Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 25619947-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir los agravios ofrecidos por la firma actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 793/2018, 2. Reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación que abonó al oficializar los permisos de embarque nºs 18003EC01005253G, 18003EC01005254H, 18003EC01005255X, 18003EC01005256J, 18003EC01005257K, 18003EC01005258L, 18003EC01005259M, 18003EC01005260E, 18003EC01005261F, 18003EC01005262G, 18003EC01005263H, 18003EC01005266K, 18003EC01005280G, 18003EC01005281H, 18003EC01005282X, 18003EC01005283J y 18003EC01005284K, y 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
8786/2024 “PBB Polisur SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre del año 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “PBB Polisur SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones n° 1168/2022 (AD BABL), 1169/2022 (AD BABL), 1170/2022 (AD BABL), 1171/2022 (AD BABL), 1172/2022 (AD BABL), 1173/2022 (AD BABL), 1174/2022 (AD BABL), 1175/2022 (AD BABL), 1176/2022 (AD BABL), 1177/2022 (AD BABL), 1178/2022 (AD BABL), 1179/2022 (AD BABL), 1180/2022 (AD BABL), 1181/2022 (AD BABL), 1183/2022 (AD BABL) y 1184/2022 (AD BABL)
dictadas por el administrador de la aduana de Bahía Blanca que había rechazado el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados por la firma actora.
Para así decidir, sostuvo diversos argumentos:
i. “El 26 de abril de 2022, este tribunal mediante el fallo plenario […] dictado en la causa […] caratulada ‘Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación’, por mayoría, acordó fijar la siguiente doctrina legal […] ‘No corresponde declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el decreto 793/2018 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir del 4 de septiembre de 2018, fecha en que entró en vigencia el […] decreto, y hasta el día 4 de diciembre de 2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
ii. Las costas deben ser distribuidas en el orden causado “atento a que la actora, pese al plenario, tuvo, desde siempre, sobrados fundamentos para realizar su planteo de devolución. Tales fundamentos datan de la reforma constitucional del año 1994 —nuevos artículos 76 y 99, inciso 3°— y la jurisprudencia de Fallos: 337:388 ‘Camaronera Patagónica’”.
II. La firma actora y la parte demandada apelaron y expresaron agravios.
1. La firma actora exhibe las siguientes objeciones que fueron replicadas:
i. “Los tributos cuya repetición se solicita fueron abonados indebidamente por aplicación del decreto 793/2018 que fijó, hasta el 31 de diciembre de 2020, una alícuota de derechos de exportación del 12% a las operaciones de exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur”.
ii. “Tal modificación introducida por el decreto 793/2018 es inconstitucional por violar el principio de legalidad en materia tributaria, ya que, al momento del registro de los permisos de embarque involucrados, el mismo aún no había sido ratificado por la ley 27.467 […] y dicha ley no tiene aplicación retroactiva”.
iii. Debe aplicarse “la doctrina fijada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ‘Camaronera Patagónica’”.
iv. “[E]s el Congreso quien únicamente se encuentra facultado para determinar todo lo relativo a la creación, modificación y derogación de tributos, como así, todo lo relativo a la definición de sus elementos fundamentales”.
8786/2024 “PBB Polisur SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
v. “El artículo 755 del Código Aduanero es insuficiente para fundar una delegación legislativa luego de la reforma constitucional de 1994, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”.
vi. “[N]o cabe duda alguna de que los derechos de exportación son impuestos, y por ende rige a su respecto el principio de legalidad en materia tributaria, que reserva al Poder Legislativo la facultad de crearlos”.
vii. “Esta garantía no cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución Nacional, ya que, en nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de fijar los elementos esenciales de los tributos no puede ser delegada en el Poder Ejecutivo”.
viii. “El principio de reserva legal exige que una ley formal del Congreso determine todo lo relativo a la creación, modificación y derogación de tributos y todo lo relativo a la definición de sus elementos fundamentales”.
ix. “La doctrina y la jurisprudencia han reconocido ampliamente que una ley formal debe determinar no sólo los sujetos obligados al pago en calidad de contribuyentes o responsables por deuda propia, sino también todos los elementos constitutivos de la obligación tributaria”.
x. “[D]el análisis de todo el plexo normativo constitucional y en una interpretación armónica que permita preservar la validez de todas sus disposiciones y evitar contradicciones, surge en forma contundente la competencia exclusiva y excluyente del Congreso en esta materia y la prohibición de su delegación en el Poder Ejecutivo”.
xi. “Si bien el principio de legalidad en materia tributaria no cede ni siquiera cuando se actúa mediante el mecanismo de la delegación legislativa […] en el caso de los derechos aduaneros […] podría considerarse con carácter restrictivo y de excepción la autorización a cierta delegación […] En estos casos, podría juzgarse válido el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, pero siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida por el Congreso”.
xii. “[R]esultaría admisible que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo la autoridad de fijar ciertos aspectos cuantitativos de la obligación tributaria (autorizar a elevar o disminuir las alícuotas aplicables) siempre y cuando para el ejercicio de dicha atribución se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa”.
2. La parte demandada critica, únicamente, la distribución de las costas en el orden causado y solicita que sean impuestas íntegramente a la firma actora que resultó vencida.
III. Los agravios ofrecidos por la firma actora encuentran una adecuada respuesta en las consideraciones y en las conclusiones desarrolladas por esta sala en las causas “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Minera Santa Cruz SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Rivara SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Minera Santa Cruz SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Xeitosiño SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Xeitosiño SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Pop Company SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Berries del Plata SA c/ DGA s/ proceso de conocimiento”, “Amaggi SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Newsan SA c/ DGA s/ recurso 8786/2024 “PBB Polisur SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
directo de organismo externo”, pronunciamientos del 2 de febrero, 5 y 11 de mayo, 6 de junio , 4 de julio, 19 y 26 de septiembre, 12 y 26 de octubre, y 2 y 13 de noviembre de 2023, respectivamente, a las que, por razones de brevedad, corresponde remitir.
Debe, pues, admitirse los agravios de la firma actora y declararse la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 793/2018.
IV. Por tanto, corresponde reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados con relación a los permisos de embarque nºs 18003EC01005253G, 18003EC01005254H, 18003EC01005255X, 18003EC01005256J, 18003EC01005257K, 18003EC01005258L, 18003EC01005259M, 18003EC01005260E, 18003EC01005261F, 18003EC01005262G, 18003EC01005263H, 18003EC01005266K, 18003EC01005280G, 18003EC01005281H, 18003EC01005282X, 18003EC01005283J y 18003EC01005284K.
V. A las sumas cuya restitución se reconoce deberá adicionarse los intereses a partir de la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamó la repetición (artículo 811 del Código Aduanero), es decir a partir del 1° de septiembre de 2021 hasta su efectivo pago. De acuerdo con el artículo 812 del Código Aduanero la tasa de interés que corresponde aplicar es la que está prevista en el artículo 4º de las resoluciones nºs 598/2019 (Ministerio de Hacienda) y 559/2022 (Ministerio de Economía) y la resolución n° 3/2024 (Ministerio de Economía), según la vigencia temporal de esas normas (esta sala, causas “Argensun SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Aceitera General Deheza SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 4 de abril y 30 de abril y del 7 y 9 de mayo de 2024, respectivamente).
VI. Dado el modo en que se decide es insustancial el tratamiento de las objeciones formuladas por la parte demandada.
VII. Las costas de ambas instancias quedan a cargo de la parte demandada ya que resultó vencida (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial).
En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Admitir los agravios ofrecidos por la firma actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 793/2018, 2. Reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación que abonó al oficializar los permisos de embarque nºs 18003EC01005253G, 18003EC01005254H, 18003EC01005255X, 18003EC01005256J, 18003EC01005257K, 18003EC01005258L, 18003EC01005259M, 18003EC01005260E, 18003EC01005261F, 18003EC01005262G, 18003EC01005263H, 18003EC01005266K, 18003EC01005280G, 18003EC01005281H, 18003EC01005282X, 18003EC01005283J y 18003EC01005284K, y 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Las juezas Clara María do Pico y Liliana María Heiland adhieren al voto precedente.
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En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Admitir los agravios ofrecidos por la firma actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos sin sustento legal por el decreto 793/2018, 2. Reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación que abonó al oficializar los permisos de embarque nºs 18003EC01005253G, 18003EC01005254H, 18003EC01005255X, 18003EC01005256J, 18003EC01005257K, 18003EC01005258L, 18003EC01005259M, 18003EC01005260E, 18003EC01005261F, 18003EC01005262G, 18003EC01005263H, 18003EC01005266K, 18003EC01005280G, 18003EC01005281H, 18003EC01005282X, 18003EC01005283J y 18003EC01005284K, y 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia