Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-1.935/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 421/426 vta., y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 428 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-1.935/13-TSJ Interlocutorio N°: 3.073.-
Actor: PELLEGRINI LÍA PAULA Demandado: ROSSI ANDREA MARIEL Y OTRA Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 17-9-14 Texto: TOMO XXV – INTERLOCUTORIO – T.S.J.- REGISTRO Nº 3.073 FOLIO Nº 4.998/5.001 PROT. ELECT. TSS1 0 43 I.141 Río Gallegos, 17 de septiembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “PELLEGRINI LÍA PAULA c/ ROSSI ANDREA MARIEL Y OTRA s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº P- 11.709/10 (P-1.935/13-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes a consideración de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, para dar tratamiento al recurso extraordinario de casación que articulara la parte demandada a fs. 421/426 vta. contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 406/417, la cual admite los agravios vertidos por la actora declarando que la relación que existiera entre las partes fue de índole laboral. Asimismo, hace lugar a la excepción de prescripción y allanamiento respecto de todo crédito anterior al 11 de marzo de 2008; condena a la Sra. Andrea Mariel Rossi a abonarle a la actora la suma que surja de la liquidación a practicar y desestima la pretensión del pago por horas extras y las multas previstas por los artículos 1 y 8 de la ley 24013 y artículo 80 de la LCT condenando en costas a la demandada (confr. fs. 416 vta/417).- El recurrente invoca como fundamento de su impugnación “… la causal de errónea interpretación de la ley de contrato de trabajo (art. 178) conforme lo normado por los arts. 1 y 3 inc. a) de la Ley 1687 afectando el principio de congruencia (art. 34 inc. 4° y 162 inc. 2° del C. de P.C.) y derecho de propiedad de mi mandante (art. 171 CN) …” (confr. fs. 422) y que el ad quem haya tenido por acreditada la relación laboral entre las partes, conforme la presunción legal del artículo 23 de la LCT en base a una valoración errónea y arbitraria de la prueba (confr. fs. 422 y vta.).
Cuestiona los horarios de trabajo y el monto de la retribución tenidos en cuenta por la Alzada al momento de dictar el fallo. Entiende que en la sentencia se ha consagrado un “… irritante enriquecimiento sin causa …” (confr. fs. 423) a favor de la actora. Para sustentar su versión, esboza cálculos que entiende adecuados (confr. fs. 423 vta./424). Reconoce ser la propietaria y responsable del centro de enseñanza inglesa ‘Big Ben’ donde -bajo sus directivas docentes- impartió clases la actora, sin embargo, rechaza que de ello pudiera haber derivado la dependencia en relación subordinada que interpreta el ad quem (confr. fs. 424 y vta). Respecto de la actora, aduce que “… No resultaba menor su condición tributaria como prestadora independiente y autónoma en la categoría de monotributista …” y que la AFIP es quien informa que la misma se encuentra inscripta desde el 6/3/08 (confr. fs. 424 vta).
Pretende rebatir la relación de empleo aceptada por la Cámara con datos emergentes de las pruebas informativa, testimonial y confesional rendida en autos (confr. fs. 425 y vta.). Sostiene que “… Ninguna de estas pruebas han sido merituadas correctamente por el tribunal a quem (sic) y por ende debe ser V.E. quien lo haga y en su mérito, ajustándose a la realidad de los hechos que mediaron entre las partes determinar que jamás existió relación de dependencia y subordinación alguna. Así corresponde declararlo casando la sentencia de segunda instancia confirmando el pronunciamiento de grado, con costas …” (confr. fs. 425 vta.). En el acápite IV la recurrente reitera su disconformidad con el fallo dictado por la Excma.
Cámara de Apelaciones y, en particular, con las mensualidades que -a su entender- resultaban excluidas del reclamo y que, sin embargo, fueron incluidas en el pronunciamiento en crisis. Asimismo, cuestiona la multa del artículo 2 de la ley 25323 calificando de arbitraria su imposición (confr. fs. 426). Discute el monto de las mensualidades que la sentencia de Segunda Instancia lo condena a pagar entendiendo que: “… deben serlo en su caso conforme a los valores vigentes en cada época … y por la carga horaria de 30 horas supuestamente acreditada …”, y que “… Pretender ir mas allá de ello sería consagrar en un pronunciamiento jurisdiccional un enriquecimiento sin causa que repulsa al verdadero sentido de justicia …” (confr. fs. cit.).
Finalmente, solicita que las costas de las instancias inferiores sean impuestas en orden causado y reitera la introducción de la reserva del caso federal (confr. fs. 426 vta.).-
II. Que, en oportunidad de efectuar este Alto Tribunal el examen preliminar que establece el artículo 7º de la ley 1687, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso, se detectan ciertas falencias que obstan a su concesión.-
Que, la simple lectura del instrumento impugnativo evidencia el ayuno en la fundamentación al no sostener una crítica razonada contra la sentencia en crisis. Se advierte que, las conclusiones de la Cámara no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error.-
Así, el recurrente tan sólo indica su discrepancia con la sentencia atacada pretendiendo una interpretación y una aplicación distinta de la normativa vigente, invocación que, por sí sola, no basta en el ámbito casatorio dada la limitación extraordinaria de la instancia y, en especial, por la exclusión del análisis de los hechos, materia exclusiva de los jueces de grado, con las salvedades propias de la materia en orden al absurdo o a la arbitrariedad.- Se debe recordar que, como todo escrito recursivo, debe autoabastecerse y ello pone a cargo del interesado, no sólo la agregación de los recaudos necesarios para su examen, sino también la fundamentación de su pretensión, demostrando por qué es errónea la desestimatoria que pretende remover, circunstancia que no aconteció en el caso de autos, por cuanto el mencionado planteo tiene como núcleo fundamental cuestionar la consideración de circunstancias de hechos y pruebas de la sentencia en crisis -como es sin lugar a dudas de la prueba de la relación de trabajo que unía a las partes- y desde este particular cuadrante procesal, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en la sentencia impugnada, incumpliendo de este modo con el requisito formal de adecuada fundamentación.- Ha venido sosteniendo reiteradamente este Alto Cuerpo que la existencia e interpretación de los contratos de trabajo, la intención, voluntad y cometido de las partes en su cumplimiento, como también lo relativo a la prueba, queda librado a la apreciación de los jueces de la instancia ordinaria, siempre que no se alegue y demuestre violación de las reglas de derecho relativas a tal interpretación y a la distribución y carga de la prueba, o absurdo o arbitrariedad, que quite al pronunciamiento el mínimo de coherencia necesaria para darle sustento (confr.
Tomo XI, Sentencia, Reg. 392, Folio 2124/2129).- No se observan en el decisorio atacado, los manifiestos vicios alegados por el recurrente. No puede, por tanto, prosperar la vía intentada, cuando los fundamentos dados en la instancia de grado son coherentes, lógicos y han dado una equilibrada interpretación legal (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros) con una subsunción correcta de los hechos y el derecho aplicable.- Nótese que este juicio tuvo respuestas jurisdiccionales que han evaluado el hecho y la prueba -ampliamente- en primera (confr. sentencia de fs. 386/390 vta.) y, por vía de apelación, en segunda instancia (confr. sentencia de fs. 406/417).-
III. Que, no obstante lo expuesto, y en orden a los agravios esgrimidos por el recurrente, el primero de los embates a la construcción lógica de la sentencia recurrida lo constituye la valoración probatoria efectuada por el ad quem en relación al horario laborado y a la retribución tenida en cuenta a efecto de cálculos indemnizatorios (confr. fs. 422 vta./424). Así, el impugnante se esfuerza por direccionar su embate argumental en orden a la apreciación crítica y el análisis lógico de las probanzas meritadas, para tratar de demostrar la inexactitud de los juicios emitidos por la Excma. Cámara, directamente relacionados con el cuadro fáctico y la valoración de la prueba, pretendiendo -erradamente- recrear la meritación y valoración jurisdiccional, como si se tratara de una tercera instancia común u ordinaria (confr.
Hitters, Juan Carlos, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de Casación, Ed. Platense S.R.L, 2º ed., pág. 242, párrafo primero).- Al respecto, ha sostenido inveteradamente este Alto Tribunal que “ … resulta necesario, resaltar que la apreciación de los hechos y la valoración de la prueba, en principio, se encuentran detraídas de ser analizadas en esta instancia extraordinaria, en tanto resulta ser aquella una labor reservada a los jueces de grado; es decir que la valoración de los hechos, la estimación de las pruebas colectadas y el enmarcamiento normativo correspondiente, forman parte de una potestad privativa de las instancias anteriores, siendo acometido excepcionalmente cuando, en el caso concreto se acredite absurdo y arbitrariedad.
Es decir, casos extremos de virtualidad suficiente que denoten un desvío evidente de las leyes de la lógica, o un recorrido del razonamiento sentencial viciado que conduzca a conclusiones contrarias al entendimiento “… los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria, ya que el Tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del Derecho, toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem” …” (confr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2747, Folio 4245/4247, Tomo VI, Sentencia, Reg. 215, Folio 1157/1163; y Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389).- Que, el segundo de los agravios cuestiona el modo en que la Excma.
Cámara evalúa la presunción del artículo 23 de la LCT. Así, la demandada considera que la presunción de la existencia de contrato de trabajo dispuesta en la normativa citada, no resultaba de aplicación en los presentes por ser la actora una profesional autónoma e independiente, y de allí su condición de monotributista. En virtud de ello, considera que se trató de una relación civil de locación de servicios (confr. fs. 424).- Así, y sin ingresar al análisis de la cuestión de fondo, de la atenta lectura de la sentencia en crisis no se evidencia que el itinerario lógico recorrido por el ad quem conduzca a una solución antojadiza o arbitraria.-
Los agravios vertidos contienen sólo meras discrepancias con los fundamentos del decisorio, que no llegan a revertir el fundamento esencial del pronunciamiento, sin producir una crítica razonada, profunda, visceral y eficaz de la estructura sentencial atacada (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 850, Folio 956/958; Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2747, Folio 4245/4247). En un mismo sentido: “… ha expresado la Suprema Corte que las meras discrepancias subjetivas no bastan cuando el fallo, por aparecer seriamente fundado, constituye una derivación razonada del derecho positivo vigente. De ahí que resulte vacuo el remedio de inaplicabilidad de ley que omite rebatir de una manera pormenorizada las conclusiones del decisorio, ya que para tener cabida debe hacerse una crítica concreta de los argumentos del sentenciante …” (confr. Hitters, Juan Carlos, ob. cit., pág. 596).- En efecto, la Excma. Cámara expresa que “… Analizados las pruebas se puede concluir que la demandada regenteaba el Instituto de su propiedad dando las órdenes y el contenido de las clases por lo que más allá de la apariencia de una prestación de servicios con que se ha querido revestir la misma, surge con claridad que la relación que las unió es de carácter laboral …” (confr. fs. 410) y que “… si la demandada reconoció la existencia de la prestación de servicios por parte del actor, tal situación hace presumir la existencia de un contrato de trabajo en los términos del art. 23 de la LCT, la que operará a pesar de las figuras no laborales que se utilicen a los fines de caracterizar el contrato por lo cual no resulta viable la defensa expuesta por la demandada en cuanto a que la actora se desempeñó como autónoma emitiendo facturas …” (confr. fs. 411 y vta.).-
Efectivamente, y tal como lo expresa la Excma. Cámara, lo relevante en el caso es que la demandada reconoció la prestación de servicios de la actora como profesora de idioma en el Instituto Big Ben, lo cual determina que cobre operatividad el artículo 23 de la LCT, que establece que “ … El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio …”.- Al respecto, este Alto Tribunal tiene dicho que: “… Quien prestaba la capacidad de trabajo ya lo ha acreditado (y la contraparte lo ha reconocido), activándose la presunción del artículo 23 de la LCT.
Ergo, es la contraparte quien debe probar que no existió contrato de trabajo y, por tanto, fraude a la ley laboral. Sostiene Eduardo Perugini (‘La presunción de la existencia del contrato’, DT, 1981, páginas 765/767): “… si el trabajador además de probar la prestación de servicios debe probar que era dependiente, la norma -art. 23 LCT- no le produce ningún beneficio pues, dentro del régimen común derivado de los artículos 21, 22 y 25 de la LCT y 377 del CPCCN no tiene otra cosa que demostrar para conseguir la aplicación de las disposiciones laborales” …” (confr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2747, Folio 4245/4247; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2819, Folio 4410/4413; Tomo XIII, Sentencia, Reg. 472, Folio 2565/2572).
Asimismo, “… No resulta una excepción a este principio, que el actor sea un ‘profesional universitario’. Exigir al trabajador, en el caso, demostrar que la prestación de servicios fue bajo relación de dependencia, como se ha expresado, importaría desnaturalizar la presunción y darle un alcance diferente a las normas que reglamentan las garantías constitucionales de protección laboral.- Además de ello, debe expresarse que “… los contratos laborales de los profesionales sólo se diferencian de los que celebran otros trabajadores en que aquéllos ponen a disposición del empresario su capacitación especializada (fuerza de trabajo preponderantemente intelectual) y, como consecuencia de ello, se desdibuja la subordinación técnica y por ende gozan de cierta autonomía funcional.
Asimismo, considero que cuando el profesional presta servicios de su especialidad, de modo personal, en el establecimiento de otro, abdica del ejercicio independiente de su profesión -en el tiempo y condiciones del contrato- pues su capacidad profesional es destinada al cumplimiento de los fines empresariales de otro, los frutos de su trabajo le son ajenos, porque sus ingresos no dependen ya ni de su voluntad ni de su relación con los pacientes o clientes, sino que son fijados por el empresario, quien recibe la prestación y administra lo producido. Correlativamente, también le son ajenos los riesgos de su labor, porque éstos son afrontados exclusivamente por el empleador …” (confr. CNAT, Sala III, Sent.
Nº 86830, Nº 14.716/02) …” (confr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2747, Folio 4245/ 4247). Todo lo expuesto, nos lleva a afirmar que la presunción del artículo 23 de la LCT resulta a todas luces aplicable al caso, por lo cual la demandada tenía sobre sí la carga de probar sus alegaciones (confr. Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2819, Folio 4410/4413); tal como fuera ponderado por el pronunciamiento del ad quem.-
IV. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, y ante la insuficiencia del requisito formal establecido por el artículo 4º inciso a) de la ley Nº 1687, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 421/426 vta., y en consecuencia, revocar el interlocutorio emanado de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 428 y vta., en cuanto lo declara formalmente admisible, y teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 426 vta. .-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 421/426 vta., y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 428 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, ley Nº Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal a/c Presidencia-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1043I.141 Tomo: XXV Interlocutorio: 3.073.-
Folio N°: 4.998/5.001.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia