Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2022-123902023-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones N° 139/2022 y 140/2022, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. Oscar Santiago Pelaez, teniendo en consideración para ello la naturaleza de la causa, el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por la ley 27.423:
A) Por su actuación en el Expediente EX-2022-123902023--APN-SGAI#TFN, en la suma de $41.147 por la representación procesal, equivalente a 0,48 UMA, y en la suma de $102.869 por el patrocinio letrado, equivalente a 2,10 UMA.
B) Por su actuación en el Expediente EX-2022-123908248--APN-SGAI#TFN, en la suma de $54.754 por la representación procesal, equivalente a 1,12 UMA, y en la suma de $136.886 por el patrocinio letrado, equivalente a 2,79 UMA.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-54143253-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Mayo de 2024 123908248- -APN-SGAI#TFN) - “Pelaez, Oscar Santiago s/ recurso de apelación”
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente EX-2022-123902023- -APN-SGAI#TFN (y su acumulado EX-2022-123908248- - APN-SGAI#TFN) caratulado “Pelaez, Oscar Santiago s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Oscar Santiago Pelaez interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 139/2022 y 140/2022 dictadas el 27 de octubre de 2022 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En dichos actos, se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2017 y en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 1/2017 a 12/2018, y se lo intimó a ingresar las sumas de $142.411,39 y $91.033,26, para los periodos fiscales 01/2017 a 09/2017 y 11/2017 a 12/2017, y $ 117.944.28, para los periodos 01/2018 a 12/2018, respectivamente, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
Asimismo, se le aplicaron sendas multas por defraudación. En el impuesto a las ganancias del período fiscal 2017 de $427.234,17 y en el impuesto al valor agregado de $273.099,78 por los periodos fiscales 01/2017 a 09/2017 y 11/2017 a 12/2017, y de $ 353.832,84, por los periodos fiscales 01/2018 a 12/2018 (art. 46, ley 11.683).
En su presentación en esta instancia, el Sr. Pelaez, de profesión escribano, expresa que al contestar la vista de los ajustes notificados según el art. 17 de la ley 11.683, informó el acogimiento al Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la vivienda instaurado por la ley 27.613. Dice que al haber exteriorizado moneda extranjera bajo dicho régimen, solicitó la aplicación de sus beneficios, en especial, la liberación del pago de los impuestos por los ajustes fiscales, comprensivo de incremento patrimonial no justificado que se le imputa en las Resoluciones recurridas. Solicitó en dicha oportunidad, en consecuencia, el archivo de las actuaciones.
Agrega que al negar dicho beneficio, las Resoluciones carecen de argumentación ya que se le exige la vinculación entre el pasivo que surge de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2017 y las tenencias exteriorizadas, supuesto que no exige ni la ley 27.613, ni sus reglamentaciones. En efecto, hace hincapié en que dichas normas no efectúan diferencia para la aplicación de sus beneficios, ya sea que se trate de diferencias detectadas respecto de activos o de pasivos.
Por último, invoca en sustento de sus agravios la sentencia dictada en la causa “Copparoni” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2 de julio de 2020 respecto de los alcances de la aplicación de los beneficios de la ley 26.860 en el impuesto al valor agregado.
Solicita entonces a este Tribunal que declare la aplicación de tales beneficios.
En subsidio, sostiene la improcedencia del incremento patrimonial sin justificar que se le imputa en las Resoluciones.
Para ello, señala que:
- Existen en los resúmenes de las tarjetas una importante cantidad de compras de insumos afectados a su actividad profesional.
- Existen compras de bienes de uso, como bienes muebles, adquiridos también con tarjetas y en cuotas - Existen pagos de impuestos con débitos directos - Existen adicionales, que abonaban sus consumos - Es un error no considerar como pasivos a las cuotas a vencer de las tarjetas de créditos. - Invoca, además, la duplicación del ajuste porque al monto obtenido por la presunción del 10% de renta consumida se le aplica otra presunción por consumo de impuestos totalmente deducibles, que están subsumidos en el consumo declarado.
Solicita, en consecuencia, que por estas razones también se deje sin efecto la pretensión fiscal. En relación a las multas aplicadas en las Resoluciones, considera que la ley 27.613 es clara al otorgar una amnistía general para aquellos sujetos que efectúen la declaración voluntaria de moneda extranjera, sin que existan exclusiones al goce de tal liberación que no sean los supuestos contemplados en la propia ley. Agrega que el art. 11, inc. b) de la mencionada ley lo libera de la acción penal e infraccional, por lo que solicita en consecuencia, que se deje sin efecto la multa de defraudación por aplicación de la ley 27.613. En subsidio, sostiene la improcedencia de la multa por carecer su conducta del propósito de dañar que exige el art. 46 de la ley. Alega que no basta la comprobación objetiva de la infracción, sino que es necesario probar la intención que, en su caso, no se configuró.
Aporta junto con el recurso de apelación prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa dirigida al sector de sistemas de la Administración Tributaria para que adjunte los mails y comunicaciones mantenidas durante la fiscalización con los inspectores y supervisores, además, a los bancos para que informen los saldos al 31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018 de las tarjetas de crédito y las cuotas a vencer al 01/01/2017 y 01/01/2018; por último, a la Administración Tributaria para que certifique la documentación de acogimiento a la ley 27.613.
Solicita, por todo ello, que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A su turno, el Fisco Nacional contestó el traslado de los recursos y pidió que se confirmen sus actos, también con costas.
Resalta que el origen del ajuste fue la constatación de diferencias en el patrimonio declarado en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2017, por incremento del monto del activo al cierre del ejercicio anterior, y ajustes en los montos declarados por depósitos bancarios y deudas. Agrega que era el contribuyente quien tenía los elementos para desvirtuar estas diferencias, esto es justificar el origen de los pasivos que son el indicio adoptado para presumir el incremento patrimonial no justificado, en los términos del art. 18, inc. f) de la ley 11.683.
Respecto a la aplicación del régimen de liberación de los impuestos previsto en la ley 27.613, explica que debido a la falta de documentación sobre los movimientos en las tarjetas no pudo establecerse un vínculo entre los importes del pasivo inexistente, indicio del incremento patrimonial no justificado, con las sumas de moneda extranjera que el Sr. Pelaez incluyera en el régimen de exteriorización de la ley 27.613. Concluye de ello que el pasivo, en realidad, tiene contrapartida en bienes que ya se encontraban exteriorizados en el activo del Sr. Pelaez.
Agrega que para constatar el pasivo la fiscalización solicitó al contribuyente los resúmenes de todas las tarjetas de crédito y/o débito desde el 01/12/2016 al 31/12/2018, tanto como titular como la de sus adicionales, y que indicara allí los consumos relacionados con su actividad profesional, y que a pesar de los reiterados incumplimientos, nunca se aportaron, lo que impidió verificar cuáles gastos de los computados en su declaración jurada y registrados en el libro IVA compras por referirse a su actividad profesional habían sido pagados con tarjetas de crédito.
Por último, se opone a la producción de la prueba ofrecida por obrar parte de ella como documental en las actuaciones administrativas y al resto por inconducente y dilatoria.
III. Mediante el IF-2023-16751315-APN-VOCX#TFN esta Sala resolvió acumular el expediente N° EX - 2022-123908248—APN-SGAI#TFN al que lleva el N° EX-2022-123902023-APN-SGAI#TFN de igual carátula.
A través de la PV-2023-49816537-APN-VOCXI#TFN y en atención a lo manifestado por la representación fiscal al contestar los recursos, obrando la documentación que el Sr. Pelaez pretendía obtener por otros medios de prueba en las actuaciones administrativas, se rechazó la informativa ofrecida. Por medio de la PV-2024-44237824-APN-VOCXI#TFN se elevan las actuaciones a su consideración. Por último, en el IF-2024-53806847-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Por un orden lógico, corresponde analizar en primer término los efectos del acogimiento del Sr. Pelaez al régimen de la ley 27.613 en las deudas que se determinan de oficio recurridas ante este Tribunal. Dicha norma, en su Título I, dispuso un Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, con el propósito de promover la inversión en proyectos inmobiliarios en el país, para lo cual se conceden al inversor determinados beneficios tributarios.
Por su parte, en el Título II, se regla un régimen de Normalización de la tenencia en moneda nacional y extranjera para la realización de inversiones en construcción.
Para ello, el art. 6° dispone que, “Las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, residentes en la República Argentina, podrán declarar de manera voluntaria ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el exterior, en las condiciones previstas en el presente capítulo, dentro de un plazo que se extenderá desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de ciento veinte (120) días corridos desde dicha vigencia, ambas fechas inclusive”.
Aclara a continuación la misma norma que, “La tenencia de moneda extranjera y/o de moneda nacional en el país y en el exterior, que se exteriorice en los términos de este régimen, es aquella que no hubiera sido declarada a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, de acuerdo al procedimiento que a esos efectos establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
El art. 7° se refiere al destino de los fondos y dispone que, “Los fondos declarados deberán afectarse, únicamente, al desarrollo o la inversión en los proyectos inmobiliarios en la República Argentina a las que se refiere el artículo 2° de la presente ley”. La reglamentación, por el decreto 244/201 y la RG AFIP N° 4976/2021, también se refiere en su articulado a tenencias y al depósito de éstas en una cuenta bancaria especial para gozar de sus beneficios. No se encuentra en discusión en el caso que el 27 de mayo de 2021, el Sr. Pelaez exteriorizó bajo el Régimen sancionado por la ley 27.613 fondos que no estaban declarados por un importe de $1.800.000 y así surge de la documentación adjunta al recurso de apelación; tampoco que, desde lo formal, su presentación reunía los requisitos exigidos, prueba de lo cual es que ya en la instancia de la fiscalización se le admitió imputar una parte de las tenencias a los montos detectados en sus cuentas bancarias sin declarar(activo).
Lo que pretende el Sr. Pelaez es la aplicación de los beneficios previstos en su art. 11 al pasivo que surge de la declaración jurada rectificativa del impuesto a las ganancias del año 2017 que presentó durante el curso de la fiscalización. Allí, incrementó sus ingresos en $463.000, producto del incremento patrimonial derivado del monto consumido por $1.494.006,63 que es el importe equivalente al consumo con tarjetas de crédito, según la información registrada en los sistemas de la Administración Tributaria. En dicha declaración, aumentó también el importe de los saldos en cuentas bancarias y la deuda con las tarjetas. La norma antes citada, en lo que aquí importa, dispone que, “Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria de moneda extranjera y/o moneda nacional en los términos de este capítulo, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y sus modificaciones, y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios por los montos declarados:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, respecto de las tenencias exteriorizadas;
b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder”.
No existe duda que lo que el régimen permite exteriorizar son tenencias de dinero, lo cual responde al objetivo de la ley de inyectar fondos en el sector de la construcción con miras a su reactivación. El Sr. Pelaez se acogió al Título II de la ley con el objeto de normalizar tenencias, es decir, dinero en efectivo que estaba en su poder y que no había sido declarado antes.
Sin embargo, la posibilidad de imputar el dinero exteriorizado a un pasivo impugnado por la Administración Tributaria requiere, como sostiene la jueza administrativa, que se demuestre la relación entre uno y otro concepto, prueba que en el caso no fue rendida ni en la instancia administrativa previa, ni tampoco con la prueba ofrecida ante este Tribunal.
Aunque sobra decirlo, exigir dicha prueba en modo alguno implica adentrarse en el origen de los fondos, ni tampoco en la fecha desde la cual el contribuyente los tiene, sino de buscar un nexo causal entre ambas operaciones que permita convalidar la imputación que pretende con el objeto de dejar sin efecto los ajustes fiscales.
A ello cabe agregar que, en el caso, la exteriorización de las tenencias se realizó el 27 de mayo de 2021, ya en curso la fiscalización, y si bien el Sr. Pelaez invoca haber dado aviso de la regularización por medio de redes sociales, su comunicación expresa y formal en las actuaciones recién tuvo lugar el 18 de febrero de 2022, es decir ocho meses más tarde.
A la hora de resolver no debe perderse de vista que no se objeta en las Resoluciones la validez de la exteriorización efectuada bajo el régimen de la ley 27.613, sino su aptitud cancelatoria de la materia imponible adeudada por el pasivo declarado en el período fiscal 2017 que en la instancia administrativa –ni en esta instancia tampoco- el Sr. Pelaez justificó. En otras palabras, no hay forma de apropiar esos fondos a los gastos informados por las empresas de tarjetas de crédito que, formando parte del monto consumido, a los que el Sr. Pelaez no dio detalle ni explicación y las que dio, no las probó debidamente. Cabe concluir así que no cualquier exteriorización de dinero puede ser imputada a la omisión del pago de las obligaciones fiscales.
Dicho efecto, sí es procedente cuando se trata de su regularización en regímenes de pago, más no en blanqueos como el de afectación específica previsto en la ley 27.613.
Como se dijo, en el caso, el Sr. Pelaez no acreditó la existencia real del pasivo declarado ya que nunca dio información sobre su origen y composición, esto es la afectación de los gastos, en insumos y bienes de uso, al ejercicio de su actividad profesional; tampoco acreditó que el pago de los consumos de las tarjetas adicionales no estuvieran a su cargo.
Por tales consideraciones, pretender imputar los fondos declarados al pasivo sin probar su verdadera existencia resulta desacertado y ajeno a la letra y a la finalidad del régimen de la ley 27.613 y sus reglamentaciones. Por la misma razón, tampoco corresponde la imputación respecto de los montos usados para pagar impuestos y consumos no declarados en la justificación patrimonial, en particular cuando surgieron de ajustes patrimoniales en los ingresos y en el monto consumido.
Con ello, no existe en el caso del ajuste de que se trata la exteriorización de tenencias de dinero que el régimen de la ley 27.613 buscó beneficiar y así, no existe vínculo alguno entre ambos conceptos, el pasivo continúa sin justificar y lo que el Esc. Pelaez ha hecho es exteriorizar un nuevo activo (monetario). Este fue, por lo demás, el criterio adoptado por este Tribunal en la sentencia de esta Sala “Pulenta, Hugo”, del 25 de octubre de 2019, y por la Sala A, en la causa “Sofa Arte” del 23 de marzo de 2017. Para terminar, ninguna relevancia tiene en lo que se decide la doctrina que cita el recurrente a partir del precedente “Copparoni”, no solamente porque se refiere a otro régimen de regularización, el de la ley 26.860, sino porque la interpretación que allí se adopta es en relación al alcance de los beneficios a los créditos fiscales del impuesto al valor agregado, ajeno como tal a la discusión en este Expediente.
Por ello, se rechaza la aplicación de los beneficios solicitados respecto del período fiscal 2017 (art. 11, ley 27.613).
V. Dicho lo anterior, debe analizarse si el incremento patrimonial no justificado se encuentra debidamente fundado.
Del Informe Final de Inspección que reseña las actuaciones administrativas previamente sustanciadas al dictado de las Resoluciones recurridas, surge que el origen de los ajustes es la falta de presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2017. Ya se dijo antes que dicha declaración fue presentada el 27 de junio de 2019, y rectificada el 24 de septiembre de 2020, ambas durante el curso de la fiscalización. Allí, el Esc. Pelaez incrementó los ingresos por $463.000 producto de aumentar el monto consumido a $1.494.006,53 para justificar diferencias en el patrimonio. Este monto, según allí se expone, es el importe del consumo en tarjetas de crédito registrado en las bases de la Administración Tributaria.
En dicha declaración también se incrementaron los depósitos en las cuentas y las deudas por los saldos de las tarjetas de crédito, indicio adoptado luego por la jueza administrativa para la aplicación del art. 18, inc. f) de la ley del impuesto a las ganancias y determinar ingresos omitidos en dicho gravamen y ventas sin declarar en el impuesto al valor agregado, ambos del período fiscal 2017.
Las actuaciones dan cuenta que se requirió información al Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén que puso a disposición información de la actividad ejercida por el Sr. Pelaez. De allí surgió la existencia de 755 registros por operaciones efectuadas en enero y febrero de 2017, más la que se obtuvo de los libros de protocolo principal y auxiliar, que arrojaron un total de 910 intervenciones. Se cursaron varios requerimientos de información al Esc. Pelaez que arrojaron que en el mismo período de tiempo hizo 152 facturas, es decir, que lo que comprueba la fiscalización en esta etapa inicial del procedimiento es la falta de emisión de facturas por la totalidad de las operaciones realizadas. La fiscalización también requirió a las empresas de tarjetas de crédito y a los bancos emisores que adjuntaran los resúmenes mensuales y el importe abonado, cuyos resultados obran en los Cuerpos Circularizaciones y de Prueba Informativa que integran las voluminosas actuaciones administrativas. Si bien el Esc. Peláez informó que en los resúmenes habían consumos atribuibles a su actividad profesional, como telefonía, suscripciones, combustibles, que fueron deducidos como gastos en el impuesto a las ganancias, así como también consumos de terceras personas como adicionales asentados en el libro IVA compras, nunca realizó ni aportó un detalle de los mismos. Ello, a pesar de ser la parte interesada en dar explicación y hacer dicha depuración.
En efecto, surge también de las actuaciones que cuando se le requirió cuales eran esos gastos, puso a disposición la documentación en sede del estudio contable para que la información la produjera la fiscalización y aclaró que no llevaba libros y registraciones. Sin embargo, a fs. 257 obra el acta del 6 de abril de 2021 en la que el contador informó que no tenía la documentación, que la tenía el Esc. Pelaez, y que con motivo de la pandemia COVID no iba a permitir el ingreso a sus oficinas.
Debe decirse aquí que en virtud del sistema de autodeterminación de la obligación tributaria que rige en nuestro país, es deber del contribuyente hacer llegar a la Administración Tributaria la documentación de respaldo de sus declaraciones juradas, conforme lo disponen los arts. 33 y ss. de la ley 11.683. Pero, además, en el caso, quien podía explicar la naturaleza del pasivo en función de la composición de los gastos incluidos en el mismo, es decir si eran consumos o gastos de su actividad profesional, era el contribuyente, el Esc. Pelaez, y era de su interés hacerlo para de ese modo refutar la pretensión fiscal. Sin embargo, la prueba ofrecida ante este Tribunal, no tenía como propósito el detalle requerido por la fiscalización sino producir documentación que ya estaba agregada a las actuaciones, razón por la cual fue rechazada.
Esta orfandad probatoria también impide considerar sus agravios en relación a la duplicidad del ajuste y a la falta de consideración de los pagos de impuestos en su liquidación, advirtiéndose fundadas, por otro lado, las bases imponibles comprendidas en las determinaciones de oficio que responde, como ya se dijo, a la información colectada y obtenida en el curso de la fiscalización.
Es en ese contexto, que debe confirmarse la pretensión fiscal notificada en la Resolución N° 139/2022 en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2017, toda vez que los elementos reunidos por la fiscalización permiten tener por probada debidamente la existencia del indicio –el pasivo sin respaldo- a partir del cual la ley permite extraer el incremento patrimonial no justificado y los ingresos sin declarar, razonamiento que responde a lo exigido en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683.
Del mismo modo, corresponde resolver respecto de la determinación en el impuesto al valor agregado en la Resolución N° 140/2022, tanto en dicho período fiscal como en el 2018, al ser el resultado de la aplicación de la misma normativa, sin que el Sr. Pelaez haya formulado agravios específicos en relación a los ajustes efectuados en este gravamen en ambos períodos, ni tampoco aportado prueba sobre los mismos. En efecto, de los Considerandos de la Resolución N° 140/2022 surge que el recurrente también rectificó la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2018, reconociendo un mayor monto consumido que dio como resultado un incremento patrimonial sin justificar de $410.155,87. Si bien dicha declaración no es objeto de impugnación, ni por ende de determinación de oficio en la Resolución N° 140/2022, en dicho acto sí se determinan los débitos fiscales producto de este incremento. Este ajuste por las razones ya dadas respecto de la pretensión fiscal del período fiscal 2017 debe ser también confirmado.
VI. Queda referirse a las multas aplicadas en las Resolución que deben también ser confirmadas por darse los supuestos objetivo y subjetivo para su procedencia.
Las Consideraciones ya efectuadas en relación a la actitud del Esc. Pelaez que a la fecha de vencimiento de la declaración jurada original del impuesto a las ganancias del período fiscal 2017 no la presentó, luego presentó una rectificativa de la original y, en especial, que no pudo justificar el pasivo declarado en la misma, dan cuenta del carácter doloso de su conducta y de su intención de tributar por una menor base imponible a la realmente debida por su capacidad contributiva y el ejercicio de su actividad por lo que debe confirmarse la multa aplicada en la Resolución N° 139/2022.
Del mismo modo se hallan configurados los elementos objetivo y subjetivo en la omisión de ingreso del impuesto al valor agregado en ambos períodos fiscales, que son directa consecuencia de la aplicación de la presunción del art. 18, inc. f) de la ley 11.683, esto es los débitos fiscales que no fueron declarados, sin que el recurrente haya esgrimido razones que permitan a este Tribunal recalificar su conducta infraccional. En efecto, en su recurso de apelación se limita a mencionar generalidades respecto de los principio del derecho penal aplicables a las sanciones fiscales, sin referencia concreta a los claros hechos que se le atribuyen en los actos recurridos, así como la prueba que los respalda que, ya se dijo, no fueron debidamente refutados Por ello, deben confirmarse las multas aplicadas en ambas Resoluciones.
Las costas son a cargo del contribuyente (art. 184, quinto párr., ley 11.683).
La Dra. Gómez:
Que adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede:
1. Confirmar las Resoluciones N° 139/2022 y 140/2022, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. Oscar Santiago Pelaez, teniendo en consideración para ello la naturaleza de la causa, el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por la ley 27.423:
a) Por su actuación en el Expediente EX-2022-123902023--APN-SGAI#TFN, en la suma de $41.147 por la representación procesal, equivalente a 0,48 UMA, y en la suma de $102.869 por el patrocinio letrado, equivalente a 2,10 UMA.
b) Por su actuación en el Expediente EX-2022-123908248--APN-SGAI#TFN, en la suma de $54.754 por la representación procesal, equivalente a 1,12 UMA, y en la suma de $136.886 por el patrocinio letrado, equivalente a 2,79 UMA.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de las dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12ª Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2024.05.24 10:44:34 -03:00 Date: 2024.05.24 10:47:39 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.24 10:47:40 -03:00
Fin de la sentencia