Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones 1230/2022 (AD BABL), 1231/2022 (AD BABL), 1232/2022 (AD BABL), 1233/2022 (AD BABL), 1234/2022 (AD BABL), 1235/2022 (AD BABL), 1236/2022 (AD BABL), 1237/2022 (AD BABL), 1238/2022 (AD BABL), 1239/2022 (AD BABL), 1240/2022 (AD BABL), 1241/2022 (AD BABL), 1242/2022 (AD BABL), 1243/2022 (AD BABL), 1244/2022 (AD BABL) y 1245/2022 (AD BABL), dictadas por el Administrador de la Aduana de Bahía Blanca en las actuaciones administrativas SIGEA 12564-1238-2021, 12564-1260-2021, 12564-1259-2021, 12564-1147-2021, 12564-1148-2021, 12564-1149-2021, 12564-1150-2021, 12564-1151-2021, 12564-1152-2021, 12564- 1153-2021, 12564-1154-2021, 12564-1155-2021, 12564-1156-2021, 12564-1157-2021, 12564-1158-2021 y 12564-1159- 2021, respectivamente, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma PBBPOLISUR SRL, imponiendo las costas por su orden (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-140257049-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Noviembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria y Cristian M. González Palazzo (subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), el Dr. Héctor Hugo Juárez se encuentra en uso de licencia, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2023-22071285- -APN-SGASAD#TFN (“PBBPOLISUR SRL”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 28.02.23, mediante RE-2023-22070445-APN-SGASAD#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones 1230/2022 (AD BABL), 1231/2022 (AD BABL), 1232/2022 (AD BABL), 1233/2022 (AD BABL), 1234/2022 (AD BABL), 1235/2022 (AD BABL), 1236/2022 (AD BABL), 1237/2022 (AD BABL), 1238/2022 (AD BABL), 1239/2022 (AD BABL), 1240/2022 (AD BABL), 1241/2022 (AD BABL), 1242/2022 (AD BABL), 1243/2022 (AD BABL), 1244/2022 (AD BABL) y 1245/2022 (AD BABL) dictadas por el Administrador de la Aduana de Bahía Blanca en los expedientes SIGEA 12564-1238-2021, 12564-1260-2021, 12564-1259-2021, 12564-1147-2021, 12564- 1148-2021, 12564-1149-2021, 12564-1150-2021, 12564-1151-2021, 12564-1152-2021, 12564-1153-2021, 12564-1154- 2021, 12564-1155-2021, 12564-1156-2021, 12564-1157-2021, 12564-1158-2021 y 12564-1159-2021, respectivamente.
Las referidas resoluciones se apelan por denegar la repetición de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación –establecidos conforme el decreto 793/2018- correspondientes a los permisos de embarque (PE) 18003EC01005356K, 18003ECO1005375L, 18003EC01005376M, 18003EC01005309X, 18003EC01005314E, 18003EC01005322D, 18003EC01005323E, 18003EC01005324F, 18003EC01005325G, 18003EC01005326H, 18003EC01005327X, 18003EC01005328J, 18003EC01005329K, 18003EC01005330C, 18003EC01005332E y 18003EC01005334G. Las sumas reclamadas por cada PE en cada uno de los expedientes SIGEA suman un total de Pesos Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintidós ($5.757.622,00.-). La actora hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que, mediante los PE involucrados documentó las exportaciones allí declaradas y, al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, pagó los derechos de exportación establecidos mediante el decreto 793/18, que fijó para todo el universo arancelario un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 4 pesos, según el tipo de mercadería).
Seguidamente, como primer agravio manifiesta que la supuesta falta de legitimación para obrar en la repetición solicitada endilgada por la Aduana en las resoluciones aquí apeladas no se encuentra debidamente acreditada, lo que impide tener por configurado el supuesto hecho que se invoca y exime a este Tribunal de toda otra consideración (art. 377 CPCCN). Para ello cita, de manera detallada, la normativa, jurisprudencia y doctrina que hacen a su derecho y fundamentan su postura al respecto. Continuando con los agravios, ya en lo que respecta al fondo de la cuestión, agrega que el Decreto 793/18 invoca como fuente de competencia para su dictado los arts. 99 inc. 1 y 2 de la Constitución Nocional (“CN”), pero que no se recurre al instituto de la delegación legislativa en forma alguna y que recién con el dictado de la ley 27.467 adquiere rango legal.
Aclara que al tiempo de la sanción del decreto 793/18 no existía ninguna norma que delegase en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar derechos de exportación y cumpliese con los requisitos exigidos al efecto por el art. 76 de la CN, y mucho menos que fijase una clara política legislativa al respecto. Sostiene que, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) en forma unánime cuestionó la técnica legislativa seguida, en cuanto a la aprobación genérica de dichas normas, sin siquiera mencionarlas en forma expresa. Argumenta que el régimen previsto en la ley 26.122 no resulta de aplicación al decreto 793/18. Hace mención a que las resoluciones aduaneras en recurso remiten a consideraciones del plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia” del Tribunal Fiscal de la Nación (“TNF”), del que se fundamenta que el TFN no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.
Sin perjuicio de ello, señala que el TFN si resulta competente para declarar la inconstitucionalidad planteada en el caso de autos y, en consecuencia, hacer lugar a las repeticiones aquí solicitadas, ello por cuanto la CSJN ya se ha pronunciado al respecto, en sentido favorable a la pretensión sustentada por esta parte en el precedente “Camaronera”. Fundamenta, además, que corresponde hacer lugar a las repeticiones solicitadas toda vez que los derechos de exportación son tributos, los cuales fueron exigidos por una normativa invalida para tales fines y por ende inconstitucional. Entre otros argumentos, explica que el servicio aduanero entiende que el mencionado decreto 793/18 se dictó en el ámbito interno de la administración y que, por lo tanto, no le resultan aplicables las conclusiones a las que arribó la Corte en el caso “Camaronera Patagónica”.
Sin embargo, señala que la Aduana omite considerar no solo que el decreto en cuestión es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice (en tanto el art. 755 del CA no supera el test de constitucionalidad), sino que el tema analizado en dicho precedente es ciertamente análogo al que aquí se cuestiona y que, además, motivó el dictado de la ley 27.467 que, luego de ratificar la validez y vigencia del decreto en cuestión, sí estableció una clara política legislativa, a la luz de la doctrina allí fijada. Con base en lo anterior examina los alcances del citado decreto y la norma prevista en el art. 755 del CA, explayándose al respecto, para concluir de este modo que la fijación de un derecho de exportación mediante un decreto del Poder Ejecutivo merece un reproche constitucional.
Cita el principio de legalidad y refiere jurisprudencia de la CSJN, considerando que es indudable que, en el caso bajo estudio, el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación para el universo arancelario, sin que exista una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional; opone que, como bien lo ha dicho la Corte en el considerando 9º del caso “Camaronera Patagónica”, “ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”. Añade que no desconoce que el fallo allí emitido refería a la Resolución (ME) 11/02, pero tampoco desconoce la Corte señaló allí que en el CA no se prevé “la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”.
Plantea que es indudable que el decreto 793/18 no resiste el test de constitucionalidad, en tanto se excede en sus facultades y regula materias prohibidas por la Constitución; por ello los derechos de exportación allí fijados, resultan inconstitucionales, por violentar el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, tal como lo dijo la Corte en el citado caso “Camaronera Patagónica”. Expresa que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley que lo validó; lo que recién ocurrió el 13/12/2018, cuando entró en vigencia la ley 27.467, por lo cual siendo que los PE aquí involucrados se oficializaron previo a dicha fecha, y visto que, conforme el art. 726 del CA, el momento imponible queda fijado con el registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, la exigencia de pago del derecho de exportación establecido por el decreto 793/18 es improcedente.
Hace referencia a la facultad de este tribunal para dictar la inconstitucionalidad de la norma, argumentando que, si bien es cierto que el artículo 1164 del CA le impide, en principio, al tribunal pronunciarse sobre la validez constitucional de una norma tributaria o aduanera, si se lo permite en tanto la Corte hubiere declarado su inconstitucionalidad. Por todo ello solicita que se aplique la doctrina sentada por la Corte en el citado caso “Camaronera Patagónica S.A.” y asimismo determine que el decreto 793/18 sólo resultó válido a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.647 que lo ratificó. Ello así, por cuanto su dictado se sustentó en una norma inválida (art. 755 del CA) y, por lo tanto, solo pudo tener efectos una vez que el Congreso la ratificó.
Cita jurisprudencia de este tribunal y peticiona que se declare la inconstitucionalidad o ilegitimidad del Decreto 793/18 en tanto, reitera, es una norma inválida que recién pudo haber generado efectos a partir de su ratificación legislativa por el Congreso. Para todo ello, cita abundante jurisprudencia fundamente su derecho transcribiendo las partes pertinentes de las mismas. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, y ordenando la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 23.06.23 mediante el IF-2023-71920461-APN- DTD#JGM. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y la normativa aplicable: arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que le dio la Corte Suprema. Cita jurisprudencia de este tribunal en los autos “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación”, Expte. 38.422-A, como así también los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al citado decreto 793/18, que le dieron razón a su mandante, entre otros el fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. C/ DGA. S/ Apelación”, Expte. EX-2020-15395348--APN-SGASAD#TFN, del 18.02.21, que cita y da por reproducido. Refiere a la limitación de este tribunal para declarar la inconstitucionalidad solicitada e indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 del CA. Agrega que la contraria plantea como único argumento la inconstitucionalidad de normas jurídicas, entendiendo que, conforme la normativa transcripta, esté Tribunal no debería expedirse al respecto. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada. Indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
Previas intimaciones, con fecha 23.06.23 y 11.09.23, la representación fiscal cumple en acompañar la totalidad de las actuaciones administrativas involucradas en la presente causa.
III. El 24.11.23 se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA 12564-1238-2021, 12564-1260-2021, 12564-1259-2021, 12564-1147-2021, 12564-1148-2021, 12564-1149-2021, 12564-1150-2021, 12564-1151-2021, 12564-1152-2021, 12564-1153-2021, 12564- 1154-2021, 12564-1155-2021, 12564-1156-2021, 12564-1157-2021, 12564-1158-2021 y 12564-1159-2021, conteniendo en sus primeras fojas las solicitudes de restitución por una suma total de Pesos Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintidós ($5.757.622.-) en concepto de derechos de exportación, relativa a los PE 18003EC01005356K, 18003ECO1005375L, 18003EC01005376M, 18003EC01005309X, 18003EC01005314E, 18003EC01005322D, 18003EC01005323E, 18003EC01005324F, 18003EC01005325G, 18003EC01005326H, 18003EC01005327X, 18003EC01005328J, 18003EC01005329K, 18003EC01005330C, 18003EC01005332E y 18003EC01005334G.
El trámite administrativo de todos los SIGEA es paralelo y consistió, básicamente y luego de la presentación del reclamo de repetición, en los diferentes pases que tuvo, la acumulación de cinco solicitudes por SIGEA, en: 1) La resolución del Administrador de la Aduana de Bahía Blanca, de fecha del 18.11.19 en los SIGEA 12564-1148- 2021, 12564-1149-2021, 12564-1150-2021, 12564-1151-2021, 12564-1152-2021, 12564-1153-2021, 12564-1154-2021, 12564-1155-2021, 12564-1156-2021, 12564-1157-2021, 12564-1158-2021 y 12564-1159-2021, de fecha 20.11.19 en el SIGEA 12564-1147-2021 y de fecha 24.11.19 en los SIGEAS 12564-1238-2021, 12564-1260-2021, 12564-1259-2021, por la que se tiene por presentado el reclamo de repetición, se ordenada pase a i) Sección Económica Financiera a los fines que certifique el pago efectuado por el solicitante y ii) Sección Inspección Simultanea a efectos de que se expida si corresponde a no la devolución solicitada y efectué la liquidación en pesos del importe controvertido, informando la cotización del dólar a la fecha de pago; y dispone que oportunamente se resolverá. 2) Se agregan i) prints de pantalla del Sistema Informático Malvina y de documentación que hacen al procedimiento. ii) Las notas dictadas por la Sección Económica Financiera y iii) los dictámenes por el que la instancia dictaminadora de la Aduana de Bahía Blanca recomienda rechazar la solicitud de repetición; 3) Finalmente, en todos los SIGEAS, aparece agregada, conforme corresponda, las resoluciones aquí apeladas, 1230/2022 (AD BABL), 1231/2022 (AD BABL), 1232/2022 (AD BABL), 1233/2022 (AD BABL), 1234/2022 (AD BABL), 1235/2022 (AD BABL), 1236/2022 (AD BABL), 1237/2022 (AD BABL), 1238/2022 (AD BABL), 1239/2022 (AD BABL), 1240/2022 (AD BABL), 1241/2022 (AD BABL), 1242/2022 (AD BABL), 1243/2022 (AD BABL), 1244/2022 (AD BABL) y 1245/2022 (AD BABL), todas de fecha 30.12.22, dictadas por el Administrador de la División Aduana de Bahía Blanca, rechazando las repeticiones solicitadas.
V. Corresponde resolver en la causa si las resoluciones 1230/2022 (AD BABL), 1231/2022 (AD BABL), 1232/2022 (AD BABL), 1233/2022 (AD BABL), 1234/2022 (AD BABL), 1235/2022 (AD BABL), 1236/2022 (AD BABL), 1237/2022 (AD BABL), 1238/2022 (AD BABL), 1239/2022 (AD BABL), 1240/2022 (AD BABL), 1241/2022 (AD BABL), 1242/2022 (AD BABL), 1243/2022 (AD BABL), 1244/2022 (AD BABL) y 1245/2022 (AD BABL) dictadas por el Administrador de la Aduana de Bahía Blanca en cuanto dispuso no hacer lugar a la devolución de la suma pretendida por PBBPOLISUR SRL, en concepto de derechos de exportación abonados con relación, a los PE 18003EC01005356K, 18003ECO1005375L, 18003EC01005376M, 18003EC01005309X, 18003EC01005314E, 18003EC01005322D, 18003EC01005323E, 18003EC01005324F, 18003EC01005325G, 18003EC01005326H, 18003EC01005327X, 18003EC01005328J, 18003EC01005329K, 18003EC01005330C, 18003EC01005332E y 18003EC01005334G oficializados todos entre el 21.11.18 y el 23.11.18 se ajusta a derecho. Mediante los referidos PE la actora documentó la exportación de la mercadería allí declarada, abonando los derechos establecidos por el decreto 793/18 que los fijó, para todo el universo arancelario, con una alícuota del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería). La actora cuestiona la validez constitucional del decreto 793/18 por los fundamentos que expone, remitiendo al precedente de la Corte in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15/04/2014.
Asiste razón a la actora en su planteo, conforme los fundamentos que, en un caso análogo al presente, expuse en mi voto correspondiente a la sentencia de esta Sala E del 29/10/2021, autos “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA”
(EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN), en donde se tratan todos los argumentos expuestos por las partes en estos autos y a la que, en mérito a la brevedad, se considera integrando este voto (puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN -SGASADTFN-29-10- 2021.pdf). En consecuencia, opino que en este caso, pese a que votaré en sentido contrario por aplicación del plenario del tribunal, hubiera correspondido: declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 793/18 entre el 04/09/2018 y 04/12/2018 con fundamento en los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución y revocar la resolución apelada; hacer lugar al reclamo de repetición de la actora por la suma total reclamada de Pesos Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintidós ($5.757.622.-) con sus intereses hasta la fecha de pago (art. 811 del CA); e imponer las costas a la Aduana vencida.
VI. Que, sin perjuicio de lo expuesto, el 26/04/2022, este tribunal mediante el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA C/DGA S/RECURSO DE APELACIÓN”, por mayoría, acordó fijar la siguiente doctrina legal: “(…) ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Conforme lo dispuesto en el art. 151 de la ley 11.683, resulta aplicable a este caso la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, correspondiendo confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma PBBPOLISUR SRL.
VII. En cuanto a las costas considero deben imponerse por su orden. Ello atento a que la actora, pese al plenario, tuvo, desde siempre, sobrados fundamentos para realizar su planteo de devolución. Tales fundamentos datan de la reforma constitucional del año 1994 -nuevos arts. 76 y 99 inc. 3-- y la jurisprudencia de Fallos: 337:388 “Camaronera Patagónica” del 15.04.14. Ello sin perjuicio de señalar que, a la fecha, las cinco salas de la Cámara del Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal han resuelto, de modo unánime, que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable entre el 04.09.18 y el 04.12.18, aplicando el referido precedente de la Corte (ver Sala I, causa 13061/2022 “Newsan SA (TF 9748062-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo – Sala G”, sentencia del 02.02.23; Sala II, causa 22.219/21 “Minera Santa Cruz c/ EN- AFIP- DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 05.07.22; Sala III, causa 377/2021 “Catajuy SRL c/EN – DGA s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 18.10.22 y causa 26.963/2022 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, confirmatoria de una sentencia de esta Sala “E” previa al plenario del 26.04.22; Sala IV, causa 20.415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31.05.22 y Sala V, causa 51.458/19 “Gut Metal SRL c/ EN AFIP s/ recurso directo de organismo externo”, causa 21.909/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y causa 10.914/20 “Catajuy SA c/ EN- DGA s/ Dirección General de Aduanas”, sentencias del 05.05.22, 24.06.22 y del 02.08.22 respectivamente; entre otras).
VIII. Por ello VOTO POR:
Confirmar las resoluciones 1230/2022 (AD BABL), 1231/2022 (AD BABL), 1232/2022 (AD BABL), 1233/2022 (AD BABL), 1234/2022 (AD BABL), 1235/2022 (AD BABL), 1236/2022 (AD BABL), 1237/2022 (AD BABL), 1238/2022 (AD BABL), 1239/2022 (AD BABL), 1240/2022 (AD BABL), 1241/2022 (AD BABL), 1242/2022 (AD BABL), 1243/2022 (AD BABL), 1244/2022 (AD BABL) y 1245/2022 (AD BABL), dictadas por el Administrador de la Aduana de Bahía Blanca en las actuaciones administrativas SIGEA 12564-1238-2021, 12564-1260-2021, 12564-1259-2021, 12564-1147-2021, 12564-1148-2021, 12564-1149-2021, 12564-1150-2021, 12564-1151-2021, 12564-1152-2021, 12564- 1153-2021, 12564-1154-2021, 12564-1155-2021, 12564-1156-2021, 12564-1157-2021, 12564-1158-2021 y 12564-1159- 2021, respectivamente, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma PBBPOLISUR SRL, imponiendo las costas por su orden (art. 1163 del CA).
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Adhiero a la propuesta del Dr. Soria, dejando a salvo mi opinión disidente respecto a lo resuelto por la mayoría en el acuerdo plenario aludido por el distinguido colega preopinante.
Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
Confirmar las resoluciones 1230/2022 (AD BABL), 1231/2022 (AD BABL), 1232/2022 (AD BABL), 1233/2022 (AD BABL), 1234/2022 (AD BABL), 1235/2022 (AD BABL), 1236/2022 (AD BABL), 1237/2022 (AD BABL), 1238/2022 (AD BABL), 1239/2022 (AD BABL), 1240/2022 (AD BABL), 1241/2022 (AD BABL), 1242/2022 (AD BABL), 1243/2022 (AD BABL), 1244/2022 (AD BABL) y 1245/2022 (AD BABL), dictadas por el Administrador de la Aduana de Bahía Blanca en las actuaciones administrativas SIGEA 12564-1238-2021, 12564-1260-2021, 12564-1259-2021, 12564-1147-2021, 12564-1148-2021, 12564-1149-2021, 12564-1150-2021, 12564-1151-2021, 12564-1152-2021, 12564- 1153-2021, 12564-1154-2021, 12564-1155-2021, 12564-1156-2021, 12564-1157-2021, 12564-1158-2021 y 12564-1159- 2021, respectivamente, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma PBBPOLISUR SRL, imponiendo las costas por su orden (art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese.
Suscriben los Dres. Soria y González Palazzo, por encontrarse de licencia el Dr. Juárez (art. 6 y 52 RPTFN y art. 1162 CA).
Date: 2023.11.24 14:56:04 -03:00 Date: 2023.11.24 14:56:54 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.24 14:56:55 -03:00
Fin de la sentencia