Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2572/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en PE1056021-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE1089784-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2572/23-TSJ Interlocutorio N°: 3814 Actor: PAZOS MIGUEL ANGEL Demandada: PROVINCIA A.R.T. S.A Objeto: ACCIDENTE DE TRABAJO Fecha: 13-06-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3814 FOLIO Nº 6944/6947 PROT. ELECT. TSS1 028 I.241
Río Gallegos, 13 de junio de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “PAZOS MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA A.R.T. S.A s/ ACCIDENTE DE TRABAJO”, Expte. Nº P-20.340/22 (P-2572/23-TSJ) venidos al acuerdo para resolver; y:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Arturo Raúl Sabbatella (cfr. PE1056021-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial (cfr. PE1032692-2023), por cuanto desestima el recurso de apelación por ella deducido y confirma la sentencia de grado que había rechazado la demanda formulada (cfr. PE 726060-2022).- Contra el fallo de Alzada la accionante interpone recurso de casación acusando violación de la ley, (cfr. artículo 3º incisos a) y b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) de la doctrina legal, arbitrariedad y vulneración del principio de congruencia (cfr. PE1056021-2023, págs. 1/2, 19 y 21).-
Considera que: “La Cámara de Apelaciones, yerra al compartir el criterio con el juez de primera instancia en cuanto a la supuesta orfandad probatoria por no encontrarse acreditado los presupuestos mínimos para analizar si las percepciones salarias (sic) abonadas resultan o no insuficientes [...] En primer lugar el convenio colectivo es una norma, y las normas no se prueban. Los magistrados saben el derecho ‘iura novit curia’.” (cfr. PE cit., pág. 10).- Añade que: “…el a quo confunde remuneración percibida al momento del accidente, que para ello debe refernciar (sic) los recibos de sueldo que se adjuntaron como prueba documental, y que no fue negada por la contraria, y en ellos discriminar los rubros fijos de los variables, y en lo que respecta a los variables obtener el promedio del ultimo (sic) semestre, según prescribe el art. 208 LCT párrafo 4 y 5.” (cfr. PE cit., pág. 10/11).- Agrega que la anterior instancia: “…prescinde de prueba decisiva, como son los recibos de sueldos del Sr. Pazos, y pretende erróneamente prueba respecto a ‘numerosas variables’ de la actividad pesquera, del convenio colectivo aplicable (la norma no se prueba), más absurdo aun es pretender que se pruebe la modalidad en la que percibía la remuneración (mensual, quincenal). La prestación por ILT, se liquida por mensualidad decreto 983/2010 (cfr. PE cit., pág. 11).- Considera que es confuso y absurdo que el a quo mencione la falta de acreditación de las cargas de familia para el cálculo de las prestaciones de la ILT. Dice que dichas cargas sirven a los fines de determinar el período de la licencia por enfermedad inculpable (art. 208 párrafo 1 y 2 LCT), pero que no tienen utilidad alguna para el cálculo de las prestaciones. (cfr. PE cit., pág. 12).-
Califica de irrelevante la mención de los magistrados respecto del pago de salarios por parte de la ART por el término de seis meses y dice que el a quo confunde el período de licencia por enfermedad inculpable (art. 208 párrafo 1 y 2 LCT) con la duración de las prestaciones de la ILT que prescribe el art. 7 inc. 2 ley 24557 (cfr. PE y pág. cit.).-
Asimismo considera absurdo que la Cámara señale la falta de presentación del certificado de alta médica a fin de comprobar la fecha de cese de la prestación dineraria ILT (Art. 7 LRT) ya que el objeto de la acción es el cobro de las diferencias de ILT por errónea liquidación efectuada por la ART (cfr. PE y pág. cit.).-
Con relación a la violación del principio de congruencia afirma que la sentencia recurrida recae sobre una cosa no demandada. Insiste en que el a quo exige acreditar el convenio colectivo, las cargas de familias, la modalidad en la cual el trabajador percibía sus salarios (mensual, quincenal, etc.) como si de tratara de una demanda por las remuneraciones devengadas durante la licencia por enfermedad inculpable, cuando en verdad la acción que se articuló tiene como objeto el reclamo de las diferencias por ILT mal liquidadas por la ART. Afirma que el a quo debió resolver el cálculo de la prestación de la ILT y, en cambio, intentó resolver la cuantificación de una licencia por enfermedad inculpable (cfr. PE cit., pág. 19/20).- La Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1089784-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE704098-2023).-
II. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Registro N° 3385, Folio N° 5667/5670, entre otros).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- Como punto de partida, se aprecia que los fundamentos del recurso de casación constituyen una reproducción prácticamente exacta de los agravios esbozados en el recurso de apelación, lo que denota una deficiente técnica recursiva (cfr. PE731911-2022).-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...” (cfr. “Alvarez Sosa María c/ Valero Daniel y otros s/ Simulación” y su acumulada “Alvarez Sosa María Esther c/ Valero Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. estado)”, causa C. 119.753 del 25-10-2017).- También se observa que el escrito recursivo, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar evidenciar en qué se han equivocado los magistrados y, menos aún, fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.- Se verifica, entonces, que los planteos de la recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones de hecho y prueba que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en la especie.-
Con relación a ello es dable recordar que: “La revisión de temas de hecho y prueba en sede de esta Suprema Corte está supeditada a que se invoque y demuestre un supuesto excepcional del vicio de absurdo. Para su configuración no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio, partiendo siempre de que el error en la apreciación de la prueba debe ser palmario y grave, de modo que lleve a conclusiones contradictorias, inconciliables con las constancias objetivas de la causa (cfr. sum. “L., M. y L., I. c/ IOMA s/ Amparo s/ Pretensión declarativa de certeza s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, causa LP A 77862 del 14/03/2023) y que: “...la evaluación del material probatorio corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, no siendo -por regla- revisable en esta sede extraordinaria, salvo demostración de absurdo...” (cfr. SCBA “García Oscar Alberto c/ Cerro Negro S.A. s/ Despido”, causa LP L 125071 S, del 31/08/2022).- Se advierte, también, que la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas reunidas en a la causa, hicieron los Jueces preopinantes constituyen una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- A la luz de todas estas premisas, se advierte que la pieza recursiva en análisis no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
III. En cuanto al pretenso agravio referido a la errónea aplicación de la ley, se observa que el casacionista no ha logrado poner de manifiesto la transgresión que aduce.-
Es sabido que: “…‘Existe ‘violación’ de ley cuando, frente a una determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa situación, eligiéndose otra norma cuyas menciones contemplan un supuesto distinto. La ‘errónea aplicación’ de ley significa, en cambio, que si bien la norma ha sido correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso’ (confr. Palacio, Lino E., Recursos Procesales, Lexis Nº 2508/001696).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2639, Folio 3967/3970).- Ninguno de los supuestos mencionados han sido suficientemente demostrados por la interesada, quien se limita a mencionar la existencia del vicio sin efectuar un desarrollo argumental que ponga de manifiesto las normas que, a su entender, fueron infringidas y sin dar mayores precisiones al respecto omitiendo suministrar con ello fundamentos referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis, por lo que el planteo referido también obsta a la admisibilidad del recurso en cuestión.-
IV. Idéntica suerte adversa debe asignarse a la endeble crítica ensayada por el recurrente, respecto a la aparente violación de la doctrina legal de este Alto Cuerpo.-
Si bien el casacionista alega violación de la doctrina legal, al esgrimir los argumentos sobre los que edifica la estructura del agravio que invoca omite identificar el pronunciamiento al que hace referencia.-
Es decir, a lo largo de su recurso, no menciona la doctrina vulnerada, no desarrolla de qué manera ésta ha sido transgredida por la anterior instancia ni cómo la misma se relaciona con la supuesta decisión errónea de la sentencia en crisis, razón por la cual el planteo, en dichos términos, resulta insuficiente para la apertura de esta instancia recursiva.-
V. Lo mismo ocurre con relación a la arbitrariedad que se aduce toda vez que no se observa, en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran.-
En este sentido, se advierte que el recurrente se limita en tildar de arbitraria la sentencia de Cámara sin aportar un solo elemento de convicción que justifique su concurrencia en autos, es decir, sin intentar demostrar ni argumentar que la referida sentencia constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica.- Este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, ‘ ‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley o una falta absoluta de fundamentación.’ Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’.’ (cfr. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.). De su lado, este Tribunal tiene dicho que: ‘...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...’ (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Registro 3349, Folio 5590/5594).-
VI. Finalmente en cuanto a la transgresión del principio de congruencia debemos decir que tampoco se encuentra demostrado que la judicatura haya resuelto cuestiones que no hayan sido sometidas a su conocimiento. De la íntegra lectura de la sentencia en crisis no se advierte que los jueces se hayan desentendido de las pretensiones sometidas a su decisión, ni mucho menos de las pruebas aportadas al proceso. En efecto, consideraron que, debido a la orfandad probatoria, no se acreditaron los presupuestos mínimos para analizar si las percepciones salariales abonadas resultaban o no insuficientes, por lo que el agravio esgrimido resulta ser una mera disconformidad del recurrente con la interpretación y solución dada por la Excma. Cámara de Apelaciones.- En definitiva, no se ha intentado argumentar con éxito que la Cámara haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna omisión susceptible de configurar una transgresión al principio de congruencia, resultando entonces a todas luces inconducente el planteo formulado para su tratamiento en esta instancia.-
VII. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1056021-2023, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1089784-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en PE1056021-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE1089784-2023.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1028I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3814 Folio N°: 6944/6947 Secretaría: 1
Fin de la sentencia