Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 22571331-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
16279/2024 “PBBPOLISUR SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, por resolución del 19/4/24, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó las resoluciones AD BABL 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, USO y 1274, todas de 2022, dictadas en las actuaciones 12564-1269-2021, 12564-1270- 2021, 12564-1271-2021, 12564-1272-2021, 12564- 1273-2021, 12564-1274-2021, OFICIAL 12564-1275-2021, 12564-1277-2021, 12564-1278-2021, 12564-1435-2021, 12564- 1434-2021, 12564-1433-2021, 12564-1432-2021, 12564-1431-2021, 12564-1430- 2021, 12564-1429- 2021, 12564-1428-2021, 12564-1427-2021, 12564-1426-2021, 12564-1425-2021, 12564-1424-2021, en cuanto habían denegado la devolución de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación a los permisos de embarque 18 003 EC01 005422E (oficializado el 26/11/18); 18 003 EC01 005421D (oficializado el 26/11/18); 18 003 EC01 005411C (oficializado el 26/11/18); 18 003 EC01 005410B (oficializado el 26/11/18); 18 003 EC01 005409J (oficializado el 26/11/18); 18 003 EC01 005408X (oficializado el 26/11/18); 18 003 EC01 005407H (oficializado el 26/11/18); 18 003 EC01 00546GH (oficializado el 26/11/18); 18 003 EC01 005401B (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005400A (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005385M (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005386N (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005387Y (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005388P (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005389Z (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005390X (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005391J (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005392K (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005393L (oficializado el 23/11/18); 18 003 EC01 005402C (oficializado el 26/11/18) y 18 003 EC01 005419K (oficializado el 26/11/18).
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable el acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó la siguiente doctrina legal: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Distribuyó las costas por su orden en atención a la complejidad de la cuestión (v. pp. 2662-2667 de la versión digital del expediente TF 22571331-A, remitida con el oficio del 21/10/24).
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación con respecto a las costas el 29/4/24; la cual se concedió el 2/5/24 y fue replicada por su contraria el 20/5/24 (v. pp. 2674-2683, 2685 y 2688-2693, expte. cit.). Planteó que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota dado que, al momento de interponer la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ya existía la doctrina plenaria con sustento en la cual se resolvió el planteo. A ello añadió que la actora debió conocer la limitación que surgía del artículo 1164 del Código Aduanero y desistir oportunamente de la acción.
3. Que, por otra parte, la actora interpuso y fundó apelación el 4/6/24, que se concedió el 13/6/24 y fue replicada el 14/6/24 (v. pp. 2705, 2714-2754, 2757 y 2761- 2789, expte. cit.).
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 16279/2024 “PBBPOLISUR SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Además, planteó que la decisión vaciaba de contenido al artículo 1164 del Código Aduanero, ya que, en una recta interpretación, esa norma le hubiese permitido el Tribunal Fiscal de la Nación revisar la constitucionalidad del decreto 793/18, por tratarse de una disposición sustancialmente análoga a la que había sido objeto de USO pronunciamiento por el Máximo Tribunal.
Finalmente, planteó la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista por la OFICIAL resolución ME 559/22 porque, al mantenerse en un porcentaje fijo, no alcanzó a cubrir la inflación durante su período de vigencia y lesionó su derecho de propiedad. En consecuencia, pidió que fuese reemplazada por la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, a fin de mantener la integridad de las sumas reclamadas.
Al contestar agravios, el Fisco insistió en su posición, especialmente en lo que respecta a la falta de legitimación de la actora, por el hecho de haber trasladado el tributo que pretendía repetir.
4. Que, el 5/11/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851-A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 19/4/24, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 —que otorgó rango legal a su contenido—, y admitir la devolución del importe en pesos abonado por tal concepto con relación a las destinaciones de exportación identificadas en el considerando 1°; más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo dicho por esta Sala en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), y se hacen propios los argumentos del dictamen fiscal (esp. punto 8), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado el 22/10/24.
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 16279/2024 “PBBPOLISUR SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 21/10/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ USO TAMBIÉN SE RESUELVE.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de OFICIAL licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa según su estado (v. DEO enviado el 30/10/24).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia