Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 11.238
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNecochea, de junio de 2018 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de fs. 85/87 con costas de esta instancia al recurrente vencido. (arts. 375, 504 inc. 3 y 505, 556 y cc del C.P.C.C. y arts. 51, 54 inc. b y 58 de Dec. Ley 8904). Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967) Téngase presente la Reserva del caso Federal.
La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea, con fecha 19 de Junio de 2018, confirmó la sentencia de grado que manda a llevar adelante la ejecución de honorarios del Asesor Ad-hoc rechazando las excepciones entendiendo que aquellas se fundaban en hechos anteriores a la sentencia.
Expte. 11238; Reg. 77 ( S ) del 19/6/2018 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los días del mes de junio de dos mil Dieciocho, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “PELLEJERO, Sergio Ricardo c/Provincia Seguros S.A. s/Ejecución Honorarios”, Expte. Nro. 11238, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señora Jueza Doctora Ana Clara Issin y Señores Jueces Doctor Oscar Alfredo Capalbo y Fabián Marcelo Loiza, encontrándose excusado el Dr. Capalbo en las actuaciones principales.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a ¿Es justa la resolución de fs. 85/87?.
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. A fs. 85/87 el Sr. Juez de grado dictó sentencia por la que resuelve: “I.-
Rechazar las excepciones de inhabilidad de título y de pago opuestas por el ejecutado, con costas a su cargo (art. 556 CPCC). II.- Mandar a llevar adelante la ejecución promovida contra Provincia Seguros SA, por la suma de pesos VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-), con más los intereses, conforme el considerando V, desde la mora y hasta su efectivo pago (arts. 505, 506 y ccdts. del CPCC y 54 y ccdts. de la ley 8904). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 dec-ley 8904).”
Para así resolver y respecto de la aplicación del artículo 730 del C.C.C. que reproduce el agregado de la ley 24432 al artículo 505 del C.C valoró que la misma es inaplicable a los incidentes, con cita de doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia. En relación a la excepción de inhabilidad de título consideró que se apoya sobre cuestiones anteriores a la conformación del título objeto de esta ejecución y en los procesos de ejecución de sentencia sólo pueden oponerse excepciones fundadas en hechos posteriores a la misma. Además y motivando su rechazo, con cita de antecedente de esta alzada, consideró que la excepción de inhabilidad de título es incompatible con la excepción de pago, también opuesta por el ejecutado.
Asimismo consideró el rechazo de la excepción de pago en tanto la denuncia de pago en el expediente principal no es tal ya que “el simple depósito de una suma de dinero no es sinónimo de pago” según la jurisprudencia que cita, no pudiendo el deudor compeler a su acreedor a recibir sumas que no importen cancelación total de la deuda en virtud del principio de la “integridad del pago”.
En relación a los intereses resolvió la inaplicabilidad al caso del precedente “Isla” con cita de lo resuelto por esta alzada en expediente nro. 10399 en el que se resolvió cuestión similar a la planteada en el presente con posterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, y siguiendo estas consideraciones valoró que al caso es de aplicación la tasa activa para la ejecución de honorarios con sustento en lo establecido en el artículo 54 inc. b de la ley 8904.
II. Este pronunciamiento es apelado por el ejecutado a f. 91, recurso que es concedido a f. 92 obrando sus agravios a fs. 93/98 los que merecieron réplica a fs. 100/103.
1. Expresa como primer agravio la circunstancia que el juez no se expidió sobre el planteo de la excepción de inhabilidad de título realizado por esa parte en el cual sostenía que “Provincia Seguros S.A. al momento de contestar su demanda (fs. 102/118) en los autos principales “PRIMO DE PIOTRKOWSKI GEORGINA Y OTROS C/ ESCOBEDO DOMINGO ALBERTO S/ DAÑOS Y PERJ. RESP. EST. POR DELITOS Y CUASID. SIN USO AUTOMOT. (Expte. 12.049)” (de ahora en adelante juicio principal de “Primo”) y acompañar la Póliza de Seguros del demandado Escobedo, ni la contraparte ni el actual incidentista (actor) no impugnó cláusula alguna de la misma adhiriendo así a sus términos contractuales.”
Expone que de fs. 102, 106/vta del juicio principal se observa el límite de cobertura de la Póliza, de $ 3.000.000 y lo relativo a “costas y gastos” (cláusulas N° 2 y 4 bis), documental de la que se corrió traslado a la actora y que la misma no ha sido impugnada ni observada. Sostiene por ello que la actora adhirió a estas cláusulas de la póliza entre Escobedo y la compañía de seguros y le son oponibles al igual que al letrado incidentista, en tanto fueron invocadas al trabarse la litis y no fueron atacadas por ilegalidad o inconstitucionalidad en el momento oportuno.
Insiste en que si bien no eran parte en la relación contractual entre el asegurado y la aseguradora, la actora invocó las cláusulas de la póliza para que le sean oponibles y de esta manera poder exigir a la aseguradora la cobertura indemnizatoria del siniestro, expresando que este criterio fue sostenido en el caso “Buffoni” por la CSJN el 8 de abril de 2014, y en consecuencia las cláusulas limitativas de responsabilidad son oponibles a terceros, en este caso los actores, letrados del actor y actual incidentista.
De este modo sostiene que la sentencia “aplica erróneamente los arts. 109, 110, 116 y 118 de la Ley de Seguros (L. 17.418), pues cualquiera sea el alcance de la sentencia del principal, su ejecución contra el Asegurador citado en garantía no puede exceder el límite de la cobertura, dado que el artículo 118 de la Ley de Seguros sólo reconoce el derecho de ejecutar la sentencia a su respecto en la medida del seguro. Y dicho límite se encuentra en los art. 2 y 4 bis de las Condiciones Generales de la Póliza, cláusulas oponibles a terceros –léase los actores del principal y letrado ejecutante-.”
Aduce de acuerdo a la redacción del artículo 118 de la L.S. que si es la propia ley la que dice que “sólo se puede ejecutar”, significa que la excepción de inhabilidad de título en este proceso ejecutivo (basada en el límite máximo de cobertura de la Póliza), es planteada en el momento procesal oportuno en tanto no podía haberse realizado en los autos principales de acuerdo a la redacción de la norma ya que la referida ley “ establece de manera manifiesta el momento procesal oportuno para plantear el límite de cobertura, que es justamente el momento de las eventuales ejecuciones.”
En relación a la valoración realizada respecto del artículo 730 del C.C.C.
expresa que “También confunde el a quo cuando dice que el art. 730 del C.CyCN (viejo art. 505 del CC) solamente se aplica a los procesos principales. Ello en ninguna parte de dichos artículos lo dice, por lo que dicho límite, también se aplica a los autos principales como al incidente de ejecución en donde al Sr. Pellejero le han regulado honorarios.”
Expone que “el Juez confunde la “cosa juzgada” de la causa principal, en donde se condenó a los demandados a abonar indemnización, del “agotamiento de la póliza”, lo que supone que la parte actora respecto de la Aseguradora no puede ejecutar aquélla por fuera del límite máximo de cobertura, la cual conforme términos contractuales dicha suma es la de $ 3.447.195”. Agrega que “en función de la liquidación final aprobada en los autos principales en concepto de capital e intereses, y en relación al límite máximo de cobertura, es que esta parte opone formalmente la falta de legitimación pasiva de Provincia Seguros S.A. para abonar al Dr. Pellejero suma alguna que exceda de dicho tope. Asimismo, el Dr. Pellejero tampoco tiene legitimación activa para reclamar a la Cía, los honorarios que intenta ejecutar.” Afirma que de la póliza "surge que la suma asegurada tenía como límite de cobertura la suma de $ 3.000.000. Por su parte, los arts. 2 y 4 bis de las Condiciones Generales de dicha Póliza establecen que los accesorios (incluyendo intereses, honorarios, costas y otros acrecidos) no podrán superar la menor de las sumas siguientes: 30% de la que se reconozca como capital de condena o; 30% de la suma asegurada.- El excedente quedará a cargo del Asegurado.”
Expresa que de los antecedentes fácticos de la causa principal, el monto del capital de condena de $ 1.490.650 y de acuerdo al art. 4 bis de las Condiciones Generales de la Póliza (C.G.P.), su 30 % sería la suma de $ 447.195 y el 30 % de la suma asegurada ( $ 3.000.000) es de $ 900.000.
Reitera que “dado que el art. 4 bis de las C.G.P. establece con claridad que el Seguro no responderá por los “accesorios” (comprensivos de intereses, honorarios, costas y otros gastos acaecidos) cuando supere la menor de las dos sumas expuestas en los dos párrafos anteriores, siendo la menor la de $ 447.195, significa que la misma es el límite por dicho concepto.”
Indica que “PROVINCIA SEGUROS S.A. tiene como límite máximo de cobertura en relación a la causa principal, el monto de $ 3.447.195, comprensivos de: a) Suma Asegurada $ 3.000.000 y b) Intereses, Costas y Honorarios: $ 447.195.” y agotado este tope la compañía se encuentra liberada de responder, destacando que este importe fue depositado en la cuenta de autos adjuntándose el comprobante con fecha 5/2/2015 imputándose el pago por cada uno de los rubros los que deberán ser distribuidos por el juez y la suma resultante se encontrará a cargo del asegurado.
Concluye que en “función de las Cláusulas de la Póliza, se depositó en cuenta de autos el monto de $ 447.195 en concepto de honorarios e intereses, por lo que esta parte cumplió con las costas del juicio, en donde el Dr. Pellejero debió haber aceptado el monto dado en pago.”
2. En su segundo agravio se queja que el argumento utilizado por el juez para rechazar la excepción de pago se olvida de los términos de la póliza que establece el tope de costas para liberar a esa parte, y si bien reconoce que las excepciones de inhabilidad de título y de pago son incompatibles afirma que ello no es aplicable al caso “pues está en juego el alcance de la Póliza de Seguros (arts. 2 y 4 bis de las Condiciones Generales), respecto a las costas.”
Expone que en el principal junto con el depósito de la suma asegurada según póliza ($3.000.000) se depositó la suma de $ 447.195 imputándoselo para el pago de honorarios e intereses y como dicho importe no alcanzaba para cubrir la totalidad de los honorarios “en el escrito del día 23 de junio de 2015 sostuvimos que se libren los giros correspondientes “a prorrata”. Textualmente dijimos: “En definitiva, la Cía. que aquí represento cumple – a prorrata- con el pago de todos los Honorarios regulados en autos. De dicha suma será Vta. Señoría quien oportunamente disponga los giros correspondientes –a prorrata- destinados al pago de los honorarios regulados.”
Expone que al caso tampoco es aplicable el criterio de que no se puede compeler al acreedor a aceptar el pago, ya que la aseguradora cumplió con el depósito en cuenta judicial del tope en concepto honorarios, reiterando que “además se le requirió al a quo que se liberen los giros a “prorrata”, atento que los mismos no alcanzaban a cubrir los que les correspondían a letrados y peritos. Como dijimos, el saldo restante, los ejecutantes pueden reclamarle al asegurado condenado (Escobedo).”
Por estos fundamentos concluye su agravio afirmando que “de esta manera, la excepción opuesta debe ser admitida.”
3. En su tercer agravio sostiene que la sentencia viola manifiestamente la Doctrina Legal de la SCBA por cuanto declaró inaplicable el inc. b del art. 54 del Dec. Ley 8904/77, en contradicción con “la categórica prohibición legal de actualizar los créditos que se desprende de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -interdicción ratificada por el art. 4 de la ley 25.561 cuya validez constitucional ha sido reiteradamente convalidada por la SCBA”. Sobre el particular argumenta que ”la tasa activa (conforme la norma que aquí se impugna), destinada a retribuir la actividad comercial financiera de las entidades bancarias, contiene además del "interés puro o real", una serie de ingredientes entre los que se encuentran el costo operativo del banco, la tasa de riesgo y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda o "indexación por inflación", consagrando así una "indexación encubierta" que el art. 10 de la ley 23.928 repudia y prohíbe de manera imperativa. En consecuencia, el interés previsto en la ley de honorarios bonaerense no es exclusivamente moratorio -al establecerse la tasa activa-, sino también compensatorio, pues no sólo pretende resarcir al abogado acreedor por la falta de cobro durante el tiempo de la mora sino que, además, pretende ponerlo a resguardo de la depreciación monetaria. La tasa activa de interés plasmada en el art. 54 inc. b) del decreto ley 8904/1977 configura un mecanismo encubierto de actualización monetaria, prohibido por el texto expreso de la ley 23.928 (mod. por ley 25.561).
Luego se explaya sobre los componentes de la tasa activa, con cita de fallos de la SCBA y que en el caso se trata de una cuestión no de inconstitucionalidad sino de inaplicabilidad de la norma, tal lo advirtió la Corte en la caso Isla, por lo que solicita se revoque la sentencia de grado y se aplique la tasa solicitada al tiempo de oponer excepciones, esto es la tasa pasiva del banco de la provincia de buenos aires.
Hace reserva de recursos extraordinarios en el orden provincial y federal.
III. Ingresando al tratamiento de la apelación ha de señalarse, tal como lo sostiene el ejecutante al contestar el memorial, que idénticos planteos realizó el recurrente en el marco de los expedientes nro. 10.402 de fecha 1/9/2016 y nro 10399 de fecha 2/12/2016 en los que se debatió la misma cuestión, respecto de la ejecución de honorarios de los letrados de la parte actora en el proceso principal, según surge de los pronunciamientos de esta alzada con otra integración, como así también en el expediente de ejecución de sentencia registrado bajo el nro. 10122 en relación a la inhabilidad de título.
Destáquese incluso que al tiempo de expresar agravios el apelante cuando se refiere al ejecutante lo hace en referencia a “los actores del principal o sus letrados”, siendo el demandante en los presentes quien fuera designado Asesor Ad Hoc en el proceso principal, con las funciones que le eran inherentes en aquel proceso, y sin que pueda considerárselo colocado en el lugar de parte actora en el sentido pretendido por el recurrente. (art. 59 del C.C., 103 y cc del C.P.C.C., art. 38 ley 14442).
Así aclarado, en la similitud con los antecedentes referidos, ha de señalarse lo allí valorado, en tanto esta magistrada comparte esas consideraciones, en mérito a la condena en costas que surge de la sentencia de primera y segunda instancia dictada en el marco del incidente de nulidad -v. copias sentencias de fs. 5/6 y 7/16.- y la regulación de honorarios al Dr. Pellejero en su carácter de Asesor Ad hoc, según surge de la resolución de primera instancia cuya copia obra a f. 18 y su confirmación por esta alzada –fs. 19/20- , en la que a la vez se regulan los honorarios del citado profesional por su actuación en la alzada en el marco del incidente de mención.
1. En esta labor ha de mencionarse que en los expedientes nro. 10402 y 10.399 el Dr. Fabían Loiza votante en primer término y al que adhirieron los restantes magistrados sostuvo en relación a la excepción de inhabilidad de título que “resulta incompatible con la de pago o con cualquier otra que, como ésta, tenga por efecto la extinción de la obligación documentada en el título. Es que, si el ejecutado al ser citado para defensa, opone la excepción de pago afirmando haber cancelado el crédito reclamado, esa circunstancia importa reconocer la validez de la obligación que sirve de base a la ejecución y la existencia de un título que en su momento fue considerado hábil para reclamar su cobro, lo cual torna improcedente la inhabilidad articulada” (conf. disuelta Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal de Necochea; expte. 6003 “Banco Credicoop Ltdo. c/David, Osvaldo N. y Ot. s/Cobro Ejecutivo”, reg. int. 38 (R) 27-02-03. Idem, expte. 6308; “Crédito Comercial Necochea c/Trueba, Avelino s/Ejecución Hipotecaria”, reg. int. 126 (S) 16/09/2004. Idem, Palacio ob. cit. págs. 435/36).”
Desde allí y en consideración que en la presentación inicial la ejecutada opuso las excepciones de inhabilidad de título y de pago, al igual que lo hizo en el presente –fs. 64/70- considero que el ejecutado evidenció una “contradicción de su argumentación pues no puede cuestionarse la legitimidad de la deuda y, al mismo tiempo, pretender saldarla.” (expte. 10399 cit.)
En cuanto a la defensa opuesta en mérito a los fundamentos en los que la misma se sustenta (según surge de lo expuesto en la presentación de fs. 64/70 y reiterado en los agravios 93/98 de la presente) corresponde realizar la misma consideración que la expuesta en los antecedentes referidos y en la que se valoró que “constituye, en la materia, un principio de orden procesal indiscutible, que en el trámite de ejecución de sentencia no pueden oponerse en ningún supuesto defensas, fundadas en hechos anteriores al fallo que se ejecuta” (este Tribunal, expte. 10112, reg. int. 69 (S) del 03/07/2015. Conf. Gozaini, Osvaldo A. “Código Procesal Civil y Com. de la Prov. de Buenos Aires”. T II, La Ley, pág. 201), ya que de lo contrario se reabriría la discusión y se desvirtuarían los efectos del fallo definitivo (Cám. Civ. y Com. 2da. de La Plata, Sala I, causa B-46.383; Reg. int. 319/79; Idem, Cám. Civ. y Com. 2da. de La Plata, Sala III, causa B-74.335, Reg int. 489/89. En el mismo sentido, Cám. Civ. y Com. de san Nicolás, 12/2/2009, “Cabrera, María Eugenia y otros v. Sallal, de Recanati, Elsa A. y otros s/Ejec. de Sentencia”, Juba Sumario B858395).”
Se consideró especialmente, que “el propio ritual provincial expresamente exige que la prueba de “las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo” (art. 505 del CPCBA)”. Y que la Corte Suprema de Justicia “se ha ocupado de resaltar que el fundamento de la limitación de las defensas en el proceso de ejecución de sentencia radica en evitar que las partes pretendan introducir planteos que habrían debido ser opuestos en la etapa pertinente o renovar cuestiones resueltas, descalificando los fallos que ignoran tal premisa (CSJN; Fallos 322:981).”
Es decir que, al igual que los antecedentes referidos, en este caso el ejecutado al tiempo de oponer la excepción de inhabilidad de título y que sustenta en los arts. 2 y 4 bis de las condiciones generales de la Póliza se basa en defensas anteriores al pronunciamiento dictado en el expediente principal, cuestión esta que también fue valorada en el mismo sentido en el marco del expediente de ejecución de sentencia nro. 10122. (v. sentencia de esta alzada en el citado expediente, reg. int. 69 (S) de fecha 3/7/2015)
Y sobre este específico punto en las causas nro. 10.399 y 10402, se consideró que “dirimir el alcance de la cobertura asegurativa, esto es, si aquella fue consentida, impugnada u opuesta durante el desarrollo del proceso principal constituye materia ajena a esta ejecución de honorarios toda vez que tales planteos debieron ser opuestos y resueltos en esa oportunidad.
Ello demuestra además lo inaplicable del fallo “Buffoni, Osvaldo…” -citado por la ejecutada a f. 138vta.- pues aquél pronunciamiento se dio en ocasión de un recurso de hecho deducido en el marco de un proceso de conocimiento donde las defensas no se encontraban acotadas como sucede en la ejecución de honorarios traída (arts. 504 y 505 del CPCBA).
En relación a la oportunidad para oponer el límite de cobertura, cabe subrayar -una vez más- que ella debe plantearse al momento de la constitución de la litis principal porque allí se sustancia y dirime, mediante la sentencia respectiva, la relación jurídica procesal que subyace en la causa poniendo fin aquella y dando nacimiento a las distintas responsabilidades materializando, una vez firme y consentida, la “cosa juzgada”. O, dicho en otros términos, la liberación de la obligación de indemnidad -art.
109 L.S.- que postula la aseguradora implica articular una excepción, sujeta a la regla del art. 375 del CPCBA, motivo por el cual exige su alegación “temporánea”, siendo aquella uno de los presupuestos para la aplicación de la doctrina legal que el apelante cita (conf. voto Dr. Negri, tercera cuestión, en SCBA; Ac. 39.415, sent. 27/12/1988; in re “Janout, Hugo Eduardo…”, citado por Galdós, Jorge M. en “Derecho de Daños en la Suprema Corte de Justicia de Prov. de Buenos Aires”, pág. 343, nota 19, Edit. Rubinzal).”
Asimismo ha de mencionarse que habiéndose resuelto la condena en costas según surge del expediente principal nro. 10.122 de esta alzada “no distinguió ni restringió el alcance de la responsabilidad de los condenados, razón por la cual, si el apelante pretendía limitarla debió en aquella oportunidad cuestionar tal alcance”.
Sin embargo y a pesar de las oportunidades que la aseguradora tuvo al transitar el extenso proceso de daños -que incluyó el paso por las tres instancias provinciales-, a esta altura persiste en su posición de fundar sus defensas en circunstancias que debieron ser opuestas en aquél proceso de conocimiento.” (conf. expte 10.399 cit.)
Particularmente en el antecedente al que se viene haciendo referencia y con cita de un fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca se sostuvo que “cuando el asegurador es obligado a intervenir en el proceso necesariamente debe tomar conocimiento de la acción entablada, de las circunstancias o hechos y del monto o suma que se reclama como resarcimiento por el daño ocasionado por el hecho ilícito; y si la suma asegurada es inferior a la cantidad que reclama el damnificado, el asegurador deberá oponer ineludiblemente la defensa de insuficiencia del seguro, denunciando o declarando la suma máxima hasta la concurrencia de la cual responde, a fin de limitar su garantía a la medida del seguro, y no sólo deberá formular esa manifestación sino que deberá probarla para que produzca efectos limitatorio de su responsabilidad. Si no lo hace, responde por la cantidad que declare o condene la sentencia, que lo afectará como a los litigantes principales” (CNApel. Fed., Bahía Blanca, 16/XII/86, voto del Dr. Larraza en autos “Nervi, Horacio c/Garro, Carlos A.”; L.L. 1988-A, pág. 509/523, con nota laudatoria del F. Trigo Represas y citado por Stiglitz - Stiglitz en “Seguro contra la Responsabilidad Civil”, Segunda Edición, Abeledo Perrot, pág. 555, nota n°1468, año 1994).” Estas valoraciones, que esta magistrada comparte, son plenamente aplicables al caso, señalándose que en mérito a ello era en el marco del expediente principal donde debía alegarse y además probarse, de modo temporáneo, la limitación de la cobertura, del mismo modo que alegó respecto de la defensas de caducidad de la póliza por incumplimiento de cargas, agravación del riesgo y limitación de la cobertura al 80% de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 29, 22 de las condiciones generales de la póliza y condición particular nro. 14, según surge del contenido de la contestación de demanda en expte. principal cuya fotocopia obra a fs. 55/63. (v. expediente nro. 10122 citado).
Siendo ello así, amén que las fotocopias de la póliza que adjunta a los fines pretendidos –f. 49/54- resultan ilegibles en algunas de sus partes –especialmente de la cláusula 2-, ha de señalarse que ningún argumento distinto trae el recurrente a fin de cuestionar lo decidido por el sentenciante en consideración a los antecedentes de esta alzada de los que no cabe apartarse.
En la misma línea ha de señalarse que tampoco obra cuestionado adecuadamente por el recurrente y a los efectos que procura en el recurso, lo resuelto por el sentenciante en relación al artículo 730 del C.C.C.
La doctrina legal invocada por el juez de grado en la vigencia del artículo 505 del C.C. modificado por ley 24432 y cuya previsión normativa es receptada en el artículo 730 del C.C.C. establece que “… a los efectos de la limitación impuesta por el precepto en análisis, las costas comprenden únicamente los estipendios de los abogados -salvo los de la parte condenada-, peritos y auxiliares, con más sus respectivos aportes legales (conf. Ac. 69.453, resol. del 17-II-1998; Ac. 83.335, resol. del 13-II-2002; Ac. 87.186, resol. del 12-V-2004; Ac. 75.597 cit.). Asimismo, la restricción solamente alcanza a los honorarios de primera o única instancia, mas no a las derivadas de los incidentes (conf. Ac. 75.597 cit.; Peyrano, Jorge W., "La ley 24.432. Un intento de aliviar las cargas económicas de los litigantes", "El Derecho", t. 162, pág. 1156; ídem, "Análisis provisorio de aspectos procesales de la ley 24.432", "La Ley", t. 1995-C, pág. 855; Hitters, Juan M. - Cairo, Silvina, "Honorarios de Abogados y Procuradores", Lexis Nexis, 2007, pág. 225).” (conf. SCBA Ac. 97539 “Poggi” 13/5/2009, conf. Ac. 75597 sent. del 22/10/2003 “Ghibaudi”).
Siendo ello así de conformidad con lo establecido en el artículo 161 inc. 3 de la Constitución Provincial del recurso no surge argumento alguno dirigido a criticar el fundamento dado de la inaplicabilidad al caso del límite establecido en la norma, mediando sólo una discrepancia con lo resuelto.
A los fines de cuestionar lo decidido debió el recurrente exponer las razones por las cuales dicha doctrina no es aplicable al caso, no siendo suficiente expresar que la inaplicabilidad a los incidentes no es un límite impuesto en el artículo y en consideración a la interpretación que sobre esta norma ha realizado la SCBA y que como se dijo constituye su doctrina legal por lo que corresponde declarar desierta esta parte del agravio.- (art. 260/261 del C.P.C.C.).
Lo expuesto hasta aquí es suficiente a los fines de desestimar este primer agravio, lo que así se propone al acuerdo.
2. En relación al agravio vinculado al rechazo de la excepción de pago, tampoco ha de prosperar, ya que no sólo es contradictoria con la de inhabilidad de título, sino que se funda en el depósito realizado en el marco del expediente principal por el monto que consideró pertinente con sustento en el límite de la cobertura cuyo tratamiento ha sido suficientemente abordado en el considerando anterior.
De allí que el depósito realizado, al haber expresado el recurrente que el mismo debía imputarse para el pago de los honorarios a prorrata (v.f. 45/46) importó el reconocimiento que ese depósito no cubría el pago integral de los honorarios.
En consecuencia ese depósito “no resultó eficaz toda vez que “en la ejecución de sentencia no procede la excepción de pago parcial” (SCBA, L.L. 39-246). Es que el pago, y por ende la excepción prevista en el art. 504, inc. 3 del CPC, imponen el cumplimiento de la prestación debida, y ésta no se logra si no es a partir de la integridad cuantitativa de lo que se paga con la cantidad debida y de su disponibilidad jurídica, esto es, con la entrega de la misma cosa objeto de la obligación y en tanto su transferencia sea material y jurídicamente posible” (Cám. Civ. y Com., Mar del Plata, Sala I, 11/04/2006, “Lorenzo, Manuel José y otros c/Consorcio de Propiedad del Edif. Olague VI s/Cobro de Australes y Daños y Perj.”, Juba Sumario B1401097). (exptes de esta alzada nro. 10399 y 10402 ya citados).
En mérito a ello también este agravio debe ser desestimado lo que así se propone al acuerdo.
3. En relación al agravio vinculado a la tasa de interés el mismo tampoco ha de prosperar, destacándose que lo planteado también fue una cuestión tratada en los antecedentes de esta alzada que han sido citados y transcriptos precedentemente y como motivación suficiente de lo que en el presente se valora respecto de esta cuestión. En el marco del expediente nro. 10399 se consideró que “ conforme surge del fallo “Isla, Sara E. c/Pcia. de Bs. As s/Amparo“ (S.C.B.A., c. A. 71.170) el Superior Tribunal provincial dejó sentado que lo normado por el artículo 54 del inciso “b” de la ley arancelaria - que contempla la aplicación de la tasa activa- se encontraba tácitamente derogado a partir de la prohibición de actualizar deudas contemplada en los artículos 7 y 10 de la ley nacional 23.928, ratificada por el artículo 4 de la ley 25.561.
Que a posteriori a dicho fallo y vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, prestigiosas Cámaras Civiles y Comerciales de ésta Provincia (así como ejemplo puedo citar, Cámara Civil y Comercial (Sala I) de Azul en la causa "Etchegoyen, Diego L c/ Dai Sujin y otro s/ Fijación de honorarios extrajudicial", (Causa Nº 1-60630-2016), sent. del 27/05/2016; Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Sala III - San Isidro 30/09/2015 “Banco Finansur S.A. s. Incidente de revisión en: Automotores Colcam s. Concurso preventivo” public, en Rubinzal Online RC J 6928/15, Cám. 2ª Civil y Com. La Plata, Sala 2, 22/12/2015, causa nº 11.954 “Esperanza Crédito La Plata S.A. c/ Rivadeira, Elva Nieves y Otro/a s/Cobro Ejecutivo”, Cámara Civil y Comercial de Junín 31/03/2016” “M. M. F. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Ejecución Honorarios” public. en elDial.com - AA95D6; Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Azul, en los autos “Rodriguez Néstor Gabriel c/ Rivas Ivana Lujan s/ Cobro ejecutivo”, causa 60.869, del 16.05.16) interpretaron que el legislador entendió que la tasa activa no resultaba un mecanismo de indexación previendo la aplicación de la misma para los supuestos de reclamo de alimentos conforme surge en el art. 552 del CCC, o los casos previstos en los arts. 1381 y 1433 del CCC para contratos bancarios. Entre otros sólidos fundamentos concluyen que a partir de ello cobraría vigencia lo normado por el art. 54 inc. B de la ley 8904, disponiendo por tal la aplicación de la tasa activa estimando que no se vulneraba así la doctrina legal de la Corte.
Siguiendo estos razonamientos, esta Cámara sostuvo recientemente que la “tasa activa para restantes operaciones en pesos” responde más adecuadamente al mandato del legislador (expte. 10.116 reg. int. 43 (S) del 28/5/2015). Se trata en definitiva de no hacer una lectura de la norma que, por atarse exegéticamente a su texto, termine contrariando su finalidad, pues toda interpretación legal es dinámica –en el sentido de progresiva- en orden a ajustar la letra, que siempre es histórica, a la actualidad en donde se aplicará. En palabras de la Corte Nacional "es propio de la tarea judicial indagar sobre el espíritu de las leyes más que guiarse por el rigor de las palabras en que ellas están concebidas" (Fallos: 308:1664), motivo por el cual debe averiguarse el verdadero sentido y alcance de la ley "mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla" (Fallos: 308:1861).” (expte. 10399 de esta alzada cit.).
Al tiempo de la presente esta interpretación se ve reforzada a partir de la sanción de la nueva ley de honorarios, norma esta de orden público, que no sólo consagra expresamente el carácter alimentario de los honorarios –art. 1 ley 14967-, sino que especialmente y para su ejecución el artículo 54 inc. b remite a la tasa de interés fijada en la norma sustantiva –art. 552 del C.C.C.-.
Sobre las implicancias de esta ley respecto de la cuestión materia de agravio se ha sostenido que “Otra consecuencia del carácter alimentario es que una de las variantes para reclamar el pago de los honorarios es hacerlo convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto por el art. 552 del Cód.Civ.yCom. —esto es una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso— (art. 54 inc. b)…”, (conf. Quadri, Gabriel H. “Acerca de la nueva ley bonaerense de honorarios profesionales”, La Ley septiembre de 2017).
Por todo lo expuesto y las normas citadas corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia dictada con costas al recurrente vencido. (arts. 375, 504 inc. 3, 505, 556 y cc del C.P.C.C., 51, 54 inc. b y 58 ley 8904).
A la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia de fs. 85/87 con costas de esta instancia al recurrente vencido. (arts. 375, 504 inc. 3 y 505, 556 y cc del C.P.C.C. y arts. 51, 54 inc. b y 58 de Dec. Ley 8904). Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
ASI LO VOTO
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, de junio de 2018 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de fs. 85/87 con costas de esta instancia al recurrente vencido. (arts. 375, 504 inc. 3 y 505, 556 y cc del C.P.C.C. y arts. 51, 54 inc. b y 58 de Dec. Ley 8904). Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967) Téngase presente la Reserva del caso Federal. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). (Art. 47/8 ley 5827). Devuélvase.
Dra. Ana Clara Issin Dr. Fabián M. Loiza Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria
Fin de la sentencia