Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 43/2008 y 44/2008, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, en las sumas $580.226 por la representación procesal y $1.450.585 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-123039847-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 17 de Octubre de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 31.870-I caratulado “Pedace Salvador s/ repetición”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Salvador Pedace interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas el 31.3.2008 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a- la Resolución N° 43/2008, en la que se lo intima a ingresar retenciones del impuesto al valor agregado -RG AFIP N° 3298- por los períodos fiscales 02/1991 a 06/1991 por la suma de $416.258,66, más los intereses resarcitorios del art. 37, y se aplica una multa de $832.517,32, en los términos del art. 48 de la misma ley. b- la Resolución N° 44/2008, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 03/1990 a 07/1991, y se le intima a ingresar $1.789.066,39, más los intereses resarcitorios del art. 37. Allí también se le aplica una multa de defraudación de $3.578.132,78 (art. 46 y 47, incs. a) y b), ley 11.683).
En su presentación ante este Tribunal, sostiene que se lo designó erróneamente como “usuario” de la Cooperativa de Trabajo, Consumo, Vivienda y Producción de Carnes Afines Martín Fierro Ltda. (en adelante la Cooperativa). Afirma que muchas veces la normativa está compuesta de reiteraciones y superposiciones producidas por textos legales introducidos por reformas parciales o regímenes autónomos no siempre compatibles, dando lugar a casos de conducta que caerían bajo más de una norma represiva, como por ejemplo los arts. 46 y 47 de la ley 11.683 y los arts. 2 y 8 de la ley 23.771.
Agrega que resulta aplicable el instituto de la “cosa Juzgada” atento a que existe tanto identidad de hechos como identidad de sujetos en la causa penal N° 23.943 en la que la Administración Tributaria denunció los mismos hechos que se le adjudican infraccionalmente en las Resoluciones recurridas.
Entiende que la figura penal más severa de la ley 23.771 absorbe a la infracción formal de la ley 11.683, por lo que concluye que si en el proceso penal se lo denunció por la comisión de ilícitos penales y se declaró la extinción de la acción penal por prescripción, no corresponde que sea juzgado nuevamente en sede administrativa, según dice, “por hechos cuya existencia no han sido probados en sede judicial”.
Se queja de la forma en la que se lo denomina en las Resoluciones, el “principal operador del frigorífico” y el “principal usuario encubierto”, ya que si el juez penal hubiera considerado que realmente detentaba tal calidad, hubiera dictado una sentencia condenatoria.
En adición a ello, manifiesta que:
-los comprobantes de ventas y compras objetados fueron emitidos por Cooperativa en la cadena de comercialización, donde todos la reconocen como la vendedora y la compradora.
-los comprobantes que respaldan el traslado de hacienda -guías, liquidaciones de compra, movimiento del ganado faenado, romaneos de carga- fueron gestionados por los representantes legales de la Cooperativa y aprobados por los organismos nacionales que tenían a su cargo el contralor de la operatoria.
-no tenía vehículos de carga de animales vivos o faenados de su titularidad.
-no pudo ver los comprobantes supuestamente incriminatorios que se tuvieron en cuenta al dictar las intimaciones notificadas en las Resoluciones.
-todas las fichas encontradas en el allanamiento correspondientes a deudores o proveedores titulares del derecho y/o de las obligaciones a la Cooperativa.
-él no tenía oficinas, ni empleados propios trabajando para si dentro ni fuera de la Cooperativa. -el ingreso de ganado en pie y egreso de la mercadería estuvo fiscalizado por la Junta Nacional de Carnes y responsables del SENASA, integrantes de la cadena de control operativo sobre el proceso productivo de la carne. -Sostiene, en definitiva, que las deudas fueron determinadas en base a documentación de contribuyente., la Cooperativa.
Se agravia también de las multas impuestas porque en las Resoluciones de vista de los ajustes el juez administrativo hizo afirmaciones en el tiempo futuro imperfecto del verbo “constituir”, por lo que infiere que las mismas se basan en suposiciones falsas, al no haber sido comprobadas en el la causa penal que culminó con la prescripción de la acción penal.
Por todo lo expuesto, ofrece prueba informativa al juzgado donde tramita la causa penal, pide que se decrete la nulidad del procedimiento.
II. A fs. 70/78, el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirmen sus actos, con costas.
III. A fs. 79 obra la apertura a prueba en la que se hace lugar a la prueba informativa, a fs. 85 se lo intimó para que arbitre los medios necesarios para su producción, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de dicha prueba, apercibimiento que se hizo efectivo a fs. 87.
IV. A fs. 102 se intima al Sr. Pedace a constituir domicilio electrónica bajo apercimiento de lo dispuesto en el art. 16, inc. b) del nuevo Reglamento de Procedimiento ante este Tribunal, se clausura el período probatorio y se elevan las actuaciones a la Sala y a fs. 106 quedan en estado para dictar la sentencia.
V. En primer lugar, corresponde señalar que si bien en el Petitorio el recurrente solicita que se tenga por interpuesta la nulidad del procedimiento administrativo -petición agregada en letra imprenta-, en su recurso no hay agravios concretos, ni razones que fundamenten el planteo de nulidad, por lo que no corresponde expedirse en el mismo.
VI. Corresponde ahora decidir si las Resoluciones se ajustan a derecho.
Surge de sus Considerandos que los ajustes allí notificados tienen su causa en la documentación secuestrada en el allanamiento realizado a la Cooperativa y en el domicilio particular del Sr. Pedace, a las resultas del cual la Administración Tributaria determinó la existencia de ventas omitidas por parte de éste último.
Concretamente, la maniobra imputada fue que la Cooperativa facilitaba su nombre y matrícula de faena a terceros no matriculados en la Junta Nacional de Carnes, quienes efectuaban las compras a nombre de la cooperativa, faenaban con su matrícula y también vendían las medias reces con sus facturas. A cambio de ello, la Cooperativa comercializaba subproductos y en algunos casos les pagaba a los usuarios encubiertos un recupero en base a la carne faenada por el mayor valor obtenido por la comercialización de los subproductos.
Analizados los elementos secuestrados en el allanamiento, el ente fiscal determinó que en dicha maniobra habían participado 15 personas y empresas que en su gran mayoría no estaban inscriptas como contribuyentes, que eran los verdaderos comerciantes. En el caso del Sr. Pedace, además, se determinó que era el principal usuario encubierto de esta operatoria de faena, que inclusive tenía oficinas y personal en la Cooperativa, atribuyéndole los hechos imponibles de las ventas omitidas y obligado al ingreso de las retenciones (v. Informe Art. 16 ley 23.771 en a.a., fs. 1/5). En efecto, determinó los montos de las retenciones adeudadas por este concepto a remates- ferias y productores inscriptos, con certificado de la Cooperativa, ya que en su mayoría nunca habían sido ingresadas. Ante tales ajustes, lo que el Sr. Pedace tenía que hacer en esta instancia y antes en la administrativa sustanciada, era probar en contrario de la pretensión fiscal, pero en su recurso de apelación limita prácticamente sus agravios a las multas aplicadas en dichos actos, sin explicar ni aportar prueba alguna en contra las ventas que se le atribuyen en la Res. N° 43/2008, más que generalidades sobre el actuar arbitrario de la fiscalización, que tampoco prueba, y con ello sin dar cumplimiento a la carga que le imponen los arts. 17 y el 76 de la ley 11.683 y en materia probatoria el art. 377 del CPCC.
La única prueba que ofreció fue la informativa al Juzgado Federal de San Nicolás para que remitiera la causa penal donde se declaró extinta la acción penal, que no produjo, por lo cual se dio por decaída a fs. 87, diligencia que de cualquier modo poco hubiera aportado a la solución de esta controversia porque la sentencia dictada en dicha sede era un hecho no controvertido y obra agregada al expediente. Más aún fue a partir de dicha decisión que el Fisco Nacional dio inicio al procedimiento de determinación de oficio, conforme al régimen penal tributario vigente en el año 1991.
En cuanto al tiempo de verbo utilizado en las Resoluciones de Vista, asiste razón al representante fiscal cuando explica que responden a la posibilidad del administrado de ofrecer pruebas y revertir los hechos constatados, es decir, no hay aquí ilegitimidad alguna, sino usos y costumbres que de ningún modo afectaron el derecho de defensa del aquí recurrente.
Por otro lado, sostiene éste en su presentación ante este Tribunal que ”La causa penal tiene dictada la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo -prescripción- sin que los elementos reunidos en el expediente le hubieran permitido al Juez tener la certeza de la existencia de “los hechos” como para poder dictar una sentencia condenatoria respecto del dicente, razón por la cual lo sobreseyó definitivamente. Luego, si no hay hechos cuya materialidad hubiera sido comprobada judicialmente, no hay posibilidad alguna de que la AFIP realice una determinación de deuda sobre hechos inexistentes”, más no tiene en cuenta que el sobreseimiento en sede penal no fue por haberse valorado los hechos sino por prescripción, es decir por el transcurso del tiempo legalmente establecido para ejercitar la acción penal. Nada hay allí, entonces, sobre la calificación de la operatoria de faena de la Cooperativa y del rol de usuario principal que se le atribuye al Sr. Pedace a partir de la documentación secuestrada en los allanamientos que son el fundamento de las ventas omitidas que se le atribuyen.
Dicha valoración, entonces, corresponde a este Tribunal a partir de las pruebas ofrecidas y rendidas, tanto en la instancia administrativa previa como al solicitar su intervención por la vía prevista en el art. 76, inc. b) de la ley 11.683.
Mas en el caso, como ya se dijo, el Sr. Pedace no aportó ninguna prueba con dicha finalidad. Tan solo esgrimió a su favor la sentencia dictada en el proceso penal tributario, pero, se dijo ya también, no tiene efecto sobre la pretensión fiscal, a lo que cabe agregar que tampoco se aportaron otros elementos de prueba, resultando así los agravios meras afirmaciones que no tienen respaldo en pruebas concretas.
Más aún cuando de los elementos colectados en los allanamientos llevados a cabo, tanto en el domicilio de la Cooperativa como en el del Sr. Pedace, se encontró documentación que confirma su responsabilidad, entre ella, los comprobantes originales de las retenciones practicadas –y no ingresadas- a nombre de la Cooperativa, liquidaciones de compra y recibos por cancelación de facturas de la Cooperativa por compra de hacienda, fletes, etc., sin que diera en esta instancia, ni antes tampoco, explicación alguna.
Tales consideraciones son suficientes para confirmar la Res N° 44/2008, como así también la N° 43/2008 en la que se intima al Sr. Pedace a ingresar las retenciones por las operaciones de compraventa y faena de ganado determinadas en la primera y sobre la cual no se han formulado agravios particulares en esta instancia que puedan ser tratados; en ambos casos, más intereses y con costas.
VII. En cuanto a las multas aplicadas, el agravio principal del Sr. Pedace es que la sentencia dictada en sede penal implicó la imposibilidad de juzgarlo en sede administrativa, invocando la cosa jugada que adquirió su sobreseimiento dictado en dicha sede. Para ello se refiere a las infracciones que se le imputan como infracciones formales, condición que, cabe ya decirlo, no tienen las de defraudación, tanto como contribuyente que como agente de retención, tienen las previstas en los art. 46 y 48 de la ley 11.683 en las que se encuadró su conducta. Las multas que tales normas establecen corresponden a infracciones materiales y comparten con las del régimen penal tributario, el elemento doloso para su configuración.
De cualquier modo, debe señalarse que la denuncia y posterior causa penal al Sr. Pedace fue sustanciada bajo el régimen del art. 16, segundo párrafo, de la ley 23.771 vigente en el año 1991, que disponía que “La promoción de causa penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos vinculados con los mismos hechos, pero no podrá dictarse resolución administrativa antes de que haya quedado firme la sentencia judicial , la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos.”
En el caso, la causa penal fue promovida el 23/10/1991 y la sentencia de sobreseimiento fue dictada el 22/2/2006, fecha en la que, como se sostiene en los Considerandos y en los dictámenes jurídicos que preceden su emisión, despareció el impedimento del art. 16 de la ley 23.771 y el juez administrativo dio inicio al procedimiento de determinación de oficio en el marco del cual se dictaron las Resoluciones recurridas (14/6/2007). De ello se sigue que la Administración Tributaria estaba habilitada para el dictado de dichos actos, ya que si bien en la ley 23.771 regía un sistema de prejudicialidad de la acción penal respecto de la contenciosa administrativa, el accionar en el caso concreto se adecuó precisamente a dicho precepto desde el momento que las determinaciones de oficio fueron precedidas del informe técnico del art. 16 y fueron dictadas cuando quedó firme la sentencia penal.
En el caso, el Sr. Pedace pretende darle a la sentencia penal en el que se lo sobreseyó por haberse extinguido la acción por prescripción de la acción, un alcance que la ley no le otorgaba.
En este sentido, este Tribunal , por su Sala B, conforme surge del voto del Dr. Pérez al fallar en la causa "Comsoft S.A.”, del 27.12.2013, sostuvo al analizar el alcance del art. 16 de la ley 23.771-I, que “......si bien una prudente exégesis tanto del artículo 16 de la Ley N° 23,771 como del vigente artículo 20 de la Ley N° 24.769, determina que no resulta jurídicamente posible que este Tribunal se aparte de los hechos probados y acreditados en la causa penal (cosa juzgada), en post de evitar un eventual “escándalo jurídico” (ver en tal sentido “ALMEIDA, NORA MABEL s/ apelación- Impuesto a las Ganancias”), sentencia de la Sala “B” de fecha 23/11/2004, que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos, ya que resultaría un dislate que, por un lado, la sentencia judicial afirmara que el hecho imputado no existió, y que por otro la resolución administrativa decidiera la existencia de ese mismo hecho, tal como lo señalara la Sala V de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, al sentenciar el 18/3/2006 la ya citada causa “ALMEIDA, NORA MABEL”, en ocasión del recurso de apelación interpuesto ante ella, “La norma habla de sentencia judicial”, lo cual implica el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria”, agregando que, “En tal sentido, si el sobreseimiento se dispuso por una causal objetiva, es decir, porque el hecho no se cometió o porque es atípico, tiene que referirse esencialmente a lo fáctico, por lo que la resolución administrativa no puede alterar tal declaración sobre los hechos”.
Y dijo también que, “Pero sí el sobreseimiento se dispone por una causa extintiva de la acción penal, como la prescripción, lo cual no se refiere a cuestiones fácticas, nada impide que los hechos sean valorados por la autoridad administrativa para la determinación de la sanción”, citando para ello la jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal que sostuvo que ”…el dictado del sobreseimiento no impide la posterior investigación para la aplicación de sanciones administrativas” (Conf. “Rojo, Teodoro Mario” de fecha 23/2/1999)”
Por ende, el sobreseimiento del Sr. Pedace en sede penal no tiene efecto alguno en la aplicación de las sanciones ni éstas violan el principio del no bis in idem que invoca, ya que, contrariamente a lo que sostiene, allí no se probó la “inexistencia de las maniobras imputadas”, ni tampoco la ha acreditado ante este Tribunal a pesar de las amplias facultades que con dicho propósito establece la ley 11.683 a partir del inicio del procedimiento que prevé el art. 17 de dicha norma.
Es por ello que debe tenerse por configurado el elemento objetivo de la defraudación que castiga el art. 46 de la ley ya que sus declaraciones juradas fueron inexactas. En cuanto al elemento subjetivo, el juez administrativo presumió el dolo valiéndose de las presunciones de los inc. a) y b) del art. 47 al haber constatado la realización de maniobras tendientes a ocultar sus ventas detrás de otro sujeto, la Cooperativa, al solo efecto de evadir el pago del gravamen. Dicha conducta responde al tipo descripto en el art. 46 de la ley 11.683.
Sobre la multa aplicada en la Res. N° 43/2008, en los términos del art. 48 de la ley, en la que se reprocha al Sr. Pedace no haber ingresado las retenciones del impuesto al valor agregado, el texto vigente en el año 1991 disponía: “Serán reprimidos con multa de dos (2) hasta seis (6) veces el tributo retenido o percibido, los agentes de retención o percepción que lo mantengan en su poder, después de vencidos los plazos en que debieran ingresarlo”.
En el caso, se encuentra configurada la transgresión de la norma, al haber omitido el Sr. Pedace ingresar los importes retenidos sobre operaciones que eran propias de él en las que la Cooperativa era una mera pantalla para ocultarlas. Cabe recordar que en el allanamiento llevado en su domicilio se encontraron los comprobantes originales de las retenciones practicadas a nombre de la Cooperativa, lo que a las claras demuestra su participación en la maniobra reprimida por el art. 48 de la ley. Por lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 43/2008 y 44/2008 en todas sus partes, con costas. El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 43/2008 y 44/2008, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, en las sumas $580.226 por la representación procesal y $1.450.585 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.10.17 16:10:51 -03:00 Date: 2023.10.17 16:14:12 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.17 17:45:58 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.17 17:45:59 -03:00
Fin de la sentencia