Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 33219-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 45069/23 - PBB POLISUR SA (TF 33219-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2025.- MLF Y VISTOS,
I. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Res. nro. 30/2012 (AD BABL) dictada por el señor Administrador de Aduana de Bahía Blanca el 13/3/2012 en la actuación SIGEA nro. 12570-648-2010 (SC03-11-29), mediante la cual se condenó a la firma PBB Polisur SA al pago de una multa en los términos del art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del código aduanero y formuló la correspondiente exigencia tributaria. Impuso las costas a la vencida (v. fs. 151/154).
El pronunciamiento fue apelado por la empresa actora, cuyo recurso fue concedido en los términos de los arts. 1172 y 1173 CA y fundado a fs. 162/172; el Fisco contestó los agravios a fs.180/182.
II. Para decidir en el sentido indicado, el Tribunal Fiscal de la Nación señaló que, para encuadrar una conducta en el tipo previsto por el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del código aduanero, es necesario que se verifique la concurrencia de dos elementos claramente identificados: por un lado, una declaración que difiera con la resultante de la comprobación efectuada por el servicio aduanero y, por otro, que dicha diferencia, en caso de pasar inadvertida, deba producir -o tenga la potencialidad para hacerlo- un perjuicio fiscal o un ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
En el caso, consideró reunido el primer recaudo, ya que el precio total FOB declarado en la destinación formalizada el 15/12/2006 ante la aduana de Bahía Blanca no coincidía con el efectivamente transferido el 27/10/2006 en concepto de pago anticipado de la operación de importación aludida, arrojando una diferencia de u$s111.654,18 entre ambos importes. Explicó que la prueba pericial producida en la causa (cfr. informe de fs. 58/60) sólo refleja la registración unilateral de la firma en su contabilidad sin agregar nada a la cuestión debatida.
También entendió verificado el segundo recaudo, ya que al haberse transferido un importe mayor al efectivamente declarado ante el servicio aduanero, la base imponible a tener en cuenta para el cálculo de los tributos terminó siendo menor al que hubiera correspondido, produciéndose con toda claridad la generación de un perjuicio fiscal -inc. a)- así como el egreso hacia el exterior de un importe mayor al que hubiera correspondido, con independencia del comportamiento posterior de la parte actora o del organismo aduanero -inc. c)-.
Consideró de tal modo reunidos los elementos del tipo infraccional bajo examen, sin lugar a duda tornando inaplicable el art. 898 del código aduanero.
III. La recurrente solicita que la sentencia sea revocada porque la conducta desplegada no se ajusta al tipo infraccional endilgado.
Entiende que la decisión atenta contra la garantía del debido proceso toda vez que confirma la sanción sobre la base de meras conjeturas. En tal sentido, afirma que la supuesta diferencia de valor no es un hecho sino una presunción, ya que no se ha probado por ninguna de las formas previstas por el GATT (art. VII) los extremos invocados. Así, estima que el hipotético mayor valor de la mercadería debió haber sido analizado en los términos del Acuerdo de Valor del GATT por lo que el procedimiento seguido es nulo.
Se queja porque el servicio aduanero se basó exclusivamente en la diferencia observada entre el monto girado en el anticipo y el declarado en la importación que, en modo alguno, vuelve inexacta la declaración. Advierte que la falta de pago o el pago en demasía son hechos irrelevantes para la configuración de la infracción bajo análisis: es el BCRA quien debe investigar la diferencia existente entre la compra de divisas en concepto de pago anticipado y el valor declarado en la destinación de importación a consumo, lo cual torna incompetente a la DGA para fiscalizar el ingreso o egreso de divisas provenientes de importaciones.
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Sostiene que en presente caso ha existido arbitrariedad en los términos del art. 1180 CA, ya que con la prueba aportada la empresa logró acreditar “…que no existió una declaración aduanera inexacta, toda vez que no se verificó una declaración que difiera con el resultado de la comprobación ” (fs. 164), así como una errónea valoración de los elementos arrimados, al haber ignorado la normativa cambiaria vigente a dicho momento (Com. A 4605 BCRA) según la cual los pagos anticipados de las importaciones podrían ser afectados a varias operaciones de importación, siempre que se demostrare la efectiva nacionalización de los bienes importados, lo cual ha sido acreditado en la causa. Concluye así que no existe en esta operación el supuesto mayor valor de la mercadería importada y que la aduana “… no pudo comprobar la subfacturación que alega ya que no hubo diferencia alguna entre el monto del anticipo afectado al despacho de importación y el precio allí declarado. La prueba acompañada en autos comprueba la inexistencia de un pago distinto al debido ” (v. fs. 164) por lo que no se ha producido el aspecto objetivo de la infracción.
En suma, afirma que el hecho de que se haya realizado una transferencia al exterior en concepto de pago anticipado por un monto mayor al de la factura comercial adjunta en nada modifica la veracidad del precio declarado en ella, cuya autenticidad no fue puesta en duda en el caso. Desde otra perspectiva, entiende que ha mediado un error al determinar el valor FOB de la mercadería importada. Observa que el Fisco presume que la transferencia en más efectuada a Chevron fue realizada y afectada exclusivamente al pago de la operación de importación denunciada pero, sin embargo, se ha omitido efectuar un estudio de valor en los términos de la RG AFIP 2730/09 que permita descartar el valor de transacción registrado por la empresa, máxime cuando no existió diferencia entre el precio FOB declarado en el despacho de importación y el que surge de la factura. Explica que, en su caso, es el BCRA la autoridad a cargo de efectuar una denuncia por posible infracción a la ley del régimen penal cambiario (19359), lo cual aquí no ha acontecido. Reitera que “… la porción del anticipo que excede al valor FOB que surge de la factura y de la declaración aduanera, ha quedado como saldo acreedor en la cuenta de la compañía, que posteriormente sirvió como crédito para cancelar posteriores operaciones realizadas con el mismo proveedor ” (v. fs. 165vta.), lo cual ha quedado comprobado con el peritaje contable producido en esta causa. Al respecto, puntualiza que el perito pudo verificar que los valores consignados en distintas operaciones de importación no siempre eran coincidentes con las transferencias realizadas al exterior pero, no obstante, los montos totales transferidos al extranjero eran coincidentes con los totales facturados por todas las operaciones analizadas.
Manifiesta que en materia penal no puede presumirse que el precio declarado no sea el que realmente se haya pagado, sino que debe ser acreditado y que la DGA no invocó ni probó la falsedad de la factura de importación en cuestión, ni impugnó el peritaje contable practicado en autos como tampoco la certificación contable que acredita que la sociedad registró la factura comercial de importación por el monto que ella exhibe.
En relación a las garantías penales aplicadas al procedimiento infraccional, invoca la lesión al principio de legalidad ya que la sentencia recurrida aplica un régimen punitivo sobre una conducta no comprendida en el plexo normativo que se le atribuye.
Seguidamente, analiza los elementos constitutivos de la infracción al art. 954 del código aduanero y señala que ninguno de ellos se encuentra reunido en el caso. Al respecto, sostiene que no se ha acreditado ninguna inexactitud que sea relevante para la clasificación arancelaria o la determinación del valor en aduana de la mercadería importada y que el precio declarado coincide con el de la factura, que no ha sido cuestionada, aun cuando el pago de dicha factura hubiera sido distinto del debido, por cuanto dicho pago escapa a la competencia aduanera. Repite que el perito ha verificado la modalidad de pagos acordada entre la importadora y su proveedor y que de la prueba producida surge que no existen pagos que cancelan exactamente cada operación sino que se trataba de una cuenta corriente donde se realizaban pagos parciales y/o anticipados de acuerdo a la disponibilidad de la empresa actora, generándose créditos y débitos entre las operaciones realizadas, por lo que el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III valor comercial de la operación investigada es el que resulta de los montos facturados y no los pagos o transferencias realizadas.
Según el apelante, la declaración aduanera no es susceptible de generar un perjuicio fiscal ya que ninguna de las circunstancias descriptas en el art. 956 del código aduanero se verifica en el caso; señala que el saldo remanente del pago anticipado podía quedar a cuenta de futuras operaciones, es decir, nada impedía que el operador internacional realizara una declaración aduanera por un importe menor al pagado por anticipación. Asevera que, si el valor declarado concuerda con la factura comercial, no existe perjuicio fiscal. Estima que, tampoco, la declaración es susceptible de generar un egreso de divisas diferente al que corresponde. Destaca en relación a ello que la Comunicación A 4605 del BCRA no exigía que una transferencia de pago anticipado sea afectada a una única operatoria de importación, por lo que el pago anticipado podía generar remanentes que quedaren a cuenta de futuras operaciones, lo cual recién fue modificado con la RG AFIP 3252/12.
Añade que la cuestión relativa al egreso de divisas no es un elemento de la declaración aduanera (234 CA) por lo que el monto girado no puede constituir una declaración inexacta.
Propone la ausencia del elemento subjetivo, ya que no se ha demostrado culpa o dolo de parte de la empresa actora y pide que se aplique el beneficio de la duda (art. 898 CA) dado el carácter penal de la cuestión involucrada.
Finalmente, postula la improcedencia del cargo tributario y sus intereses, cuestionando que éste haya sido determinado en dólares estadounidenses y la tasa de interés aplicable. Asimismo, entiende que corresponde excluirse las percepciones del Impuesto a las Ganancias por aplicación del fallo “Cladd UTA SA (TF 22343)” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o, en su defecto, liquidarlo en pesos aplicando el tipo de cambio vigente a la fecha en que se entiende producido el hecho imponible (15/12/2006, oficialización de la importación).
IV. Preliminarmente, es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala, en su actual integración, causa “Pioneer Argentina SRL - TF 39782-A c/ DGA”, expte. nro. 15567/2021, del 17/12/2024, entre otros).
V. Para una mejor comprensión, es adecuado reseñar sucintamente los antecedentes del caso, para lo cual se tiene a la vista también las actuaciones administrativas (expte. nro. 12570-648-2010), a cuya foliatura se hará referencia en el presente apartado salvo indicación en contrario: (1) con fecha 27/10/2006 la firma actora realizó un giro por u$s2.239.692 a través del Citibank en concepto de pago anticipado de una operación de importación, respaldada por la factura proforma nro. 85/45017729 realizada por la empresa Chevron Phillips Chemical Co. con sede en Estados Unidos de América, en la que se detallaba la venta de 1.400 toneladas de octenos por un monto total de u$s2.129.447;
(2) el 15/12/2006 la empresa PBB Polisur formalizó ante la aduana de Bahía Blanca la declaración de destinación nro. 06 003 IC65 000104 H con el objeto de documentar la importación de 1.395.897 kg. de octenos por un precio total FOB de u$s2.128.037,82; justificada con la factura comercial nro. 87257794 emitida el 6/11/2006 por la empresa norteamericana mencionada en el punto anterior mediante la cual se formalizaba una venta de 3.077.422, 73 LB de octenos por un precio idéntico;
(3) por notificación nro. 107/10 (SE FIBB) la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca (División Fiscalización de Operaciones Aduaneras, Sección Fiscalización y Valoración de Importación), en el marco del estudio de valor realizado en referencia a la destinación de importación (DI) 06003IC65000104H, requirió a la empresa PBB Polisur SA que proporcionara documentación relativa a la operación mencionada, a fin de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III sustentar los valores declarados; requerimiento evacuado por la empresa el 8/9/2010, oportunidad en la que, entre otras, acompañó (cfr. piezas obrantes en el sobre de fs. 2):
a. orden de compra nro. 85/45017729 del 11/1/2007 (individualizado como “B”);
b. copia del instrumento de pago mediante transferencia a favor de Chevron Phillips Chemical Co con fecha 27/10/2006 por el importe de u$s2.239.692 (“C”);
c. registraciones contables certificadas por la compra y pago de las mercaderías bajo estudio (“D”);
d. el 3/11/2010 agregó como información complementaria la factura proforma que dio origen al monto transferido (nro. 85/45017729);
(4) con sustento en el informe técnico nro. 02/11 (SE FIBB) de fecha 6/1/2011 obrante a fs. 3/5, se instruyó sumario (cfr. fs. 13/14) contra el importador y el despachante de aduana por la presunta comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del código aduanero;
(5) una vez contestada la vista a fs. 28/36 (ref) y 43/45 (ref) y previo dictamen jurídico (v. fs. 51/55), se dictó el 13/2/2012 la Res. 30/12 (AD BABL) aquí cuestionada (fs. 56/61). En ella, el administrador de la Aduana de Bahía Blanca destacó que, habiendo quedado acreditado el giro al exterior de un importe mayor al declarado en la destinación aduanera, la importadora no pudo justificar la diferencia; explicó que, en su defensa, la empresa adujo de manera genérica que la discrepancia detectada pudo deberse a que el giro cancelaba distintas facturas, sin embargo tal extremo no fue probado. Concluyó entonces que el giro de divisas mayor al declarado sólo respondió a la cancelación de una única factura comercial y responde a una única operación aduanera, configurándose una declaración inexacta en la medida en que se declaró un importe menor en concepto de valor FOB TOTAL, conforme se desprende sin esfuerzo de la lectura del formulario OM- 1993 SIM, con las consecuencias previstas en los inc. a y c del ap. 1 del art. 954 CA. La decisión fue aprobada por Res. (SDG TLA) 893/12 (v. fs.67/69).
VI. Para el examen de la apelación, es adecuado recordar que la figura prevista en el art. 954 del código aduanero requiere la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. A su vez, se exige como elemento del tipo que la inexactitud resulte idónea para producir alguno de los efectos previstos; en el caso, un perjuicio fiscal (inciso a) y el egreso de un importe distintito del que correspondiere (inciso c).
La Corte Federal ha señalado en forma invariable que el bien jurídico tutelado por el mencionado artículo es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación aduanera, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:929; 321:1614; 325:786, 830 y 333:300, entre otros).
En especial, respecto del art. 954, ap. 1°, inc. a), del Código Aduanero, afirmó que “sólo resultan punibles las inexactitudes y diferencias susceptibles de configurar una transgresión al deber jurídico de veracidad y exactitud en la declaración, acerca de la naturaleza, calidad, cantidad o propiedades de las mercaderías que constituyen el objeto de la operación de importación, y en tanto revistan entidad suficiente para producir el efecto previsto, o sea, un perjuicio fiscal” (Fallos: 312:1997). Por su parte, en cuanto al art. 954, ap. 1°, inc. c), del citado Código, sostuvo que “…la función primordial del organismo aduanero consiste en ‘ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías’, cometido para lo cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas. Es desde esta amplia perspectiva, que excede los fines estrictamente recaudatorios -tutelados por el inciso a) del art. 954- y se vincula y guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado (confr. voto concurrente de los jueces Belluscio y Petracchi en el precedente "Subpga", ya citado), como debe apreciarse lo establecido por el inciso c) del citado artículo, cuyo texto, por lo demás, no autoriza una interpretación contraria puesto que se refiere a importes distintos de los que efectivamente correspondieren -con lo cual obviamente abarca tanto a las diferencias en más como a las en menos- ya sea que se trate de operaciones o destinaciones de importación o de exportación ” (Fallos: 321:1641, cons. 7°; criterio reiterado en Fallos: 322:355, entre otros)
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En definitiva, para tener por configurado el hecho ilícito descripto en el artículo 954 del Código Aduanero, es necesario que la Aduana acredite la concurrencia de los elementos allí establecidos, es decir que exista un declaración aduanera que difiera con el resultado de la comprobación física o documental que hace el servicio aduanero, que esta diferencia tenga entidad para pasar inadvertida a la Aduana y también para generar alguna de las consecuencias previstas en los incisos a), b) y c) de la norma.
VII. En función de estas pautas y conforme las constancias de autos, cabe coincidir con el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a que en el caso se hallan acreditados los requisitos para la configuración de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del Código Aduanero, debiéndose adelantar que la decisión apelada resulta una derivación razonable de las constancias probatorias de la causa.
VIII. Cabe aquí recordar que, por principio, no son revisables en esta instancia las cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA”, expte. nro. 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA”, nro. 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA”, nro. 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA”, nro. 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA”, nro. 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA”, nro. 27458/22, del 27/12/22; Sala IV de esta Cámara, causas “Maritime Shipping Agency SRL”, nro. 2708/12, del 26/6/12 y “Abbot Laboratories Argentina SA”, nro. 7625/19, del 29.8.19 y sus citas, entre muchos otros y esta Sala, en su actual integración, causas “Eastman Chemical Argentina -TF 35552-A c/ DGA”, expte. nro. 71743/2022, sentencia del 6/08/2024 y “Luis A Ducret y Cía SA y otro (TF 32415-A) c/DGA”, nro. 324/2024, del 3/09/2024).
IX. La sentencia de la instancia anterior avaló la resolución aduanera según la cual el giro al exterior corresponde al pago de una única compraventa, desechando la postura del importador, quien sostuvo que las divisas transferidas en exceso habían quedado como pagos a cuenta para cancelar otras operaciones con el mismo proveedor (cfr. recurso presentado ante el TF, v. fs. 13/14). Al respecto, puntualizó que el informe pericial de fs. 58/60 refleja sólo la registración unilateral de la firma en su contabilidad sin agregar nada a la cuestión debatida (cfr. último párrafo del cons. XI a fs. 153vta.).
Frente a ello, insiste la empresa observando que el experto contable ha constatado que el pago anticipado del 27/10/2006 abarcó varias operaciones realizadas con el mismo proveedor y que la diferencia constatada ha quedado como saldo acreedor en la cuenta corriente de la compañía que posteriormente sirvió como crédito para cancelar posteriores operaciones. Expresa que el perito ha comprobado que los valores consignados en distintas operaciones de importación no siempre eran coincidentes con las transferencias realizadas al exterior, pero no obstante los montos totales transferidos eran coincidentes con los totales facturados por todas las operaciones analizadas. Así, sostuvo que no existen pagos que cancelen exactamente cada operación sino que se trataba de una cuenta corriente donde se realizaban pagos parciales y/o anticipados de acuerdo a las disponibilidades de la empresa, generándose créditos y débitos entre las operaciones realizadas; de allí que el valor comercial de la operación investigada sea el que resulta de los montos facturados y no el de los pagos realizados (v. expresión de agravios, en especial a fs. 165vta. y 167).
Sin embargo, estos argumentos no logran desvirtuar la valoración que el tribunal anterior ha hecho del peritaje obrante a fs. 58/60. En efecto; nótese que en el punto 2) de su informe (“ Determine si existe coincidencia entre los bienes importados, los valores facturados y los montos abonados por la operación objeto de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III autos”) el experto contable remitiéndose al punto anterior, expresó que, respecto del despacho de importación objeto de esta causa, ha observado la siguientes registraciones contables: “a) Devengamiento de la Provisión por la compra de mercadería mediante registración en el libro Diario al folio 163420 con fecha 31/10/06 por un monto de u$s2.239.692,00; b) Cancelación mediante registración en el libro Diario al folio 162889 por transferencia del Citibank de fecha 27/10/2006 por $6.922.887,97, siendo el tipo de cambio $3,091; c) Registración de la compra mediante registración en el libro Diario al folio 3239 con fecha 7/02/2007 de la factura nro. 87257794 de fecha 6/11/2006 de la firma Chevron Phillips Chemical CO, por un monto de u$s2.128.037,82” (v. fs. 58vta).
Es decir, contrariamente a lo que postula la parte actora, la diferencia detectada entre lo pagado y lo declarado surge constatado por el perito, y todos los registros se refieren a la operación aduanera bajo examen en este caso (06 003 IC65 000104 H). En este sentido -sin ingresar a examinar si la respuesta brindada al punto 2 excede o se ajusta a lo pedido en el punto de pericia, como desliza la DGA en su alegato-, acierta el Fisco cuando advierte que, aunque el experto haya detallado una serie de operaciones entre los años 2006 (en el que tuvo lugar la operación cuestionada) y 2011 en los que el monto facturado y pagado rara vez coincidiera, no surge de ello que se haya realizado pago alguno en concepto de varias importaciones como sostuvo el importador.
Efectivamente, en ningún momento la empresa actora ha individualizado otra u otras operaciones aduaneras que habrían sido canceladas con el mismo giro al exterior, cuando al mismo tiempo se observa -como lo advierte el Fisco en su alegato- que en el año 2006 la diferencia entre lo girado y lo facturado excede los u$s300.000.
En la misma línea, es correcta la apreciación que ha efectuado el Tribunal Fiscal, en punto a que las circunstancias apuntadas sólo constituyen registros unilaterales de la empresa que no obstan a la infracción endilgada. En la medida en que la recurrente no se ocupa concretamente sobre estas cuestiones ni tampoco se advierte un error de apreciación, no cabe variar la valoración que el tribunal de la instancia anterior ha realizado acerca de los extremos fácticos del caso.
X. Como bien expresó el Tribunal Fiscal en su sentencia, al haberse transferido un importe mayor al efectivamente declarado, la base imponible para el cálculo de los tributos quedó disminuida, produciéndose el perjuicio fiscal que requiere el inc. a) del apartado 1 del art. 954; asimismo, la diferencia entre lo girado y lo declarado ha generado un egreso hacia el exterior de un importe mayor al que hubiere correspondido, independientemente de la posterior conducta de la actora o de la aduana, lo cual es idóneo para producir el efecto previsto en el inc. b) del dispositivo legal mencionado.
XI. No es superfluo mencionar que el presente caso resulta sustancialmente análogo al examinado y resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia registrada en Fallos: 347:247, en oportunidad de resolver la queja deducida por la misma empresa que la aquí actora contra la sentencia de la Sala I de esta Cámara que confirmó la de la instancia anterior que, a su vez, había ratificado la resolución aduanera que había impuesto una multa por infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del código aduanero y determinado los tributos debidos en virtud de una operación de importación con el mismo proveedor que el involucrado en la que es objeto de este juicio, en la que también se había transferido al exterior una suma en moneda extranjera superior a la declarada al documentar la operación de importación para consumo en concepto de pago anticipado, respecto de la cual -como en este caso- el importador sostuvo que el excedente correspondía a pagos a cuenta de otras operaciones con el mismo proveedor.
La Corte Federal desestimó la queja con remisión al dictamen de la Procuradora General de la Nación, en el que se examinaron argumentos equivalentes a los ensayados por la empresa importadora al expresar agravios en esta causa, dejando firme en consecuencia la sentencia de alzada que, en esencia, consideró injustificada la postura de la empresa por falta de prueba que desacreditara la tesis de la aduana, según la cual -como también sucede en este caso- el giro de divisas mayor al declarado sólo responde a la cancelación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III de una factura comercial, habiendo quedado demostrado un egreso de divisas por un importe distinto al declarado en la operación aduanera.
XII. Por todo lo expuesto, y dado que -como también fue correctamente decidido en la instancia anterior- no existe duda alguna que amerite la aplicación del art. 898 del código aduanero, corresponde confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN), en tanto las restantes cuestiones planteadas no han sido oportunamente propuestas (art. 277 CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
En mérito a lo expuesto, SE
confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 2/24 de esta Cámara.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia