Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-105766976-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA N° 4103/2015, dictada en la Actuación Nº 13696-100-2010, en cuanto condena a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana Daniel Alberto Paladino por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A.
2Costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-79771615-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 19 de Agosto de 2026 Reunidos los Señores vocales miembros de la Sala “G” Dres. Horacio Joaquín Segura y Claudia B. Sarquis (encontrándose en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht), a fin de resolver en los autos caratulados: “PC – ARTS ARGENTINA S.A. y OTRO c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 39.316-A, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 4103/2015, dictada en la Actuación Nº 13696-100-2010, en cuanto condena a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana Daniel Alberto Paladino por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A., al pago de la suma de $ 191.792,65 en concepto de multa, a la vez que se formula cargo por la suma de U$S 52.160,99.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 40/56 se presenta el apoderado de PC-ARTS ARGENTINA S.A., con patrocinio letrado, y –en otro sí digo- el despachante Daniel Alberto Paladino, también con patrocinio letrado, e interponen recurso de apelación contra la referida resolución. En primer lugar, la coactora importadora plantea la prescripción de la acción en tanto considera, por aplicación supletoria del Código Procesal Penal y de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que la resolución condenatoria fue notificada una vez vencido el plazo de prescripción, tres años después de su dictado. De otro modo, propone tener por verificada la insubsistencia de la acción penal. Cita los artículos de las normas que considera aplicables, como también doctrina y abundante jurisprudencia relacionada con el tema planteado.
Plantea, asimismo, la nulidad de la notificación en tanto considera que se ha incumplido con la exigencia legal de citar los recursos. En subsidio, funda su recurso sobre la cuestión de fondo. Sostiene que el servicio aduanero pretende clasificar la mercadería en una única posición arancelaria, diferente a aquella que le corresponde individualmente, por aplicación de la Regla 2 a), considerando aplicable lo dispuesto por la RG AFIP N° 2212/07, la cual refiere a los supuestos de envíos escalonados, que no es el de autos. Manifiesta que en el caso no se configura una infracción de declaración inexacta y cita el art. 954 del C.A. Afirma que el régimen de envíos escalonados es voluntario para el importador y que no puede ser impuesto como pretende aplicarlo el servicio aduanero.
Hace referencia a dicho régimen y, a su turno, analiza y cita la Regla 2 a) del Sistema Armonizado de Clasificación. Explica que en el caso no se aplica la dicha regla porque no se presentó a despacho una notebook armada a la que le falta alguna parte sino que se importaron partes y piezas con las que se podría armar –eventualmente- una notebook pero incompleta, luego de someterla a un proceso técnico y productivo (dado que ni siquiera se despachaban microprocesadores ni memorias). Afirma que el informe técnico, como acto administrativo en el que se funda la resolución apelada, carece de motivación y, por lo tanto, es nulo. Añade que para que la mercadería en cuestión sea clasificada por la PA que indica la Aduana deben reunirse 3 elementos.
Esto es, la máquina debe estar constituida al menos por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador, por lo que siendo que en el caso no se declararon microprocesadores, jamás podría concluirse que la mercadería cuestionada era una “unidad de notebook desarmada” -como denunció el servicio aduanero-. Cita otros antecedentes aduaneros. Impugna la liquidación tributaria por la modificación de la moneda reclamada en la corrida de vista (pesos) respecto de la resolución apelada (dólares). En subsidio, solicita la aplicación del art. 898 del C.A. o, en su defecto, la reducción de la multa en los términos del art. 916 del C.A. Transcribe lo dispuesto por el art. 793 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se absuelva a los imputados de la infracción atribuida.
En OTROSIDIGO se presenta el despachante de aduana Daniel Paladino, y a fin de evitar reiteraciones remite a los argumentos y explicaciones brindados por la coactora importadora. Agrega que cumplió cabalmente con las obligaciones a su cargo en la tramitación de las destinaciones bajo análisis, ajustando la declaración a las instrucciones del importador y la documentación complementaria que le fuera proporcionada. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita se lo absuelva de la conducta imputada.
III. Contestación del traslado: A fs. 70/74 se presenta el representante del fisco, contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas relativas a la presente causa. En primer lugar, cumple con la negativa genérica de rigor negando todos y cada uno de los hechos sustentados por la actora en su recurso que no fueran específicamente reconocidos o no surgieran inequívocamente de las actuaciones administrativas. Desestima el planteo de prescripción y nulidad efectuado por la actora. Sostiene al respecto que el límite temporal impuesto por el término prescriptivo no resulta óbice para el dictado de una medida procesal en una fecha cercana a su vencimiento. Considera que en el caso las mercaderías cuestionadas revisten las características del bien completo aunque momentáneamente desarmado. Cita la RG AFIP N° 2212/07. Sostiene que el interesado se encuentra obligado a solicitar el despacho conjunto con arreglo a la Regla General interpretativa 2 a) del Sistema Armonizado. Afirma que las mercaderías en cuestión constituyen una unidad clasificatoria pese a documentarse por separado, presentando las características esenciales del artículo completo o terminado, lo cual torna obligatoria la aplicación de la referida regla. Afirma que en el caso se encuentran acreditados los presupuestos básicos configurativos de la infracción. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas 13696-100-2010 se inician a fs. 1 con la Orden de fiscalización externa 10637OE23001064A de fecha 22/03/10, en relación a los DI N° 09001IC04050402H y 09001IC04050824P. A fs. 2 obra el Acta de denuncia de fecha 29/03/10 por presunta infracción al artículo 954 inciso a) del C.A., en virtud de haberse detectado “… una diferencia clasificatoria, por cuanto el total de las mercaderías amparadas por las citadas destinaciones conforman una unidad clasificatoria, por aplicación de la Regla General para la Interpretación del Sistema Armonizado 2 A y Resolución General N° 2212/2007 Anexo II punto 2; …”. A fs. 4 luce la Actuación N° 13696-6-2010. A fs. 5 obra la carpeta original del DI N° 09001IC04050402H. A fs. 6 obra la carpeta original del DI N° 09001IC04050824P. A fs. 7 luce un cuadro de determinación de unidades conformadas entre ambas destinaciones. A fs. 8/19 lucen planillas de liquidación. A fs. 20 luce cuadro de valoración y determinación del perjuicio fiscal. A fs. 21/22 lucen constancias SIM de LMAN. A fs. 24 obra la Nota N° 42/2010 (RAMO 6) de fecha 30/03/10. A fs. 25 obra la Nota N° 183/2010 (SE CDOA) de fecha 31/03/10. A fs. 26 luce la Nota N° 114/2010 (DV COPA) de fecha 07/04/10. A fs. 27, con fecha 17/08/10 se dispone la apertura de sumario y a fs. 28, con fecha 20/08/10 se corre vista. A fs. 29/31 lucen constancias de consulta al sistema de registro de empresas activas. A fs. 32/33 lucen sendas cédulas de notificación al despachante y a la firma importadora de la corrida de vista, habiéndose notificado –respectivamente- con fecha 24/08/10 y 23/08/10. A fs. 34/109 obra la contestación de vista por parte de la importadora en fecha 06/09/10, junto con documentación que acompaña. A fs. 110, con fecha 04/10/10, se presenta el despachante de aduana y adhiere a la presentación de PC ARTS S.A. A fs. 111, con fecha 22/06/15, se tiene por presentada a la importadora y al despachante, por contestada la vista y, como medida para mejor proveer, se ordena la remisión de las actuaciones a la División Clasificación Arancelaria a fin de emitir dictamen técnico. A fs. 112/115 luce el Dictamen Técnico N° 57/15 de fecha 12/08/15. A fs. 116 obra la Nota N° 558/15 (DV ARIN) de fecha 13/08/15. Finalmente, a fs. 117/118vta. luce la Resolución N° 4103 apelada en autos.
V. Que, en primer lugar, corresponde me expida respecto de los planteos de prescripción y nulidad efectuados por las recurrentes.
Que, en relación al primero, sostienen que la resolución condenatoria resulta ineficaz para interrumpir la prescripción, toda vez que fue notificada una vez acaecida la prescripción. De esta manera, al mencionarse en el punto III.1 del recurso el efecto “interruptivo” y no el “suspensivo” de la resolución condenatoria y, a su vez, hacer referencia al art. 934 del C.A., se deduce que el planteo de prescripción opuesto por las recurrentes es el relativo a la acción del fisco para imponer penas.
Que, resulta oportuno recordar que el art. 934 del C.A expresa que “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. (art. 935 del C.A.) Que, por su parte, el art. 937 del C.A establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, en primer lugar, en su inc. a), determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; ...”.
Que, razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo, el acto que contiene el auto de apertura del sumario debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 27 de las actuaciones administrativas) y de los actos dictados previamente y que integran al mismo, se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye. Que, de este modo, y siendo que el hecho gravado se constata, en este caso, con la fecha de oficialización de los despachos (16/04/09), el plazo de prescripción de 5 años (conf. art. 934 del C.A.) comenzó a correr el 01/01/10 (conf. art. 935 del C.A.) y vencía el 31/12/14. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario (17/08/10) interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 18/08/10, operando el nuevo vencimiento el 17/08/15. Aunque, conforme surge de las actuaciones administrativas, la resolución aduanera aquí apelada fue dictada –aunque por escasos días- con anterioridad a dicha fecha, el 13/08/2015.
Que, conforme lo previsto por el ya mencionado art. 937 del C.A., el plazo de prescripción también se interrumpe con “… d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. …”, sin que la norma haga referencia a su notificación. De este modo, el nuevo plazo comenzó a correr el 14/08/15, y el nuevo vencimiento operaba el 13/08/20. Sin embargo, dicho plazo se suspendió a partir de la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal -en fecha 14/8/2018-, por lo que, en virtud de lo señalado por el art. 936 del C.A., aún se encuentra suspendido hasta el dictado de resolución firme en esta causa.
Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas opuesto por las recurrentes.
Que, no obstante, dejo a salvo mi criterio expuesto en varios precedentes jurisprudenciales (v. gr. EX-2019- 105766976- -APN-SGASAD#TFN: “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Sent. del 30/06/25, entre otros), respecto de la cuestión de la notificación de la resolución aduanera cuando lo que se encuentra bajo examen es la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos (arts. arts. 803 y concordantes del C.A.). En tales casos, considero aplicable la interpretación hecha por la Sala “F” de este Tribunal en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN, en relación a lo dispuesto por el art. 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (en virtud de la aplicación supletoria que permite el art. 1017 del C.A.) en cuanto a que “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.”.
Que, teniendo en cuenta que tal planteo se encuentra directamente vinculado con el cumplimiento de los plazos prescriptivos que rigen en el procedimiento infraccional, considero que, si bien la cuestión de la prescripción es de orden público, y en el particular se advierten elementos que permitirían la adopción de dicho remedio procesal respecto de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos (y no así, como se vio, en relación a la acción del fisco para imponer penas), cierto es que en aquellos casos en que la imputación o la condena, cuya revisión es sometida a esta instancia, resulta de una manifiesta ajenidad respecto de la actora; debe optarse por resolver el fondo de la cuestión a efectos de dejar a salvo el buen nombre y honor del sometido al proceso. (Conf. “CORVALAN CARLOS ALBERTO c/DGA”, Expte. N° 35.334-A, sentencia de fecha 23/05/25; “FONTANA CRISTIAN DAVID y OTRA c/ DGA”, Expte. N° 37.563-A, sentencia de fecha 28/11/25)
Que, en segundo lugar, las recurrentes plantean la nulidad de la notificación de la resolución aduanera. En tal sentido sostienen que la misma resulta nula en tanto no se ha cumplido con la exigencia legal de citar (ni en la cédula ni en la propia resolución) los recursos a los que está sujeta.
Que, si bien es cierto que en la notificación cursada tanto a la importadora como al despachante de aduana, no se mencionaron los recursos con que contaban las coactoras respecto de la resolución definitiva, cabe señalar que el artículo 40 del Decreto reglamentario 1759/72 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativas dispone lo siguiente: “ … las notificaciones (…) indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas. La omisión o el error en que se pudiera incurrir al efectuar tal indicación, no perjudicará al interesado ni permitirá darle por decaído su derecho. No obstante la falta de indicación de los recursos, a partir del día siguiente de la notificación se iniciará el plazo perentorio de SESENTA (60) días para deducir el recurso administrativo que resulte admisible. Si se omitiera la indicación de que el acto administrativo agotó las instancias administrativas, el plazo para deducir la demanda indicada en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 comenzará a correr transcurrido el plazo precedentemente indicado. En los procedimientos especiales en que se prevean recursos judiciales directos, si en el instrumento de notificación respectiva se omite indicarlos, a partir del día siguiente al de la notificación, se iniciará el plazo de SESENTA (60) días hábiles judiciales para deducir el recurso previsto en la norma especial”.
Que, en consecuencia, atento a lo dispuesto por el referido art. 40, no corresponde declarar la nulidad de la notificación de la resolución apelada que, por lo demás, en el caso, implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma, toda vez que carecería de efecto práctico.
Que ambas excepciones se rechazan sin imposición de costas, toda vez que su tratamiento se ha efectuado conjuntamente con la cuestión de fondo.
VI. Que, sentado ello, la cuestión en el caso consiste en determinar si resulta ajustada a derecho la resolución aquí apelada, en cuanto condena a la firma PC-ARTS ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana Daniel Paladino, en los términos de la infracción prevista y penada en el art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A., en relación a las destinaciones de importación Nros. 09 001 IC04 050402 H y 09 001 IC04 050824 P.
Que del control documental efectuado sobre las referidas destinaciones, el servicio aduanero consideró que la mercadería importada conformaba una unidad clasificatoria y que, por aplicación de la Regla 2 a) del Sistema Armonizado y de la RG N° 2212/07 Anexo II pto. 2, debía clasificarse por una posición arancelaria, y no como partes individuales, tal como lo había declarado la importadora junto a su despachante de aduana. Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario, en primer lugar, la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. Y, en base a la imputación específica del inciso “a”, se requiere que la referida diferencia, en caso de pasar inadvertida, cause o pudiera causar un perjuicio fiscal.
Que por el despacho de importación Nro. 09 001 IC04 050402 H, la firma “PC-ARTS ARGENTINA S.A.” documentó en fecha 16/04/09 la importación para consumo, en cuanto aquí interesa, de distintas partes y accesorios de computadoras, por las PA Nros. 8473.30.99.100A, 8471.60.52.000H, 8517.62.77.000H, 8473.30.41.000K y 8504.90.90.000R. Por su parte, por el despacho de importación Nro. 09 001 IC04 050824 P, se documentó la importación para consumo, oficializada también el 16/04/09, de otras partes y accesorios de computadoras, clasificadas por las PA Nros. 8471.70.21.000K, 8507.80.00.200F, y 8473.30.92.000R. Que, asimismo, según el informe de la Aduana “Determinación de unidades conformadas entre ambas destinaciones” (obrante a fs. 7 de las act. adm), las mercaderías importadas por el despacho Nº 09 001 IC04 050402 H consistirían en: Placa madre, teclado, fuente alimentación, gabinete, kit embalaje, kit ensamble lector tarjetas manual y placa wifi; y las del despacho Nº 09 001 IC04 050824 P en: pantalla LCD, batería y lecto-grab.
DVD.
A ambos despachos les fue asignado canal verde de selectividad y la mercadería fue librada a plaza conforme el 16/04/09 y el 17/04/09, respectivamente.
Que con fecha 29/3/2010, es decir, casi un año más tarde del libramiento a plaza de la mercadería, se formuló denuncia por infracción al art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A., sobre la base de la Nota Nº 42/2010 (RAMO 6), obrante a fs. 24 de las actuaciones administrativas. De dicho informe se extrae lo siguiente:
• Del control documental y del análisis de las operaciones de la firma importadora, el servicio aduanero concluyó que la totalidad de la mercadería involucrada en los despachos aquí involucrados, conformaban una unidad clasificatoria, por aplicación de la Regla General 2 a) de Interpretación del Sistema Armonizado • En tal sentido, consideró que se estaban importando “máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles (Notebook)” desarmadas e incompletas, correspondiendo 1.313 unidades de 15.4” de display de pantalla y 1.010 de 14.1”, marca BANGHO y de origen China;
• En consecuencia, según el servicio aduanero la mercadería debió haberse clasificado por la posición arancelaria 8471.30.19.000E, tributando en concepto de derechos de importación 16% e IVA 10,5%; • La Aduana entendió que debían unificarse ambas destinaciones de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General N° 2212/2007 Anexo II punto 2, teniendo en cuenta la simultaneidad en la permanencia en zona primaria aduanera de las mercaderías amparadas por los despachos de importación. • Se sostuvo, en consecuencia, que la diferencia clasificatoria apuntada ocasionaba un perjuicio fiscal y que por ende, se configuraba la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del C.A.
VII. Que, conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, el servicio aduanero imputó la infracción bajo análisis como consecuencia de un control “documental”, sin haber procedido a la verificación física de la mercadería efectivamente importada, así como tampoco se obtuvo muestra alguna de la misma.
Que, por aplicación de la RG AFIP 2212/07, relativa al Régimen de Envíos Escalonados, pretende considerar como una unidad clasificatoria a las mercaderías importadas por dos despachos independientes, las cuales se encontraban simultáneamente en zona primaria aduanera.
Que, sin embargo, no obran en autos elementos suficientes para efectuar un análisis completo y acabado de la situación bajo análisis, salvo por los despachos de importación respectivos junto con sus facturas comerciales, lo que tampoco brinda información suficiente sobre la mercadería en cuestión. Destacándose que no fueron agregadas en el trámite del sumario muestras, fotografías o descripciones precisas y completas de la mercadería denunciada, que permitan realizar el debido análisis del caso.
Que en su Nota de fs. 7 de las actuaciones administrativas, y a la cual hiciera referencia en el considerando precedente, la Aduana alude a las partes y piezas que supuestamente se habrían importado por los despachos en análisis, no obstante lo cual ello no puede ser corroborado al no haber inspeccionado físicamente la mercadería. Que por ello se advierte en el caso que la Aduana no efectúa una fundamentación adecuada de la infracción que imputa, toda vez que no acredita de manera fehaciente que la mercadería constituya una unidad clasificatoria, en los términos de la Regla General 2 a) del Sistema Armonizado.
Que cabe recordar que nos encontramos ante una infracción aduanera, por lo que resultan de aplicación los principios de naturaleza penal, tal como ha reconocido desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios de sus fallos 18:350, 267:457, 287:86, 288:356, 297:215, entre otros.
Que, ello así, al ser aplicables los principios penales al caso de autos, el servicio aduanero debe extremar los recaudos y fundamentar adecuadamente la comisión de la infracción que imputa, no pudiendo basarse en supuestos que no acredita.
VIII. Que, sin perjuicio de lo expuesto y a mayor abundamiento, cabe hacer referencia a la prueba documental acompañada por las recurrentes ante esta instancia.
Por un lado, el informe emitido por el licenciado en ciencias exactas Julio Tarnapolsky, cuya copia fuera acompañada por las recurrentes a fs. 25/27, donde el referido especialista es consultado por la incidencia clasificatoria generada tras la documentación de dos despachos mediante los cuales se importaban partes y piezas de computadoras, tales como teclados, unidades de memoria, pantallas y placas madre incompletas sin microprocesador, respecto de los cuales el servicio aduanero trató como una sola destinación por aplicación de la Resolución 2212/07, Anexo 2 pto. 2, tal como acontece en el caso de autos. En dicho informe, el profesional emite su opinión en el siguiente sentido: “Estimo que el producto, juntando las destinaciones y considerando el todo como un producto ya montado (según lo que establece la Regla 2ª), clasificaría como Partes para computadora y no como computadoras. El producto, montadas las partes documentadas, sin microprocesador, es una parte mayor, sin las características esenciales de la computadora completa y terminada.”.
Por otro lado, cabe referir al criterio adoptado por la propia Aduana, en varias resoluciones que las recurrentes acompañaran a fs. 77/108 de autos, posteriores al presente recurso (año 2019), en las que el servicio aduanero resolvió –en su caso- absolver o sobreseer a la firma “PC-ARTS ARGENTINA S.A.” (y al despachante de aduana) respecto de la misma infracción imputada por los mismos hechos discutidos en autos.
Que, cabe señalar que, si bien dichas resoluciones no obligan a este Tribunal, debido a las particularidades del caso que se analiza, el suscripto no puede desconocer lo allí resuelto, en cuanto involucran iguales premisas de hechos que en el presente y los mismos sujetos.
Que, en efecto, en todas esas resoluciones el servicio aduanero remite a lo dispuesto por la Nota 15/2014 (SE RDBA R6) emitida por el Ramo D de la ex División Verificación, la cual fuera acompañada en esta instancia por las recurrentes también como prueba documental (ver fs. 19/20 de autos). De dicha Nota surge que las partes o piezas allí descriptas (que previamente fueran verificadas físicamente y cuyas fotografías fueran constatadas por el servicio aduanero, cosa que no sucedió en el caso de autos), varias de ellas del mismo tipo de las aquí involucradas, no pueden considerarse como una “… máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos portátil “incompleta con las características esenciales del artículo completo o terminado en los términos de la Regla mencionada”, toda vez que se presentó a despacho desprovista de placa madre “mother boards”, microprocesador, placas de memoria, disco rígido, conductores eléctricos de conexión y antena de “WIFI”. …”. Más adelante, en todas las resoluciones acompañadas, el servicio aduanero (tras dejar sentado que se carecen de elementos de juicio como muestras, fotografías, catálogos o planos de especie) sostiene lo siguiente: “… teniendo en cuenta que no obran en autos elementos que puedan determinar la presencia del microprocesador entre las mercaderías importadas por ante las destinaciones en trato, no se estaría en presencia de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos en los términos de la Regla General para la Interpretación del Sistema Armonizado 2 a), coincidentemente con lo expuesto mediante Nota N° 15/2014 (SE RDBA R6) (…) ello así en tanto, aun cuando se agruparan las partes y piezas que conformarían máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, se carece en ambas destinaciones del elemento esencial que les daría el carácter de tal, cual es el microprocesador …”.
Que idéntica situación se da en el presente caso, ya que de la lectura de los despachos de importación en trato, se desprende que ninguna de las partes y piezas importadas por la firma “PC-ARTS ARGENTINA S.A.” constituía un “microprocesador”.
Que, asimismo, en cada una de las resoluciones aprobatorias se sostiene que “… no se verifica la concurrencia de los elementos tipificantes de la figura infraccional oportunamente endilgada a la firma y al despachante de aduana …”, y en alguna de ellas –compartiendo el dictamen del área técnica- se establece específicamente que “… no fue posible determinar cuál es la posición arancelaria correspondiente para la mercadería en trato y si la misma conforma una unidad clasificatoria, atento no haber sido extraído muestra representativa y no contar con fotografías, catálogos y plano de despiece …”, tal como se sostuvo ut supra.
Que a la luz de lo expuesto, entiendo que en este caso debe prevalecer el principio de veracidad de la declaración, el cual no ha podido ser refutado por el servicio aduanero, correspondiendo por ende revocar la resolución apelada, en cuanto no se configura la infracción de declaración inexacta imputada a las aquí recurrentes, a la vez que tampoco procede el reclamo por los tributos.
IX. Que en relación a la responsabilidad del despachante de aduana, teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos precedentes y, en vistas de que no se ha comprobado que ha mediado inexactitud alguna en la declaración efectuada en los despachos aquí involucrados, en los términos del art. 954 inc. a) del C.A., que permita avalar la imputación efectuada, no puede considerárselo como penalmente responsable de una infracción que no se ha configurado, no siendo necesario evaluar si se ha apartado o no de las instrucciones impartidas por el importador.
X. Que, en concordancia con la solución que se propicia, cabe traer a colación lo resuelto recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “SIMSA Aire Acondicionado SRL y otro c/ Ministerio de Economía y Producción y otro s/contencioso administrativo varios” (FCB 34200003/2009/CA1-CS1), sentencia del 25/6/2025, cuya copia fuera acompañada por la coactora importadora a fs. 145/149 de autos. En este precedente se analizó si la declaración de mercaderías diferentes (unidades evaporadoras para aire acondicionado y unidades condensadoras para aire acondicionado), clasificadas por la posición arancelaria correspondiente a cada una de ellas, y arribadas simultáneamente a la misma zona primaria aduanera, configuraba una declaración aduanera inexacta, en los términos del art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A., como consecuencia de no haber sido declarada en la posición arancelaria correspondiente a la unidad clasificatoria del producto completo (equipos de aire acondicionado tipo “split”), conforme lo dispuesto en el punto 2, Anexo II, del “Régimen de envíos escalonados” establecido por la RG AFIP 2212/2007 (esto último, según lo sostenido por la DGA). Que, en el caso, la Corte tras considerar el “carácter opcional” del Régimen de Envíos Escalonados, expresó que “Independientemente de si procedía o no la aplicación del régimen de envíos escalonados a la mercadería importada -cuestión que no se encuentra en discusión-, la interpretación sostenida por la DGA conlleva tornar en obligatoria una de las normas -el pto. 2 a) del Anexo II- incluidas en un régimen opcional para aquellos sujetos que no optaron por acogerse a sus beneficios y que, por lo tanto, no se encuentran alcanzados por sus disposiciones”. …”.
A tenor de dicho análisis, y citando su propia jurisprudencia en torno a la aplicación de las disposiciones del Código Penal a las infracciones aduaneras, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente, el Máximo Tribunal concluyó que “… resulta improcedente la sanción impuesta por aplicación del art. 954 del CA, puesto que no surge de las presentes actuaciones que se hubiese efectuado una ´declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación´, en tanto las partes son contestes en que la mercadería despachada y librada a plaza es la misma en cada una de las declaraciones”.
XI. Que, por último, cabe señalar que se ha resuelto en el mismo sentido que en la presente en las causas de idéntica carátula, Expte. N° 39.323-A, Sala “F”, Sentencia de fecha 30/10/23; Expte. N° 39.319-A, Sala “F”, Sentencia de fecha 02/09/25; y Expte. N° 39.318-A, Sala “G”, Sentencia de fecha 02/10/25.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la resolución aduanera apelada e imponer las costas a la parte vencida.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución DE PRLA N° 4103/2015, dictada en la Actuación Nº 13696-100-2010, en cuanto condena a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana Daniel Alberto Paladino por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A.
2. Costas al fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución DE PRLA N° 4103/2015, dictada en la Actuación Nº 13696-100-2010, en cuanto condena a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana Daniel Alberto Paladino por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A.
2. Costas al fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.08.19 09:13:16 ART Date: 2026.08.19 11:12:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.19 11:13:41 -03:00
Fin de la sentencia