Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 25196313-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por la firma actora y revocar el pronunciamiento del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, declarar –en el caso– la nulidad del Decreto n° 793/2018 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XII y XIII;
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el FISCO NACIONAL; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2025.-
VISTA esta causa n° 7.509/2025, caratulada: “PBB Polisur S.R.L. (TF 25196313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”; y,
I.-) Que, la División de Aduana de Bahía Blanca, dictó las Resoluciones Nros. 1161/2022, 1162/2022, 1163/2022, 1164/2022, 1165/2022, 1166/2022 y 1167/2022 (AD BABL), mediante las cuales rechazó las peticiones de la empresa PBB POLISUR SRL., en virtud de las cuales, solicitaba la devolución de $ 3.067.625,81, en concepto de derechos de exportación que le fueran liquidados conforme lo normado por el Decreto n° 793/2018, respecto de los permisos de embarques números 18003EC01005245H —$ 1.250.148,03—, 18003EC01005292J —$ 382.319,85—, 18003EC01005291X —$ 316.224,05—, 18003EC01005290H —$ 316.224,05—, 18003EC01005294L —$ 353.159,85—, 18003EC01005293K —$353.159,85— y 18003EC01005285L —$ 96.390,13—; que, según entendió, habrían sido cobrados indebidamente (ver fs. 54/179 del expediente administrativo, identificado como DEO: 17782628 - Oficio Comunicación -60000016902- Tribunal Fiscal de la Nación, agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 28/03/2025).
II.-) Que, contra lo así decidido, la parte actora solicitó la revisión de las resoluciones aludidas dictadas por la Aduana de Bahía Blanca (ver fs. 7/37 del expediente administrativo, identificado como DEO: 17782628 - Oficio Comunicación -60000016902- Tribunal Fiscal de la Nación, agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 28/03/2025), ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.
En función de lo expuesto llegaron las actuaciones a la Sala la “F”, quienes, con fecha 22/10/2024, confirmaron las resoluciones aduaneras en cuanto rechazaron la acción de repetición intentada por PBB POLISUR SRL, con costas por su orden (ver esp. fs. 958/62 del expediente administrativo, identificado como DEO: 17782628 - Oficio Comunicación - 60000016902- Tribunal Fiscal de la Nación, agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 28/03/2025).
Para dar fundamento a su rechazo, el mencionado Tribunal sostuvo que las cuestiones planteadas en el sub examinen eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario, de fecha 26/04/2022, dictada en la causa “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A C/ DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, en virtud del cual, por mayoría, se había acordado de que no podían declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. Asimismo, se convino que el Poder Ejecutivo Nacional podía establecer derechos de exportación, debido a lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero.
Finalmente, se dispuso que, no correspondía declarar la invalidez del Decreto n° 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal debía expedirse respecto de resoluciones emanadas de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS que denegaran la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto n° 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 4/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido decreto, y hasta el día 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la Ley n° 27.467. En función de lo expuesto, se distribuyeron las costas en el orden causado, atento a la aplicación del Fallo Plenario y a la complejidad de la cuestión debatida.
III.-) Que, disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación a fs. 966 la parte actora y a fs. 1.025/31 lo hizo el Fisco Nacional, quien fundó su recurso en dicho acto, mientras que la parte actora presentó su memorial de agravios a fs. 975/1.015, del expediente administrativo, ya mencionado.
Corridos los pertinentes traslados, el Fisco Nacional lo contestó a fs. 1.041/68, mientras que la parte actora lo hizo a fs. 1.074/9. Con fecha 7/08/2025 emitió dictamen el Sr. Fiscal de Cámara.
i) Agravios de PBB POLISUR SRL:
Sostiene la recurrente, en ajustada síntesis, que los derechos de exportación son impuestos y rige a su respecto el principio de legalidad en materia tributaria.
Indica que, el artículo 76 de la Constitución Nacional establece que: “Se prohíbe la delegación legislativa en el poder ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el congreso establezca.”
Aduce que, en el caso de los derechos aduaneros podría considerarse con carácter restrictivo y de excepción la autorización a cierta delegación. En estos casos, podría juzgarse válido el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, pero siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida por el Congreso. En estos términos, sería admisible que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo la autoridad de fijar ciertos aspectos cuantitativos de la obligación tributaria (autorizar a elevar o disminuir las alícuotas aplicables) siempre y cuando para el ejercicio de dicha atribución se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
Alega que, el Decreto PEN N° 793/18 que fijó los derechos de exportación cuya devolución aquí se solicita, es manifiestamente inconstitucional al violar el principio de legalidad en materia tributaria. El Decreto no encuentra sustento en Ley delegante alguna, pese a que invoca los incisos 1) y 2) del artículo 99 de la CN y la 22.415 (Código Aduanero). Ello por cuanto ninguna de dichas normas contiene una clara política legislativa. Argumenta, en este sentido, que respecto al inciso 1) del art. 99 de la Constitución Nacional (decretos autónomos) se faculta al presidente a dictar normas sobre materias que pertenecen a la zona de reserva de la Administración (v.gr., estructura orgánica de personal y funcionamiento de los procedimientos administrativos). Por su parte, su inciso 2) (decretos reglamentarios) tampoco faculta al PEN para establecer derechos de exportación, ya que ello excede ampliamente una actividad normativa secundaria, procedimental o reglamentaria e invade áreas legislativas. En este hilo argumental postula que el Decreto no fue dictado en ejercicio de facultades constitucionales propias, sino todo lo contrario, en clara violación a la Constitución Nacional. Tampoco encuentra sustento en el artículo 755 de la Ley 22.415 (Código Aduanero) por cuanto regula aspectos conceptuales de los derechos de exportación, pero no establece las alícuotas aplicables, ni siquiera en relación a la alícuota máxima; dejando el aspecto cuantitativo del derecho de exportación librado al arbitrio exclusivo del Poder Ejecutivo.
El decreto no establece una clara política legislativa y no cumple con los requisitos que exige la delegación legislativa, tal como ya ha sido establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Camaronera Patagónica S.A.”. Lo contrario implicaría otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, la Ley N° 26.939 que aprobó el Digesto Jurídico Argentino no avaló las facultades conferidas en el artículo 755 del Código Aduanero. En primer lugar, porque el Congreso no puede ratificar lo que se vincule con materias cuya delegación ha sido prohibida por la Constitución Nacional; como en el caso, en el que luego de la reforma constitucional de 1994 queda claro que se trata de una materia ajena al mecanismo de delegación. De este modo, postula que no pueden existir ratificaciones para sanear inconstitucionalidades. En segundo lugar, por cuanto dista de ser clara la intención del legislador de ratificar la facultad del Poder Ejecutivo de fijar los derechos de exportación.
Manifiesta que, la referida Ley regula el ordenamiento de las leyes nacionales de carácter general vigentes por medio del procedimiento de consolidación normativa denominado Digesto Jurídico Argentino; por lo que, frente al universo de normas generales involucradas, la mención del legislador de declararlas vigentes aparece poco propicia para concluir que se buscó avalar las facultades conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero. Indica que, frente a la naturaleza de la cuestión involucrada, debió existir una voluntad legislativa de ratificación clara y explícita; lo que no ha sucedido.
Apunta que, haciendo una aplicación extensiva de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Camaronera”, podría considerarse que, si bien el Decreto 793/18 es inválido y adolece de nulidad absoluta e insanable (conf. los fundamentos anteriormente expuestos), la Ley N° 27.467 habría convalidado sus disposiciones y le habría conferido rango legal.
Sin perjuicio de tal interpretación y siguiendo los mismos lineamientos del referido fallo, expone que, la Ley carece de eficacia para convalidar el Decreto retroactivamente por adolecer de nulidad absoluta e insanable, y únicamente tendría efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia. A mayor abundamiento, en el caso de aplicar los topes de AR$ 4 y AR$ 3 se habrá fijado por intermedio de un Decreto un derecho específico que por la propia aplicación del Código Aduanero debe ser creado por ley, por lo que concluye que la norma es ilegal e inválida.
Hizo reserva de impugnar la tasa de la Resolución 3/2024 del Ministerio de Economía y solicitar la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina, a fin de mantener la integridad de las sumas reclamada, ante una eventual escalada de los tipos de interés.
ii) Agravios de la AFIP - DGA:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Para dar fundamento a su postura, destacó que el fallo recurrido confirma en su totalidad la resolución aduanera, por lo tanto, correspondía estar a lo así previsto por el artículo 68 del C.P.C.C.N. y en el artículo 1163 del Código Aduanero.
IV.-) Que, en este contexto, cuadra advertir que no se encuentran controvertidas las operaciones de exportación en trato, ni los elementos resultantes de tales declaraciones, las características de la mercadería involucrada ni, su posición arancelaria. La cuestión aquí se limita a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación al 12% de su valor FOB según lo normado por el Decreto n° 793/2018. Al punto, resulta atinado destacar que, en el caso, PBB POLISUR SRL, exportó mercadería mediante las destinaciones:
18003EC01005245H, 18003EC01005292J, 18003EC01005291X,
18003EC01005290H, 18003EC01005294L, 18003EC01005293K y 18003EC01005285L; oficializadas con fecha 16/11/2018, 21/11/2018, 21/11/2018, 21/11/2018, 21/11/2018 y 21/11/2018, respectivamente (ver fs. 369/939 del expediente administrativo ya mencionado).
V.-) Que, sentado lo expuesto, a efectos de una mejor comprensión de la cuestión antes delimitada, cuadra referir que el artículo 755 del Código Aduanero establece que: “1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido. 2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e) atender las necesidades de las finanzas públicas”.
Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional, con fecha 3/09/2018, dictó el Decreto n° 793/2018, mediante el cual, en uso las facultades de reglamentación previstas en el artículo 99, incisos 1° y 2°, de la Constitución Nacional y de las previstas en el artículo 755 del Código Aduanero e invocando su ámbito de reserva, fijó hasta el 31/12/2020, un derecho de exportación del 12% a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM); y, asimismo, estableció que dicho tributo no podría exceder los cuatro pesos por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según correspondiera (conf. esp. los artículos 1° y 2° de la norma bajo referencia).
Asimismo, se señaló que, en el caso que la mercadería en cuestión ya se encontrara alcanzada por algún tributo de exportación, el gravamen bajo referencia se adicionaría a los que ya se estuviesen exigiendo (conf. esp. artículo 4° de la norma bajo estudio).
En cuanto a la vigencia temporal de la mentada norma, se dispuso que entraría en vigor a partir del día de su publicación (conf. su artículo 7°), lo que aconteció con fecha 4/09/2018.
Posteriormente, mediante la sanción de la Ley n° 27.467, por medio de la cual fue establecido el Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el año 2019 (publicada en el BORA del 4/12/2018), se dispuso, en cuanto aquí importa, que en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo Nacional mediante el artículo 755 y concordantes del Código Aduanero y sus modificaciones, se podrían fijar derechos de exportación, cuando su alícuota no supere el 30% del valor imponible o del precio oficial FOB de la mercadería involucrada; reduciéndose al 12% el tope máximo en lo que respecta a los bienes que no se encontraran sujetos a derechos de exportación al día 2/09/2018 o bien lo estuvieran con una alícuota del 0% (ver artículo 81).
En su artículo 82 la norma dispuso mantener la validez y vigencia del Decreto n° 793/2018 –entre otros– y de toda otra norma que hubiera sido dictada en el marco de aquellas facultades previstas en el artículo 755 de Código Aduanero (conf. esp. artículo 82 de la ley bajo referencia).
VI.-) Que, precisada la plataforma fáctica y normativa involucrada en la especie, se advierte que, a los fines de la dilucidación del caso, cuadra seguir la doctrina que emana del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 15/04/2014, en la causa “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/amparo” (Fallos: 337:388).
En dicha oportunidad, el Voto de la mayoría del Alto Tribunal, al analizar la validez de la resolución del Ministerio de Economía n° 11/2002, en virtud de la cual se fijaron ciertos derechos a la exportación para consumo, a determinadas mercaderías, identificadas según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), destacó –en lo que aquí interesa– que resultaba imprescindible remarcar la indudable naturaleza tributaria del derecho de exportación, toda vez que se trataba de un tributo cuya definición podía comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto gravaba el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realizaba la acción gravada prevista por la norma con destino a las arcas públicas.
Se enfatizó que la citada norma definía un presupuesto de hecho que al verificarse en la realidad del caso concreto daba origen a la obligación de ingresar al erario […] una suma de dinero, en las condiciones que establecía el texto legal. Tal obligación tenía por fuente un acto unilateral del estado –justificado por el poder tributario que la Constitución Nacional le otorga al Congreso–, y su cumplimiento se imponía coactivamente a los particulares, cuya voluntad carecía, a esos efectos, de toda eficacia” (ver considerando 6º).
El Máximo Tribunal resaltó que el principio de reserva legal en materia tributaria no cedía, en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional (ver su considerando 9º).
Asimismo, interpretó que la Ley n° 25.561 contenía en su artículo 5º, tercer párrafo, in fine “una previsión de creación de un derecho de exportación de hidrocarburos, supuesto ajeno al de la especie”.
En la línea expuesta, agregó que: “de su lectura no puede siquiera intuirse que el Poder Legislativo haya delegado en el Ejecutivo la posibilidad de crear este tipo de gravámenes, más allá de la admisibilidad constitucional de tal mecanismo, que como se señaló […] debe ser enérgicamente rechazado”.
De esta manera, remarcó que los artículos 733 y ss. establecían que el derecho de exportación podía ser ad valorem (es decir, de base imponible variable en función del valor de la mercadería) o bien específico (una cantidad determinada, fija o variable en función de la cantidad de mercadería que se exporte), pero para el caso en concreto aquí discutido, como podía observarse, no era el legislador quien había determinado, de manera cierta e indudable, cuál era la forma de cuantificar la prestación, sino que había de recurrirse necesariamente, a lo dispuesto por la Resolución n° 11/2002.
Concluyó que, “el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados”.
Por su parte, entendió que resultaba admisible que el Congreso atribuyera al poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autorizaba elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaren pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
Sin embargo, entendió que, la Resolución ME n° 11/2002 no se ajustaba a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedaba completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, circunstancia que conducía a declarar su invalidez (ver Considerando 10, in fine).
En función de lo expuesto, a fin de establecer el alcance de la mentada invalidez, indicó que en materia de delegación legislativa, los constituyentes de 1994, además de incorporar a nuestra Carta Magna el texto del actual arto 76, agregaron la cláusula transitoria octava, según la cual: “[l]a legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caduca a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.
Señaló que en tal contexto se habían dictado las Leyes números 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519.
Remarcó que –con excepción de la Ley n° 26.519– las leyes contenían una estructura similar, al ratificar la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que establecían y aprobaban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994.
Indicó que la Ley n° 25.148, al aprobar la totalidad de la legislación delegada (art. 3º), se refirió a las normas dictadas desde la sanción de la reforma constitucional y hasta su vigencia.
Así, concluyó que la Ley n° 25.645, al disponer en su artículo 3º que se aprobaría la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de constitucional de 1994, hacía “alusión a las normas dictadas hasta la fecha de su entrada en vigor, hecho que aconteció el 24 de agosto de 2002”.
En la línea expuesta, el mentado precedente consideró que tales términos constituían “la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia” y solo podía ser interpretados en el sentido que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigor.
En función de lo expuesto, señaló que si bien la Ley n° 25.645 carecía de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable –como la Resolución n° 11/2002 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura–, no existía razón alguna para privarla de efectos con relación a los hechos acaecidos después de su entrada en vigor.
Por ello, aclaró que la invalidez declarada se circunscribía al período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual regía la Ley n° 25.645, disposición que le otorgó al contenido de la Resolución n° 11/2002, rango legal (considerando 11 in fine).
VII.-) Que, si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. C.S.J.N., Fallos, 311:1644 y 2004 y esta Sala, en autos 3950/2017 “Macchiavelli, Andrea Mariana c/EN - Mº Justicia DDHH s/proceso de conocimiento”, sentencia de fecha 28/11/2019 y su cita; entre otros). Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley. VIII.-) Que, por aplicación al caso de los estándares que emanan del referido pronunciamiento del Alto Tribunal, no cabe sino admitir la apelación deducida por PBB POLISUR SRL y, en consecuencia, hacer lugar a la acción de repetición que intentara.
En la especie, según fuera puesto de manifiesto en el Considerando I y conforme la información resultante del Considerando IV, la actora reclamó el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados respecto de las destinaciones: 18003EC01005245H, 18003EC01005292J, 18003EC01005291X, 18003EC01005290H, 18003EC01005294L, 18003EC01005293K y 18003EC01005285L;
oficializadas con fecha 16/11/2018, 21/11/2018, 21/11/2018, 21/11/2018, 21/11/2018 y 21/11/2018, respectivamente, una vez vigente el Decreto n° 793/2018, pero en forma previa a la entrada en vigencia de la Ley n° 27.467; la que, con arreglo a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica SA” (cit.), dio base legal, con efectos exclusivamente hacia el futuro.
En tales condiciones, resulta de toda claridad que las consideraciones del Máximo Tribunal en el precedente antes reseñado, dan respuesta al caso y determinan la admisión de la apelación deducida por la accionante, la revocación del pronunciamiento recurrido, la nulidad, en el caso, del Decreto n° 793/2018 y, consecuentemente, el reconocimiento del derecho de PBB POLISUR SRL a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa válida, al oficializar la destinación antes apuntada, cuyo pago -por lo demás- no fue desconocido en autos por el Fisco Nacional.
En igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en la causa n° 22.524/2023 “Xeitosiño SA (TF 15443210-A) c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 11/07/2023 y su cita; entre muchos otros).
IX.-) Que, a todo evento, cuadra precisar que, en la especie, no concurren los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en “Camaronera Patagónica SA” para permitir eventualmente, por las particulares necesidades que la reglamentación del comercio exterior impone, la regulación por la Administración de ciertos pormenores y detalles concernientes a los derechos aduaneros previamente fijados por el Congreso Nacional (conf. arg. artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional). En efecto, tal como resulta de lineamientos referidos al tiempo de reseñar la decisión adoptada en el fallo en cuestión, a criterio del Alto Tribunal, resultaría admisible que el Congreso Nacional atribuyera al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, a la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, autorizando así a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
En el caso, se advierte que el atacado Decreto n° 793/2018 no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación; materia que se encuentra materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación. Es que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresara en “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.), el principio de reserva legal en materia tributaria no cede en caso de que se actúe por medio del mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pues éste refiere exclusivamente a determinadas materias de administración o de emergencia económica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Al margen de ello, la delegación legislativa se encuentra prohibida, en particular por el propio artículo 76, primer párrafo, así como por el artículo 99, ambos de la Constitución Nacional.
Por tanto, la delegación contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviera gravada con este tributo; desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y modificar el derecho de exportación establecido, en modo alguno alcanza para dar validez al impugnado Decreto n° 793/2018.
En este sentido, cuadra advertir que el Decreto n° 793/2018 no se ajustaba a los parámetros antes señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó librado exclusivamente al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, careciendo, por tanto, de sustento legal, en tanto creó una carga inexistente y fijó una alícuota en materia de derechos de exportación, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación; todo ello sumado a la falta de una clara política legislativa que permitiera el ejercicio de tal atribución.
X.-) Que, a lo dicho, debe agregarse que el Decreto n° 793/2018 fue ratificado por la Ley n° 27.467, publicada en el Boletín Oficial el 4/12/2018 (ver esp. su artículo 82); la que, según sus términos refleja que, si bien el Poder Legislativo Nacional tuvo la clara y expresa voluntad de conferirle rango de ley, sus previsiones no tuvieron efectos retroactivos y, por ende, carecen de eficacia para ello, pues rige para el futuro. De este modo, el aludido artículo 82 de la Ley n° 27.467, que entró en vigor a partir de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial (conf. artículo 5° del CCyCN), mal pudo convalidar con efecto retroactivo los derechos de exportación determinados y aplicados por el Fisco Nacional entre el 4/09/2018 y el 13/12/2018 al amparo del decreto 793/2018. XI.-) Que, por lo demás, se indica que, en igual sentido se expidieron sobre la inconstitucionalidad o invalidez del Decreto n° 793/2018, aplicando el precedente “Camaronera Patagónica SA”, ya citado, las restantes Salas que integran esta Cámara (conf. –a título ejemplificativo– Sala I, Fuero, en autos 13.061/2022 “Newsan SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 2/02/2023; Sala III, en autos 377/2021 “Catajuy SRL c/EN - DGA s/Dirección General de Aduanas”, sentencia de fecha 18/10/2022; Sala IV, en autos 20.415/2021 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 31/05/2022; y Sala V, en autos 21.909/2021 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 24/06/2022).
XII.-) Que, a todo evento, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, conforme las pautas resultantes del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos C.1242.XLIX.REX “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA”, sentencia de fecha 15/05/2014, y toda vez que según surge de las actuaciones administrativas, los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos argentinos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley n° 23.905, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago (conf. esta Sala, en causa n° 47.726/2012 “Sancor CUL - TF 26.219-A y otro c/ DGA”, sentencia de fecha 2/12/2014, entre muchos otros). A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 809 del Código Aduanero, que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente, establece expresamente que la Aduana devolverá directamente los importes que hubiera percibido indebidamente en concepto de tributos. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco Nacional una deuda en dólares (conf., en este sentido, C.S.J.N., en autos “Cencosud”, op. cit., esp. Considerando 8º).
XIII.-) Que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes a cada período.
XIV.-) Que, en atención al modo en que se deciden las cuestiones traídas a conocimiento de esta Alzada por parte de los recurrentes y resultado final del pleito, al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68 y 279, ambos del C.P.C.C.N. y artículo 1163 del Código Aduanero).
Estas mismas circunstancias determinan, de por sí, el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por los fundamentos que anteceden, el Tribunal RESUELVE:
1. admitir la apelación deducida por la firma actora y revocar el pronunciamiento del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, declarar –en el caso– la nulidad del Decreto n° 793/2018 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XII y XIII; 2°) desestimar el recurso de apelación deducido por el FISCO NACIONAL; y 3°) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional. Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General, y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia