Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala II · Causa 31887 Libro S- 85
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia de fs.188/198, en todo lo que decide y fue materia de recurso de apelación y agravios.
2Imponer a la parte demandada las costas de Alzada.
Exp: 31887 Libro S- 85 N de orden Juicio PAZ VIVIANA MARCELA C/ CAJA DE SEGUROS SA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES Juzgado de Origen CIVIL Y COMERCIAL N 6 En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los ...dieciseis días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, se reúnen en Acuerdo continuo (Res. SCBA Nº 480/20, Nº 583/20, Nº 655/20 [en su parte pertinente conforme la Resolución Nº 14/21], y sus complementarias sobre COVID-19 y Resoluciones del Presidente de esta Cámara de fecha 28/04/2020, sgtes. y complementarias, y de fecha 01/03/2021), los señores jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dr. TOMAS MARTIN ETCHEGARAY y Dr. ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el expediente número 31.887 caratulado “PAZ VIVIANA MARCELA C/ CAJA DE SEGUROS SA S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES.
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal. PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs.188/198 en cuanto es materia de apelación y agravios?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: doctores Roberto Ángel Bagattin y Tomás Martín Etchegaray.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Roberto Angel BAGATTIN dijo:
I. En la sentencia definitiva dictada en autos se RESOLVIÓ:
Desestimar las defensas de falta de legitimación activa, prescripción y de no seguro articuladas por “Caja de Seguros S.A. en contra de la Sra. Viviana Marcela Paz y consecuentemente receptar la pretensión contenida en la demanda articulada por VIVIANA MARCELA PAZ contra CAJA DE SEGUROS S.A., y por ende, condenar a la parte demandada pagarle a la actora el monto de pesos setenta mil ($70.000) con los intereses calculados de la forma establecida en el considerando séptimo dentro de los diez días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique bajo apercibimiento de ejecución y hasta la suma establecida contractualmente, imponiendo las costas en su totalidad a la parte demandada vencida.
La parte demandada interpuso recurso de apelación en forma electrónica el 03 de diciembre de 2019, concedido libremente el 5 de ese mismo mes y año (conf. fs.204), expresó agravios de igual manera (conf. fs.214), los que fueron respondidos por la actora el 3 de junio de 2020 (conf. fs.215).
II. Consideraciones preliminares Entiendo que es necesario, antes de ingresar al tratamiento de los agravios de la apelante, formular las siguientes consideraciones: En primer lugar, que daré respuesta a aquellas quejas que considero relevantes para decidir el caso, ateniéndome a la doctrina de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia provincial (arg. art. 273 del CPCC; CSJN, Fallos: 258: 304; 262:222; 265:301; 272:225; SCJBA en causa: Ac.72.771, sentencia dictada el 17 de noviembre de 1998 en autos: “Aráoz, Graciela c/Prefectura Naval Argentina s/daños y perjuicios” entre muchas otras; esta Tribunal en las causas: Expte. n°114.158, sentencia dictada el 14 de febrero de 2013; Expte. n° 114.534, sentencia dictada el 3 de octubre de 2013; Expte. n° 114.652, sentencia dictada el 6 de febrero de 2014 entre otros).
En segundo lugar, destacar que las partes no han cuestionado que el presente caso corresponde juzgarlo mediante la aplicación de lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación por tratarse de las consecuencias de un hecho pasado durante su vigencia (10 de agosto de 2016) (art. 7 del Código Civil y Comercial, sancionado por la ley 26.994) (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
En tercer lugar, tener presente que el Sr. Fiscal de Cámaras, Dr. Pablo Alejandro Merola, tomó intervención en autos de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 52 de la Ley 24.240 y art. 27 de la Ley 13.133, ante el reclamo por cumplimiento de contrato de seguro en que se sustenta la demandada y dictaminó con relación a cada uno de los agravios formulados por la parte demandada, “Caja de Seguros S.A.” (presentación electrónica de fecha 5 de marzo de 2021).
III.-EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA
3.1. Términos en que quedó trabada la litis La Sra. Viviana Marcela Paz promueve demanda contra la aseguradora “Caja de Seguros S.A.”, en el carácter de tomadora de una póliza colectiva de seguro de responsabilidad por accidente, entre cuyos los beneficiarios se encuentran ella y su cónyuge, el Sr. Carlos Alberto López, cuya prima se la descontaban directamente de los haberes que percibe como dependiente de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener el cobro de una indemnización en cumplimiento del seguro colectivo de accidentes de personas, por el traumatismo sufrido por su esposo el día 10 de agosto de 2016, luego de terminar de arreglar una máquina de panadería, su mano izquierda quedó atrapada por la moledora, provocándole la fractura expuesta de la falange distal con pérdida de tres extremos (conf. fs.14/17).
La compañía de seguros opuso al progreso de la acción deducida en autos la excepción de falta manifiesta de legitimación activa prevista en el art. 345, inciso 3° del CPCC por considerar que la actora no se encontraba habilitada por la ley para perseguir el cobro del seguro pretendido por no ser la víctima del infortunio denunciado, porque de lo contrario se estaría sustituyendo al señor Carlos Alberto López quien resultaría ser la víctima del accidente y quien en todo caso sería el sujeto de derecho con un interés legítimo en perseguir ese cobro (conf. punto II del escrito de fs.51/58).
La actora, al contestar el traslado del escrito que se le corrió de la excepción, sostiene que su legitimación activa se encuentra dada por ser la calidad de tomadora de la póliza y pagadora de la prima del seguro cuyo riesgo protegido era el accidente del beneficiario, el Sr. Carlos Alberto López (conf. escrito de fs.61/63).
3.2. Sentencia El Sr. Juez de grado desestima la defensa planteada por la demandada por considerar que la legitimación activa de la actora aparece con prístina claridad independientemente que el daño lo haya sufrido el tercero en favor del cual la cobertura fuera por ésta contratada y a quien se le descontaba la prima.
3.3. Agravios La parte demanda solicita que se deje sin efecto esa decisión y en consecuencia se haga lugar a la excepción de falta de legitimación para obrar en la actora y por ende se rechace la acción promovida, esencialmente, por considerar que no era la persona especialmente habilitada por la ley para perseguir el cobro del seguro pretendido en autos, por las razones, que en prieta síntesis paso a enunciar: a) porque a la accionante no se le descontaba ninguna prima por su cónyuge Carlos Alberto López; b) por no ser la víctima del infortunio denunciado; c) porque otorgarle legitimación para reclamar una suma de dinero en concepto de cobro de seguro por un infortunio sufrido por un tercero constituiría un desplazamiento de quien realmente podría tener algún derecho a un crédito dentro de la relación sustancial; d) porque reconocerle legitimación activa a la accionante para el reclamo de un cobro de seguro del cual resultaría beneficiario un tercero implicaría no solo un enriquecimiento indebido y un perjuicio a la víctima.
3.4. Dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras El Dr. Pablo Alejandro Merola sostuvo en su dictamen, respecto de la excepción de falta de legitimación, “…en cuanto a la desestimación de la excepción de falta de legitimación, puesto que quien reclama la consumidora -parte contratante del contrato de seguro- y a quien se le descontaba la prima: por ello “…su legitimación aparece con prístina claridad independientemente que el daño lo haya sufrido el tercero en favor del cual la cobertura fuera por ésta contratada…”
3.5. Propuesta para la solución del agravio Atento a los términos de los agravios, el “thema decidendum” en esta cuestión es determinar si es correcta o no la decisión del Sr. Juez de origen de reconocerle legitimación activa para obrar a la actora a pesar de no ser la beneficiaria de la pretensión indemnizatoria objeto de esta litis.
La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires informó a fs.136 que en el mes de agosto del año 2016, a la Sra. Viviana Marcela Paz le fueron descontados de sus haberes la prima del Seguro de Vida Colectivo facultativo instrumentado en la póliza 5060-9939642-01 correspondientes a los Códigos de Descuento D1040, D1042, y D1043, adjuntando los correspondientes recibos de pago de sueldo abonados a la accionante entre los meses de febrero a diciembre de 2015 y enero a diciembre de 2016 (conf. fs.123/135), en los que aparece como descontados expresamente los importes correspondientes a los ítems D1040 (C/P particular), 1042 (C/p familiar) y D1043 (C/P accidente).
La póliza n° 5060-9637636-01 es un contrato de seguro colectivo facultativo para el personal dependiente de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, contando la cantidad de 193.567 asegurados titulares y 16.280 de asegurados cónyuges, cuyo riesgo asegurado es el de accidente personales para sus titulares y asegurados familiares (cónyuges) (conf. fs.109/118).
Esas constancias acreditan que la Sra. Viviana Marcela Paz fue la tomadora y pagadora del contrato de seguro instrumentado mediante la citada póliza de seguros colectiva con cobertura de responsabilidad por accidente personales, uno de cuyos beneficiarios es el Sr. Carlos Alberto López como integrante del grupo familiar de aquella.
En los arts. 21 a 26 la ley de seguros 17.418 se encuentra regulado el seguro de cuenta ajena. El seguro por cuenta ajena es el reverso del seguro por cuenta propia. Su nota característica no es la carga de los gastos sobre otro, de los cuales el tomador es el deudor, sino la posición de las partes: el asegurado como sujeto de los riesgos, y el tomador del seguro como co - contratante del asegurador, porque el rasgo esencial es que el tomador asegura a nombre propio intereses ajenos. Las relaciones entre tomador y el asegurador se rigen exclusivamente por el contrato. El tomador debe cumplir con todas las obligaciones y cargas impuestas, incluso pagar la prima; su incumplimiento hace aplicables las sanciones previstas, con eficacia contra el asegurado, aun cuando sea la pérdida de todo derecho. Si bien todos los derechos nacidos del contrato corresponden al asegurado, el tomador puede disponer a nombre propio de los derechos que resultan del contrato. El asegurado no es el cocontratante, y no puede ser obligado a cumplir las obligaciones asumidas por el tomador. A pesar de que el asegurado es el titular del interés y en definitiva es a quien corresponde la indemnización, su derecho a la disposición de los nacidos del contrato se deben limitar en protección de los que puedan corresponder al tomador (Halperin, Isaac, “Seguros”, Tercera Edición actualizada y ampliada por Nicolás H. Barbato, Ediciones Depalma, Buenos Aires, año 2001, p.941/948) En definitiva, la ley 17.418 permite, en materia de responsabilidad civil, que pueda asegurarse por cuenta ajena cuando quien contrate el seguro lo haga en nombre propio y no sea el titular del interés asegurado. En esta modalidad de contratación aparece la persona del “tomador”, que es quien contrata o estipula el seguro, la cual se distingue del asegurado, es decir el titular del interés (arts. 21 y 22 de la ley 17.418). La titularidad de los derechos emergentes del seguro por cuenta ajena corresponde al asegurado en virtud de la estipulación que se hace en su favor en el contrato y sin necesidad de su aceptación, aunque la legitimación para su ejercicio va a estar en cabeza de quien tenga la posesión de la póliza. En el seguro por cuenta ajena hay una triple relación:
tomador-asegurador, asegurado-asegurador y tomador-asegurado (Garrone, José Alberto, Castro Sammartino, Mario E., “Ley de Seguros” comentario y jurisprudencia, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, año 1998, p.49/50; Sal I de este Tribunal, en los Expedientes 107.822, caratulado: “Parma, Luis c/Calderón, Luis s/daños y perjuicios”, sentencia dictada el 29 de junio de 2004; Expte. 108.726, caratulado: “Arzani, Pedro c/Melia s/daños y perjuicios”, sentencia dictada el 12 de febrero de 2005; Expte. 117.802, caratulado: “Pereira, Marcela Alejandra c/Moskovic, Nicolas Emanuel y otros s/daños y perjuicios”, sentencia dictada el 13 de mayo de 2020). La Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial ha sostenido que no deben confundirse el tomador del seguro y asegurado, sujetos en que la gran mayoría de los casos coinciden pero que no debe ser así necesariamente (Ac. 34.408, 13/11/86; Ac. 43.620, 19/03/86; Ac. 39.624 27/12/88).
Por ello y en atención a que quedó acreditado que la Sra. Viviana Marcela Paz fue la tomadora y pagadora de la póliza de seguros colectiva n° 5060-9637636-01 con cobertura de responsabilidad por accidente personales, uno de cuyos beneficiarios es el Sr. Carlos Alberto López como integrante de su grupo familiar se encuentra plenamente habilitada para ejercer la acción deducida en autos.
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en cuanto desestima la excepción de falta de legitimación para obrar activa deducida por la parte demandada en cuanto fue objeto de recurso de apelación y agravios (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
4.1. Sentencia El Sr. Juez de primera instancia desestima la excepción de prescripción deducida por la parte demandada, fundamentalmente, por considerar que el texto de la norma del art. 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación determina que las normas deben ser aplicadas conforme al principio de protección al consumidor y porque en los fundamentos del citado Código se establece que sus normas son el “piso mínimo” y “núcleo duro” para la defensa de los consumidores, de forma tal que las leyes especiales podrán mejorar esos pisos mínimo, pero nunca podrán empeorarlos o perjudicarlos y en atención que aquí se reclama el cumplimiento del contrato y no los daños y perjuicios derivados del mismo es la que se direcciona en ese sentido sustentándose en el denominado “dialogo de fuentes” o “normativo” que sin duda habilita esa tesis. En suma, sostiene que corresponde aplicar en la acción resarcitoria derivada del incumplimiento del contrato de seguros el plazo trienal del art. 2561 del CCCN, porque este Código en virtud de la unidad del fenómeno resarcitorio, unificó el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil cualquiera sea su origen (incumplimiento de una obligación o violación del deber general de no dañar o de una relación de consumo) en la norma de ese artículo, salvo las excepciones que consagra en el art. 2562, entre las cuales no se enumera la del caso de autos.
4.2. Agravios La parte accionada solicita que se deje sin efecto esa decisión y en consecuencia se haga lugar a la excepción de prescripción como defensa de fondo, rechazándose la demanda con expresa imposición de costas, substancialmente, por entender que al momento de iniciar la acción intentada en autos la Sra. Viviana Marcela Paz, había transcurrido con creces el plazo anual de prescripción que resulta de la norma contenida por el art. 58 de la ley 17.418, con los argumentos, que en forma sintética, paso a enunciar:
a) por considerar que el juez interpretó, equivocadamente, que el plazo de prescripción aplicable al caso de autos era el previsto por el art. 2561, segundo párrafo –trienal- al ignorar los cambios atinentes a las relaciones de consumo que sobrevinieron con el avenimiento del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1° de agosto de 2015; b) por entender que el criterio adoptado por el juez le que causa un gravamen irreparable a la demandada por no ajustarse a derecho dado que el texto del art. 50 de la ley 24.240 con la modificación introducida por la ley 26.994 el plazo de prescripción trienal resulta aplicable únicamente a las sanciones emergentes de la ley 24.240, porque omite la referencia a las acciones judiciales y administrativas que hacía en su anterior redacción.
Por ello, frente a la existencia de una norma específica como el art. 58 de la ley 17.418, no cabe más que concluir que el plazo de prescripción aplicable al contrato de seguros será el anual previsto por esta última norma, aún en los casos en que nos encontremos frente a una relación de consumo; c) por interpretar que la jurisprudencia sostiene que el plazo de prescripción establecido por la ley 17.418 prevalece su aplicación sobre el de la ley 24.240 por tener el carácter de norma especial;
d) por considerar que tampoco resulta acertada la aplicación al caso del art. 2561, segundo apartado del CCCN, porque nos encontramos frente a una acción cuyo objeto es el reclamo por incumplimiento de un contrato de seguro y no una acción derivada de la responsabilidad civil. e) porque no es correcta la interpretación del art. 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación efectuada por el sentenciante porque su razonamiento se aparta del espíritu de la citada norma, donde se establece que: “En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor, de manera tal que por imperativo de lo establecido en este artículo, cuando existe una ley especial que contiene pautas para el cómputo de los plazos de prescripción, referidas a la relación jurídica de la que se trate, en primer término se aplican ellas y las reglas establecidas en este Códigos operan solo en ausencia de previsión normativa específica;
f) por interpretar que el art. 2532 del CCCN solo es aplicable ante la carencia de una norma específica para el plazo de la prescripción liberatoria, situación que no se da en la especie porque el art. 58 de la ley 17.418 establece un plazo un plazo especial para la prescripción liberatoria de las acciones derivadas de un contrato de seguro.
4.3. Dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras El Dr. Pablo Alejandro Merola afirmó: “…en razón de los principios contenidos en los arts. 3 y 37 de la LDC y la regla específica de interpretación que contiene el art. 1094 del CCyC, que establece que en caso de duda la interpretación de la normativa de fondo o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor…Por lo expuesto, comparto la doctrina que el plazo aplicable en autos en materia de prescripción, en atención al diálogo de fuentes regulado en los arts. 1 y 2 del CCC, es el plazo genérico, regulado por el art. 2560 del CCYC, comenzando a contar desde la echa del hecho denunciado, 10 de agosto de 2016, -conf. ap. “cuarto” de la sentencia, -que no fue cuestionada por las partes en éste punto, sin perjuicio de lo que resulta de la contestación de expresión de agravioso…”
4.4. Propuesta para la solución del agravio Atento a los términos de los agravios, el “thema decidendum” en esta cuestión es determinar si es correcta o no la decisión del Sr. Juez de origen de desestimar la excepción de prescripción deducida por la parte demanda. En suma, la cuestión que corresponde dirimir es determinar qué plazo de prescripción corresponde aplicar respecto de la acción de cumplimiento de contrato de seguro deducida por la accionante. El contrato de seguro constituye un contrato de consumo cuando se celebra entre un consumidor final (tomador en este caso) y una persona jurídica (el asegurador) que, actuando profesionalmente, se obliga mediante el pago de una prima, a prestar un servicio cual es la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida.
Corresponde señalar que no se encuentra controvertido en autos que media una relación de consumo, pero sí el plazo de prescripción que debe computarse en la acción deducida en autos porque el hecho ocurrió el 10 de agosto de 2016, cuando ya había entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) (01/08/2015 según ley 27.077), que modificó el art. 50 de la Ley de Defensa de los Consumidores, 24.420.
El texto del art. 50 de la ley 24.240 conforme a las reformas introducidas a la Ley de Defensa del Consumidor por la ley 26.361, dictada en el año 2008, el plazo de prescripción era trianual.
El Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994)
modificó el art. 50 de la ley 24.420, según texto introducido por la ley 26.361, por el siguiente texto: “Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de TRES (3) años…” (Anexo II punto 3.4.). Es decir, ahora la Ley de Defensa del Consumido solamente regula la prescripción respecto de las sanciones previstas en dicha ley. El art. 58 de la ley 17.418 establece que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible.
Es decir, que la cuestión a dirimir es si, de acuerdo a la normativa actualmente en vigor las acciones derivadas del contrato de seguro cuando media una relación de consumo, prescriben al año (conf. art. 58 de la ley 17.418) o si se aplica el plazo genérico establecido en el Código Civil y Comercial en atención al principio de protección al consumidor y de la interpretación -en caso de duda- de la norma más favorable (conf. arts. 3 L.D.C. y 1094 C.C.C.).
Una postura, sostenida por gran parte de la doctrina y jurisprudencia, con fundamento, entre otros, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia (“Buffoni” del 8/4/2014, B.915. XLVII, relativo a la oponibilidad o no de la exclusión opuesta por la aseguradora y lo previsto por el art. 1° de la ley 23.361, www.csjn.gov.ar; y “Flores” del 6/6/2017, CSJN 678/2013 (49-F) CSJ, sobre la validez del límite de cobertura establecido en el contrato de seguro obligatorio automotor ver https.//www.cij.gov.ar/). La Prof. Compiani afirma, sin desconocer la interpretación que propugna hacer prevalecer el plazo genérico quinquenal previsto en el art. 2560 del C.C.C., que no la comparte porque el carácter genérico de dicho plazo denota que su aplicación queda condicionada a la inexistencia de plazos especiales; tanto es así que, en los artículos siguientes, el C.C.C. prevé distintos plazos especiales, como por ejemplo, el de dos años para daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas (art. 2562 inc. d).
Remarca el contrato de transporte de personas constituye también un contrato de consumo y, sin embargo, tiene previsto un plazo de prescripción especial que desplaza de su aplicación el plazo genérico y que lo mismo acontece cuando el plazo especial se encuentra previsto en una ley específica como es la Ley de Seguros (art. 58) y que ello no significa que se viole el art. 1094 del C.C.C. porque es el propio Código el que en materia de prescripción difiere la aplicación de su normativa a la inexistencia de disposiciones específicas, aún en materia de consumo; no se violenta el mínimo de protección que establece el nuevo Código en materia de consumo porque justamente ese mínimo no atañe al plazo prescriptivo, desde que la sección de prescripción solo se aplica si no existe una normativa específica (Compiani, María F., “El régimen jurídico del contrato de seguro en el derecho argentino.
Actualidad y perspectivas” Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana Número 5 Ter – Diciembre 2016, 01-12-2016, cita IJ-CCCLXXVII-793); Crocogna, Fernando “La prescripción en el derecho de seguros. Hacia el fin de una controversia”; LA LEY 09/02/2017, 8; LA LEY 2017-A-277- RCyS2017-III,227; AR/DOC/3877/2017; Cám. Nac. Com., Sala B 4/8/2017; Aut, Fernando c/Caja de Seguros S.A. s/ordinario”; Cám. Nac. Com., Sala D, “GDF Cargas Congeladas S.R.L. c/QBE Seguros La Buenos Aires S.A. s/Ordinario”; Sala I de este Tribunal, voto del Dr. Emilio A. Ibarlucía en el Expte. 117.842, sentencia dictada el 5 de diciembre de 2019 en los autos: “Vega, Adriana c/Antártida Cía. Arg. de Seguros s/Daños y Perjuicios”).
Otra opinión postula que frente a una relación de consumo debe aplicarse el plazo prescripción genérico previsto por el art. 2560 C.C.C. En este orden de ideas, el Prof. Sobrino, luego de detallar las opiniones contrarias, sostiene que el art. 1094 C.C.C. “ordena el principio de protección al consumidor, donde en el tema de la prescripción (dentro de la “protección mínima” y “núcleo duro”) se determina en el art. 2560 que el plazo de prescripción es de cinco (4) años”, y donde -al decir de los Fundamentos- es que “ninguna ley especial” (léase: Ley de Seguros), en “aspectos similares” (v.gr. Prescripción), puede derogar esos mínimo (art. 2560, que establece la prescripción), sin afectar todo el nuevo sistema legal; justamente porque esos mínimos son el núcleo duro de tutela de los consumidores” (Waldo Sobrino “El nuevo plazo de prescripción de cinco (5) años en los seguros por aplicación del Código Civil y Comercial”, ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de Derecho de Seguros, La Plata 21, 22 y 23 de septiembre de 2016, Colegio de Abogados Departamento Judicial La Plata; elDiar.com – DC223D, publicado el 24/11/2016, del mismo autos “Prescripción de cinco años en seguros en el nuevo Código, LA LEY 25/02/2015; LA LEY 2015-A-1008, AR/DOC/206/2015; Diego S. González Vila (Prescripción en el Contrato de Seguro a la luz del Código Civil y Comercial, nuevo capítulo de una vieja controversia, Revista Jurídica Región Cuyo – Argentina, n° 7, del 31/10/2019; Cám. Nac. Com. Sala F fallo del 10 de mayo de 2018. “Salina, Gladys, Mirtha c/BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ordinario, La Ley Online Ar/JUR 33012/2018; Sala I de este Tribunal, voto del Dr. Emilio A. Ibarlucía en el Expte. 117.842, sentencia dictada el 5 de diciembre de 2019 en los autos: “Vega, Adriana c/Antártida Cía. Arg. de Seguros s/Daños y Perjuicios”).
Concuerdo con esta última propuesta por entender que parece más razonable (art. 3 C.C.C.) y armoniza todo el marco normativo de defensa del consumidor, arts. 42 C.N., 1094 C.C.C. y 3 L.D.C. Los arts. 1 y 2 C.C.C. imponen una interpretación según las leyes que resulten aplicable, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte; la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Por ello, teniendo en cuenta que entre la fecha del hecho que motiva esta Litis, 10 de agosto de 2016, el plazo quinquenal de la prescripción del art. 2560 del Código Civil y Comercial y el momento del pedido de mediación formulado por la Sra. Viviana Marcela Paz, previsto por el art. 40 de la ley 13.951, 13 de diciembre de 2017, cuya audiencia se celebró el 21 de febrero de 2018 con presencia personal de las partes de este juicio (conf. fs.3/6) no había transcurrido ese plazo quinquenal de prescripción liberatoria (art. 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde desestimar la excepción de prescripción planteada por la parte demandada..
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en cuanto desestima la excepción de prescripción deducida por la parte demandada en cuanto fue objeto de recurso de apelación y agravios (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
5.1. Sentencia El Sr. Juez de la instancia de origen desestimó la defensa de no seguro planteada por la accionada por considerar que había quedado demostrado con la pericia contable y los recibos de sueldo de la actora, emanados de la Dirección General de Cultura y Educación – Dirección General de Administración que se le descontaba la prima de la póliza de seguro colectiva por accidente personales n° 5060-9637636-01, cuya cobertura cubría a la titular, a su cónyuge y a su grupo familiar mediante los ítems D1040, D.1042 y D1043.
5.2. Agravios La accionada solicita que se deje sin efecto el pronunciamiento del Sr. Juez “a quo” en cuanto desestima la defensa de “no seguro” por considerar que al momento del accidente denunciado no existía póliza vigente en favor del Sr. López, y en consecuencia se haga lugar a la misma, con los argumentos que paso a señalar:
Sostiene que del informe del perito contador y de los recibos de sueldos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que sólo se descontaban primas código 1043 accidentes por $ 20 de la titular Viviana Paz pero no aparece en nómina el Sr. Carlos Alberto López.
5.3. Dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras El Dr. Pablo Alejandro Merola expresó: “…Por ello, y teniendo en cuenta el principio de buena fe del art. 9 del CCyC.; el deber de información que rige en cabeza de la aseguradora (art. 4 Ley 24240) y los principios de interpretación de los contratos que en materia de consumo art. 1095 y conc. Del CCYC, entiendo que este agravio no ha de tener acogida…”
5.4. Propuesta para la solución del agravio La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires informó a fs.136 que a la Sra. Viviana Marcela Paz, en el mes de agosto del año 2016, le fue descontada la prima de los código Seguro de Vida Colectivo facultativa póliza 5060-9939642-01 D1040 (C/P particular), D1042 (C/P familiar) y D1043 (C/P accidente) para el personal de esa dependencia (fs.136/137), adjuntando los recibos de pago de sueldo abonados a la accionante correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2015 y de enero, febrero a diciembre de 2016 (conf. fs.123/135).
De la póliza n° 5060-9637636-01 resulta que es un contrato de seguro colectivo facultativo para el personal dependiente de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, contando la cantidad de 193.567 asegurados titulares y 16.280 de asegurados cónyuges, cuyo riesgo asegurado es el de accidente personales para sus titulares y asegurados familiares (cónyuges), cuya cobertura correspondiente a cada asegurado terminará al cumplir los 65 años de edad (conf. fs.109/118). Si bien el perito contador informa que en la copia de la póliza n° 5060-9637636-01 agregada a s.109/118 no aparece en nómina el Sr. Carlos Alberto López, tal aseveración se encuentra desvirtuada por el informe de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires de fs.136, en que determina que a la Sra. Viviana Marcela Paz, en el mes de agosto del año 2016 y sucesivos, le fueron descontados los código Seguro de Vida Colectivo facultativa póliza 5060-9939642-01 Códigos de Descuento D1040, D1042, y D1043, corroborada con los recibos obrantes a fs.112/135 y porque aquella información carece de eficacia para demostrar esa afirmación porque no resulta de la verificación personal de la documentación sustento de la póliza y de los conceptos de los pagos denunciados por la Dirección General de Cultura y de los beneficiarios de los riesgos cubiertos (doct. arts. 384, 474 del CPCC).
La valoración de la prueba producida en autos me lleva a la convicción que quedó demostrado que la Sra. Viviana Marcela Paz fue la tomadora y pagadora del contrato de seguro instrumentado mediante la póliza de seguros colectiva n° 5060-9637636-01 con cobertura de responsabilidad por accidente personales, uno de cuyos beneficiarios es el Sr. Carlos Alberto López como integrante del grupo familiar de aquella y que mensualmente se le descontaba del sueldo que percibía como dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires el importe de la prima por los riesgos cubiertos para ella y sus familiares beneficiados. En definitiva, quedó probada la existencia de la referida póliza, que la atora era la tomadora y pagadora de la prima y que el Sr. Carlos Alberto López era asegurado beneficiario como integrante del grupo familiar de aquella.
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en cuanto desestima la excepción de “no seguro” deducida por la parte demandada en cuanto fue objeto de recurso de apelación y agravios (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
Incapacidad sobreviniente 6.1.- Sentencia El Sr. Juez de primera instancia admitió la indemnización reclamada, consistente en la reparación del accidente padecido por el Sr. Carlos Alberto López el 10 de agosto de 2016 por la fractura expuesta de falange distal con pérdida de tres extremos de la mano izquierda, por considerar que la pericia médica determinó que el Sr. Carlos Alberto López presentaba, como secuelas del accidente que diera origen a este juicio, rigidez de la articulación (anaquilosis) IFD del dedo anular izquierdo (miembro superior no dominante) por lesión del tendón extenso y compromiso articular óseo con rigidez parcial del IFP que le origina a la víctima una incapacidad parcial y permanente y aplicando lo normado en el art. 165 del CPCC cuantificó la indemnización en pesos setenta mil ($70.000).
6.2. Agravios La parte demandada se siente agraviada por el monto indemnizatorio establecido en la sentencia condenatoria, sustancialmente, por entender que no guarda relación alguna con la suma asegurada porque la póliza prevé una suma de $ 150.000 para la hipótesis de muerte o incapacidad total, la que se encuentra lejos de ser el caso de autos. En suma, sostiene que la suma fijada en la sentencia, de $ 70.000, no guarda relación con el monto asegurado atento el porcentaje de incapacidad determinado en la pericia médica porque en el presente caso no se trata de reparar la responsabilidad civil, sino que se encuentra acotada a las condiciones del contrato de seguro.
6.3. Propuesta para la solución del agravio Considero que el monto de la indemnización fijado en la sentencia se ajusta a las circunstancias del caso, porque: a) la actora reclama la reparación del accidente padecido por el Sr. López, donde sufrió fractura expuesta de falange distal con pérdida de tres extremos, por un monto indeterminado; b) el perito médico dictaminó que la víctima padeció un traumatismo de la mano izquierda (no dominante) provocado por una maquina moladora, que le causándole como secuela rigidez de la articulación (anaquilosis) IFD del dedo anular izquierdo por lesión del tendón extensor y compromiso articular óseo con rigidez parcial de IFP que le originara una incapacidad parcial y permanente y pérdida de sustancia del pulpejo del índice izquierdo; c) los baremos usuales para establecer porcentajes de incapacidad son una mera pauta orientadora y por lo tanto relativa, a los fines de cuantificar el daño; d) los montos de las indemnizaciones debe fijarse en base a parámetros que estén lo más próximo posible a la fecha de la sentencia, respetando tanto los principios de la reparación integral como el de la prohibición de enriquecimiento sin causa; e) la indemnización motivo de autos no se encuentra tasada por estar ubicada dentro del marco civil; f) la edad del Sr. Carlos Alberto López era de 45 años a la fecha del hecho; g) respeta el límite de la cobertura de la póliza n° 5060-9637636-0.
Por todo ello, propongo confirmar la sentencia en cuanto desestima la excepción de “no seguro” deducida por la parte demandada en cuanto fue objeto de recurso de apelación y agravios (doct. arts. 260, 261, 266 “in fine” del CPCC).
En atención, a la propuesta formulada en los Considerados precedentes, de ser compartida, la parte demandada fracasa en el recurso de apelación (art. 68, 1° apartado del CPCC).
Por ello, propongo que las costas de Alzada se le impongan a la accionada en su condición de vencida.
Con el preciso alcance que se desprende lo expresado en los considerados precedentes, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: El Sr. juez Dr. Tomás Martín Etchegaray, aduciendo análogas razones dio su voto también por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Roberto Angel BAGATTIN dijo:
En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1º.- Confirmar la sentencia de fs.188/198, en todo lo que decide y fue materia de recurso de apelación y agravios.
2º.- Imponer a la parte demandada las costas de Alzada.
ASÍ LO VOTO
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN: El Sr. juez Dr. Tomás Martín Etchegaray aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente
Mercedes, 16 de marzo de 2021.
Considerando que en el acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales ha quedado establecido, que la sentencia de fs.188/198 debe ser CONFIRMADA porque se ajusta a derecho POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede SE
1º.- Confirmar la sentencia de fs.188/198, en todo lo que decide y fue materia de recurso de apelación y agravios.
2º.- Imponer a la parte demandada las costas de Alzada.
REGÍSTRESE.- NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia