Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121422
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.422, "Galván, Marisa Soledad contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - Acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 309/320 vta.).
Se interpuso, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 330/339 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que la señora María Soledad Galván padeció un accidente in itinere en ocasión de dirigirse a cumplir sus tareas habituales como enfermera en el "Hospital General de Agudos Evita Pueblo de Berazategui" -dependiente de la Provincia de Buenos Aires-. Asimismo, que dicho infortunio le provocó una incapacidad del 29% del índice de la total obrera derivada de una artropatía crónica de ambas rodillas y del tobillo izquierdo (v. vered., primera y segunda cuestión, fs. 309/311 y sent., fs. 313 y vta.).
Sobre esa base fáctica, el juzgador condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires -autoasegurado- al pago de la suma de $422.674,69 más intereses, en concepto de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($352.228,91) y por el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773 ($70.445,78).
Para así resolver, tras aplicar al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14, consideró -en lo que interesa- que la prestación adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 resulta aplicable aún en los casos de accidentes in itinere . Al efecto, postuló la interpretación armónica del precepto con el mandato de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de progresividad. Así las cosas, entendió que en el caso en tratamiento, el siniestro sufrido constituye uno de los supuestos previstos por el art. 3 de la ley 26.773, en tanto -argumentó- los trabajadores se encuentran a disposición del empleador antes de comenzar la jornada efectiva y luego de concluir la misma, con motivo del trayecto que deben atravesar desde y hacia su domicilio (v. sent., fs. 317 vta./318 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial; 3 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que identifica.
En lo sustancial, se opone a la decisión del tribunal de origen por la que se condenó al pago de la prestación adicional de pago único contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, siendo que -en el caso- se trata de un supuesto de accidente in itinere . Al efecto, reputa conculcado el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la carta magna y manifiesta que la interpretación realizada por el sentenciante respecto del citado dispositivo normativo, colisiona con la doctrina legal de la Corte nacional, en tanto el mismo no resulta aplicable a la tipología de infortunios que acaeció en autos.
Asimismo manifiesta, que no se verifican los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación, pues al momento del accidente la actora no se encontraba en su lugar de trabajo ni a disposición de su empleador, así como tampoco la finalidad que la ley tuvo en miras al establecerla, cual es resarcir un daño no reparado cuando el infortunio acarrea responsabilidad civil. Cita en apoyo de su argumentación el fallo "Espósito" de la Corte federal y la doctrina legal que individualiza.
III. El recurso prospera.
III.1.a. Inicialmente debe advertirse que el recurso ha sido bien concedido, en tanto esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.1.b. En razón de lo expuesto, ingresaré al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en tales términos, habré de señalar que, el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por intermedio del remedio deducido -representado por el monto correspondiente a la condena al pago de la prestación adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, de cuya procedencia se agravia- no supera el umbral fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a la fecha de su interposición (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010).
Por tal razón, la impugnación debe examinarse en el marco de la excepcional hipótesis receptada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
III.1.c. En ese contexto, debo señalar que la respuesta a este cuestionamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión, entonces, debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.2. Sentado ello, adelanto que asiste razón a la recurrente al impugnar la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
Sobre el punto, considero suficiente remitirme a la parte pertinente del voto emitido por el doctor Soria al votar en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), en la que se pronunció sobre la inaplicabilidad de la mentada norma en los casos de accidentes in itinere .
En tal sentido, ha expresado mi colega "en una conclusión que comparto y que habré de reproducir" que "dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su artículo cuarto consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionarles a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al veinte por ciento, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil, posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma, la razón emerge manifiesta: es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (cfr., si bien en el contexto de la ley 24.028, causas L. 83.880, 'Monesiglio', sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, 'Gómez', sent. de 10-III-2011)".
III.3. En tales condiciones, debe revocarse lo decidido por el sentenciante -en relación al evento dañoso del 4 de noviembre de 2014- en cuanto condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en este caso los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance indicado.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin que practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se dispone.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Coincido con lo señalado por la doctora Kogan en los puntos III.1.a. y III.1.b. de su exposición.
II. Luego, en el acotado marco de revisión que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 la crítica resulta inadmisible, por no mediar en el recurso denuncia de violación de doctrina legal alguna vinculada al agravio que se expone, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el mencionado precepto.
Tampoco resultan aptos para respaldar el reproche, la mención de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (así como de otros tribunales de justicia) y la opinión de los autores, ya que no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 119.737, "Pavón", resol. de 9-III-2016 y L. 119.887, "Graff", resol. de 22-VI-2016).
III. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
La Plata, a los 17 días del mes de junio de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia