Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131584
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.584, "Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas contra Municipalidad de San Miguel. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, admitió parcialmente la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de 11-VIII-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas contra la Municipalidad de San Miguel y condenó a esta última para que en el plazo que indicó, nominase los miembros de la comisión paritaria (titulares y suplentes), con notificación a la parte actora, a la restante asociación gremial y al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. En cambio, rechazó el reclamo por práctica desleal y, en consecuencia, la aplicación de las multas previstas en el art. 55 de la ley 23.551.
Para así decidir, precisó que mediante la acción instaurada la asociación sindical pretendía se condene a la demandada al cese de la práctica antisindical denunciada y, asimismo, se la conmine a abrir la discusión paritaria, ordenándole constituir una comisión negociadora del convenio colectivo.
En ese marco, evaluó que la entidad reclamante señalaba que la parte contraria se había negado reiteradamente a abrir una negociación paritaria que tuviera por objeto la firma de un convenio colectivo, desconociendo de esa forma los derechos de los trabajadores e incurriendo en una práctica antisindical.
También que el municipio planteaba haber negociado colectivamente en distintas oportunidades con los sindicatos que tienen representatividad entre los empleados municipales, afirmando no haber incurrido en la falta imputada por la actora (no comparecer a una audiencia) dado que no había sido debidamente notificada la audiencia llevada a cabo ante la delegación del Ministerio de Trabajo local, y manifestando que las relaciones laborales municipales están regidas por una ordenanza y que la ley 14.656 no puede avanzar sobre su autonomía.
Sentado ello, el órgano de grado sostuvo que el art. 1 de la citada ley 14.656 establece un piso mínimo a los fines de regular las relaciones laborales entre los municipios de la Provincia y sus empleados y que ese contenido puede ser modificado en beneficio de estos últimos a través de una ordenanza o de un convenio colectivo (v. sent., pág. 4).
Señaló que la comuna demandada había dictado la ordenanza 30/15 que regulaba el empleo municipal y que era un instrumento válido para hacerlo, pero que, teniendo en vista el carácter dinámico de las relaciones laborales, no podía pretender que dicha normativa se mantuviera incólume, negándose a negociar una nueva regulación tendiente a mejorar las condiciones previstas en la referida ordenanza (v. sent., págs. 4/5).
En este sentido, destacó que el citado art. 1 de la ley 14.656 establecía el respeto al principio de progresividad. Concluyó entonces que la existencia de una ordenanza no impedía que, a través de la negociación colectiva (a la que no podía negarse la empleadora), se alcanzara eventualmente la firma de un convenio colectivo de trabajo (v. sent., pág. 5).
Por lo expuesto, admitió el reclamo efectuado por la actora y le ordenó al municipio que -en el plazo indicado- integrase la comisión paritaria a fin de iniciar el proceso de negociación colectiva, en los términos previstos en el art. 61 de la ley 14.656, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias.
Luego, respecto a la transgresión a la autonomía municipal invocada por la demandada, en tanto manifestaba que la ordenanza constituía el instrumento regulatorio de las relaciones de empleo municipales y que la ley 14.656 no podía "avanzar sobre aspectos propios de la competencia municipal", señaló que no demostraba la accionada de qué manera la eventual suscripción de un convenio colectivo podía afectar su autonomía, ya que las negociaciones serían llevadas a cabo por los representantes del municipio designados por el Intendente y/o por él mismo si quisiera formar parte, sin ninguna injerencia de la Provincia; pudiendo alcanzarse -o no- la firma de una norma colectiva (v. sent., págs. 5/6).
En lo atingente a la práctica desleal, señaló que la accionante individualizó una única conducta que pretendió encuadrar en el art. 53 inc. "f" de la ley 23.551, consistente en que la demandada no compareció a la audiencia fijada para el 28 de diciembre de 2018, a la que fuera citado tanto el municipio como el Intendente, en el expediente administrativo promovido por la entidad sindical a fin de iniciar la discusión paritaria.
En este sentido, no obstante desestimar la nulidad de la notificación de dicha audiencia planteada por la Municipalidad, juzgó que su incomparecencia al acto, por sí sola, no resultaba configurativa de una actitud contraria a la ética de las relaciones profesionales del trabajo. Máxime -agregó- cuando no se había otorgado participación a la restante entidad sindical representativa y la propia reclamante había solicitado el agotamiento de la instancia administrativa para "seguir por la vía judicial" (v. sent., págs. 6/7).
Consideró no configurada la práctica desleal imputada a la accionada, rechazando -en consecuencia- la aplicación de las sanciones reclamadas con sustento en el art. 55 de la ley 23.551.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y de la ley 14.656.
II.1. Afirma que el fallo vulnera el principio de autonomía municipal.
En este sentido, manifiesta que encontrándose establecidas las bases del sistema de empleo público municipal por la ley 14.656, el Ejecutivo provincial no puede avanzar sobre aspectos que son propios de la competencia municipal. Transcribe parcialmente la sentencia dictada por esta Suprema Corte en la causa I. 2.021, "Municipalidad de San Isidro" (sent. de 27-VIII-2014).
Postula que, al conminar a la Municipalidad a que conforme una comisión paritaria para comenzar la negociación colectiva con la finalidad de alcanzar el dictado de un convenio colectivo de trabajo, el tribunal de grado avanzó sobre las potestades del ente municipal, afectando en forma directa su margen de maniobra para gestionar los recursos humanos y menoscabando su autonomía.
Explica que el art. 65 de la citada ley 14.656 reconoce al municipio la facultad de reglamentar su régimen de empleo, otorgándole la posibilidad de hacerlo a través del dictado de una ordenanza municipal o de la suscripción de un convenio colectivo y que la comuna de San Miguel optó por la vía mencionada en primer término (ordenanza 30/15), y que se ha demostrado en autos que la norma vigente garantiza los derechos inherentes a la actividad, la representación sindical y el acceso a la libre negociación sindical.
II.2. Por otro lado, sostiene que la decisión de grado resulta absurda.
Manifiesta que el sentenciante incurrió en un error al sostener que su parte pretendía mantener incólume la ordenanza 30/15 negándose a negociar una nueva regulación, cuando -sostiene- surge verificado de las constancias de la causa que suscribió distintos acuerdos paritarios con las asociaciones sindicales representativas de los empleados municipales.
Argumenta que al existir una ordenanza que reglamenta el empleo público municipal no corresponde el dictado de un convenio colectivo, lo cual no implica que la norma no pueda ser reemplazada, toda vez que las entidades gremiales cuentan con la facultad de presentar un proyecto de ordenanza que modifique o sustituya en su totalidad la normativa vigente.
Alega que resulta totalmente improcedente la postura asumida por el tribunal al entender que el dictado de un convenio colectivo es la única manera de formalizar las soluciones obtenidas en el marco de una negociación paritaria.
II.3. Finalmente, expone que debió rechazarse íntegramente la demanda interpuesta por no haber resultado probada la práctica desleal denunciada, ni una vulneración de derechos sindicales o cualquier otra situación que motivara el presente reclamo, en los términos en que fue impetrado.
Afirma que no puede admitirse que el fallo rechace la demanda y al mismo tiempo le haga lugar, dados los extremos de la acción incoada. Alega que resulta inaceptable que en el caso se repela la causa de la pretensión, pero se admitan sus consecuencias.
III. El recurso no prospera.
Por razones de índole metodológica habré de alterar en su tratamiento el orden en que han sido expuestos los agravios.
III.1. Resulta inatendible la crítica afincada en que descartada la existencia de una práctica desleal se imponía el total rechazo de la demanda, toda vez que la impugnante debió denunciar el vicio de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso e infracción al postulado de la congruencia; cargas estas que omitió satisfacer y que definen la suerte adversa de este tramo del embate (causas L. 121.810, "Varga", sent. de 20-VII-2020; L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023 y L. 131.025, "Blatte", sent. de 28-XI-2024).
III.2. El cuestionamiento relativo al supuesto quebrantamiento del principio de la autonomía municipal resulta igualmente insuficiente.
Lo argumentado sobre el tópico por el recurrente solo refleja una reedición de las manifestaciones efectuadas en oportunidad de contestar la demanda (v. fs. 131 vta./133), que fueron analizadas y desechadas por el juzgador de grado, sin hacerse cargo de los concretos argumentos que brindó el tribunal de grado para desestimar sus alegaciones.
Así, no logra rebatir el razonamiento que llevó al sentenciante a descartar que su parte evidenciara de qué modo la posible suscripción de una norma convencional podía afectar su autonomía; y ello, explicitó, en razón de que las negociaciones serían llevadas adelante por representantes del propio municipio, designados por el Intendente o, incluso, por él mismo si quisiera formar parte, sin ninguna injerencia de la Provincia, pudiendo -eventualmente, y en el diálogo con los representantes de los trabajadores- alcanzarse -o no- la firma de un convenio colectivo (v. sent., págs. 5/6).
En efecto, soslayando atacar -de modo idóneo- las definiciones centrales del fallo que objeta, la crítica busca encontrar sostén en una mera reiteración de los argumentos llevados a consideración del a quo , que fueron analizados y desestimados por aquel, evidenciando un método que esta Suprema Corte ha juzgado ineficaz a los fines pretendidos (causas L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; L. 125.911, "Aime", sent. de 27-X-2022; L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-III-2023; L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.3. Lucen igualmente infructuosas las restantes alegaciones formuladas por el interesado.
La entidad que el municipio recurrente pretende asignarle al hecho de haber negociado en otras oportunidades anteriores con las entidades sindicales representativas de los empleados municipales y suscripto actas acuerdo, carece de aptitud a los fines pretendidos.
Ello así por cuanto -además de que fue un elemento de juicio evaluado por el a quo (v. vered., primera cuestión y sent., págs. 3/6)- no logra demostrar de qué manera tal circunstancia podría modificar la suerte de la litis; ni mucho menos el absurdo que invoca.
Las demás consideraciones que despliega en esta parcela del recurso, devienen igualmente ineficaces. Es que, tan solo exponen su discrepante opinión en torno al abordaje de la temática sometida a juzgamiento, siguiendo una línea argumental que -en rigor- traduce un apartamiento de las reflexiones efectuadas por el juzgador de grado para resolver del modo como lo hizo.
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz de las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; L. 131.556, "Ramírez", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
Cabe además recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para juzgar configurado el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado (causas L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023 y L. 131.961, "Garrido", sent. de 27-X-2025); extremos que -como se dijo- no evidencia el recurrente.
III.4. Finalmente, se impone puntualizar que la invocación de quebranto de garantías constitucionales carece de andamiento, pues ello derivaría -eventualmente- de la previa acreditación de la infracción de las normas legales actuadas en el fallo (causas L. 118.740, "Martín", resol. de 26-VIII-2015; L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018; L. 125.056, "López", resol. de 2-III-2021; L. 127.427, "Cingolani", sent. de 23-XI-2023 y L. 131.025, "Blatte", sent. de 28-XII-2024), lo que no se verifica en la especie.
III.5. Con todo, la decisión de mérito debe permanecer inamovible, pues la impugnación no resulta útil para desvirtuarla.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20)
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2025 16:48:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/12/2025 11:04:50 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2025 11:37:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2025 14:29:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2025 10:48:59 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/12/2025 11:50:45 hs. bajo el número RS-134-2025 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia