya complejidad no puede descartarse. En tal sentido, la apreciación efectuada por el a quo en cuanto menciona de modo abstracto que en esta causa “solo se investigó un hecho (falsificación de la firma y sello de Gustavo Palavecino)” lejos está de corresponderse con la imputación formulada, reitero, a varias personas (integrantes de la empresa YUMAK S.A. y otros que revestían la calidad de funcionarios públicos), y en relación a los numerosísimos trámites registrables realizados (más de 100.000, según lo alega el recurrente) ante tres registros de propiedad automotor de la Pcia. de Tucumán.
Como lo adelanté, no puede olvidarse que la ley de fondo prevé un sistema de suspensión de la prescripción de la acción para estos casos, lo que implica un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas cuando se impute la intervención de funcionarios públicos en los hechos delictivos juzgados, y, como dije, una expectativa de la sociedad de sentirse resguardada de tales abusos (cfr. las convenciones interamericana y de la ONU contra la corrupción así como la Ley de Ética Pública, ya citadas). En este aspecto es pertinente considerar que el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable debe equilibrarse con el interés de la víctima y el de la sociedad en la correcta administración de justicia, especialmente cuando se trata de delitos que habrían sido cometidos por funcionarios públicos. Estos delitos no solo afectan a las víctimas directas, sino que también erosionan la confianza pública en las instituciones y en el estado de derecho y de allí la importancia de considerar el interés de la víctima y de la sociedad en la prosecución de causas penales y su derecho a que los delitos sean investigados y juzgados debidamente, especialmente en casos de corrupción y delitos cometidos por funcionarios públicos.
Por ello, corresponde concluir que la duración de este proceso no ha resultado violatoria del derecho de juzgamiento en un plazo razonable.
V. En virtud de todo lo expuesto, propicio que se haga lugar a los recursos de casación interpuestos por la parte querellante y el Ministerio Público Fiscal, y que se revoque la resolución impugnada y su antecedente necesario por los que se resuelve la extinción de la acción penal incoada en el presente proceso, y que se remita la causa al tribunal a cargo de la instrucción del presente proceso -con nota a la cámara de origen- para que a la brevedad continúe con el trámite del proceso. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Por coincidir en lo sustancial con las consideraciones expuestas en el voto del distinguido colega que lidera el Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, estimo que asiste razón a los recurrentes en cuanto a que la resolución impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente conforme las constancias de la causa y se impone su descalificación.
Como juez de la Sala IV de esta Cámara Federal de Casación Penal, he tenido oportunidad en reiteradas ocasiones de poner de resalto los parámetros que deben meritarse al analizar la garantía a ser juzgado en un plazo razonable (cfr., en lo pertinente y aplicable, causa FSM 853/2011/TO1/CFC1 “Iglesias, Lucas Ezequiel s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1124/19.4, rta. el 04/06/2019 y sus citas; FBB 22000231/2000/TO1/4/CFC1 “Montes, Pedro Alberto y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 845/20.4, rta. el 18/06/2020; FCB 91011907/2007/TO1/2/CFC1 “Porras, Pedro Marcelo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1598/21, rta. el 1/10/2021; FMP 32003250/2001/1/CFC1 “Incidente N° 1 - Denunciante: Daleo, Gustavo y otro s/ incidente de prescripción de la acción penal”, Reg. Nro. 1809/2021, rta. el 2/11/2021, entre otras) y, de la Sala III de esta CFCP ver causa FCB 3818/2014/CFC2 “Salamone, Mario José y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1477/2022, rta. el 26/10/22. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Salgado” (Fallos: 332:1512), recordó que el alcance del derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, reconocido a partir de los precedentes “Mattei” (Fallos: 272:188) y “Mozzatti” (Fallos: 300:1102) cuando la excesiva duración del proceso puede resultar irrazonable y la prescripción aparece como medio idóneo para consagrar efectivamente esa garantía (conf. Fallos: 323:982; 327:327 y 4815 y causa C.2625. XL “Cabaña Blanca S.A. s/infracción a la ley 23.771 —causa Nº 7621-”, rta. el 07/08/07), “se encuentra limitado, por supuesto, a la demostración por parte de los apelantes de lo irrazonable de esa prolongación (Fallos: 330:4539 y sus citas) pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos y, precisamente, ‘la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible’” (con cita de la Causa P. 1991, L. XL, ‘Paillot, Luis María y otros s/contrabando’, rta. 01/04/09, voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni).
En tal dirección, el Máximo Tribunal resaltó que el derecho a ser juzgado sin dilaciones no puede traducirse en un número específico de días, meses o años (Fallos 322:360, 327:327). Por ello, el juez debe evaluar en cada caso concreto ciertas pautas de razonabilidad, que revelen si efectivamente se ha violado de un modo palmario e injustificado a la garantía consagrada por los arts. 8.1 de la C.A.D.H. y 14.3.c del P.I.D.C.yP.
En esta tarea, debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos –cuya jurisprudencia constituye la guía para la interpretación de los preceptos convencionales (cfr. Fallos 319:1840, 323:4130, entre otros)— consideró que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el art. 8.1 de la C.A.D.H. “debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades en la conducción del proceso” (caso “López Álvarez vs. Honduras”, del 1 de febrero de 2006; cfr. precedente “Acerbo” en Fallos 330:3640, que se remite al dictamen del Procurador General).
Así lo ha recordado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Espíndola” (cfr. Fallos: 342:584 del 9 de abril de 2019 -a cuyos fundamentos y conclusiones, el Máximo Tribunal se remitió recientemente en el fallo “Véliz” de fecha 19 de agosto de 2021-).
En el citado precedente “Espíndola”, el Más Alto Tribunal remarcó que “en línea con la jurisprudencia emanada de aquel Tribunal Europeo en el Caso Motta y Ruiz Mateos v. Spain, la Corte IDH ha dicho que la razonabilidad del plazo de un proceso debe atender a cuatro elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, párr. 77; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164; Caso Kawas Fernández vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 3 de abril de 2009, Serie C, n° 187, párr. 107; Caso Escué Zapata vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 4 de julio de 2007, Serie C, n° 165, párr. 26 y Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 149), y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, párr. 155 y Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164)”. En función de los extremos indicados precedentemente, se advierte que el tribunal a quo no analizó debidamente las circunstancias relevantes del caso, no puso énfasis en la hipótesis delictiva ni en la complejidad en la naturaleza de los delitos investigados y solo se limitó a la descripción del tiempo en que trascurrieron los distintos antecedentes de la causa, sin que siquiera se haya tomado declaración indagatoria a los denunciados.
En cuanto a esto último, el a quo no ha reparado en que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas opera recién a partir de que la persona es legitimada en forma pasiva en un proceso, es decir, cuando es llamada a ese acto procesal, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo juzgó en precedente FRO 51000473/2009/1/RH1, “N.N. s/delito anterior al sistema”, del 27 de septiembre de 2018 con remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, criterio que fue sostenido por el Máximo Tribunal en causa CPE 1409/2008/2/2/RH2, “Loro, Claudia Elena y otros s/ infracción ley 24.769” del 28 de junio de 2022, también con remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación.
Referido a ello, la Corte IDH, al ceñirse al concepto de “plazo razonable”, ha señalado que aquél comienza con el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable del delito (Corte IDH; “López Álvarez vs. Honduras” sentencia del 1 de febrero de 2006 y “Bayarri vs. Argentina”, sentencia del 30 de octubre de 2008; entre otros), con fundamento en que el principio de “plazo razonable” al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la CADH tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente (Corte IDH, “Suárez Rosero vs. Ecuador”, sentencia del 12 de noviembre de 1997). Sobre ese aspecto, he afirmado que el lapso temporal a tener en cuenta es el tiempo en que el imputado efectivamente estuvo sometido a proceso (cfr. voto del suscripto en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causas: CPE 990000104/2006/TO1/2/CFC2, “Grinschpun, Mario Jorge s/recurso de casación”, reg. 2353/15, rta. el 15/12/15 y FSM 1144/2008/TO1/2/CFC1, “Bustos, Mario s/recurso de casación”, reg. 2131/19, rta. el 24/10/19, y, Sala III, causa: CFP 15159/2017/1/CFC2, “Llaneza, Rubén Horacio s/ recurso de casación”, reg. 1828/22, rta. el 28/12/22).
En tal sentido, tal como afirma el colega preopinante, doctor Gustavo M. Hornos, la duración del presente proceso no se presenta como irrazonable, al punto tal que el único modo de subsanarlo sea por vía de la declaración de la extinción de la acción penal.
Por tanto, la mera alusión genérica al tiempo total de duración del trámite de la causa resultan insuficientes para sustentar la decisión del a quo. Más aún cuando el simple repaso de las actuaciones efectuado revelan el desajuste del presente caso respecto de los lineamientos establecidos por el Superior sobre la violación a la garantía de ser juzgado en plazo razonable (cfr. “Mattei” (Fallos: 272:188), “Mozzatti” (Fallos: 300:1102) y “Casiraghi” (Fallos: 306:1705) entre otros precedentes).
De esta forma, tal como sostienen la parte querellante -Gustavo Alejandro Palavecino- y el representante del Ministerio Público Fiscal en sus impugnaciones, se advierte que la resolución impugnada no ha sido fundamentada adecuadamente pues se sustentó en una arbitraria aplicación de la garantía en cuestión que, sumada a la omisión de brindar debido tratamiento al agravio oportunamente impetrado y por el que debía expedirse, esto es, la viabilidad de la prescripción de la acción declarada por el Juzgado instructor a la luz de los argumentos vinculados a la suspensión prevista en el art. 67, segundo párrafo, del C.P., obsta su consideración como acto jurisdiccional válido (arts. 123 del C.P.P.N.).
Por ello, considero que debe hacerse lugar a los recursos de casación interpuestos por la parte querellante y por el Ministerio Público Fiscal, anular la resolución impugnada y remitir la causa al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho. Sin costas en la instancia (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Comparto, en lo sustancial, las consideraciones vertidas por mis colegas preopinantes, en cuanto a que el a quo no ha dado motivos suficientes para sustentar la declaración de plazo razonable efectuada.
También coincido con quien me precede inmediatamente en la votación en cuanto a que los jueces de la mayoría, en la decisión impugnada, no se expidieron acerca de la materia que había habilitado su jurisdicción: la viabilidad de la prescripción de la acción declarada por el Juzgado Federal nº 1 de Tucumán a la luz de los argumentos vinculados a la suspensión prevista en el art. 67, segundo párrafo, del C.P. Es con relación a este segundo aspecto que considero que la decisión adolece de ausencia de fundamentación y omite el tratamiento de una cuestión conducente oportunamente planteada por los recurrentes –que se agraviaban de ello-, con el consecuente menoscabo del derecho al recurso que nuestra normativa procesal reconoce a los acusadores –público y privado-.
Cobra virtualidad, en este sentido, la inveterada doctrina del Alto Tribunal que dispone que “…si bien los jueces al dictar sentencia no están constreñidos a seguir a las partes en todas sus alegaciones, están indudablemente obligados a pronunciarse sobre los puntos propuestos por ellas y que sean conducentes para la solución del juicio” (Fallos: 233:147 y, en el mismo sentido, 251:518; 255:132; 312:2249; 319:992; 342:259).
En definitiva y en atención a que el recurso de apelación interpuesto por la querella y la adhesión formulada por el fiscal fueron contestados por mis colegas de la Cámara a quo con argumentos meramente aparentes, lo que equivale a su falta de fundamentación, se impone su descalificación como acto jurisdiccional válido por desatender lo prescripto en el art. 123 del C.P.P.N.
Es por ello que considero que lo que corresponde es hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por la parte querellante y por el Ministerio Público Fiscal, anular la resolución impugnada y remitir la causa al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho. Sin costas en la instancia (arts. 471, 530 y cctes. del C.P.P.N.).
En función del Acuerdo que antecede, el Tribunal,
HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por la parte querellante y por el Ministerio Público Fiscal, y, por mayoría, ANULAR la resolución impugnada y REMITIR la causa al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho. Sin costas en la instancia (arts. 471, 530 y cctes. del C.P.P.N.).
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia