Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.429-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución n° 712/16 (AD BABL), recaída en la actuación SIGEA n° 12570-663-2010, por la que se condena a la firma PBB POLISUR S.A. al pago de una multa, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A.
2Costas a la recurrente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-46656590-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 5 de Mayo de 2025 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “F”, Dr. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ PBB POLISUR SRL c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 37.429-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución 712/16 (AD BABL), dictada por el Administrador de la Aduana de Bahía Blanca, en la actuación SIGEA 12570-663-2010, mediante la cual se condenó a la firma PBB POLISUR SRL, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954. 1, inc. c), del Código Aduanero (“CA”), al pago de una multa, en virtud de la diferencia detectada entre el valor declarado en la destinación de importación para consumo 08003IC65000001F y el importe efectivamente girado al exterior.
II. Que a fs. 12/22 se presenta la firma PBB POLISUR SRL y apela la Resolución antes referida. Rechaza el encuadre efectuado por el servicio aduanero en la figura del art. 954, 1. inc. c), del CA, al sostener que el importe declarado en la destinación aduanera coincide totalmente con los datos de la factura. Explica que realiza pagos a cuenta a su proveedor del exterior por futuros pedidos de mercancías o abona en varios pagos diferentes operaciones ya cumplidas, siendo que luego estos montos y los respectivos pedidos de mercaderías, se van compensando con los diversos giros de divisas que se realizan continuamente. Afirma que, como consecuencia de dicha operatoria, a la fecha de la declaración no había habido un ingreso o pago distinto al debido, tal como lo exige el 954 del C.A. Alega que el servicio aduanero intenta buscar una coincidencia absoluta entre transferencia y factura, lo que resulta incorrecto, ya que mediante una transferencia bancaria pueden cancelarse varias facturas y a la inversa, una factura podría perfectamente cancelarse mediante varias transferencias bancarias. Cita jurisprudencia. Sostiene que es competencia exclusiva del Banco Central la instrucción y juzgamiento de infracciones relativas a operaciones cambiarias, por lo que la Aduana es incompetente para juzgar la hipotética infracción aquí imputada. Refiere a la IG 5/16, que derogó a la 2/12 (DGA). Subsidiariamente, solicita la aplicación del art. 898 del C.A. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 32/35 se presenta la representante fiscal contestando el traslado del recurso. Efectúa un resumen de los hechos. Niega las afirmaciones de la contraria. Refiere al principio de la veracidad y exactitud de la declaración aduanera. Afirma que resulta claro en el caso que el valor de la factura de la mercadería coincide con el monto declarado ante la aduana, no obstante, el monto girado al exterior resulta menor al declarado. Expone que el argumento sostenido por la contraria resulta insostenible e irrazonable, ya que, en ninguna parte de la documentación aduanera presentada, se hace mención a que el pago al exterior resultó menor ni se esgrimió motivo alguno para explicar dicha diferencia. Alega que la firma importadora olvida que, para la configuración de la infracción en cuestión, basta su simple eventualidad, siendo suficiente que el perjuicio pudiera producirse para que quede expedita la vía para imponer la multa. Acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. A fs. 36 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la actora. A fs. 99/101 la actora invoca hechos nuevos, solicitando que se considere desincriminada o condonada la conducta imputada en los términos del art. 56 de la ley 27.260. A fs. 102 se corre traslado al Fisco, el que contesta a fs. 103/104. A fs. 105/105 vta. se declara inadmisible el hecho nuevo invocado por la actora y se tiene por agregada la documentación acompañada. A fs. 163/170 obra al informe pericial contable. A fs. 175 se certifica la conclusión del período probatorio. A continuación, se elevan los autos a la Sala F y se ponen para alegar. Agregados los alegatos de rigor, pasan los autos a sentencia.
V. Que la Actuación SIGEA 12570-663-2010 se inició a raíz de la investigación llevada a cabo por la Sección Fiscalización y Valoración de Importación en relación al despacho de importación 08003IC65000001F. Una vez agregada la carpeta original del referido D.I. y sobre contenedor de la documentación aportada por la importadora, a fs. 3/5 se emitió el informe técnico n° 67/11 (SE FIBB) que motivó la denuncia formulada a fs. 6. Luego, por medio de la resolución n° 522/12 (AD BABL) de fs. 8/9, se dispuso la apertura de sumario. A fs. 11 obra la liquidación de la multa mínima. A fs. 12 se corrió vista a la imputada (notificada el 08/02/15 según resulta de fs. 14), quien contestó a fs. 15/21, en fecha 24/02/15. A fs. 32/43 luce documentación acompañada por la actora. Finalmente, a fs. 48/51 se dicta la Resolución n° 712/16 (AD BABL), aquí apelada.
VI. Que, en primer lugar, corresponde expedirse sobre la incompetencia de la DGA alegada por la actora para tratar la infracción aquí imputada, basándose en que la Instrucción General n° 5/16 que derogó la Instrucción General n° 2/12 de la DGA, ordenó a las áreas aduaneras que tuviesen a su cargo la resolución de sumarios que encuadrasen en dicha normativa, que debían declarar su incompetencia en razón de la materia y la consecuente nulidad.
Que desde ya, el planteo de la actora no puede prosperar.
En efecto, dicha IG se refiere a casos distintos del presente en los que la imputación de la infracción al art. 954, inc. c, del CA, se basaba en otra cuestión que nada tiene que ver con lo aquí se cuestiona, sino que se relaciona con el control cambiario que sí resulta competencia del BCRA. De ningún modo se puede interpretar que dichas Instrucciones citadas por la actora, comprenden todas las conductas en que se imputa la infracción aquí en trato, que resulta sin discusión alguna competencia de la D.G.A., por lo que corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VII. Que, en segundo lugar, corresponde tratar el planteo efectuado por la recurrente, en el sentido de que se considere desincriminada o condonada la conducta aquí imputada, en los términos de la ley 27.260.
Que la ley 27.260 de Régimen de Regularización Excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, en su art. 56 dispuso, en lo que aquí interesa, que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley y la obligación principal haya sido cancelada a dicha fecha. Asimismo, en el tercer párrafo de dicho artículo, agrega que cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive.
Que, por su parte, la Resolución General 4007/17 (AFIP), en su art. 6 estableció que cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifiquen alguna de los siguientes supuestos "...a) la obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23/7/16, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada en dicha fecha...". Cabe resaltar que, en el último párrafo del mencionado artículo, se define a las infracciones sustanciales/materiales, las que se encuentran tipificadas en los arts. 954, inc. a), 965 inc. b), 966, -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones".
Al contrario de lo que alega la actora, de la normativa transcripta resulta que, en los casos allí previstos, se pueda condonar la sanción impuesta, pero de ningún modo prevé que las conductas que remprimen dichas normas, se hayan desincriminado como tales.
Que, sentado ello, tal como tiene dicho este Tribunal, del análisis de la normativa citada ut-supra resulta que no concurren en el caso las condiciones previstas en la normativa aplicable que torne procedente la condonación de la multa aquí apelada, -infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., máxime si se tiene en cuenta que no existe obligación sustancial tributaria alguna asociada a la infracción por la que se condenó a la actora.
Que la actora invoca y acompaña a fs. 86/91 vta., un antecedente de la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelaciones, de fecha 17/04/2018, de la causa “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, en la cual se resolvió condonar la misma infracción que la aquí involucrada.
No obstante ello, dicho criterio sostenido por la CNACAF resultó modificado por la doctrina sentada por la Corte Suprema en las causas “Rossi, Osvaldo Enrique c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, de fecha 30/08/22 y “Chehadi, Mallid c/ Aduana La Quiaca s/ impugnación de acto administrativo”, de igual fecha, a los cuales remite, asimismo, al resolver en la causa “YPF SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, de fecha 1/11/2022, esta última, en la que se condonó la multa impuesta con fundamento en que se encontraba asociada a una obligación tributaria, lo que no acontece en autos.
En efecto, en la causa “Chehadi”, en la que la Corte Suprema analizó la procedencia de la condonación respecto de la infracción tipificada en al art. 954, ap.1. inc. b) del C.A. sostuvo que: “…de la lectura de los preceptos resulta claro que el régimen autoriza, por un lado, que se condonen las multas de los contribuyentes o responsables de los tributos que se acojan al régimen de regularización de deudas tributarias, en la medida en que cumplan con los pagos allí previstos (art. 55). Y, por otro, como contrapartida, permite que aquellos contribuyentes o responsables que ya hubieran cumplido con el pago de la obligación tributaria antes de la entrada en vigencia de la ley 27.260 se vean también alcanzados con el mencionado beneficio, en idénticos términos que aquellos que se acojan al régimen de facilidades allí previsto (art. 56, cuarto párrafo). Es decir que para acceder a la aplicación del beneficio debe existir previamente una obligación tributaria que se encuentre regularizada o cancelada antes de la entrada en vigencia de la ley 27.260, situación que no se presenta en el sub lite en la medida en que la conducta sancionada no se encuentra relacionada con el incumplimiento de una obligación de naturaleza tributaria”. Continúa diciendo que “…En efecto, en el caso de autos la conducta de la actora, consistente en documentar la exportación de mercadería prohibida…no resulta apta para generar perjuicio fiscal alguno del que pueda derivarse una obligación de naturaleza tributaria que resulte susceptible de ser regularizada o cancelada por el interesado en los términos de la ley 27.260”. Por su parte, también sostuvo que “la conducta enrostrada a la actora no resulta susceptible de encuadrar en lo dispuesto en el primer párrafo del art. 56 citado, pues no constituye un mero incumplimiento de una obligación formal. En el caso, ninguna obligación formal resultó omitida...en consecuencia, del estudio de la normativa transcripta, del bien jurídico tutelado por la norma sancionatoria y de las condiciones particulares de la infracción en cuestión, que dan cuenta que la conducta punible no resulta apta para generar un perjuicio fiscal sino que guarda relación con el incumplimiento en sí de deberes u obligaciones asumidas respecto de destinaciones o regímenes aduaneros, resulta que no concurren en el caso las condiciones previstas en las disposiciones aplicables que torne procedente la condonación de la multa…”.
Que en la causa “ROSSI”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la procedencia de la condonación de la misma infracción que la imputada en autos, y remitiendo a los fundamentos y conclusiones expuestos en la causa “Chehadi, Mallid c/ Aduana La Quiaca s/ impugnación de acto administrativo”, concluyo que la conducta allí sancionada no resultaba apta para generar una obligación de naturaleza tributaria y, al mismo tiempo, tampoco encuadra en el primer párrafo del art. 56 de la ley 27.260, en la medida en que no constituye un mero incumplimiento de una obligación formal. Finalmente, en la causa “YPF SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, de fecha 1/11/2022, la CSJN resolvió condonar la multa impuesta por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc c) del CA, pero con fundamento en que, en ese caso, la infracción imputada se encontraba asociada a una obligación tributaria, lo que -como ya se dijo- no ocurre en la especie. En efecto allí sostuvo que: “no cabe duda de que los cargos por diferencia de tributos aduaneros se encuentran asociados a la infracción que aquí se imputa a la empresa actora” y así concluyo que “…la conducta endilgada a la empresa actora resulta susceptible de ser condonada de acuerdo a lo normado por el art. 55 de la ley 27.260, en la medida en que la sanción reprochada no se encontraba firme a la fecha del acogimiento al régimen de regularización”.
Que, por ende, de los fallos citados, se desprende claramente que en el caso no corresponde la condonación de la multa impuesta por la supuesta comisión de la infracción imputada, ya que no se encuentra asociada a una obligación de naturaleza tributaria ni constituye una infracción formal, no encuadrando la conducta, en ninguno de los casos previstos por la ley 27.260.
VIII. Que por medio de la destinación de importación n° 08003IC65000001F, oficializada el 04/01/08, ante la Aduana de Bahía Blanca, la firma PBB POLISUR S.R.L. documentó la importación para consumo de 2.776.526,39 litros de octenos, mercadería clasificada en la P.A. SIM 2901.29.00.400C, por un valor FOB total de U$S 3.395.749,53. Al proceder al control expost de la destinación en trato, la Sección Fiscalización y Valoración de Importación de la Aduana de Bahía Blanca detectó una diferencia de U$S 170.849,53 entre el importe girado al exterior (U$S 3.224.900) y el valor FOB total documentado en el despacho (U$S 3.395.749,53), lo cual no fue negado por la actora. Que el artículo 954 del C.A. en su parte pertinente expresa que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) c) el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”. Que la norma en cuestión sanciona al que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación. Que, en lo que aquí interesa, la infracción en trato, se refiere al caso en que el precio declarado en la operación de importación de que se trate difiera -en más o en menos- del que realmente correspondería egresar como consecuencia de dicha operación, es decir que exista diferencia entre el precio declarado en la declaración comprometida efectuada en el despacho de importación y el precio efectivo de la mercadería importada, que pueda o haya podido producir un egreso pagado o por pagar distinto del que correspondía para la operación en cuestión (inc. c).
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el bien jurídico tutelado con relación al artículo 954 del Código Aduanero es “el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de la operación o destinación de aduana”, y afirmó que de la “confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un régimen dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (Fallos: 315:929 y 325:830, entre otros).
Por su parte respecto de la infracción aquí imputada, la CSJN también ha dicho que “no puede dejar de ponderarse que la función primordial del organismo aduanero consiste en ‘ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías’ (art. 23, inc. a del Código Aduanero), cometido para el cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quiénes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas” y que “es desde esta amplia perspectiva, que excede los fines estrictamente recaudatorios -tutelados por el inciso a) del art. 954- y se vincula y guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado (…), como debe apreciarse lo establecido por el inc. c) del citado artículo, cuyo texto (…) no autoriza una interpretación contraria puesto que se refiere a importes distintos de los que efectivamente correspondieren -con lo cual obviamente abarca las diferencias en más como en las en menos- ya sea que se trate de operaciones o destinaciones de importación o de exportación” (Fallos: 321:1614, entre otros).
Que, como quedó expuesto, en la declaración comprometida efectuada ante el servicio aduanero, el importador declaró el valor FOB total de U$S 3.395.749,53. Ahora bien, de la compulsa de la documentación obrante en la presente causa, resulta que el valor declarado en el despacho si bien concuerda con el de la factura comercial n° 87531198, no coincide con el precio realmente pagado al vendedor CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO. (U$S 3.224.900), el cual surge de la constancia del banco CITI n° 3073170567, transferencia efectuada el 13/11/07, que fuera acompañada por la propia actora a requerimiento del servicio aduanero (ver interior del sobre de fs. 2 de las act. adm.).
Que, como se dijo, la actora no desconoce la diferencia en menos de U$S 170.849,53 comprobada por el organismo aduanero; sin embargo, pretende justificarla alegando que realiza pagos a cuenta a su proveedor del exterior por futuros pedidos de mercancías o abona en varios pagos diferentes operaciones ya cumplidas, siendo que luego estos montos y los respectivos pedidos de mercaderías, se van compensando con los diversos giros de divisas que se realizan continuamente, ofreciendo para probar sus dichos la realización de una prueba pericial contable, informe pericial que obra en autos a fs. 163/170.
Que del análisis de las constancias obrantes en esta instancia como así también en las actuaciones administrativas se desprende que se ha configurado la infracción imputada ya que ha existido una diferencia entre los declarado y lo comprobado, que provocó el egreso hacia el exterior de un importe pagado distinto del que correspondía, no habiendo podido la actora probar lo contrario. Esto es, no ha logrado justificar que, en el caso concreto de la operación en trato, giró efectivamente a su proveedor el importe declarado.
Que el informe pericial obrante a fs. 163/170, tampoco desvirtúa lo expuesto, ya que no sólo surgen ciertas inconsistencias del mismo, sin que -además- reafirma la comisión de la infracción aquí imputada.
En efecto, por un lado, se hace referencia a la existencia de dos facturas proforma correspondientes al despacho de importación en análisis, una por el importe de U$S 3.395.749,53 y otra por el importe de U$S 3.224.900, lo que desde ya resulta contradictorio.
Por otro lado, se sostiene en dicho informe que “…no existen necesariamente pagos que cancelen cada una de las operaciones y ello deviene de la modalidad operada por el proveedor, es por ello que el valor comercial de las mismas es el que resulta de los montos facturados y que a su vez son coincidentes con los despachos de importación y no de los pagos realizados, ya que como se dijo anteriormente en la factura proforma la valuación de lo importado era por U$S 3.224.900 y que finalmente al momento de realizarse la operación dicho insumo ascendió a U$S 3.395.749,53 que fue lo que se declaró ante la AFIP…” (el subrayado me pertenece)
Que, ello así, cabe precisar que la facturas proforma a las que refiere el perito, no constan en autos; además de resultar bastante confusa su explicación. Por otro lado, la referencia que efectúa al “cambio del valor comercial” resulta totalmente infundado y confirma la configuración de la infracción imputada en el caso.
Que, en consecuencia, la actora no ha logrado refutar la imputación del servicio aduanero, ni con la documentación acompañada en las actuaciones ni con el informe pericial producido en autos, que refiere a un análisis genérico de la operatoria efectuada por la aquí recurrente e individual respecto de la operación aquí involucrada, que solo contiene los montos declarados y girados. Si bien el informe pericial involucra importes que supuestamente habría girado la aquí actora por sendas operaciones, no justifica fehacientemente la diferencia de importes en el caso en concreto, ni los dichos de la recurrente. Esto es, no ha justificado que efectivamente ha girado al exterior el importe declarado en el despacho de importación en análisis. O dicho de otro modo, no ha logrado probar -respecto de la destinación de importación aquí en trato- que efectivamente ha girado (sea por una o varias transferencias) el total del importe declarado y supuestamente facturado a su proveedor.
Que resulta de aplicación al caso lo resuelto por la CSJN in re “Recurso de Hecho deducido por la actora en la causa PBB POLISUR SA c/ EN-DGA-Resol. 465/12 BABL (Expte 664/12) s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 19/03/24, en la que, de conformidad a lo dictaminado por la Procuradora Fiscal, desestima la queja interpuesta por la actora.
Que, si bien en dicha causa no sólo se imputaba la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A. -como en la especie-, sino también al inciso a) de dicha norma, los hechos y modalidades de la operación utilizados por la firma importadora, eran análogos a los discutidos en autos.
En tal sentido cabe destacar lo resuelto por la CSJN al sostener que: “…En efecto, la Cámara concluyó que no se habían aportado constancias suficientes para contrarrestar la afirmación contenida en la resolución impugnada, la que había tenido por demostrado que ‘el giro de divisas mayor al declarado solo responde a la cancelación de UNA Factura Comercial (…) referida únicamente a la operación de importación N° DDT 08003IC65000059S’…”, tal como acontece asimismo en el caso en cuestión. Más adelante, sostuvo que “…es claro para mi que los agravios de la recurrente, enderezados a defender su postura con fundamento en lo dispuesto por la comunicación “A” 4605 del Banco Central de la República Argentina, no se hacen cargo del argumento central de la sentencia apelada en este aspecto, cual es la ausencia de prueba de las restantes operaciones de importación que habrían sido canceladas con el giro de divisas al exterior realizado…”.
Y ello sucede en el caso, a la inversa, tal como se dijo ut-supra, ya que la apelante, no logró justificar en el caso de la destinación de importación involucrada, con cuál giro de divisas y en qué operaciones de importación, habría supuestamente egresado el pago de la diferencia aquí cuestionada.
Que, como consecuencia de todo lo expuesto, cabe concluir que, al indicar en el campo correspondiente a “FOB total en dólar” un importe mayor a la suma efectivamente girada por la importadora, se produjo un egreso hacia el exterior de un importe diferente al que correspondía realmente, dando lugar a la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A.
IX. Que, en igual sentido, me expedí -en su oportunidad- como Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación, en la causa de igual carátula Nro. 36.529-A, de fecha 3/12/19, en trámite ante esta misma Sala “F”.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución n° 712/16 (AD BABL), recaída en la actuación SIGEA n° 12570-663-2010, por la que se condena a la firma PBB POLISUR S.A. al pago de una multa, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A.
2. Costas a la recurrente.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Segura.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución n° 712/16 (AD BABL), recaída en la actuación SIGEA n° 12570-663-2010, por la que se condena a la firma PBB POLISUR S.A. al pago de una multa, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A.
2. Costas a la recurrente.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.04.30 23:10:13 -03:00 Date: 2025.05.05 18:00:13 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.05 18:09:10 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.05 18:09:11 -03:00
Fin de la sentencia