Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 12847870-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto y confirmar la decisión apelada. Las costas de Alzada se imponen al Fisco, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, segundo párr., CPCCN).
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
45167/2025 “PBT SRL (TF 12847870-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2025.
O
F VISTA: La elevación del expediente TF 12847870-A (v. DEOX del 28/11/25) a fin I de considerar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 18/07/2025 (v. C IF-2025-78275743-APN-DTD#JGM) concedido el 07/08/2025 (v. PV-2025-86619585-
I
APN-VOCXXI#TFN) contra la sentencia dictada el 29/05/2025, en cuanto hace lugar al A L planteo efectuado por la recurrente y declara la nulidad del artículo 3° de la Resolución RESOL-2024-4695-EAFIPDEPRLA#SDGTLA en cuanto al cargo formulado, con costas al S fisco nacional (v. INLEG-2025- 57702151-APN-VOCXXI#TFN)” (v. pág. 361 del O expediente electrónico, donde también consta que el recurrente expresó agravios dentro del U plazo legal y que la actora contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación admitió el planteo de PBT SRL y declaró la nulidad del artículo 3º de la resolución RESOL-2024-4695-E-AFIPDEPRLA#SDGTLA, recaída en el expediente SIGEA 12209-1344-2013, en cuanto la había intimado al pago de tributos con relación a la destinación de importación 13073IC04042613Z. Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver como lo hizo, recordó que: (i) la actuación tenía origen en una denuncia por la supuesta falta de presentación en forma del certificado de origen relativo a la mercadería importada, debido al incumplimiento de los requisitos previstos en la resolución MEOySP 763/96; (ii) con posterioridad, se liquidaron los tributos resultantes de la falta de acreditación del origen de la mercadería y se dispuso la apertura de un sumario en los términos del artículo 1090, inciso c, del Código Aduanero, por la presunta comisión de la infracción prevista en el inciso a, del artículo 954; (iii) finalmente, se dictó la resolución aquí apelada, por la que se absolvió a la actora en el aspecto infraccional, pero se la intimó al pago de la diferencia de tributos.
Precisó que el servicio aduanero consideró apropiada la absolución con respecto a la imputación por declaración inexacta, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 898 del Código Aduanero. No obstante, sin dar previa intervención a la sumariada, reclamó por un presunto perjuicio fiscal que, en rigor, no se había constatado.
Hizo énfasis en que la apertura del sumario y la liquidación tributaria no habían sido comunicadas a la recurrente, dado que se omitió correr la vista prevista por el artículo 1101 del código, y que aquélla se anotició directamente de la decisión absolutoria; de la que, no obstante, se desprendían consecuencias tributarias.
Remarcó que los tributos reclamados a la recurrente presuponían el perjuicio fiscal a que hace referencia la figura del artículo 954, inciso a, del Código Aduanero; por la que se había instruido el sumario. En esas condiciones, y al no habérsele corrido vista, tuvo por incumplidos los mínimos recaudos que hacen al derecho de defensa del imputado, de raigambre constitucional.
2. Que el Fisco Nacional argumentó que la resolución en cuestión había dispuesto el cierre de la investigación y la absolución de la parte actora. Señaló que la existencia previa de una infracción aduanera no constituía un requisito indispensable para el nacimiento de la obligación tributaria, y que desde el inicio se había diferenciado la responsabilidad infraccional —referida a la eventual imposición de sanciones— de la responsabilidad tributaria, que da lugar a la formulación de un cargo. Aclaró que el cargo apelado consistía en una liquidación originaria de tributos y que, para cuestionar su procedencia, la contraria debió haber promovido el correspondiente procedimiento de impugnación. Además, en sus agravios, cuestionó la aplicación del artículo 1101 del Código Aduanero, al considerar que no se trataba de un procedimiento relativo a infracciones. Finalmente, advirtió que, al resolver del modo en que lo hizo, el Tribunal Fiscal de la Nación influyó de manera improcedente en la prescripción de la acción tendiente al cobro de los tributos.
3. Que esta Sala interpreta que el reclamo tributario contenido en el artículo 3º de la resolución en cuestión debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones, que culminó con una resolución absolutoria (v. esp. auto de instrucción sumarial y considerandos de la resolución, en las págs. 244 y 250-253 del expte. cit.).
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45167/2025 “PBT SRL (TF 12847870-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
A su vez, no es materia de controversia que se arribó a tal solución por aplicación del principio que obliga a resolver los casos de duda en favor del imputado (v. esp. p. 251, O F expte. cit.)–, pero sin dar previa intervención al incriminado para que acreditase los hechos I que servían de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban el reclamo de la C diferencia tributaria.
I
No está demás insistir en que, hasta el momento en que se dictó la resolución A L impugnada, la actora no había tomado intervención en las actuaciones sumariales. Y esto a pesar de que, en el auto de apertura del sumario, se había ordenado que se practicase S liquidación de estilo “a los fines de a posteriori disponer el correspondiente auto de O corrida de vista” (v. p. 244). Sin embargo, encontrándose liquidado el eventual perjuicio U fiscal, se dictó sin más trámite la resolución que puso fin al sumario, absolviéndola de la infracción de declaración inexacta y, al mismo tiempo, intimándola al pago de una diferencia de tributos.
En esas condiciones, deviene aplicable el criterio adoptado por esta Sala en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, resol. del 9/2/12 y 56691/15 “Ramirez, Horacio Omar c/ DGA”, resol. del 5/4/16, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes.
4. Que, sólo a mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco –en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros–, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo; en este caso, por falta de causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de una diferencia de gravámenes (arg. arts 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente a la fecha de emisión del acto).
Nótese que, en los considerandos de la propia resolución aduanera se consigna que, en el caso, no fue posible “determinar fehacientemente si […] dicha mercadería resulta o no ser del origen invocado” (v. p. 251, expte. cit.). Es decir, que no fue posible determinar el verdadero origen del bien y, por consiguiente, si correspondía o no el nivel de derechos declarado y abonado por la importadora.
Esa circunstancia impedía que se configurase el efecto lesivo del tipo infraccional del artículo 954, inciso a, del Código Aduanero, pero también el presupuesto de hecho que legitima el reclamo de los tributos que se habrían dejado de pagar. Así es que, ante la ausencia de elementos que permitiesen tener por acreditada la improcedencia de la preferencia arancelaria, el Fisco debió resignar también la pretensión tributaria (en igual sentido, cfr. esta Sala causa 46837/22 “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/22, y sus citas).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la decisión apelada. Las costas de Alzada se imponen al Fisco, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, segundo párr., CPCCN).
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse de licencia (art.
109, RJN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 5/12/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia