Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-119474226-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 2 de la Resolución RESOL-2024-4818-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA apelada, en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-66434681-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 6 de Julio de 2026 de apelación.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Horacio Joaquín Segura –Vocal Subrogante, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación–, y con la presidencia de la Sala a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos: “PBT S.R.L. c/ D.G.A. s/ rec. de apelación”, EX-2024-119474226- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. El 31/10/2024, PBT S.R.L., a través de su apoderado y mediante IF-2024-119474129-APN-DTD#JGM, interpone recurso de apelación contra la RESOL-2024-4818-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada con fecha 01/10/2024, en el expediente SIGEA Nº 12209-1350-2013, por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, que le fuera notificada el día 23/10/2024.
Explica que mediante tal resolución se ABSOLVIÓ a la firma PBT S.R.L. y al despachante de aduanas Juan Marcelo CABAS GOLE respecto de la infracción prevista y tipificada por el art. 954 CA inc. a) endilgada en relación al Despacho de Importación Nro. 13 073 IC04 043038 S, en los términos del art. 1.112 del citado cuerpo legal y se procedió A FORMULAR CARGO por los tributos adeudados por la suma de U$S DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 54/100 (U$S 21.885,54)
en concepto de Derechos de Importación e I.V.A. importes que debían ser ingresados en los términos del art. 794 del C.A.
Relata que, mediante la destinación N° 13 073 IC04 043038 S, importó a consumo, en fecha 13/03/2013, anteojos de sol y marcos ópticos, procedentes y originarios de Italia.
Afirma que, al momento de oficializar la operación, no contaba con el certificado debidamente legalizado, en los términos del art. 2, inc. b), de la Resolución Nº 763/1996, procedió a garantizarlo en virtud de lo previsto por Resolución Nº 2793/2010. Constituyó la Garantía N° 13073003610G -Póliza Nº 272062-, obrante a fs. 19 del sumario aduanero, en el marco del art. 453, inc. f) del C.A.- por el importe correspondiente a la multa automática, los derechos antidumping establecidos en la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Nº 588/2012, así como también el Impuesto al Valor Agregado y a las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias. Posteriormente el día 18/04/2013, es decir, habiendo transcurrido sólo 23 días hábiles desde la oficialización del despacho, efectuó la presentación del CO por medio de la multinota SIGEA N° 12209-1350- 2013/0 que luce agregada a fs. 1/12 del sumario.
Remarca, que el CO se presentó dentro del plazo establecido para ello, siendo que el despacho se oficializó el 13/03/2013 y el plazo otorgado para su presentación era de 30 días hábiles administrativos los que vencían el 30/04/2013, afirmando que este hecho no fue controvertido por el servicio aduanero ya que la Aduana reconoció tal circunstancia mediante Nota N° 489/2014 (SE IMEZ), obrante a fs. 20 de las actuaciones administrativas. Agrega que, sin embargo y pese a la presentación del CO en término, el Servicio Aduanero entendió que dicho certificado no resultaba de aplicación habida cuenta que el mismo no se ajustaba a lo dispuesto por el art. 6, inc. c), de la Resolución N° 763/96 MEYOSP ya que en él no se consignaba el puerto o lugar de embarque de la mercadería cuyo origen se certificaba, por lo que resolvió ejecutar la garantía motivo FCTX (ver Nota N° 489/2014 SE IMEZ, fs. 20 sumario aduanero).
Explica que como consecuencia de lo expuesto se generó el Cargo N° 675/2014 -fs. 22 del sumario, el que impugnó con fecha 16/06/2014 -fs. 25/33-, a través del cual se reclamaban los rubros: derechos antidumping, IVA, IVA Adicional y Ganancias, con más intereses desde la oficialización del despacho denunciado. El servicio aduanero, no dio curso a la impugnación impetrada por esta parte y el día 13/09/2016, procedió directamente a dictar la Resolución DE PRLA N° 4298/2016, a través de la que se dejó sin efecto el cargo impugnado y se declaró abstracta la impugnación de PBT.
Aduce que no se le notificó del dictado de dicha resolución de la cual tomó conocimiento al tomar vista del sumario una vez notificada la resolución aquí apelada, es decir, habiendo transcurrido más de 8 años de su dictado.
Desarrolla que posteriormente, y según se desprende de fs. 51 del sumario administrativo, se labró el acta de denuncia en su contra por la infracción al art. 954 del C.A., el día 24/07/2018, por entender el Servicio Aduanero que no resultaría aplicable el CO para la mercadería importada y se giraron las actuaciones administrativas a la Secretaría de Actuación N° 3, la que con fecha 28/12/2018 -fs. 57 de las actuaciones administrativas- instruyó sumario por la infracción mencionada.
Acusa que sin más trámite ni notificación alguna, para que ejerza su derecho de defensa, con fecha 01/10/2024 se emitió la Resolución Nº RESOL-2024-4818-E-AFIPDEPRLA# SDGTLA, que aquí se apela, en la que se dispuso ABSOLVER a la importadora y a su despachante de aduanas por la infracción imputada, pero de todas formas se formuló cargo al importador en concepto de tributos por la suma de U$S 21.885,54, intimando en los términos del art. 794/799 del C.A. Dicho decisorio le fue notificado el 23/10/2024 según constancia de fs. 66 del expediente aduanero. Y al despachante de Aduanas, Juan Marcelo Cabas Gole, el día 24/10/2024 (fs. 67).
Plantea como excepción previa la irrazonabilidad de la Tasa de Actuación y solicita supletoriamente una espera total o parcial para su integración.
Sostiene a este respecto que, a simple vista, el monto reclamado resulta irrazonable por ser desproporcionado para el fin para el cual fue implementado esa especie de tributo y, en consecuencia, irrita el principio de razonabilidad, la igualdad ante las cargas públicas, el derecho de tutela judicial efectiva, la garantía de la propiedad, entre otros de los derechos consagrados por nuestras leyes que se nutren de las garantías dispuestas por los arts. 16, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional (inc. 22 del art. 75 de la CN), así como el principio de gratuidad que informa el procedimiento administrativo en orden a garantizar el derecho a una tutela jurisdiccional-administrativa efectiva. Comparte doctrina y jurisprudencia a fin de dar fundamento a su postura.
Destaca que en las actuaciones no se le corrió vista para poder esgrimir las defensas correspondientes. Que tomó conocimiento, más de 11 años después de haber oficializado la operación denunciada, que se había instruido el presente sumario y que se le requería el pago de tributos al tipo de cambio actual, sin haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en este procedimiento.
Recuerda que el sumario tiene por objeto no solo la determinación de los hechos que serán sancionados, sino también los demás aspectos dependientes de la comisión o no de tal infracción, como lo son los tributos aplicables. Remite a lo establecido por el art. 1094 del C.A. que transcribe.
Insiste en que es nulo el fallo que formula un cargo por tributos en un procedimiento para las infracciones en el que no se ha corrido vista para ejercer la defensa. Que tal pronunciamiento viola el derecho al debido proceso establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional. Acusa: PBT S.R.L. nunca fue citada en el sumario aduanero, ni se le dio oportunidad de ejercer el derecho de defensa. Cita jurisprudencia.
Expresa que en autos se ha producido la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Ello lo fundamenta en el hecho en que si bien el Código Aduanero establece en el art. 805, inc. a), que la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende desde la apertura del sumario hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, ello no puede validar una duración ilimitada del proceso.
Suma que la mera observación del auto de instrucción de sumario obrante a fs. 57, demuestra que de ningún modo cumple con los requisitos dispuestos por el art. 1094 del C.A., lo cual lo convierte en nulo conforme lo desarrollado en el acápite anterior y mal pudo tener efectos suspensivos y/o interruptivos del plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos reclamados. Recuerda que desde la presunta comisión del hecho imponible (la operación se oficializó el 13/03/2013) hasta la fecha de interposición del recurso, transcurrieron más de 11 años y que las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero, deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012 y aplicada en numerosos fallos de Cámara e incluso de este Tribunal Fiscal de la Nación.
Finalmente se agravia en relación a reclamo tributario de la que fue objeto, ya que considera que el origen de la mercadería en trato se encuentra acreditado y que el CO, obrante a fs. 1/12 y 36/41vta. del expediente aduanero, resulta plenamente válido y aplicable a la mercadería, que dicho documento fue presentado en el plazo legal correspondiente.
Insiste en que conforme surge de la Nota N° 489/14 (SE IMEZ) de fecha 25/03/2014 (fs. 20 del sumario), el CO fue presentado en término, por lo tanto, el origen italiano de la mercadería fue acreditado en tiempo y forma, situación que debe ser considerada en autos.
Respecto de la aplicabilidad del CO, señala que el servicio aduanero sostuvo que el certificado no cumpliría con los requisitos del art. 6, inc. c), de la Resolución Nº 763/96. Esta normativa dispone como dato necesario en el CO el “puerto o lugar de embarque”.
Señala que en el certificado cuestionado, este lugar se menciona en el campo 4 como “ANY EUROPEAN PORT”, es decir, “cualquier puerto europeo”, lo que entiende que generó que la Aduana tache de inaplicable dicho documento y considere como no acreditado el origen que así se certifica, dando lugar a que la mercadería importada quedara sujeta a derechos antidumping, establecidos en la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Nº 588/2012, como si las mercaderías importadas fueran originarias de la República Popular China.
Considera que este criterio aplicado no fue acertado, en virtud que en el CO claramente se indicó como país de origen de la mercadería (campo 3) “EUROPEAN COMMUNITY ITALY”, incluyéndose en el mencionado certificado el número de Factura Comercial N° 10/2013, documentación complementaria declarada y adjunta a la importación a consumo, donde se detalla el domicilio del proveedor italiano sito en la localidad italiana de SEGUSINO (Via Riva Secca. 20 – 31040 SEGUSINO (TV) – ITALY). Remarca que la factura obra agregada a fs. 5/10 y 37/39 del expediente aduanero.
Así las cosas, afirma que todos los requisitos del CO resultaron conformes con la normativa. Adicionalmente, también se consignó en el CO en trato, que la mercadería sería enviada por un aeropuerto europeo, por lo que arguye que debe considerarse que se encuentra cumplido el requisito de indicar en el CO el “puerto o lugar de embarque”, y no se advierte razón alguna por la cual deba ser desestimado tal certificado.
Invoca que la denominación genérica de “puerto o lugar de embarque” de ningún modo puede ser justificativo valedero que resulte suficiente para descartar el origen de la mercadería en cuestión cuando ello está cabalmente demostrado por el documento que se adjuntó. En definitiva, cualquiera sea el país de Europa del que era procedente la mercadería, en ningún caso implicaría que la mercadería NO fuera originaria de Italia y lo fuera de China.
Acusa que, si alguna duda les cabía a las autoridades aduaneras con relación a estos datos, tenían a su alcance las consultas y requerimientos de información previstos en el art. 20 de la Resolución Nº 763/96, procedimiento que no utilizaron.
En resumidas cuentas, considera que no corresponde desechar la validez del CO por un supuesto defecto formal, el que además recae sobre un dato que no resulta sustancial a los efectos de corroborar el origen de la mercadería. De todos modos, reitera que lo indicado en el campo 4 no era incorrecto, sino que se trataba de una declaración de carácter genérico.
En subsidio impugna la liquidación sobre la moneda en la que la Aduana efectúa el reclamo correspondiente a los tributos y el momento en el que se deben convertir las sumas a pesos.
Ofrece Prueba. Hace reserva del caso federal y peticiona se revoque la resolución aduanera apelada con el alcance solicitado, desestimándose en consecuencia el reclamo tributario, con expresa imposición de costas a la vencida. Y en subsidio, se deje sin efecto la liquidación contenida en la resolución aduanera y se practique una nueva conforme lo planteado en el apartado V, punto 4), de su recurso de apelación.
II. Previo emplazamiento, el Fisco se presenta con fecha 05/03/2025, mediante IF-2025-21873609-APN- DTD#JGM, contesta el recurso de apelación y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 12209-1350- 2013, correspondientes a estos autos. Cumpliendo el imperativo procesal, la Aduana niega todos y cada uno de los hechos, el derecho, la documentación y las copias invocadas por la actora que no fueran objeto de expreso reconocimiento. Asimismo, al contestar el traslado del recurso, expone que la Sección Ramo D (DV CFSZ) formuló denuncia por considerar que existía perjuicio fiscal, en razón de que, con motivo del control documental efectuado sobre la Destinación N° 13 073 IC04 043038 S, se constató la improcedencia del certificado de origen acompañado, por no ajustarse —según sostiene— a lo dispuesto por el art. 6, inc. c), de la Resolución N° 763/96 (MEYOSP), exigido para la mercadería documentada en la destinación en trato. En relación con la nulidad articulada por la recurrente respecto del auto de apertura del sumario, manifiesta que existe abundante jurisprudencia que se ha expedido acerca del alcance de las previsiones del art. 1094 del C.A. y agrega que, en virtud de lo dispuesto por el art. 12 de la Ley 19.549, los actos de la Administración gozan de presunción de legitimidad, por lo que su declaración de nulidad constituye un remedio de carácter excepcional. En esa línea, afirma que la apertura sumarial se trata de un acto administrativo válido, que reúne los requisitos esenciales establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos, y que, además, habría quedado consentido por la recurrente al no haberse opuesto su nulidad en la oportunidad prevista por el art. 1051 del C.A. Sostiene también que no existe margen para admitir la prescripción de la acción fiscal para percibir los tributos reclamados, por cuanto la apertura del sumario constituye un acto administrativo alcanzado por la Ley 19.549 y produce los efectos que la ley le asigna en materia de suspensión del curso de la prescripción, con fundamento en el art. 805, inc. a), del Código Aduanero. Sobre esa base, entiende que carecen de sustento los agravios de la actora vinculados con la pretendida nulidad del acto por violación del art. 1094 del C.A., del debido proceso y del derecho de defensa en juicio. En cuanto al fondo de la cuestión, aclara que no deben confundirse la faz tributaria con la infraccional.
Refiere a los supuestos contemplados por el art. 2 de la Resolución N° 763/96, a las exigencias formales del certificado de origen previstas en dicha normativa -en particular, la consignación del puerto o lugar de embarquey al criterio interpretativo desarrollado en sus considerandos respecto de la acreditación del origen de las mercaderías importadas cuando éstas se encuentran sujetas a tratamientos diferenciales, derechos antidumping u otros gravámenes vinculados al origen. Asimismo, menciona las previsiones relativas a la documentación complementaria faltante y el régimen de garantía invocado por la importadora. Añade que resulta aplicable lo establecido por la Instrucción General N° 53/2002, en cuanto indica que, en lo atinente al puerto o lugar de embarque, debe especificarse el lugar del país de origen desde donde las mercaderías son expedidas hacia la República Argentina, pudiendo además agregarse el puerto del país de procedencia desde el cual se efectúa la carga final hacia nuestro país. A partir de ello, concluye que la normativa citada avala -a su criterio- los fundamentos de la resolución aduanera y del cargo formulado. En ese sentido, insiste en que el certificado de origen acompañado por la actora resulta inválido y remite a jurisprudencia de este Tribunal Fiscal sobre la cuestión debatida.
En lo referente a los intereses, alude a su procedencia con sustento en las disposiciones del Código Aduanero y en la jurisprudencia que cita, destacando que no puede perderse de vista la función propia del organismo de control en orden al resguardo de la renta fiscal y al principio de indisponibilidad del crédito público, que —según afirma— guiaron la interpretación y aplicación de las normas involucradas en el caso. Asimismo, invoca lo dispuesto por los arts. 794, 795 y 796 del C.A., en cuanto regulan la exigibilidad y el curso de los intereses sobre los importes reclamados. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la apelación interpuesta, con expresa imposición de costas.
III. Que con fecha 10/03/2025, mediante PV-2025-24641952-APN-VOCXV#TFN, se tuvo por presentada a la representación fiscal y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a estos autos.
IV. El día 29/06/2026 mediante providencia PV-2026-63926178-APN-VOCXV#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”. Y, en la misma fecha a través del IF-2026-63951183-APN-VOCXV#TFN se llaman autos a sentencia.
V. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 12209-1350-2013 se inician a fs. 1 con el acuse de recibo digitalizado del Certificado de Origen. A fs. 16 vta. luce agregado el certificado de origen en trato. A fs. 20 obra la Nota N° 489/14 (IMEZ), de fecha 25/03/2014, mediante la cual se indica que el certificado de origen acompañado no resulta de aplicación. A fs. 22 consta la liquidación del Cargo N° 675/2014 y, a fs. 23, obra el acuse de recibo de la notificación cursada del mismo a la apelante el día 02/06/2014. A fs. 25/33 luce agregada la impugnación del cargo aludido incoada por la actora en el sumario aduanero. A fs. 47/48 vta., mediante Resolución DE PRLA N° 4298/2016, se deja sin efecto el Cargo N° 675/2014. A fs. 51/51 vta. consta el Acta de Denuncia labrada por el Servicio Aduanero con fecha 24/07/2018 y, a fs. 52/56 vta., la liquidación de los ítems en infracción que constituyen el nuevo cargo reclamado. A fs. 57 luce la resolución de fecha 28/12/2018, por la que se dispone la apertura del sumario. A fs. 58 obra la resolución dictada el día 23/08/2022, en la que se indica que, en el marco de lo dispuesto por el art. 17 de la Ley 27.562, “...se suspende con carácter general por el plazo de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para exigir o determinar el pago de tributos...”. A fs. 59 obra liquidación en concepto de multa y tributos reclamados. A fs. 60/61 vta. consta la Resolución N° 4818/2024, aquí apelada, notificada a la firma PBT S.R.L. con fecha 23/10/2024, según surge de la cédula de notificación incorporada al expediente administrativo a fs. 66/66 vta., y al despachante de aduanas Juan Marcelo Cabas Gole el día 24/10/2024, conforme la constancia notificatoria de fs. 67/67 vta..
VI. Que corresponde resolver si la RESOL-2024-4818-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada con fecha 01/10/2024 en el marco del SIGEA N° 12209-1350-2013, en cuanto dispuso absolver a la firma PBT S.R.L. y al despachante de aduanas Juan Marcelo Cabas Gole respecto de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, y formular en su artículo 2° intimación de pago por la suma de U$S 21.885,54 en concepto de Derechos de Importación e I.V.A., se ajusta a derecho. En primer término, corresponde señalar que el planteo formulado por la actora respecto de la Tasa de Actuación ha devenido abstracto, toda vez que de las constancias de autos surge que la recurrente procedió a su pago con fecha 13/12/2024, mediante IF-2024-137120956-APN- DTD#JGM, adjuntando el comprobante VEP de estilo que da cuenta del abono de la tasa de referencia. Sentado ello, corresponde examinar los agravios vinculados con la nulidad articulada por la recurrente y con la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos reclamados.
El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren prevista sanción aplicable en forma automática, deben sustanciarse conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV. En ese marco, el servicio aduanero se encontraba habilitado para instruir el sumario, valorar los antecedentes incorporados a la causa y pronunciarse acerca de la existencia o inexistencia de la infracción imputada. De las actuaciones surge que, luego de la denuncia labrada a fs. 51/51 vta., de la liquidación obrante a fs. 52/56 vta. y de la apertura del sumario dispuesta a fs. 57, la Aduana dictó la Resolución N° 4818/2024, por la cual absolvió a la importadora y al despachante en el aspecto infraccional, y en su artículo 2° intimó el pago de los tributos que entendió adeudados.
No advierto vicio alguno que invalide, en sí mismo, el dictado de dicha resolución. Por el contrario, el acto administrativo aparece emitido en el marco de las competencias del organismo, decide expresamente la suerte de la imputación infraccional y exterioriza, además, la pretensión fiscal relativa al aspecto tributario derivado de los mismos antecedentes documentales valorados en sede administrativa. En tal sentido, la circunstancia de que el servicio aduanero haya absuelto a los sumariados respecto de la infracción imputada no obsta, por sí sola, a que en el mismo acto formule una intimación de pago por los tributos que estime adeudados, pues se trata de planos jurídicos diferenciados. Tampoco le asiste razón a la recurrente cuando pretende fundar la nulidad de la resolución en una supuesta ausencia total de conocimiento del trámite administrativo. De las constancias agregadas surge que la firma impugnó oportunamente el Cargo N° 675/2014 -obrando dicha presentación a fs. 25/33-, lo que demuestra que conoció la existencia de la controversia suscitada en torno al certificado de origen, a la procedencia del reclamo fiscal y a los rubros tributarios involucrados. A ello se suma la posterior notificación de la resolución aquí cuestionada. En tales condiciones, no cabe concluir que el acto administrativo en sí mismo resulte nulo por afectación sustancial del derecho de defensa.
Sin embargo, distinta valoración merece la notificación cursada respecto de la Resolución DEPRLA N° 4818/2024.
En efecto, de las constancias de fs. 66/66 vta. y 67/67 vta. surge que las notificaciones SICNEA 24001NOTI267886M y 24001NOTI267883J informaron que contra dicho acto procedía el recurso de apelación contemplado en el art. 1132 del Código Aduanero. Esa indicación no resulta correcta en relación con el artículo 2° de la resolución, pues éste no contiene una resolución definitiva recaída en un procedimiento de impugnación o repetición, ni una decisión final autónomamente apelable ante este Tribunal, sino una intimación de pago de tributos exteriorizada en el marco del procedimiento infraccional.
De allí que el vicio del caso no radique en la validez intrínseca de la Resolución N° 4818/2024, sino en la forma en que fue notificada a la importadora y al despachante, al atribuírsele indebidamente carácter recursible por la vía del art. 1132 del C.A. respecto de una intimación tributaria que no revestía tal naturaleza. Corresponde, por ello, declarar la nulidad de las referidas notificaciones, exclusivamente en ese alcance, sin que ello importe invalidar el acto administrativo notificado.
Que, seguidamente, corresponde tratar el planteo de prescripción opuesto por la actora.
Conforme lo dispuesto por el art. 803 del Código Aduanero, la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribe por el transcurso de cinco (5) años. A su vez, el art. 804, inc. a), establece que dicho plazo comienza a correr el 1° de enero del año siguiente a aquél en que se hubiere producido el hecho gravado. En el caso, aun computando el inicio del plazo desde la hipótesis más favorable a la recurrente -esto es, la oficialización del despacho de fecha 13/03/2013, con comienzo del curso prescriptivo el 01/01/2014-, lo cierto es que con fecha 28/12/2018 se dispuso la apertura del sumario a fs. 57, circunstancia que, de conformidad con lo previsto en el art. 805, inc. a), del C.A., produjo la suspensión del curso de la prescripción de la acción fiscal para percibir los tributos.
Sin perjuicio de lo expuesto, la actora ha invocado la doctrina del “plazo razonable” receptada en el art. 8, inc. 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con sustento en los precedentes “Losicer” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en fallos de este Tribunal Fiscal, sosteniendo que la suspensión del art. 805, inc. a), del C.A. no puede operar de modo ilimitado cuando la demora es imputable al servicio aduanero. Dicho planteo no puede prosperar en la presente causa por una razón que antecede al análisis casuístico: la garantía convencional invocada ha sido creada en resguardo de los derechos de las personas físicas y no resulta aplicable a la aquí recurrente, que reviste la calidad de persona jurídica. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-22/16 del 26 de febrero de 2016, al sostener que “el art. 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. Siendo la Corte Interamericana el órgano competente para la interpretación y aplicación de la Convención (art. 62.3 CIDH), dicha conclusión resulta vinculante y exime de considerar si en el caso concreto se verificó o no una dilación irrazonable. A mayor abundamiento, tampoco le resulta aplicable a la actora el beneficio del plazo razonable desde el aspecto tributario, por ser contrario a su naturaleza jurídica y por carecer esta instancia de dicha facultad en virtud del principio de indisponibilidad del crédito fiscal (cfme. esta Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, in re “La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, Expte. N° 13.524- A). En consecuencia, no se verifica en autos la prescripción invocada por la apelante.
Corresponde ahora examinar la validez de las notificaciones practicadas. Del art. 2° de la RESOL-2024-4818-E- AFIP-DEPRLA#SDGTLA surge con claridad que el servicio aduanero intimó a la actora al pago de los tributos en los términos de los arts. 794/799 del C.A., lo que implica que dicho acto constituyó una intimación tributaria con inicio del curso de intereses. Para que esa intimación fuera válida, debía estar precedida por la vista prevista en el art. 1101 del C.A., que en el procedimiento para las infracciones habilita al administrado a presentar sus defensas, ofrecer prueba y formular las observaciones que estime pertinentes respecto de la pretensión fiscal. Dicha vista nunca fue corrida en autos: la firma PBT S.R.L. tomó conocimiento de la existencia de este sumario únicamente al ser notificada de la resolución aquí impugnada, más de once años después de la oficialización del despacho. El vicio no radica en la resolución en sí misma -cuya parte dispositiva que absolvió a los imputados de la infracción se mantiene incólume- sino en el acto de comunicación que pretendió hacer operativa la pretensión tributaria.
Por lo expuesto, corresponde: tener por abstracto el planteo relativo a la tasa de actuación; rechazar la nulidad articulada por la actora respecto de la Resolución DEPRLA N° 4818/2024, con costas a la actora (art. 1163 del C.A.); rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas a la actora (art. 1163 del C.A.); declarar la nulidad de la notificación SICNEA 24001NOTI267886M, con costas a la demandada (art. 1163 del C.A.); y disponer la devolución de las actuaciones a la Dirección General de Aduanas a fin de que se tramite el procedimiento previsto en el art. 1101 del Código Aduanero.
Que la solución que aquí se adopta no importa apartamiento del objeto litigioso sometido a decisión. La recurrente ha cuestionado la validez de la resolución apelada en cuanto, a su entender, formula un reclamo tributario con afectación de su derecho de defensa y por una vía impropia.
En tales condiciones, si bien no corresponde hacer lugar a la nulidad del acto administrativo en sí mismo, sí cabe declarar la invalidez de las notificaciones cursadas en cuanto atribuyeron a la intimación contenida en el art. 2° carácter apelable en los términos del art. 1132 del Código Aduanero, por tratarse de la respuesta jurídicamente adecuada a los agravios efectivamente articulados.
Que, a su vez, en ejercicio de las facultades conferidas a este Tribunal por el art. 1143 del Código Aduanero, corresponde disponer la devolución de las actuaciones a la Dirección General de Aduanas a fin de que la exigencia tributaria sea sustanciada por el cauce procedimental pertinente, con íntegra preservación del derecho de defensa de los interesados.
VII. Que, en función de lo expuesto, corresponde devolver las actuaciones a la D.G.A. a fin de que la División Secretaría de Actuación N° 3 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto por los arts. 1101, 1104 y c.c. del Código Aduanero.
VIII. Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados por las partes.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar abstracto el planteo formulado por la actora respecto de la Tasa de Actuación.
2. Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución RESOL-2024-4818-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA opuesto por la actora. Con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
3. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora. Con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
4. Declarar la nulidad de la notificación SICNEA 24001NOTI267886M, con costas a la demandada (art. 1163 del Código Aduanero).
5. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 3 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en los arts. 1101, 1104 y c.c. del Código Aduanero (Ley 22.415).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a V del voto del Dr. Juárez.
II. Respecto a la cuestión de la nulidad opuesta por el apelante, considero que la solución adecuada es la que se desarrolla a continuación.
En este caso la firma actora interpuso recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2024-4818-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA de fecha 01.10.2024, dictada por el Jefa de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en el SIGEA 12209-1350-2013, por la que, en primer lugar, se absuelve a la firma y al despachante de aduana por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero y, en segundo lugar, se formula cargo por la suma de U$S 21.885,54 en concepto de tributos adeudados.
La recurrente se agravia porque entiende violado su derecho de defensa, los principios del derecho procesal y del debido proceso.
El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV; así cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes acuerden (conf. arts. 1080 y 1081 del CA).
El art. 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero, labra el acta denuncia 1514 de fecha 24.07.18 (fs. 51 act adm) e instruido el sumario (fs. 57 act adm), se limitó a la hora de decidir a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo la absolución de la firma recurrente y del despachante de aduana y la formulación del cargo.
Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. En tales circunstancias la resolución administrativa vulnera la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna.
Que resulta clara la falta de intervención del presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilga, por el que se exige además el pago de tributos; tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el art 1122 del CA.
Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 2 de la Resolución RESOL-2024-4818-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA apelada en cuanto formula cargo por tributos adeudados, haciendo lugar al planteo de la firma PBT SRL, con costas a la Aduana.
Por la forma en que se resuelve el planteo de nulidad deviene inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 2 de la Resolución RESOL-2024-4818-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA apelada, en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juan Manuel Soria En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Declarar la nulidad del art. 2 de la Resolución RESOL-2024-4818-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA apelada, en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
Regístrese y notifíquese. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente el Dr. Héctor Hugo Juárez, el Dr. Juan Manuel Soria y el Dr. Horacio Joaquín Segura -en carácter de Vocal subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación, que se encuentra vacante-, conforme art. 52 del RPTFN.
Date: 2026.07.06 15:34:36 ART Date: 2026.07.06 17:12:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.06 20:21:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.06 20:22:04 -03:00
Fin de la sentencia