Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 22549628-A
Lo que resolvió el tribunal
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Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma PBB Polisur S.R.L. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, con más intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando XII. Con costas en ambas instancia a la parte demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
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MEC Buenos Aires, de agosto de 2024.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa PBB Polisur S.R.L., compañía dedicada a la fabricación, elaboración, industrialización de productos químicos y farmacéuticos, así como a su compraventa, importación, exportación y distribución —entre otras actividades comerciales—, realizó exportación de mercaderías y abonó derechos de exportación establecidos por el decreto 793/2018, cuando éste todavía no había sido ratificado por la ley 27.467. En consecuencia, solicitó la repetición de aquellos importes, lo que fue rechazado mediante diversos actos administrativos por la División de Aduana de Bahía Blanca. Contra esas decisiones, la firma dedujo recurso de apelación en los términos del artículo 1132, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero, que fue desestimado por el Tribunal Fiscal de la Nación.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Mediante pronunciamiento del 20/10/2023, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y, en consecuencia, confirmó las resoluciones 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252 y 1253/2022, por las que la División de Aduana de Bahía Blanca había desestimado las solicitudes de devolución de sumas abonadas —$3.184.649,8, con más sus intereses— en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 793/2018 respecto de los Permisos de Embarque Nº 18003EC1005362H, 18003EC01005363X, 18003EC01005364J, 18003EC01005965K, 18003EC01005367M, 18003EC01005373J, 18003EC01005374K y 18003EC01005384L.
Para así decidir, sostuvo que las cuestiones planteadas resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el fallo plenario del 26/4/2022, dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”. Allí se había acordado fijar como doctrina legal (i) que aquél no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente; (ii) que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, de conformidad con lo previsto en el artículo 755 del Código Aduanero; y (iii) que no corresponde declarar la invalidez del decreto CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones dictadas por la Dirección General de Aduanas denegando la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación de lo dispuesto en el referido decreto y respecto de destinaciones de exportación registradas a partir del 4/9/2018 fecha en la que aquél entró en vigencia y hasta el 4/12/2018, cuando entró en vigor la ley 27.467.
Sobre esta base, entendió que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a los permisos de embarque involucrados en la controversia. Ello, por cuanto el decreto 793/2018 había fijado, hasta el 31/12/2020, un derecho de exportación del 12% para la exportación a consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, fijando un tope de $4 o $3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según correspondiera. Finalmente, en atención a la complejidad de la cuestión debatida, distribuyó las costas en el orden causado.
III. Agravios de la actora Contra esa decisión, PBB Polisur S.R.L. interpuso recurso de apelación el 4/12/2023 y expresó agravios el 26/12/2023, los que fueron contestados por el Fisco con fecha 22/2/2024.
En dicha presentación, en lo sustancial, el recurrente sostiene:
(i) que las modificaciones introducidas mediante el decreto 793/2018 resultan inconstitucionales por violar el principio de legalidad y reserva de ley en materia tributaria. En particular, explica que, al momento de registrar los permisos de embarque involucrados en la causa, aquél no había sido ratificado por la ley 27.467. Por tanto, requiere “la devolución por parte del Fisco de las sumas indebidamente abonadas en concepto de derechos de exportación fijados por el Decreto PEN Nº 793/18 en las operaciones objeto de autos, registradas desde la entrada en vigencia del Decreto el 4 de Septiembre de 2018 hasta la entrada en vigencia de la Ley 27.467, el 13 de Diciembre de 2018”.
(ii) que la doctrina plenaria establecida por el Tribunal Fiscal de la Nación resulta incompatible con las previsiones que surgen de la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”. Concretamente, entiende que el Tribunal Fiscal es competente para declarar la CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
inconstitucionalidad planteada en autos, “al encontrarse obligado a realizar el control de convencionalidad que no puede prescindir del control de constitucionalidad”.
(iii) que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el artículo 755 del Código Aduanero es insuficiente para sustentar una delegación legislativa como la que pretende ejercer el Poder Ejecutivo mediante el dictado del decreto 793/2018. Destaca que la invocación de esa disposición para justificar su potestad para establecer derechos de exportación es contradictoria no sólo con la jurisprudencia del Máximo Tribunal, sino también con los criterios expuestos por todas las Salas de esta Cámara.
(iv) que, si bien podría delegarse en el Poder Ejecutivo la fijación de aspectos cuantitativos de la obligación tributaria, ello se encuentra condicionado a que el Congreso fije pautas y límites precisos para el ejercicio de esa facultad, sin que el artículo 755 del Código Aduanero respetase los recaudos específicos previstos para la delegación legislativa. En este sentido, afirma que, en la medida en que tal disposición no establece una clara política legislativa sobre el punto, no puede considerárselo “como norma autorizante para la fijación de los derechos de exportación”.
(v) que, de conformidad con lo señalado por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica”, la inconstitucionalidad pretendida debe extenderse al periodo comprendido entre la fecha en que entró en vigencia el decreto 793/2018 y aquella en la que comenzó a regir la ley 27.467 que lo ratificó. Indica que esa ley “carece de virtualidad para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable”.
(vi) que las cuestiones planteadas en las presentes actuaciones resultan sustancialmente análogas a las expuestas por la Corte en el citado precedente “Camaronera Patagónica”, donde —en definitiva— se descartó la eficacia del artículo 755 del Código Aduanero —así como de otras normas invocadas— como fuente de una legítima delegación legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional al omitir toda precisión sobre “los elementos esenciales de los derechos de exportación a fijar –o al menos un límite máximo a nivel cuantitativo–, así como la total ausencia de una clara política legislativo al respecto”.
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(vii) que, de revocarse la sentencia apelada, corresponde aplicar intereses conforme a la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina.
IV. Alcances del pronunciamiento Previo a ingresar al tratamiento de los agravios introducidos por el recurrente, es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones propuestas a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ ENSCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975-
(S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 25/8/2011; “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, causa 57.052/2013, sentencia del 7/5/2015, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, sentencia del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, sentencia del 14/11/2009; “Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, causa 25.245/2005, sentencia del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 6774/2015, sentencia del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
organismo externo”, causa 37.638/2017, sentencia del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 28.558/2018, sentencia del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 3084/2020, sentencia del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 10/2019, sentencia del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa 27.458/22, sentencia del 27/12/2022, entre muchos otros).
VI. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Así las cosas, corresponde precisar que en el caso corresponde determinar si los derechos de exportación abonados por la actor, conforme a las disposiciones del decreto 793/2018 (B.O. 4/9/2018), resultan o no ajustados a derecho.
En este sentido, cabe señalar que las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12564-1244-2021, 12564-1245-2021, 12564-1246-2021, 12564-1247- 2021, 12564-1248-2021, 12564-1249-2021, 12564-1250-2021 y 12564-1268-2021 fueron iniciadas con las solicitudes de repetición efectuadas por la firma PBB Polisur S.R.L. para que se le restituyeran las sumas pagadas por aplicación del decreto 793/2018 en concepto de derechos de exportación con relación a los Permisos de Embarque Nº 18003EC01005362H, 18003EC01005363X, 18003EC01005364J, 18003EC01005965K, 18003EC01005367M, 18003EC01005373J, 18003EC01005374K, 18003EC01005384L, respectivamente, por un monto total de $3.184.649,8.
Dichas solicitudes fueron rechazadas por la Administración de la Aduana de Bahía Blanca —también en forma respectiva— por medio de las resoluciones 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252 y 1253/2022 (v. páginas 41/58, 59/76, 77/94, 95/112, 113/130, 131/148, 149/166 y 167/184 del expediente remitido el 4/4/2024).
Ello motivó que, con fecha 1º/3/2023, la actora interpusiera recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. páginas 8/38, íd. cit.), que —tal como se indicó— fue desestimado el 20/10/2023.
VII. Reseña de las normas aplicables al caso CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Sentado lo expuesto, procede describir el plexo normativo aplicable.
En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (artículo 76, primer párrafo, del texto constitucional).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran —en lo que aquí interesa— las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “[e]l jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (artículo 99, inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el Jefe de Gabinete de Ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el Jefe de Gabinete de Ministros es a quien le compete refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
VIII. Jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable al caso Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo” (sentencia del 15/4/2014), la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria —es decir, para nutrir el erario público— y también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales.
En este sentido, la Corte Suprema sostuvo que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo – específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º).
Así las cosas, luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate —especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la resolución 11/2002— con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
“nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”; y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º).
A continuación, con relación al principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que éste no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la resolución 11/2002, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. Luego, indicó que, en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
A partir de este análisis la Corte federal concluyó que la resolución 11/2002 resultaba inválida.
Sin embargo, en el considerando 11 descartó que pudiera ignorarse que la ley 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “[e]s evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “… la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”. Por lo tanto, negando que la ley 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la resolución 11/2002, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”; y resolvió que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento —este último— a partir del cual había comenzado a regir la ley 25.645.
IX. Precedentes análogos dictados por esta Sala Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en el precedente “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, causa 377/2021, sentencia del 18/10/2022 (criterio reiterado por esta Sala —en su actual integración— en los casos “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN-DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ dirección general de aduanas”, causa 42.682/2022, sentencia del 14/5/2024 y “Newsan SA (TF 9768500-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 17.252/2023, sentencia del 21/5/2024; y en los precedentes “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.963/2022, sentencia del 29/12/2022; “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 62.761/2019, sentencia del 3/2/2023; “El Galgo SA c/ EN –AFIP DGA s/ CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
dirección general de aduanas”, causa 14.520/2020, sentencia del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 23.225/2023, sentencia del 7/11/2023; “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.774/23, sentencia del 21/11/2023); “Enap Sipetrol Argentina SA (TF 25115520-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 29.337/2023, sentencia del 23/11/2023); “Refinería del Norte SA (TF 47880908-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 30.542/2023, sentencia del 23/11/2023; “Refinería del Norte SA (TF 47866058-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.644/2023, sentencia del 14/12/2023).
En dicho precedente, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen. Al mismo tiempo, se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ amparo”, causa 74.554/2018, sentencia del 14/11/2019.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el decreto 793/2018 en las facultades del artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la ley 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica S.A.”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 27.467, se dispuso que el decreto 793/2018 —aquí cuestionado— careció de vigencia entre el 4/9/2018 —fecha de entrada en vigor del aludido decreto— y el 13/12/2018 —fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467— (cfr. esta Sala —en su actual integración— in re: “Over Organización Veterinaria Regional S.R.L.”, ya citado, considerando VI), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
XI. Aplicación de los precedentes de la Sala al caso bajo análisis De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo auto guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
considerando que antecede —ello, en tanto desde el plano fáctico como jurídico—, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones relativas a las destinaciones 18003EC01005362H, 18003EC01005363X, 18003EC01005364J, 18003EC01005965K, 18003EC01005367M, 18003EC01005373J, 18003EC01005374K, 18003EC01005384L tuvieron lugar con anterioridad al 13/12/2018 —concretamente, fueron oficializadas el 23/11/2018 (v. páginas 222, 240, 258, 274, 295, 313, 334 y 201, respectivamente, de las actuaciones administrativas) —, deberá reintegrarse la suma reclamada por la accionante.
XII. Intereses En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), en la medida en que los reclamos de repetición fueron presentados el 24/9/2021 y 27/9/2021, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de presentación del reclamo y hasta el 31/8/2022, conforme a la tasa prevista en la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, vigente a partir del 1º/8/2019); (ii) desde el 1º/9/2022 y hasta el 31/1/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); (iii) a partir del 1º/2/2024, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago (esta Sala, in re: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 43.705/2023, sentencia del 2/2/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.659/2023, sentencia del 12/3/2024, entre otras).
XIII. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte demandada vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III -
Expte. CAF 4334/2024/CA1: “PBB POLISUR SRL (TF 22549628-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma PBB Polisur S.R.L. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, con más intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando XII. Con costas en ambas instancia a la parte demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor fiscal general — mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta Alzada ([email protected]; [email protected]; [email protected]; y [email protected])— y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia