Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial ( Sala Ii) de Mar del Plata · Causa 169.209
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido en subsidio por la citada en garantía el 22-10-2019 y confirmar la sentencia dictada el 15-10-2019 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRO N° 37-S FOLIO N° 176/80 EXPEDIENTE N° 169209 JUZGADO N° 1
En la ciudad de Mar del Plata, a los3 días del mes de marzo de 2020, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "PEDRERO, PATRICIA A. C/ TRANSPORTE 25 DE MAYO S.R.L. Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es justa la resolución dictada el 15-10-2019 a fs. 228/229?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D.
MONTERISI DIJO:
I. En lo que aquí interesa del fallo cuestionado, el juez intimó a la citada en garantía a depositar en la cuenta judicial de autos, el monto de $3.890.811,25 estimado para atender las sumas de la condena a la aseguradora, bajo apercibimiento de declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva. Fundó su decisión en lo dispuesto por el art. 29 de la ley 13.133.
II. El día 22-10-2019 la citada en garantía dedujo revocatoria con apelación en subsidio.
El juez desestimó el primer recurso y concedió la apelación subsidiaria el 25-10-2019 a fs. 230.
En líneas generales, el recurrente cuestionó la aplicación "sorpresiva y arbitraria" de los términos de la ley 13.133.
A todo evento, pidió la inconstitucionalidad de la norma por violentar las garantías constitucionales y convencionales de defensa en juicio, debido proceso y el derecho de propiedad.
III. La actora contestó el memorial en la presentación electrónica del día 4-11-2019.
Afirmó que la ley en cuestión es de orden público, habida cuenta que las normas sobre derechos de los consumidores son aplicables con independencia de que las partes las hayan invocado. Expresó que la garantía de la doble instancia no se extiende al tipo de situaciones como la de autos.
Pidió el rechazo del recurso con costas.
IV. TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:
IV.1. Aplicación del art. 29 de la ley 13.133.
a.- El agravio que refiere a la aplicación sorpresiva e indebida de la Ley 13.133 no es fundado.
El artículo 163 del Código de Procedimientos, en su inciso 7°, exige que al momento de dictar sentencia definitiva el magistrado adopte una decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio y "calificadas según correspondiere por ley".
Constituye tanto una prerrogativa como un deber de los jueces determinar el marco normativo que aprehende el conflicto entre las partes y a partir del cual se juzgará la admisibilidad y la procedencia de las respectivas pretensiones y defensas que hubieren dado forma al tema a decidir. No hay mejor oportunidad que la sentencia definitiva para hacerlo: recién allí el juez efectuará un estudio profundo y minucioso del mérito de la causa de acuerdo al conjunto de elementos de convicción que se hubieren incorporado en el expediente.
El punto es que si al momento de sentenciar el juez concluyó que la relación jurídica habida entre las partes queda aprehendida por la Ley 24.240, es razonable -y digo más: es imperativo- que el trámite en lo sucesivo se rija por las reglas de derecho procesal local que instrumentan tutelas específicas para este tipo particular de litigios.
En muchas ocasiones los elementos de convicción que se presentan en las etapas iniciales de un pleito son insuficientes para juzgar -al menos prima facie- que el pleito queda o puede quedar aprehendido por la regulación tuitiva de los derechos del consumidor. En tales casos, el trámite se rige por las normas genéricas del proceso sumario u ordinario.
Pero -y aquí el error de la recurrente- nada impide que esa mirada inicial y superficial del diferendo se vea modificada luego al momento de dictar la sentencia definitiva y se evalúe en profundidad la naturaleza del vínculo que media entre las partes como consecuencia del hecho que motiva el pleito (en el caso, un accidente ocurrido en un vehículo afectado al transporte público de pasajeros).
No puede la aseguradora pretender invocar una suerte de expectativa o derecho a que si la Ley 13.133 no se aplicó en los albores del proceso (etapas postulatoria y probatoria) entonces no pueda ser aplicada en las etapas restantes (decisoria, recursiva y ejecutoria). Contrariamente a lo alegado por la apelante, el derecho procesal es derecho público: por definición, es indisponible y de aplicación imperativa.
En suma, la aplicación del “Código de Implementación...” regulado en la Ley 13.133 ha sido correcta y es la consecuencia normativa que sigue a una decisión de mérito en la que se juzgó que la demandada reviste el rol de proveedor de un servicio en los términos del art. 2 de la Ley 24.240. El agravio que a esta cuestión refiere debe ser desestimado (arts. 42 de la CN, 38 de la CPBA, 23, 29 y cctes. de la Ley 13.133).
IV.2. Del planteo de inconvencionalidad e inconstitucionalidad:
La citada en garantía cuestionó subsidiariamente la convencionalidad y la constitucionalidad del sistema recursivo del art. 29 de la Ley 13.133. Adelanto que el planteo no prosperará ni desde la óptica del sistema regional de protección de derechos humanos ni desde el enfoque constitucional interno. a. Desde el ámbito del derecho internacional el planteo es inadmisible por una razón relativamente sencilla: una compañía de seguros, en tanto persona jurídica, no es titular de los derechos y garantías reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El artículo 1.2 del Pacto de San José de Costa Rica expresa que «para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano». Postulado éste que la Corte IDH lo ha enfatizado a lo largo de los años tanto en el ejercicio de su competencia contenciosa (Casos Artavia Murillo y otros -Fecundación in vitro- Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, párr. 219; Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 19, entre otros) como consultiva. En la OC-22/16 del 22 de febrero de 2016 aseveró que «las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales, por lo que no pueden ser consideradas como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema interamericano» (párrafo 70; en igual sentido, en el ámbito interno, SCBA, B. 54150, in re “Cooperativa Marplatense de Pesca e Indus. Limit”, del 6/06/1995). Y si bien el tribunal regional ha resuelto que puede darse el supuesto excepcional de que un individuo acuda al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales aun cuando estén cubiertos por una figura o ficción jurídica, lo cierto es que no es ese el caso de la compañía de seguros aquí recurrente dado que ningún interés de una persona humana ha sido siquiera esbozado en la impugnación en tratamiento (Corte IDH, caso Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 29; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 398).
En resumen: la firma “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros” no es titular de los derechos y garantías reconocidos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni puede invocar esas -u otras- prerrogativas reconocidas en dicha Carta Internacional para cuestionar la validez de una norma de derecho interno argentino (art 1.2. de la CADH). El planteo de inconvencionalidad deviene por ello inadmisible (arts. cit.).
b. No correrá mejor suerte el recurso analizado desde la óptica del derecho interno.
i. En mi voto en la causa "Buono" (esta sala , c. 135.604 del 31/08/2006) expliqué que el derecho judicial ha contorneado a través de los años los perfiles dentro de los cuales los magistrados deben actuar al momento de declarar la inconstitucionalidad de alguna ley que resulte repugnante a nuestra Constitución Nacional. He recordado además que tienen una gran responsabilidad institucional como custodios de la complejidad estructural del derecho en el Estado constitucional, es decir como garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre la ley, los derechos y la justicia (Zagrebelsky, Gustavo, "El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia"; trad. Marina Gascón, págs. 29 y ss. 5ª edición, Ed. Trota, Madrid, 2003) (SCBA, Ac. 67.594 "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires sobre Conflicto de Poderes", voto del Dr. Hitters).
Agregué también que "la declaración de inconstitucionalidad importa la más delicada de las funciones encomendadas a un tribunal de justicia y un acto de suma gravedad, debiendo ejercerse con suma prudencia, resultando la última ratio del orden jurídico, y solo debe llegarse a ella cuando es de estricta necesidad, sobre manera que las leyes y los actos del Estado se presumen constitucionales, por lo que solo debe ejercerse cuando la repugnancia con la ley suprema es manifiesta o evidente y la incompatibilidad frontalmente inconciliable o absoluta (CSN, Fallos 32:919; 260:153; 319:3148; 322:843; 323:2409; 324:920; SCBA Ac. 50.900, Ac. 60.887, L. 77.503; Bidart Campos Germán, "Manual de la Constitución reformada, t. 1, Ed. Ediar, pág. 516, Bs.As. 1998); y que siempre se ha de preferir aquella hermenéutica que preserva y no la que destruye a nuestro digesto supremo (Fallos 14:425; 147:286; 242:73; Crowell v. Benson, 285 U.S.22.62).
El Máximo Tribunal de la Nación tiene dicho en idéntico sentido que "la declaración de invalidez de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico y su procedencia requiere que el pedido pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos de igual carácter" (Fallos 342:1170 -"Compañía Mega SA"-, del 11/07/2019) siendo carga de la parte interesada demostrar de modo inexcusable "un agravio determinado y específico" (Fallos: 341:1675 y 341:1768; el subrayado me pertenece). Y si bien no soy ajeno a que el Poder Judicial puede efectuar un control oficioso de constitucionalidad, lo cierto es que la propia Corte Suprema ha condicionado ese escrutinio a la necesidad de que en el caso puntual quede "palmariamente demostrado" que los preceptos en cuestión irroguen al interesado "un perjuicio concreto que entrañe un desconocimiento o una restricción manifiesta de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundada en la constitución" ( Fallos: 335:2333, “Rodríguez Pereyra” del 27/11/2012, el destacado me pertenece; en similar sentido, Fallos 342:1170, "Compañía Mega S.A" del 17/07/2019 ).
Por lo demás, y como lo ha reiterado la Corte Federal en numerosas oportunidades, debe obviarse cualquier tipo de declaración de inconstitucionalidad cuando la norma impugnada es susceptible de ser interpretada de un modo tal que sea compatible con la Ley Fundamental (Fallos: 335:2333, "Rodríguez Pereyra, Jorge" del 27/11/2012, con cita de Fallos 14:425; 147:286; 300:1029; 305:1304; el resaltado me pertenece).
ii. El artículo 29 de la Ley 13.133 condiciona la concesión del recurso de apelación de la parte condenada en un proceso de consumo al previo depósito de capital, intereses y costas (a excepción de los honorarios de los letrados que asisten a la recurrente).
Se trata de una exigencia económica que no ha sido concebida como una sanción que se pierde ante un resultado recursivo adverso (como ocurre, por caso, con el sistema del art. 280 del CPCCBA para el recurso de inaplicabilidad de ley) sino como un deposito a cuenta de la condena (si se confirma) o a ser reintegrado al recurrente (si se revoca).
La norma no colisiona con los postulados constitucionales por el solo hecho de imponer un recaudo económico a la parte condenada en un proceso de consumo para acceder a la instancia de apelación. El problema constitucional solo podría verificarse en aquel supuesto en el que el litigante desea apelar pero no puede afrontar el depósito que la norma le impone. Es en éste particular escenario en donde, a mi modo de ver, es posible hallar una tensión entre la imposición que regula la norma y el derecho constitucional del justiciable a acceder a una instancia recursiva ordinaria (arts. 18 CN y 15 CPBA).
Pero este problema puede ser sencillamente solucionado por vía de interpretación, sin incurrir en ninguna forma de declaración de invalidez constitucional.
Recordemos que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ya ha evaluado otras reglas de derecho procesal que imponen exigencias económicas para el acceso a instancias recursivas y en las que se han establecido interpretaciones amplias que aseguran su compatibilidad con la Carta Magna. Por caso, al establecer los límites y las excepciones a las exigencias económicas del artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral bonaerense, la Corte con sede en La Plata siguió los lineamientos demarcados por la Corte Federal en el caso “Troche Báez” (Fallos: 320:1847) y resolvió que puede eximirse al interesado de efectuar el depósito previo si demuestra la imposibilidad de afrontar la erogación; esto es, cuando el monto resultante de la condena tiene una magnitud desproporcionada con relación a la capacidad económica del impugnante y éste demuestra la falta inculpable de los medios para afrontar esas erogaciones (SCBA, LP.120102 del 28/12/2016, LP.120367 del 07/12/2016, LP.114814 del 13/07/2011, LP.114505 del 29/06/2011, LP 89643 del 02/04/2003, entre muchos otros; arts. 42 de la CN, 38 de la CPBA). Idéntico criterio se adoptó en materia de pagos previos como presupuesto procesal de la acciones contencioso-administrativas en cuestiones tributarias (regla del solve et repete el art. 19.1 del CCA; véase SCBA, B. 56.707 -"Carba S.A"- del 23/04/2008, CSJN, Fallos 155:96; 261:101; 278:188; 280:314; 287:101; 307:1753).
Idéntica interpretación puede -y debe- realizarse sobre el texto del artículo 29 de la Ley 13.133 a los fines de hacerla plenamente compatible con las prerrogativas fundamentales contempladas en los artículos 15 de la Constitución Provincial y 18 de la Constitución Nacional. Es decir, deben quedar eximidos de cumplir el recaudo económico que la norma regula aquellos litigantes que demuestren sumariamente la imposibilidad de satisfacer el desembolso patrimonial que condiciona la concesión de su recurso. Dicho con palabras de la propia Casación, considero que el depósito previo no será exigible cuando el monto resultante de la condena y sus accesorios tenga magnitud desproporcionada con relación a su capacidad económica del recurrente, y siempre que éste último hubiere probado de manera indubitable la falta inculpable de medios para afrontar la erogación (aportando para ello elementos de juicio que constituyan índices reveladores de su estado patrimonial).
iii. Lo dicho hasta aquí explica el motivo por el cual considero que el planteo de la compañía aseguradora debe ser desestimado.
La citada en garantía se limitó a alegar que la norma restringe su derecho al recurso y la posibilidad de que un órgano superior de instancia ordinaria revea la decisión que le ha sido adversa. Su queja se limita al solo hecho de tener que depositar dinero para recurrir, y no a la falta de medios para efectivizar el desembolso.
Como dije, no hay allí un argumento suficiente para demostrar la inconstitucionalidad de la norma ni para exponer un agravio constitucional (CSJN, Fallos 335:2333).
A todo evento, destaco que tampoco hay en el recurso -ni en otras constancias obrantes en el expediente- elementos que permitan advertir una real dificultad patrimonial de la citada para cumplir la exigencia económica que ahora cuestiona y que -tal lo dicho- podría habilitar una eximición excepcional bajo los parámetros reseñados. Ninguna explicación ha brindado la recurrente para demostrar la imposibilidad patrimonial efectiva y real de afrontar el depósito que la regla procesal cuestionada le exige.
Más aún, tratándose de una entidad aseguradora que cuenta con un severo control estatal de solvencia y una estricta regulación legal que prevé reservas y previsiones técnicas para atender siniestros (art. 1, 2, 33 y cctes. de la Ley 20.091 y sus reglamentarias), aquella exigencia argumental debía ser satisfecha con la mayor rigurosidad si es que se pretendía demostrar un perjuicio concreto y efectivo que habilite el control de validez constitucional de la norma impugnada (CSJN, Fallos: 335:2333) o una eximición excepcional bajo la interpretación efectuada siguiendo los lineamientos establecidos por la Casación (SCBA, fallos cit.) Por lo dicho, concluyo que el planteo formulado por la citada en garantía es inadmisible (arts. 42 de la CN, 38 de la CPBA) y el recurso -en lo que a este tópico refiere- debe ser desestimado (art. 242 del CPCCBA).
ASI LO VOTO EL SR. JUEZ DR. ROBERTO J. LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación deducido en subsidio por la citada en garantía el 22-10-2019 y confirmar la sentencia dictada el 15-10-2019 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II) Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
El SR. JUEZ DR. ROBERTO J. LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación deducido en subsidio por la citada en garantía el 22-10-2019 y confirmar la sentencia dictada el 15-10-2019 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II) Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J.
LOUSTAUNAU ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia