Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2572/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE1440903-2024 (cfr. ESC00342643.pdf y ESC00342644.pdf).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2572/23-TSJ Interlocutorio N°: 486 Actor: PAZOS MIGUEL ANGEL Demandada: PROVINCIA A.R.T. S.A.
Objeto: ACCIDENTE DE TRABAJO Fecha: 16-10-2024 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 486 FOLIO Nº 1840/1843 PROT. ELECT. TSS1 012 O.241
Río Gallegos, 16 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “PAZOS MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA A.R.T. S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO”, Expte. Nº P-20.340/22 (P-2572/23-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Arturo Raúl Sabbatella, con el patrocinio letrado del Dr. Alberto Cesar Haag, en PE1440903-2024 (cfr. ESC00342643.pdf y ESC00342644.pdf), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE1419340-2024 por cuanto declara mal concedido el recurso de casación que interpusiera en PE1056021-2023.- Al fundar su recurso, aduce que el pronunciamiento emitido por este Alto Cuerpo incurre en arbitrariedad (cfr. PE1440903-2024).-
Inicialmente, sostiene que lo advertido por el Tribunal Superior de Justicia es erróneo porque la crítica fue razonada y concreta y se describió la flagrante confusión de requisitos exigidos por el Juzgado de Primera Instancia y por la Cámara de Apelaciones para determinar las prestaciones correspondientes a la Incapacidad Laboral Temporaria (en adelante ILT) (cfr. PE cit. pág. 4), que la arbitrariedad es evidente, que se prescinde de un texto aplicable sin dar razón alguna y que se confunden los presupuestos para la determinación de la ILT con los propios de la Incapacidad Laboral Permanente Definitiva (en adelante ILPD) (cfr. PE cit. pág. 5).- Añade que: “…la sentencia recurrida afecta el derecho de propiedad (art. 17 CN), al debido proceso y defensa en juicio (art. 18 CN) en tanto la alarmante confusión de las prestaciones del régimen de Riesgos del Trabajo.” (cfr. PE cit. pág. 6).-
Postula que: “En la sentencia del STJSC, se observa la carencia de fundamentación que exhibe el fallo apelado, correspondiendo disponer su descalificación con arreglo a la conocida doctrina en materia de arbitrariedad de sentencias. El STJSC, no advierte que la Cámara de Apelaciones, resolvió confirmar el fallo de primera instancia, reconociendo la absurda referencia a variables innecesarias. La cámara sostuvo 'la ausencia del dictamen de comisión médica evaluadora que declara admisible la incapacidad laboral y determina el plazo y porcentaje'. El STJSC, continua (sic) con el yerro normativo y de apreciación de los hechos y la pretensión articulada…mantiene el apartamiento inequívoco de la solución normativa…” (cfr. PE cit. pág. 7).- Agrega que: “…El Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, resolvió arbitrariamente declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto, sin reconocer la evidencia de la arbitrariedad planteada…” (cfr. PE cit. y pág. cits.).-
Finalmente aduce que: “…esta parte alega la causal de arbitrariedad de la sentencia, expresando que se encuentran afectados en forma directa los Arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31 y 33 de la C.N. […] La sentencia del STJSC, es una declaración dogmática, autoritaria, sin basamento legal.” (cfr. PE cit. págs. 9/10).-
Luego se ordena correr traslado del recurso extraordinario a la parte contraria, quien debidamente notificada, no lo contesta (cfr. PE879517-2024).-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado, que: “…la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1504449-2024, pág. 3).- Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE915893-2024.-
II. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del CPCyC de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que el recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en tamaño A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, dado que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible y no excede los renglones permitidos por la normativa citada (art. 1 del Reglamento).-
También se observa que cuenta con carátula en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º; incumpliendo los requisitos establecidos en los incisos a), b) e i) del citado artículo, esto es, la enunciación precisa del objeto de la presentación, del número de expediente con que tramitó ante Primera Instancia y Segunda Instancia y la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal.-
No obstante, dichos incumplimientos no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado -a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal- atento lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Arzúa, Horacio Ricardo Mario c/ Estado Nacional - Administración de Parques Nacionales res. 11/2000”, del 2 de marzo de 2011 (Fallos 334:196).-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el CPCyC de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. aut. y ob. cits., págs. 108/109) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, según considera, se debería haber resuelto.- Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. autos: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 104).- El recurrente funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14º de la Ley Nº 48 (cfr. PE cit. pág. 8 ap. IV. 3. 1) sin especificar en cuál de sus incisos. En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora (cfr.
PE1419340-2024).- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. aut. y ob. cits., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada, podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, el litigio se resolvió en base a normas provinciales y de derecho común por tratarse de típicas cuestiones de hecho y prueba. Los planteos del recurrente estaban dirigidos a atacar la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas reunidas en la causa hicieron los Jueces preopinantes en cuanto consideraron que, debido a la orfandad probatoria, no se acreditaron los presupuestos mínimos para analizar si las percepciones salariales abonadas resultaban o no insuficientes.- Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de derecho común y de índole procesal (cfr. arts. 75, inc. 12 y 121 de la CN), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la parte recurrente insiste en plantear el recurso en torno a una de las causales a través de la cual el Máximo Tribunal ha ingresado en algunas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar la impugnación, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante se limita a denunciar la existencia de vicio sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
En efecto, este Alto Cuerpo ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por el Máximo Tribunal en materia de recurso extraordinario federal, ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el recurrente debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE1440903-2024 (cfr. ESC00342643.pdf y ESC00342644.pdf).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1012O.241 Tomo: X Interlocutorio: 486 Folio N°: 1840/1843 Secretaría: 1
Fin de la sentencia